Para entender mejor
El presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió varios puntos de sus 100 compromisos y su Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentados al inicio de su gobierno sobre economía, seguridad, salud e infraestructura, aunque por otro lado sí aumentó apoyos sociales como el de pensiones para adultos mayores, impulsando que se elevara a rango constitucional, y también elevó el salario mínimo como no lo habían hecho otras administraciones.
Entre los compromisos que no cumplió se encuentra el reducir a la mitad delitos como el homicidio doloso; tampoco se alcanzaron las metas de crecimiento económico y no se aclaró el caso Ayotzinapa.
Mientras que hubo otros que en aparentemente cumplió, como la construcción del Tren Maya, aunque su costo terminó siendo casi cuatro veces mayor a lo planteado originalmente y su construcción implicó daños ambientales.
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El pasado 29 de julio, López Obrador difundió una carta sobre el estatus de la investigación del caso Ayotzinapa al fin de su sexenio. Contrario a su promesa, reconoció que aún no se había logrado esclarecer el caso y prometió que continuarían las indagatorias durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Además durante su gobierno familiares de los normalistas y organizaciones sociales acusaron que hubo prácticas que impidieron llegar a la verdad, como el ocultamiento de información de parte del Ejército.
En materia de seguridad, el presidente prometió en el PND que habría una reducción de 50% en comparación con 2018 en índices delictivos de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público.
Sin embargo, como te contamos en esta nota, al comparar la incidencia delictiva de 2018 contra 2023 el homicidio doloso bajó 12% y el feminicidio 7.3%, y el robo de vehículos se redujo 36%, cifras menores a las planteadas en el PND.
Hubo indicadores delitos que sí bajaron al nivel prometido, como el secuestro con 48.2% y rapto 46.1%, aunque también te mencionamos en el Sabueso lo engañoso de que mientras tanto aumentaron los delitos contra la libertad personal ubicados en la categoría de “otros”.
El presidente prometió en su primer día en el cargo que no habría espionaje durante su gobierno, pero esto no fue así. Como puedes leer en esta nota, en el sexenio se documentaron en total al menos 10 casos de espionaje a civiles por parte de las autoridades.
Se detectó el uso de un software que adquirió la Sedena en 2019, para espiar equipos telefónicos de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, legisladores de oposición y organizaciones como el Centro Prodh, ONG que acompaña a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Entre las promesas de López Obrador estuvo garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos, y ofrecer la misma calidad que en los países nórdicos como en Dinamarca.
Pero esto estuvo lejos de lograrse. Como te contamos en el reportaje de Animal Político ‘No fuimos Dinamarca’, durante este sexenio se dejó a 6 millones de niños sin vacunas entre 2019 y 2020, lo que causó el incremento de casos de enfermedades prevenibles en menores de 5 años.
Además, en los primeros cuatro años del sexenio se registraron más de 5 mil juicios de amparo para exigir la entrega de medicamentos a pacientes. El IMSS fue la institución con más demandas por la falta de medicinas.
A ello se suma el crecimiento de las personas que carecen de acceso a servicios de salud. En sus datos más recientes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que la población con falta de acceso a los servicios de salud aumentó en más de 30 millones de personas, al pasar de 20.1 a 50.4 millones entre 2018 y 2022.
En cuanto al acceso a medicamentos, durante la actual administración se dejaron de surtir 15 millones de recetas médicas, el triple comparado con la administración anterior. E incluso en 2021 se recortó más del 90% de los recursos destinados para la atención de cáncer infantil, cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino.
En contraste, el gasto en salud creció 5.2% entre 2018 y 2022, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En cuanto a los proyectos insignia de la actual administración, como el Tren Maya, el gobierno de López Obrador cumplirá con su construcción e inauguración, pero hubo sobrecostos, retrasos y daños ambientales.
Por ejemplo, si bien el Tren Maya empezó a operar en diciembre de 2023, su construcción ha representado un sobrecosto de casi cuatro veces la estimación original. Originalmente en el PND se planteó que costaría entre 120 y 150 mil millones de pesos; sin embargo, hasta 2024 esa cifra ronda los 500 mil millones de pesos. Y la obra aún no está terminada, pues sólo está completo el tramo de Palenque a Cancún.
A la par, el gobierno incumplió su compromiso de que los proyectos económicos no afectarían al medio ambiente. La construcción comenzó sin contar con los permisos requeridos por la ley ambiental. Además, el presidente prometió que no se talaría ningún árbol con esta obra, pero en marzo de 2024, el gobierno reconoció que ya había impactado 7 millones de árboles.
Otro punto que se incluyó en el PND fue el respeto a las comunidades indígenas y su consulta para cualquier obra, pero se acreditaron casos como que en la consulta indígena para la obra del Tren Maya no se dio la información completa a comunidades de Campeche.
En el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno de López Obrador también se fijó la meta de construir la Terminal 3 del AICM, obra que se canceló en 2022, con el pretexto de la baja de vuelos por la pandemia de Covid-19 y la necesidad de hacer reparaciones a las dos terminales existentes.
El caso de la refinería de Dos Bocas es similar al del Tren Maya, pues en sus compromisos, López Obrador puso un plazo de tres años para que empezara a producir gasolina; pero la obra se retrasó, se inauguró un año después de lo planeado y se anunció que comenzaría a producir hasta agosto de 2024, aunque sólo con el 50% de su capacidad.
Además, el costo de este proyecto fue de más del doble que lo que había prometido el presidente al inicio de su gobierno, al pasar de 8 mil millones a 16 mil 816 millones de dólares, equivalente a más de 322 mil millones de pesos.
Tanto en discursos de campaña como en el PND López Obrador hizo esas promesas, pero durante su sexenio sí hubo hechos de corrupción, como los desvíos por más de 17 mil millones de pesos del caso Segalmex, caso que el propio López Obrador reconoció como “la mancha que me llevo”.
Además, no se prohibieron las adjudicaciones directas, como prometió. El IMCO indicó en un estudio que “desde 2020 se han identificado instituciones que adjudican directamente más del 90% del monto contratado. En 2020, 99% del monto gastado por Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (BIRMEX) fue adjudicado directamente; en 2021, 89% del monto contratado por el Banco del Bienestar mostró la misma característica. En 2022, Diconsa gastó 19 mil 734 millones de pesos en compras públicas y 90% se adjudicó directamente”.
Otra promesa fue evitar “no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira”, y sus conferencias matutinas se caracterizaron por dichos falsos y cifras engañosas para defender sus políticas.
Una de las afirmaciones que López Obrador plasmó en el PND y que no cumplió fue que “Explícitamente, el Poder Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las determinaciones del Legislativo ni del Judicial”.
Pero a través de sus conferencias matutinas, López Obrador emitió comentarios reprobando las decisiones de la Corte al frenar medidas que él impulsó, como la Ley de la Industria Eléctrica o la reforma electoral (el plan B). Incluso el mandatario admitió que había contactado a ministros, para pedirles que no tiraran la reforma que buscó dejar a la Guardia Nacional en manos del Ejército. Y finalmente el mandatario propuso una reforma finalmente aprobada para que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular.
Entre los 100 compromisos del presidente, estaba también que el presidente podría ser juzgado como cualquier ciudadano, algo que se cumplió a medias. Si bien es cierto que se reformó el artículo 108 de la Constitución, sólo se amplió la lista de delitos por los que se puede juzgar a un presidente en funciones.
Sin embargo, el proceso para el presidente implica un juicio político que requiere la aprobación de dos terceras partes del Senado para ser sancionado, cifra difícil de alcanzar con la composición actual de esa cámara.
Otro compromiso incumplido fue que la deuda no aumentaría. “El gobierno de la Cuarta Transformación recibió la pesada herencia de una deuda pública de 10 billones de pesos, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción del régimen anterior, lo que obliga a destinar 800 mil millones de pesos del presupuesto para pagar el servicio de esa deuda. En este sexenio no se recurrirá a endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro propósito”, señaló el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero como te contamos en esta nota, la deuda en el último año del sexenio de López Obrador tuvo un nivel récord.
El presidente también quedó a deber en cuanto al crecimiento económico del país. En el Plan Nacional de Desarrollo se fijó como meta “un desarrollo económico que habrá alcanzado para entonces una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4 por ciento”.
Pero entre 2019 y 2023 la economía del país acumuló un avance de 3.9%, con un promedio de 0.6% anual, afectado sobre todo por el cierre de actividades en 2020 a causa de la pandemia. Mientras que en el segundo trimestre de 2024, la economía avanzó 1.8%.
Una de las principales promesas en sus 100 compromisos fue la de aumentar las pensiones para adultos mayores, así como otros apoyos para estudiantes y personas con discapacidad. El monto de la pensión para adultos mayores subió de 1 mil 160 pesos mensuales en 2018 a 3 mil pesos en 2024.
El apoyo para las personas con discapacidad también se brindó a 1 millón de personas. Aunque como te contamos en esta nota, ese número representa sólo el 16% del total de las personas con alguna discapacidad, según el Inegi.
Otro avance fue que en 2020 se elevó a rango constitucional la entrega de diversos programas sociales como becas para estudiantes de familias en situación de pobreza, apoyos para personas con discapacidad y las pensiones para personas adultas mayores de 68 años.
Además, el presupuesto para los programas en 2024 fue de 3 billones 755 mil millones de pesos, el mayor del que se tiene registro, representando el 41% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
A la par, la población con carencias por espacios de vivienda y por a alimentación nutritiva se redujo 1.9 y 4 puntos porcentuales respectivamente, de acuerdo con datos del Coneval. Además, se redujo la proporción de población de 15 a 24 años que no escuela asiste a la escuela de 59.6% a 54.7%.
El presidente también se comprometió a que el salario mínimo creciera por arriba de la inflación, y así fue. Entre 2018 y 2024, pasó de 88.13 a 248.93 pesos, es decir, un incremento total de 182.45% en términos nominales, y 18.83% anual en promedio. Ello a pesar de las advertencias de empresarios y especialistas de que un alza de ese nivel causaría presiones a la inflación y podría impactar de forma negativa al empleo, cosas que no pasaron.
Además, cada año tuvo un alza de entre 15 y 22%, superior a la inflación anual. Por ejemplo, en 2021, cuando el salario mínimo tuvo su menor incremento, de 15%, la inflación fue de 3.54%.
Otro compromiso que también se cumplió fue el de eliminar la pensión para los expresidentes. Aunque no había un sustento legal para eso, en noviembre de 2018 se publicó un decreto por donde se anula ese beneficio.
“No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, establece la modificación, publicada por el Congreso de la Unión.
Además, en otra reforma se eliminaron las partidas secretas que se permitía integrar a los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
También se concretó la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto y organismo público descentralizado, que de acuerdo con especialistas de la organización ‘México ¿Cómo vamos?’, cuenta con una proyección sustentable a largo plazo, en contraste con las megaobras emprendidas en este sexenio.
Además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una serie de paquetes de estímulos fiscales para personas físicas y morales que impulsen y desarrollen alguna actividad económica para el CIIT.
23 cardenales latinoamericanos están habilitados para participar en el cónclave del próximo 7 de mayo. BBC Mundo analiza el grupo y explica cómo pueden influir en el voto.
Alrededor de 135 cardenales de todo el mundo están habilitados para participar en el cónclave secreto que comienza el 7 de mayo, y de ellos 108 fueron nombrados por el papa Francisco.
Expertos afirman que esto aumenta la posibilidad de que el próximo sumo pontífice comparta su visión de una Iglesia progresista y más inclusiva.
Sólo los altos dirigentes católicos conocidos como cardenales con menos de 80 años podrán formar parte en esta elección a puerta cerrada que ellos consideran como un deber y una responsabilidad espiritual.
No hay un cronograma que indique cuánto tiempo tomará elegir al próximo papa, pero los dos cónclaves anteriores, celebrados en 2005 y 2013, duraron dos días.
Aunque hay pocas posibilidades de que el próximo sumo pontífice sea latinoamericano, como su predecesor, 23 cardenales de América Latina formarán parte en la solemne decisión.
“Acabamos de tener un papa latinoamericano, con el español como lengua y con una cultura latina, por tal razón, dentro del Colegio Cardenalicio, la percepción es que es muy difícil que el próximo papa sea latinoamericano o español”, le dice a BBC Mundo el periodista y escritor José Francisco Serrano, especialista en el Vaticano y profesor de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid.
Aunque afirma que los cardenales latinoamericanos tampoco son precisamente los que marcarán tendencia en el cónclave, hay algunas figuras importantes de la región cuyas voces serán escuchadas e incluso unos pocos que son vistos por otros dirigentes católicos como opciones para suceder al papa Francisco.
Añade que otros cardenales latinoamericanos, que no entran al cónclave por tener más de 80 años, también cuentan con una gran influencia dentro de sus colegas debido a su antigüedad y experiencia.
José Ramón Navarro Pareja, responsable de la sección de Religión del diario ABC, apunta que los cardenales latinoamericanos constituyen un grupo relativamente homogéneo.
“Muchas veces se plantea que ciertos grupos nacionales, como los estadounidenses, los italianos o los españoles, se ponen de acuerdo y forman un grupo de presión”, dice en entrevista con BBC Mundo.
“Pero cuando conoces sus planteamientos, te das cuenta de que muchas veces no se basan en afiliaciones nacionales para conformar grupos, sino que al final los une su posición sobre la Iglesia”.
Navarro sugiere que la mayoría de los 23 lectores latinoamericanos tienen en mayor y menor medida un perfil similar al del papa Francisco.
“Aparte del hecho de que fue Francisco quien hizo cardenales a la mayoría de ellos, a muchos los conocía personalmente y tenía una relación más cercana con ellos que con otros cardenales”, prosigue.
Según los expertos consultados por BBC Mundo, cuatro voces latinoamericanas destacan dentro del grupo de cardenales con derecho a voto y otros dos, que no entran en el cónclave, también pueden jugar un papel importante debido a su influencia en el Vaticano.
Según Serrano Oceja, el cardenal Carlos Aguiar Retes es el latinoamericano que tiene más peso dentro del cónclave en este momento.
Afirma que tiene uno de los perfiles más acreditados debido a su trayectoria, su autoridad dentro del episcopado de México y la relevancia de esa diócesis.
Nació el 9 de enero de 1950 en Tepic, una ciudad en el oeste de México.
Su formación académica incluye un doctorado en Teología Bíblica en Roma.
Fue ordenado sacerdote en 1973 y durante su carrera se destacó como presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
En 2018 fue designado como arzobispo primado de México, el cargo más alto en la jerarquía católica mexicana.
“Aguiar es uno de los cardenales más cercanos a Francisco ideológicamente y se cree que buscaría una absoluta continuidad”, explica José Ramón Navarro Pareja.
“Puede jugar un gran papel siendo lo que se denomina en el lenguaje del cónclave uno de los ‘grandes electores’, que son los cardenales que tienen una cierta influencia sobre un grupo importante y una capacidad de movilizar el voto no necesariamente hacia ellos mismos, sino hacia un tercer candidato que considere oportuno”.
Fernando Chomali es, según Navarro, otro de los “grandes electores” con gran influencia en el cónclave.
“Tuvo una relación absolutamente directa con Francisco y también va a tratar de unir a aquellos que buscan un planteamiento de la Iglesia similar al de Francisco”, explica.
Algunos incluso ven a Chomali como un candidato al máximo puesto.
“Recientemente, a mí me han llegado a decir en Roma que Chomali era el candidato de Francisco“, precisa Navarro.
Chomali nació en marzo de 1957 en Santiago de Chile en una familia con ascendencia palestina. Es licenciado en Teología moral de la Universidad Lateranense de Roma y doctor en sagrada teología de la Universidad Gregoriana de Roma.
Fue nombrado arzobispo de Santiago de Chile por el papa Francisco en octubre de 2023.
Días después de la muerte del papa Francisco, afirmó a la prensa que no tenía “ninguna posibilidad de ser papa” y sostuvo que Francisco “es el ejemplo a seguir por todos”.
José Ramón Navarro explica que, entre los cardenales que comparten la visión de la Iglesia del papa Francisco y los que no, el cardenal brasilero Odilo Scherer es visto como un “centrista”.
Scherer nació el 21 de septiembre de 1949 en el sureño estado brasileño de Río Grande del Sur.
Estudió en la Pontificia Universidad Católica de Paraná y en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, donde obtuvo su doctorado en Sagrada Teología en 1991.
En el Vaticano es visto como un conservador moderado, un cardenal conciliador que fue cercano a Benedicto XVI.
Asumió la arquidiócesis de Sao Paulo, la mayor de Sudamérica, en 2007, año en que también fue proclamado cardenal.
Durante el cónclave e 2013 llegó a ser considerado “papable”.
“Es un cardenal que obtuvo votos en el cónclave anterior, al final no fue él sino Francisco, pero estuvo muy presente en el voto”, señala Navarro.
“Me parece que incluso podría surgir como un candidato fuerte para convertirse en Papa si llegara a surgir un bloqueo entre dos grandes sectores y ninguno alcance la mayoría de dos tercios”, añade.
Cualquier candidato tendrá que alcanzar al menos 89 votos, es decir, dos tercios de los votos de los presentes para convertirse en el próximo papa.
Daniel Fernando Sturla nació en Montevideo, capital de Uruguay, el 4 de julio de 1959.
Ha contado que sintió su llamada a la vocación sacerdotal tras una conversación con un sacerdote.
Fue ordenado sacerdote en 1987 y tras ejercer varios cargos en el seno de la congregación salesiana fue nombrado obispo auxiliar de Montevideo por el papa Benedicto XVI en 2011.
Tres años después, en febrero de 2014, fue nombrado arzobispo de Montevideo por el papa Francisco.
El periodista José Francisco Serrano explica que Sturla es un cardenal que marca muy bien la continuidad entre el pontificado de Benedicto XVI y el papá Francisco.
“Es un hombre especializado en historia de la Iglesia, un gran religioso en Uruguay y se ha convertido en una figura interesante e influyente dentro de los cardenales”.
Tanto es así que varios medios y expertos lo han llegado a incluir dentro de los posibles nombres que pueden surgir en el cónclave.
Si bien será en la Capilla Sixtina donde los cardenales ejercerán su voto, antes del cónclave tienen lugar una serie de congregaciones generales en las que participan 183 cardenales, y de ellos 120 electores, según la oficina de prensa de la Santa Sede
Dos cardenales con derecho al voto no participarán en las congregaciones que se llevan a cabo actualmente por motivos de salud.
En estas congregaciones, que comenzaron al día siguiente de la muerte del pontífice argentino, los cardenales discuten sobre el futuro de la Iglesia católica, sus desafíos y también sobre sus responsabilidades.
“Contrariamente a lo que se ha visto en películas como “Cónclave” (2024), en la Capilla Sixtina no se discute durante el proceso electoral. Se entra rezando y luego los cardenales simplemente ejercen su voto“, explica José Ramón Navarro.
“No es un Parlamento en el que se discute lo que la Iglesia está haciendo mal o no”, agrega.
Por su parte, José Francisco Serrano explica que las congregaciones previas al cónclave sirven como una plataforma en la que surgen algunos candidatos, como fue el caso del papa Francisco, cuyo nombre comenzó a sonar tras sus intervenciones en las congregaciones.
“Jorge Bergoglio tuvo un papel muy destacado en las congregaciones generales previas a su elección. Fue allí donde muchos cardenales descubrieron su potencial”, precisa.
Por eso, no se descarta que durante estos días probablemente los cardenales puedan descubrir alguna figura destacada.
En las congregaciones generales, algunos cardenales mayores de 80 años suelen tener mucha influencia, por su autoridad y experiencia.
A lo largo de los años, Leonardo Sandri ha logrado posicionarse como uno de los cardenales más experimentados del Vaticano.
Fue él quien el 2 de abril de 2005, desde la Plaza de San Pedro, anunció la muerte del papa Juan Pablo II.
Nació en Buenos Aires en noviembre de 1943 y estudió Teología en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires. También obtuvo un doctorado en Derecho canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Fue ordenado sacerdote cuando apenas tenía 23 años, en 1967, y a los 27 abandonó su vida sacerdotal para unirse al servicio diplomático del Vaticano. Desde entonces, ha dedicado su vida a la Santa Sede.
Fue proclamado cardenal en 2007 por Benedicto XVI y en el cónclave de 2013 se perfilaba como uno de los favoritos para convertirse en el posible primer papa latinoamericano.
Entre muchos otros puestos, ha sido asesor de la Secretaría de Estado y actualmente es prefecto emérito del Dicasterio para las Iglesias Orientales, así como consejero de la Comisión Pontificia para América Latina (CAL).
También es miembro del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y del Dicasterio para la Comunicación, que se encarga de todo el sistema de comunicaciones de la Santa Sede.
Según expertos, Sandri encarna la continuidad dentro de la Curia, de la que ha sido uno de los principales impulsores en las últimas décadas.
Y pese a que ya no cuenta con un voto, podría tener una gran influencia tras bastidores.
“Todo lo que dice el cardenal Sandri suele ser relevante para muchos otros cardenales”, afirma José Francisco Serrano.
Por su edad, Errázuriz tampoco no puede participar en el cónclave, pero su antigüedad lo ha convertido una de las voces más respetadas en el Vaticano.
Ha tenido una distinguida carrera en la Iglesia y fue un miembro de confianza del Consejo de Cardenales, cuya misión era aconsejar y asesorar al papa Francisco.
Nació el 5 de septiembre de 1933 en Santiago de Chile y fue ordenado sacerdote en julio de 1961. Es licenciado en Teología por la Universidad de Friburgo, en Suiza.
Entre 2003 y 2007, ocupó la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
También presidió la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, inaugurada por Benedicto XVI en Aparecida, Brasil, en 2007.
Errázuriz fue nombrado cardenal en 2001 por Juan Pablo II y asumió el cargo de Arzobispo Emérito de Santiago de Chile en 2010.
“Es un cardenal con la capacidad de organizar un grupo en torno a los distintos cardenales latinoamericanos“, señala Serrano.
Sin embargo, un hecho que puede que le haya restado influencia en los últimos años dentro del Vaticano es que estuvo implicado en el encubrimiento de un escándalo de abuso sexual que sacudió a la Iglesia en Chile en 2018.
Los cardenales latinoamericanos constituyen el 17% de los votos en el cónclave.
Aunque Brasil y Argentina cuentan con el mayor número de votantes, muchos otros países de la región también cuentan con representación, desde México hasta Chile, pasando por Colombia, Cuba, Haití y Paraguay.
México tiene seis cardenales en el Colegio Cardenalicio, pero sólo dos de ellos podrán votar.
América Central y el Caribe están representados por el arzobispo de San Cristóbal de la Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, el guatemalteco Alvaro Ramazzini, el nicaragüense Leopoldo Brenes y Chibly Langlois, el primer y único cardenal haitiano en la historia del país.
Por su parte, América del Sur cuenta con 17 cardenales con derecho a voto.
Aparte de los siete brasileños y los cuatro argentinos, en el cónclave estarán presentes el ecuatoriano Luis Fernando Cabrera, el paraguayo Adalberto Martínez Flores y el peruano Carlos Gustavo Castillo, quien sucedió a Juan Luis Cipriani como arzobispo de Lima en enero de 2019 por decisión del papa Francisco.
También participará en el proceso el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio, quien es percibido como un gran mediador y líder social.
Otro latino que no aparece en la lista debido a que representa a Marruecos en la Iglesia, es Cristóbal López Romero (72 años), arzobispo de Rabat, quien nació en Almería, España, y se nacionalizó paraguayo.
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