Mariana Rodríguez mostró una INE con dirección de Monterrey, pero vive en San Pedro
Para entender mejor
La precandidata de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú, mostró una imagen de su credencial de elector para asegurar que su residencia está en la capital neoleonesa, aunque documentos y otra evidencia coinciden en mostrar a San Pedro Garza como el municipio donde ha registrado su actividad empresarial, y donde tiene el domicilio que presume en redes sociales.
En la página Marcanet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se observa que en abril de 2021 Mariana Rodríguez registró el nombre “Fosfo fosfo” como marca para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, y como titular del registro indicó como domicilio una dirección de San Pedro Garza.
Del mismo modo, en la página del Registro Público de Comercio se puede observar que en el registro de cinco empresas con su nombre, de 2019 a 2021, se colocó como domicilio al mismo municipio de San Pedro, conocido por ser uno de los más ricos del país.
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En 2021, cuando era candidato a la gubernatura, Samuel García dijo que Rodríguez acudiría a votar en San Pedro.
Y un punto más de su vida sampetrina es el domicilio que muestra constantemente en redes sociales. La empresa de arquitectura y diseño de interiores Blásquez Villaseñor diseñó en dicha residencia una habitación para la hija de la también influencer, y señaló como ubicación en noviembre de 2022 San Pedro Garza García.
En el artículo de una entrevista que Rodríguez dio a la revista Quién, y que se publicó en marzo pasado, se menciona que al menos desde 2020 ella y García han vivido en San Pedro.
A una semana de que Samuel García asumiera la gubernatura de Nuevo León, en 2021, la empresaria recibió a Imelda Robles del periódico El Norte en su domicilio, que de acuerdo con la nota sobre la entrevista se ubica en la Colonia San Patricio, de San Pedro Garza García.
En 2022, Quién también publicó un video desde su casa sampetrina, y en la entrevista ella mencionó que vivía ahí con el gobernador Samuel García y no en la casa de gobierno porque ‘El Bronco’ había quitado esa residencia oficial.
Además, Rodríguez es exalumna del colegio American School Foundation of Monterrey, que se ubica en Santa Catarina, pegado al Valle Poniente del municipio de San Pedro.
La Constitución de Nuevo León establece como requerimiento para ser miembro de un ayuntamiento “tener residencia no menor de un año para el día de la elección en el Municipio en que esta se verifique”.
Rodríguez ha insistido en que sí cumple dicho requisito y mostró su credencial de elector, diciendo que nació, trabajó y reside en Monterrey, aunque no específico cuál es su domicilio en Monterrey, ni lo ha mostrado en alguno de sus videos.
Se buscó al equipo de Mariana Rodríguez, pero hasta el momento de publicación no se había obtenido respuesta.
La precandidatura de Rodríguez se confirmó luego de que Samuel García dejara su aspiración presidencial por el conflicto con el Congreso local y no poder asegurar que un interino de su mismo partido quedara al mando del gobierno estatal.
García comenzó a promocionarla incluso antes de que comenzaran las precampañas en Nuevo León, aunque la ley plantea que las autoridades sean imparciales ante los procesos electorales.
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La organización atribuye su salida a la “persecución” del gobierno de Bukele y seguirá operando desde sus sedes en Guatemala y Honduras.
Cristosal, la principal organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos en El Salvador, anunció este jueves que abandona el país centroamericano.
La decisión llega después de que en mayo su directora de anticorrupción y justicia, Ruth López, fuera arrestada por cargos de corrupción, en un proceso que ha sido cuestionado por organismos internacionales.
“Tras 25 años de trabajo en El Salvador, suspendemos operaciones en el país ante la escalada de criminalización”, publicó Cristosal, fundada en 2001 por obispos anglicanos, en la red social X.
En un comunicado, también atribuyó su marcha a “la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) y la débil independencia institucional” en el país presidido por Nayib Bukele.
Dicha ley, impulsada por el propio presidente y vigente desde junio, exige a personas u organizaciones que reciban financiamiento extranjero pagar un impuesto del 30 % por esas transacciones y les prohíbe llevar a cabo actividades políticas.
Cristosal agregó que su labor continúa, “reorganizada y comprometida, desde Guatemala y Honduras”, países donde también trabaja desde hace años y cuenta con sedes.
BBC Mundo solicitó una reacción al gobierno de Bukele a través de la encargada de prensa para medios internacionales de la Presidencia, pero no tuvo respuesta hasta el momento de publicar esta nota.
Sin embargo, a raíz de los señalamientos, el 1 de junio, durante su discurso anual ante la nación, el mandatario se dirigió a los medios y les dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños por la calle”.
Y así pasó a destacar una vez más sus logros en seguridad, los que le han granjeado un arrollador respaldo entre la población, tal como lo siguen mostrando las encuestas.
La denuncia al gobierno de Bukele
Cristosal acusa en su comunicado al gobierno de Bukele de haber “desmantelado los principios básicos de la democracia”.
“Bajo un estado de excepción permanente y con control absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho. Expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel”, denunció Cristosal.
La ONG cristiana asegura haber enfrentado “acoso legal y administrativo, espionaje, vigilancia de sus actividades y hogares, así como campañas de difamación” bajo la administración de Bukele, que gobierna desde junio de 2019.
También alegó que Ruth López “está presa por exigir transparencia y denunciar la corrupción” y su encarcelamiento es “parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar” a la disidencia.
Por último, explicó que se marcha de El Salvador para proteger a sus trabajadores y garantizar la continuidad de su trabajo y misión.
Como principal organización de derechos humanos de El Salvador, Cristosal asegura haber estado sometida a una creciente presión por parte del gobierno de Bukele, que culminó con la detención de López.
López permanece en prisión preventiva, acusada de peculado o malversación de fondos públicos en su anterior etapa en el Tribunal Supremo Electoral y durante la administración del anterior presidente, Salvador Sánchez Cerén.
Los arrestos de Ruth López y otros activistas, la salida del país de 40 periodistas y más de una decena de defensores de derechos humanos, y la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros han hecho que organismos nacionales e internacionales adviertan de una escalada autoritaria en la nación centroamericana.
Un punto de inflexión en la presión sobre las voces críticas que, según los especialistas consultados por BBC Mundo, tendría que ver con que Bukele se siente respaldado por su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no solo lo ha alabado sino que lo ha vuelto “imprescindible” para su propia política de deportaciones.
“Cree, con razón, que no va a tener ninguna crítica por parte de esta administración, como sí la tuvo de la de Biden”, le aseguró a BBC Mundo Enrique Roig, quien fuera subsecretario asistente de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE.UU., al ser entrevistado para otro reportaje sobre este mismo tema.
Ni la Fiscalía ni Presidencia han contestado a las numerosas solicitudes de entrevista de BBC Mundo hasta el momento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los organismos que ha mostrado preocupación por el actual contexto de El Salvador.
“Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles”, ha dicho la entidad, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El régimen de excepción
Bukele gobierna desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, que le permite aplicar medidas extraordinarias que impliquen la suspensión temporal de derechos fundamentales de los ciudadanos.
En este tiempo El Salvador ha pasado de ser uno de los países más inseguros y violentos de América Latina a uno de los más seguros, desde los 38 homicidios por cada 100.000 habitantes de 2019 hasta 1,9 el año pasado, según datos oficiales.
En ese proceso, también se convirtió en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
Bukele mantiene una alta popularidad entre los salvadoreños, por encima del 80% según la mayoría de sondeos, que sin embargo también denotan cierta preocupación por la deriva del derecho a la libre expresión.
Una encuesta reciente del Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) le otorga una nota del 8,15 sobre 10, aunque también apunta a que casi seis de cada diez salvadoreños temen sufrir represalias si critican al gobierno.
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