¿Quién es Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador panista que podría dar la mayoría calificada a Morena?
El senador Miguel Ángel Yunes Márquez se ausentó ayer de una reunión plenaria de la bancada del PAN en el Senado de la República, y todo indica que será el as bajo la manga para que Morena logre la mayoría calificada para aprobar la reforma al Poder Judicial.
A pesar de las promesas de la coordinadora de la bancada, Guadalupe Murguía, y del dirigente nacional panista, Marko Cortés, de que los 22 senadores del PAN votarían contra la reforma, Yunes Márquez se perfila como el legislador de oposición que, ya sea con su voto o con su simple ausencia, dé a Morena la posibilidad de aprobar la reforma constitucional en la Cámara alta.
Yunes Márquez es hijo del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares; fue candidato a la gubernatura en 2018 y alcalde de Boca del Río. Su hermano, Fernando Yunes Márquez, también fue senador y alcalde de Veracruz puerto hasta 2021; su esposa, Patricia Lobeira, es la actual alcaldesa de Veracruz.
Como panista, exfuncionario y miembro de esta familia política veracruzana, Yunes Márquez se ha visto involucrado en diversas polémicas a lo largo de su carrera.
En julio pasado, un juez libró una orden de aprehensión en su contra, por un caso pendiente desde 2021, de la cual el senador responsabilizó al gobierno de Veracruz del morenista, Cuitláhuac García.
En ese momento, se le acusó de presentar una constancia de residencia falsa para su registro como candidato. Por lo que la Fiscalía estatal inició una investigación en su contra por los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.
El entonces senador electo afirmó que se trataba de una persecución política en su contra por parte del gobierno de Veracruz, así como de la mandataria electa de esa entidad, Rocío Nahle.
Ante la orden de aprehensión, Yunes Márquez tramitó un amparo y recibió una suspensión provisional que le permitió seguir en libertad y tomar protesta en el Senado.
Tras la audiencia en que se dio a conocer la orden de aprehensión, en su cuenta de X acusó que esto era un reflejo de que los jueces en Veracruz estaban al servicio del gobierno estatal.
“Durante toda la audiencia el juez hizo exactamente lo que le solicitó el Fiscal, en una estrategia que obviamente estuvo preparada para vincularme a proceso o dictarme orden de aprehensión, esas eran las instrucciones que habían recibido”, escribió.
Además, reprochó que este proceso tenía la finalidad de evitar que rindiera protesta en el Senado, lo que le concede fuero, que lo protege de acusaciones por algún delito.
“No seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que me da la Ley. Nunca me he doblado ante nadie, esta persecución me dará la gran oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad frente al poder”, agregó.
Igualmente durante sus campañas en 2021 y 2024, Yunes Márquez criticó a los gobiernos de Morena en la entidad.
En su campaña como candidato a alcalde de Veracruz, el senador escribió: “Los malos gobiernos de Morena se quieren apoderar de todo lo que con esfuerzo y mucho trabajo hemos conseguido en México y en Veracruz. No lo vamos a permitir”.
Durante la pasada campaña electoral, Yunes Márquez también señaló a Morena por desatender a productores de azúcar, así como por su falta de respaldo a municipios como Coatzacoalcos.
“Se cayó Facebook pero nunca se va caer mis ganas de ganarle a Morena”(sic), escribió Yunes Márquez como candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México al Senado.
Familia de Yunes Márquez, investigada
Así como Miguel Ángel Yunes Márquez, su padre, Migue Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, así como su hermano Fernando Yunes Márquez, también tienen procesos abiertos por la fiscalía local y la Fiscalía General de la República (FGR).
A Yunes Linares se le acusa por irregularidades en la contratación de un sistema de videovigilancia cuando fue gobernador de la entidad, entre 2016 y 2018, el cual no se instaló en su totalidad, a la par que algunas de las cámaras no funcionaron.
Mientras que, desde finales de 2020, la FGR lo investiga por supuestas irregularidades durante su gestión en el ISSSTE (2006-2010). La denuncia la presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por señalamientos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En tanto que a Fernando Yunes Márquez lo investigan por supuestos delitos electorales cometidos durante su periodo como presidente municipal de Veracruz, por presuntamente obligar a empleados del ayuntamiento a apoyar la candidatura de su hermano, Miguel Ángel.
Según el columnista Ricardo Raphael, Miguel Ángel Yunes Márquez sostuvo una reunión con el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, con el fin de convencerlo de votar a favor de la reforma judicial.
A cambio, abundó Raphael, los procesos penales contra él y sus familiares podrían frenarse. La versión difundida por el columnista sugiere que Yunes Márquez pediría licencia para que su suplente, su propio padre, sea quien participe en la votación a favor de la reforma morenista.
AMLO vs. Yunes Linares
La familia Yunes también ha sido objeto de señalamientos por parte de Andrés Manuel López Obrador.
En el marco de los procesos electorales de 2016 y 2018 para renovar la gubernatura en Veracruz, López Obrador, entonces dirigente de Morena, criticó a Miguel Ángel Yunes Linares y lo calificó de corrupto y autoritario.
“Los Yunes del PRI y del PAN son más de lo mismo. Ojalá y no se equivoque la gente”, escribió López Obrador en 2016 en su cuenta de X, antes Twitter.
“Yunes impuso a su hijo de candidato del PAN en Veracruz y en Pánuco al que fue contralor de Duarte y el gran corrupto quiere debatir. ¡safo!”, publicó en 2018, previo a las elecciones.
En tanto, en abril de 2017, entregó al entonces presidente Enrique Peña Nieto la llamada “carpeta azul”, un documento con evidencia de las propiedades del exgobernador de Veracruz en México y el extranjero así como denuncias por enriquecimiento ilícito.
“Le envió la carpeta azul que me hicieron llegar sobre las propiedades de Yunes Linares en el país y en el extranjero, y de las denuncias que por enriquecimiento ilícitos han presentado la Procuraduría en contra de este siniestro personaje sin que se les haya dado curso debido a las complicidades y componendas que ustedes mantienen”, le escribió López Obrador al priista.
En su campaña presidencial de 2018, López Obrador recorrió Veracruz denunciando cómo Yunes Linares pretendía heredar el poder a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, para garantizarse impunidad.
El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.
Nueve meses después de su puesta en libertad por razones de salud, el expresidente de Perú Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre a los 86 años.
Su hija Keiko comunicó la noticia a través de X, en un mensaje en el que se despidió de su padre y pidió una oración por el descanso de su alma.
La salida de prisión de Fujimori se produjo el 6 de diciembre de 2023, 14 años después de ser sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.
Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.
Fujimori fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres, así como por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
Estos fueron los casos que llevaron por primera vez a un presidente de América Latina a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Masacre de Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.
Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.
Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.
Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.
El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
Masacre de La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.
Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
Secuestro del periodista Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.
También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.
Secuestro del empresario Samuel Dyer
El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.
Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.
* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.
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