México es una potencia en la producción de alimentos, pero no garantiza la nutrición
En las madrugadas del campo mexicano, cuando el sol apenas asoma detrás de los cerros, comienzan a moverse las manos que sostienen buena parte de la mesa nacional. El olor a tierra húmeda y a hojas recién cortadas acompaña a los agricultores que cuidan el maíz, el frijol, el chile y tantas otras cosechas que dan identidad al país. En las costas, el mar también despierta; las embarcaciones se internan para recolectar atún, mojarra y sardina.
Así, entre la tierra y el agua, México sostiene una producción agropecuaria y pesquera que alimenta, define y conecta a millones de personas con su territorio. Pero la realidad evidencia una dualidad: aunque es reconocido como un país productor de alimentos, figura en el lugar 31 de los 123 evaluados en el Índice Global del Hambre 2025 (GHI, por sus siglas en inglés) y presenta una advertencia respecto a la situación de los menores de cinco años, en donde uno de cada siete niños y niñas sufre retraso en crecimiento por pobreza y desigualdad.
El impacto del hambre en esta etapa de la vida no solo eleva el riesgo de mortalidad, también deja secuelas permanentes en el desarrollo físico y cognitivo, según especialistas. Ante ello surge una pregunta: ¿por qué existe un contraste entre la imagen de México como potencia agroalimentaria y exportadora y la persistencia de la falta de acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes en amplios sectores de la población?
México, entre la abundancia productiva, la inseguridad alimentaria y la pobreza laboral
De acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2025, presentado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), México cerró con una producción agropecuaria y pesquera de 289.8 millones de toneladas, con un valor económico de 1 billón 590,534 millones de pesos. En comercio se consolidó en el lugar 14 de países exportadores de alimentos; una posición que ocupó por décimo año consecutivo con saldo positivo y el tercero más alto desde 1995.
Los recursos naturales, la infraestructura y las personas trabajadoras, indica el informe, han permitido colocar al país como el noveno productor mundial de alimentos, el décimo en producción de cultivos agrícolas, el octavo en ganadería primaria y el decimoquinto en producción pesquera y acuícola. Además, el informe señala que el sector primario (responsable de la obtención de materias primas) es la base del abasto alimentario del país y es sostenido por 6.1 millones de personas, de las cuales 13.3 % son mujeres y 86.7 % corresponde a hombres.
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Considerando lo anterior, la Sader afirma que “con orgullo el campo no se detiene” e incluso se interpretaría que se avanza hacia un escenario con hambre cercana a cero. Sin embargo, para Anabel Díaz Cantón, directora de Desarrollo Institucional en Alimento Para Todos, I. A. P., esas cifras no bastan para enfrentar esta problemática social al tratarse de un asunto marcado por desigualdades en ingresos, limitaciones territoriales, falta de acceso a servicios básicos, desperdicios e incremento en los precios de los alimentos.
Para empezar, el Panorama Agroalimentario expone un dato clave: 36 millones de personas se encuentran en pobreza laboral (35 %), de las cuales 24.3 millones (31 %) pertenecen a zonas urbanas y 11.7 millones (49 %) a áreas rurales. El ingreso de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. La organización México, Cómo Vamos asegura que algunas familias logran cubrir sus necesidades alimentarias gracias a remesas o a programas sociales, aunque esto no resuelve el problema estructural del acceso equitativo a los alimentos.
“Que México ocupe el sitio 31 no quiere decir que está al mismo nivel de un país con crisis humanitaria. Esta medición se da porque es una nación con ingreso mediano-alto y es productora de alimentos, pero es inaceptable que tenga a infantes con talla baja”, explica Díaz Cantón en conversación con El Sabueso. “Ahora, producir alimentos no equivale a garantizar una alimentación de calidad ni una nutrición adecuada. La pobreza debe erradicarse, ya que forma un círculo vicioso: por falta de recursos las personas no pueden acceder a alimentos, educación, transporte y, por tanto, no pueden generar recursos para salir de esta situación”.
De acuerdo con la experta, el ingreso no alcanza para mantener una dieta de calidad. La pobreza y la falta de empleo deriva en inseguridad alimentaria, que a su vez reduce el potencial humano y genera síntomas de exclusión social.
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, capaces de cubrir sus necesidades y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y saludable”, añade.
Y aunque el salario mínimo en 2026 registra un aumento de 278.80 a 315.04 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), de 419.88 a 440.87 pesos diarios, la especialista aclara que este ajuste no compensa el alza de precios, especialmente cuando en el último mes de 2025 el costo de los alimentos y productos que integran la canasta básica subió de nuevo, hilando así su quinto mes arriba.
Según el boletín indicador del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), una persona necesitó 4,818.14 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas en zonas urbanas, mientras que en zonas rurales el gasto ascendió a 3,451.13 pesos. En promedio, la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 3 % en el ámbito rural y de 4.4 % en el urbano, frente a una inflación general de 3.7 %.
Además, Díaz Cantón expone que uno de cada tres hogares enfrenta inseguridad alimentaria, es decir, 33 % de los hogares del país. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) explica que, durante crisis económicas y situaciones de emergencia, la población vulnerable incrementa el consumo de alimentos de baja calidad nutricional —altos en energía, azúcar, sal y grasa— y reduce la ingesta de productos frescos, como alimentos de origen animal, verduras y frutas, que en muchos casos resultan más costosos.
“De recuperar 50 % del desperdicio de alimentos no habría hambre en nuestro país”
La especialista apunta que, mientras esta es la radiografía nacional, en el país también hay una paradoja que muchas veces no es observada en lo particular y colectivo: el desperdicio de alimentos.
Un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) de septiembre de 2025 detalla que en México se pierden cada año 2,500 millones de toneladas de alimentos, equivalentes a 34 % de la producción nacional. Este fenómeno representa un costo económico superior a 400,000 millones de pesos, genera 36 millones de toneladas de CO₂ y consume 40 % del agua destinada a la agricultura en un país que enfrenta severo estrés hídrico.
“Desde los bancos de alimentos se aborda, pero no es suficiente. Con un esfuerzo nacional de 60 bancos, solamente rescatamos 1 % del desperdicio de alimentos. Hace un tiempo se hizo un estudio, el cual dice que de recuperar únicamente 50 % del desperdicio no habría hambre en nuestro país. Entonces, no es tanto un tema de producción, sino de acceso”, subraya en entrevista.
La Central de Abasto (CEDA) de la Ciudad de México, el mercado mayorista más grande de América Latina, refleja este hecho. Datos de la FAO indican que cada día se movilizan más de 120,000 toneladas de alimentos y se generan alrededor de 438 toneladas de residuos sólidos, de los cuales casi 60 por ciento son restos orgánicos.
“En nuestro caso, nos ayuda mucho la Central de Abasto al también nosotros estar ubicados en Iztapalapa. Cada paquete de comida que entregamos a las familias lleva por lo menos 10 kilos de frutas y verduras. Sin embargo, la cantidad de estos productos que se desperdician en la CEDA es impresionante, 500 toneladas al día, mientras en el banco de alimentos recuperamos 500 toneladas al mes. Y también recae en lo individual; cada mexicano desperdicia un promedio de 94 kilogramos de comida al año”, agrega.
Frente a ese escenario, resume, los bancos de alimentos se convierten en un dique contra el desperdicio y el hambre. Desde su trinchera, los paquetes que entregan incluyen un kilo de tortillas, elaboradas en un área propia. A ello se suma la producción de mermelada y queso; este último nace de leche con fecha de caducidad vencida, sometida a un proceso que prolonga su vida útil en anaquel, entre otros artículos. “La idea es evitar que algo termine en la basura”.
Un problema profundo incluso en los menores
La inseguridad alimentaria, como expresión de desigualdades estructurales en la capital mexicana y en el resto del país, persiste como un problema profundo incluso en los menores de cinco años. El GHI expone que 13.1 % de ese sector poblacional sufre retraso en el crecimiento, es decir, que tiene baja estatura para su edad, lo que refleja desnutrición crónica. En consonancia con ello, el informe Child Nutrition Report 2025, de Unicef, precisa que 7 % tiene sobrepeso, solo 14 % de los bebés de 0 a 5 meses recibe lactancia materna exclusiva —no jugos, fórmulas ni alimentos sólidos — y que 18 % de las niñas y niños menores de dos años no consumen frutas ni verduras a diario.
La lactancia materna juega un papel determinante en esta etapa. Además de aportar nutrientes esenciales, fortalece el sistema inmunológico y la salud digestiva del bebé, lo que permite una mejor absorción de nutrientes cuando inicia la alimentación complementaria, alrededor de los seis meses. Sin embargo, este proceso se ve limitado cuando las madres viven en condiciones de pobreza o inseguridad alimentaria.
“Si la madre no tiene acceso a una buena alimentación, la producción de leche se reduce o su calidad nutricional disminuye. Amamantar por seis meses o más se asocia con una reducción del 19 % en el riesgo de leucemia en la niñez; igual los bebés que reciben leche materna tienen un 60 % menos riesgo de morir por síndrome de muerte súbita infantil y hasta reducen el riesgo de sobrepeso y obesidad”, enfatiza Laura Huerta, especialista en nutrición clínica.
La problemática se agudiza con la introducción de alimentos complementarios. En contextos de carencia, muchos infantes no tienen acceso a todos los grupos alimenticios, lo que genera dietas restrictivas y desequilibradas. El resultado es retraso en el crecimiento y mayor vulnerabilidad ante enfermedades, como la diarrea, infecciones respiratorias y parásitos intestinales. A esta situación se suma el acceso limitado a servicios de salud, la falta de controles prenatales y esquemas de vacunación incompletos.
“Muchas familias deben elegir entre gastar en transporte para ir al médico o usar ese dinero para comer. Si no hay una alimentación adecuada en los primeros años, el niño entra en un proceso que afecta no solo su estatura, sino también su desarrollo neurológico y su capacidad de aprendizaje”, sostiene.
México enfrenta, además, una doble carga: mientras persiste la desnutrición infantil, también aumenta la obesidad en edades tempranas. Ambas realidades conviven incluso dentro de un mismo hogar, reflejo de dietas de baja calidad nutricional, el encarecimiento de la canasta básica y la normalización del consumo de alimentos ultraprocesados.
Aunque existen programas públicos, como los alimentos escolares, su alcance resulta insuficiente, según la especialista. “El problema es qué pasa cuando los niños salen de la escuela. No sabemos si comerán el resto del día ni si tendrán acceso a una dieta equilibrada”.
En 2024 se aprobó la primera legislación que regula el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, tal como se reconoce en el artículo 4 de la Constitución mexicana y que lleva por nombre Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible.
Compuesta por 111 artículos, tiene como objetivo fomentar la producción, abasto, distribución justa y equitativa, así como el consumo de alimentos nutritivos, suficientes, de calidad, inocuos y culturalmente adecuados. Si bien representa un paso importante, Huerta insiste en la falta de seguimiento y evaluación de políticas públicas.
“Insisto en la urgencia de implementar programas permanentes de vigilancia nutricional, garantizar el acceso continuo a alimentos de calidad y asegurar atención médica oportuna. Debe haber un monitoreo constante que permita medir resultados. Lo que no se mide, no se puede mejorar”, concluye.
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Según testigos presenciales, se usaron municiones letales, drones, francotiradores, agentes vestidos de civil y unidades de la Guardia Revolucionaria para reprimir las protestas del jueves 8 y el viernes 9 de enero.
Retratar lo que ocurrió el 8, 9 y 10 de enero en distintas ciudades de Irán es muy difícil, porque el acceso a internet y las comunicaciones telefónicas con el exterior fueron ampliamente interrumpidos.
Aun así, videos y relatos de personas que tienen acceso al internet satelital de Starlink llegaron a manos del servicio persa de la BBC.
La BBC no puede verificar de forma independiente estos relatos en las circunstancias actuales, pero el análisis en conjunto de los testimonios recibidos revela patrones y descripciones consistentes de la forma de actuar de las fuerzas de seguridad y el ambiente que domina en las ciudades.
El servicio persa de la BBC, para proteger la seguridad de sus fuentes, evita mencionar los nombres y otros datos personales de quienes proporcionaron estos relatos.
Un conjunto de relatos recibidos por el servicio persa de la BBC desde distintas ciudades de Irán da cuenta de una represión a gran escala, sin precedentes y que incluyó el uso de violencia letal contra manifestantes y ciudadanos del común.
Según testigos presenciales, se usaron municiones letales, drones, francotiradores, agentes vestidos de civil y unidades de la Guardia Revolucionaria para reprimir las protestas del jueves 8 y el viernes 9 de enero.
Estos son algunos de los testimonios recogidos por el servicio persa de la BBC.
“En cada callejón había dos o tres muertos”
Varios testigos en la ciudad de Fardis (a unos 40 km al oeste de Teherán) afirmaron que el viernes, después de varias horas en las que no se veía a ninguna fuerza policial en las calles, fuerzas vinculadas a la Guardia Revolucionaria atacaron de repente a los manifestantes en parques y callejones.
Según uno de los testigos, hombres “con la ropa y las motocicletas características de Ansar” (unidades motorizadas de la Guardia Revolucionaria que intervienen en protestas) dispararon directamente con armas de guerra.
La misma fuente afirmó que los agentes armados “entraron en los callejones con vehículos particulares y dispararon desde dentro de los autos contra la gente”.
“En cada callejón había dos o tres muertos”, subrayó.
Según fuentes locales, las fuerzas de la Guardia Revolucionaria se concentraron en tres puntos principales de la ciudad, y dispararon contra manifestantes, conductores e incluso transeúntes, “sin que importara en qué situación se encontraran”.
Dos videos que circularon en redes sociales mostraban cuerpos con heridas de bala, aparentemente relacionados con las protestas del jueves.
En uno estos, una persona cuya voz es lo único que se escucha dice: “Hoy, 8 de enero, miren lo que hicieron con la gente en Fardis. Son las nueve de la noche; mataron a la gente con munición real”.
En los dos videos se ve a entre ocho y diez personas tendidas en el suelo con un sangrado intenso, y hasta ahora no se sabe qué ocurrió posteriormente con ellas.
Algunas fuentes locales estiman que el número de fallecidos en Fardis podría haber llegado a cientos y afirman que los cuerpos no fueron retirados de los callejones hasta la mañana siguiente.
Por su parte, testigos en Teherán y Karaj dijeron al servicio persa de la BBC que las fuerzas de seguridad dispararon contra la gente desde puentes y azoteas de edificios.
Según uno de ellos, los agentes apuntaban a las personas con láseres y “si corrías, no te perseguían, pero si te detenías y coreabas consignas, abrían fuego”.
Ese mismo testigo añadió que en las calles quedaron casquillos de balas, a pesar de que las fuerzas de seguridad procuraron recogerlos.
Algunas fuentes locales y testigos presenciales mencionaron cifras de fallecidos que van desde algunos miles hasta decenas de miles.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que hasta el momento había logrado confirmar la muerte de 1.850 manifestantes, 135 personas afiliadas al Gobierno y 9 civiles no involucrados, así como 9 niños, en los últimos 17 días.
Un funcionario iraní también le dijo a la agencia de noticias Reuters que habían muerto 2.000 personas, pero que la culpa era de los “terroristas”.
La BBC no puede verificar de manera independiente estos datos por el momento, y las autoridades tampoco han ofrecido números oficiales y transparentes.
Morgues desbordadas
Una fuente informada le dijo al servicio persa de la BBC que en la madrugada del viernes entre 180 y 200 cuerpos fueron trasladados a una morgue en la ciudad de Mashhad (al nordeste del país, cerca de la frontera con Turkmenistán) y enterrados rápidamente.
Según esta fuente, la mayoría presentaba heridas graves en la cabeza.
Otra persona que acudió al instituto forense de Kermanshah (en el oeste) para identificar a un familiar, afirmó haber visto allí alrededor de 200 cuerpos.
Algunos testigos denunciaron que los cadáveres estaban “apilados” y muchos no estaban siendo entregados a las familias.
En el canal de Telegram del bloguero iraní Vahid Online se difundieron videos que mostraban un gran número de cuerpos en fundas negras y familias en duelo intentando identificar a sus seres queridos en el instituto forense de Kahrizak (cerca de Teherán). En otro video, se veía un camión descargando cadáveres allí.
Según los datos de una fuente confiable en Rasht (sobre la costa del mar Caspio), 70 cuerpos de personas fallecidas en las protestas del 8 de enero fueron trasladados al hospital Poursina de esa ciudad.
La misma fuente afirmó que la morgue del hospital no tenía capacidad para todos los cuerpos. También aseguró que agentes de seguridad exigían a las familias el pago de un “dinero por las balas” para entregarles los cuerpos de sus seres queridos.
También, un miembro del personal de salud de un hospital en el este de Teherán le dijo a la BBC que el 8 de enero se trasladaron allí alrededor de 40 fallecidos. Por razones de seguridad, no se menciona el nombre del hospital.
Los medios dentro de Irán también informaron de la muerte de 100 miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas y afirmaron que los manifestantes —a quienes describieron como “agitadores”— incendiaron decenas de mezquitas y bancos en varias ciudades.
Videos verificados por el servicio persa de la BBC muestran que en distintos lugares también se incendiaron vehículos policiales y edificios gubernamentales.
“Un campo de batalla”
Varias fuentes informaron del uso extendido de drones por parte de las fuerzas de seguridad para identificar y apuntar a los manifestantes.
“Los drones volaban constantemente sobre la gente. Disparaban directamente y no importaba si la persona era manifestante o simplemente estaba en la calle”, relató una persona desde fuera de Teherán.
También, varios testigos afirmaron que se emplearon armas como fusiles Kalashnikov y que los disparos eran “directos y letales”.
“Esto ya no era una protesta, era un campo de batalla; con la diferencia de que solo un lado tenía armas”, afirmó uno de los testigos.
En prácticamente todos los relatos recibidos, se mencionó la interrupción o el grave deterioro del servicio de internet y de la telefonía móvil.
Algunos afirmaron que la única vía de comunicación disponible era el internet satelital de Starlink.
Otros expresaron preocupación por la posibilidad de que, al usar Starlink, las fuerzas de seguridad pudieran rastrear su ubicación.
Según los testigos, en muchas ciudades los teléfonos móviles solo funcionaban por la mañana y quedaban completamente desconectados a partir de la tarde.
Algunas personas aseguraban que ni siquiera era posible enviar mensajes de texto y que los únicos que recibían eran mensajes amenazantes del gobierno en los que se advertía a la población que no participara en las protestas.
Muchos afirmaron que después del viernes —al que se refieren como “el viernes sangriento”— se generó un miedo generalizado entre la población.
Según relataron, la presencia de gente en las calles disminuyó drásticamente, aunque los cánticos continúan desde dentro de las casas y las azoteas.
Uno de los testigos comentó: “Ahora salir significa caminar hacia la muerte”.
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