Salarios bajos y jornadas largas: ¿Cómo está el panorama laboral en México?
Un gráfico con datos de la OCDE se hizo viral en redes sociales porque compara las horas laborales y los salarios promedio entre los países miembros de esta organización.
En dicho material México aparece en la esquina superior izquierda, interpretándose como el país en el que la gente trabaja más horas, pero los salarios son los más bajos.
Al respecto, especialistas mencionaron que si bien es necesario hacer mejoras a las condiciones de trabajo en México y reevaluar las compensaciones, es necesario ir más allá de los indicadores que muestra el gráfico para evaluar el panorama laboral de un país.
Y hay que tomar en cuenta que los estudios no fueron hechos bajo los mismos parámetros en todas las naciones.
¿De dónde salen los datos?
En el gráfico viene citado como fuente la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, una institución internacional formada por 38 estados para fomentar el desarrollo de políticas económicas entre ellos.
Los datos sí se encuentran disponibles en su página web, sin embargo aclaran al descargar las gráficas que cada país es responsable de proveer su propio reporte.
Esto quiere decir que los estudios dependen de distintos gobiernos, y los factores que se toman en cuenta no son los mismos de país a país, lo que puede afectar los resultados.
Los datos de la Organización muestran que Colombia reporta un promedio de horas laboradas incluso más altas que las de México, con 2 mil 405 horas anuales trabajadas, en comparación con las 2 mil 226 horas que reporta México.
Pero, estas horas registradas son solamente una guía, y no muestran las horas reales que trabaja una persona. Existe una práctica común de no reportar las horas extra de los trabajadores, que se salen incluso de aquellas designadas por la ley, y en la mayoría de los casos, no son remuneradas apropiadamente.
La OCDE advierte que el propósito de sus compilaciones es poder distinguir las tendencias de los cambios a través del tiempo, y no son gráficas adecuadas para hacer comparaciones entre países, ya que los estudios que realiza cada país no se realizan bajo los mismos parámetros.
Mientras que nos pueden dar una idea de la situación, los números no son precisos a menos de que se haga un estudio colectivo bajo los mismos parámetros para estos países. Es necesario contemplar más factores que las horas trabajadas y el salario promedio para entender el panorama laboral mexicano.
La paridad del poder de compra
Un factor que afecta de manera importante los resultados de la visualización es la paridad del poder de compra.
Esto significa, en términos simples, que la misma cantidad de dinero no puede comprar lo mismo entre distintos países. Es decir, que la canasta básica varía de costo de un lugar a otro. Entonces en algunos lugares como Suiza o el Reino Unido, se necesita más dinero para comprar la canasta básica que en México.
Por lo tanto, explicó el economista Alfonso Sales a Animal Político, sin tomar en cuenta la paridad del poder de compra resulta difícil tener una comparación clara entre los países.
Ya que por lógica, se puede entender que los países con sueldos más altos tienen por consecuencia precios más caros, ya que los costos de producción también se toman en cuenta para determinar el precio de un producto. Mientras más aparece un país a la derecha de la gráfica es más caro.
Para que los resultados de la gráfica sean más apegados a la realidad, Sales aclaró que se debería realizar un estudio que aplique los mismos parámetros
Aunque esto no implica negar que existe injusticia relacionada al tema laboral en México.
El desarrollo de los salarios en México
Una de las principales razones por la que los salarios son bajos en México, relativos a otros países, es por un rezago en cuanto al aumento a los salarios mínimos.
El especialista en derecho laboral, Enrique Santos, explicó a Animal Político que los aumentos al salario mínimo que se habían hecho en años anteriores no eran significativos, y es solo recientemente que los aumentos comenzaron a realizarse.
Por ejemplo, de 2017 a 2018 el aumento fue solamente del 3.9% de acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Pero de 2018 a 2019 aumentó el 16%, y en 2020 se hizo un aumento histórico del 20%.
Para 2023 también entró en vigor un aumento del 20%, lo cual indica que los salarios están creciendo de una mejor manera que en el pasado.
“Ya existen diversas reformas que tienden a que el salario crezca y vamos a estar más protegidos a nivel internacional”, indicó Santos, y añadió que “de cierta forma, han abusado del país con mano de obra barata”.
La introducción del nuevo modelo laboral que incluye la firma del convenio de la OIT, así como la reforma laboral de 2019 que contempla los contratos colectivos de trabajo, son un paso más a la mejora de las condiciones de trabajo en el país.
Abusos en el sistema: qué falta por cambiar
En redes también se ha viralizado una imagen que muestra diversas multas a las que trabajadores se pueden hacer acreedores por no acatar ciertas conductas en el área laboral. Aunque no se menciona la empresa, Santos explicó que es una práctica que sí se da en nuestro país. A pesar de que suena como un abuso, la ley no la prohíbe explícitamente.
El artículo 110 de la Ley Federal de Trabajo indica que se pueden hacer retenciones “por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento.”
Muchas empresas justifican con su reglamento interno que faltarle implica pérdidas o averías, por lo que se encuentra una manera de permitir que se siga de cierta manera “multando” a los trabajadores. Estos reglamentos históricamente se han realizado entre las empresas y los sindicatos, sin mucha participación de los trabajadores, quienes son al final los que deben cumplirlos.
Sin embargo, sí existe una protección para el trabajador ya que de acuerdo con la ley “la cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes” y el descuento no puede “ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario mínimo.”
Otro punto es el de las jornadas laborales.
Por ordenamiento general del artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, todo trabajador en México tiene una jornada máxima de 48 horas para laborar semanalmente. Y el que exceda esa cifra está incurriendo en extraordinario, por lo que su trabajo debe ser pagado al doble por las primeras nueve horas, y en adelante al triple.
Estas jornadas son más altas que las que se trabajan en Europa donde el máximo de horas laboradas no puede exceder las 48 ya incluyendo el tiempo extra, o en Estados Unidos, donde la jornada máxima es de 40 horas a la semana, y después de esto se debe pagar tiempo extra.
Sin embargo, Santos explica que en México hay muy poca observancia y apego a la ley, teniendo trabajadores que exceden las 48 horas de trabajo base sin paga extra.
En su experiencia como abogado laboralista, refirió que los casos mas comunes y normalizados son los de los guardias de seguridad o vigilantes y las enfermeras.
La jornada diurna dura ocho horas, la mixta dura siete horas y media y la nocturna siete horas, sin embargo ellos trabajan hasta 12 o 24 horas seguidas, y es raro el caso en el que se les paguen horas extra de acuerdo a lo que establece la ley.
Para mejorar esto, Enrique Santos opinó que es necesario tener mas regulaciones y mayor observancia de la ley. Además, aclaró que para que sea efectiva la reducción de jornada que está propuesta para el futuro, y es necesaria, se debería realizar paulatinamente.
Es decir, reducirla primero a 46 horas, luego 44, 42, y así sucesivamente para permitir un tiempo de adaptación y fortalecer los mecanismos para que se cumpla la ley.
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La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
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