Para entender mejor
El presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió varios puntos de sus 100 compromisos y su Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentados al inicio de su gobierno sobre economía, seguridad, salud e infraestructura, aunque por otro lado sí aumentó apoyos sociales como el de pensiones para adultos mayores, impulsando que se elevara a rango constitucional, y también elevó el salario mínimo como no lo habían hecho otras administraciones.
Entre los compromisos que no cumplió se encuentra el reducir a la mitad delitos como el homicidio doloso; tampoco se alcanzaron las metas de crecimiento económico y no se aclaró el caso Ayotzinapa.
Mientras que hubo otros que en aparentemente cumplió, como la construcción del Tren Maya, aunque su costo terminó siendo casi cuatro veces mayor a lo planteado originalmente y su construcción implicó daños ambientales.
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El pasado 29 de julio, López Obrador difundió una carta sobre el estatus de la investigación del caso Ayotzinapa al fin de su sexenio. Contrario a su promesa, reconoció que aún no se había logrado esclarecer el caso y prometió que continuarían las indagatorias durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Además durante su gobierno familiares de los normalistas y organizaciones sociales acusaron que hubo prácticas que impidieron llegar a la verdad, como el ocultamiento de información de parte del Ejército.
En materia de seguridad, el presidente prometió en el PND que habría una reducción de 50% en comparación con 2018 en índices delictivos de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público.
Sin embargo, como te contamos en esta nota, al comparar la incidencia delictiva de 2018 contra 2023 el homicidio doloso bajó 12% y el feminicidio 7.3%, y el robo de vehículos se redujo 36%, cifras menores a las planteadas en el PND.
Hubo indicadores delitos que sí bajaron al nivel prometido, como el secuestro con 48.2% y rapto 46.1%, aunque también te mencionamos en el Sabueso lo engañoso de que mientras tanto aumentaron los delitos contra la libertad personal ubicados en la categoría de “otros”.
El presidente prometió en su primer día en el cargo que no habría espionaje durante su gobierno, pero esto no fue así. Como puedes leer en esta nota, en el sexenio se documentaron en total al menos 10 casos de espionaje a civiles por parte de las autoridades.
Se detectó el uso de un software que adquirió la Sedena en 2019, para espiar equipos telefónicos de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, legisladores de oposición y organizaciones como el Centro Prodh, ONG que acompaña a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Entre las promesas de López Obrador estuvo garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos, y ofrecer la misma calidad que en los países nórdicos como en Dinamarca.
Pero esto estuvo lejos de lograrse. Como te contamos en el reportaje de Animal Político ‘No fuimos Dinamarca’, durante este sexenio se dejó a 6 millones de niños sin vacunas entre 2019 y 2020, lo que causó el incremento de casos de enfermedades prevenibles en menores de 5 años.
Además, en los primeros cuatro años del sexenio se registraron más de 5 mil juicios de amparo para exigir la entrega de medicamentos a pacientes. El IMSS fue la institución con más demandas por la falta de medicinas.
A ello se suma el crecimiento de las personas que carecen de acceso a servicios de salud. En sus datos más recientes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que la población con falta de acceso a los servicios de salud aumentó en más de 30 millones de personas, al pasar de 20.1 a 50.4 millones entre 2018 y 2022.
En cuanto al acceso a medicamentos, durante la actual administración se dejaron de surtir 15 millones de recetas médicas, el triple comparado con la administración anterior. E incluso en 2021 se recortó más del 90% de los recursos destinados para la atención de cáncer infantil, cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino.
En contraste, el gasto en salud creció 5.2% entre 2018 y 2022, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En cuanto a los proyectos insignia de la actual administración, como el Tren Maya, el gobierno de López Obrador cumplirá con su construcción e inauguración, pero hubo sobrecostos, retrasos y daños ambientales.
Por ejemplo, si bien el Tren Maya empezó a operar en diciembre de 2023, su construcción ha representado un sobrecosto de casi cuatro veces la estimación original. Originalmente en el PND se planteó que costaría entre 120 y 150 mil millones de pesos; sin embargo, hasta 2024 esa cifra ronda los 500 mil millones de pesos. Y la obra aún no está terminada, pues sólo está completo el tramo de Palenque a Cancún.
A la par, el gobierno incumplió su compromiso de que los proyectos económicos no afectarían al medio ambiente. La construcción comenzó sin contar con los permisos requeridos por la ley ambiental. Además, el presidente prometió que no se talaría ningún árbol con esta obra, pero en marzo de 2024, el gobierno reconoció que ya había impactado 7 millones de árboles.
Otro punto que se incluyó en el PND fue el respeto a las comunidades indígenas y su consulta para cualquier obra, pero se acreditaron casos como que en la consulta indígena para la obra del Tren Maya no se dio la información completa a comunidades de Campeche.
En el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno de López Obrador también se fijó la meta de construir la Terminal 3 del AICM, obra que se canceló en 2022, con el pretexto de la baja de vuelos por la pandemia de Covid-19 y la necesidad de hacer reparaciones a las dos terminales existentes.
El caso de la refinería de Dos Bocas es similar al del Tren Maya, pues en sus compromisos, López Obrador puso un plazo de tres años para que empezara a producir gasolina; pero la obra se retrasó, se inauguró un año después de lo planeado y se anunció que comenzaría a producir hasta agosto de 2024, aunque sólo con el 50% de su capacidad.
Además, el costo de este proyecto fue de más del doble que lo que había prometido el presidente al inicio de su gobierno, al pasar de 8 mil millones a 16 mil 816 millones de dólares, equivalente a más de 322 mil millones de pesos.
Tanto en discursos de campaña como en el PND López Obrador hizo esas promesas, pero durante su sexenio sí hubo hechos de corrupción, como los desvíos por más de 17 mil millones de pesos del caso Segalmex, caso que el propio López Obrador reconoció como “la mancha que me llevo”.
Además, no se prohibieron las adjudicaciones directas, como prometió. El IMCO indicó en un estudio que “desde 2020 se han identificado instituciones que adjudican directamente más del 90% del monto contratado. En 2020, 99% del monto gastado por Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (BIRMEX) fue adjudicado directamente; en 2021, 89% del monto contratado por el Banco del Bienestar mostró la misma característica. En 2022, Diconsa gastó 19 mil 734 millones de pesos en compras públicas y 90% se adjudicó directamente”.
Otra promesa fue evitar “no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira”, y sus conferencias matutinas se caracterizaron por dichos falsos y cifras engañosas para defender sus políticas.
Una de las afirmaciones que López Obrador plasmó en el PND y que no cumplió fue que “Explícitamente, el Poder Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las determinaciones del Legislativo ni del Judicial”.
Pero a través de sus conferencias matutinas, López Obrador emitió comentarios reprobando las decisiones de la Corte al frenar medidas que él impulsó, como la Ley de la Industria Eléctrica o la reforma electoral (el plan B). Incluso el mandatario admitió que había contactado a ministros, para pedirles que no tiraran la reforma que buscó dejar a la Guardia Nacional en manos del Ejército. Y finalmente el mandatario propuso una reforma finalmente aprobada para que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular.
Entre los 100 compromisos del presidente, estaba también que el presidente podría ser juzgado como cualquier ciudadano, algo que se cumplió a medias. Si bien es cierto que se reformó el artículo 108 de la Constitución, sólo se amplió la lista de delitos por los que se puede juzgar a un presidente en funciones.
Sin embargo, el proceso para el presidente implica un juicio político que requiere la aprobación de dos terceras partes del Senado para ser sancionado, cifra difícil de alcanzar con la composición actual de esa cámara.
Otro compromiso incumplido fue que la deuda no aumentaría. “El gobierno de la Cuarta Transformación recibió la pesada herencia de una deuda pública de 10 billones de pesos, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción del régimen anterior, lo que obliga a destinar 800 mil millones de pesos del presupuesto para pagar el servicio de esa deuda. En este sexenio no se recurrirá a endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro propósito”, señaló el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero como te contamos en esta nota, la deuda en el último año del sexenio de López Obrador tuvo un nivel récord.
El presidente también quedó a deber en cuanto al crecimiento económico del país. En el Plan Nacional de Desarrollo se fijó como meta “un desarrollo económico que habrá alcanzado para entonces una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4 por ciento”.
Pero entre 2019 y 2023 la economía del país acumuló un avance de 3.9%, con un promedio de 0.6% anual, afectado sobre todo por el cierre de actividades en 2020 a causa de la pandemia. Mientras que en el segundo trimestre de 2024, la economía avanzó 1.8%.
Una de las principales promesas en sus 100 compromisos fue la de aumentar las pensiones para adultos mayores, así como otros apoyos para estudiantes y personas con discapacidad. El monto de la pensión para adultos mayores subió de 1 mil 160 pesos mensuales en 2018 a 3 mil pesos en 2024.
El apoyo para las personas con discapacidad también se brindó a 1 millón de personas. Aunque como te contamos en esta nota, ese número representa sólo el 16% del total de las personas con alguna discapacidad, según el Inegi.
Otro avance fue que en 2020 se elevó a rango constitucional la entrega de diversos programas sociales como becas para estudiantes de familias en situación de pobreza, apoyos para personas con discapacidad y las pensiones para personas adultas mayores de 68 años.
Además, el presupuesto para los programas en 2024 fue de 3 billones 755 mil millones de pesos, el mayor del que se tiene registro, representando el 41% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
A la par, la población con carencias por espacios de vivienda y por a alimentación nutritiva se redujo 1.9 y 4 puntos porcentuales respectivamente, de acuerdo con datos del Coneval. Además, se redujo la proporción de población de 15 a 24 años que no escuela asiste a la escuela de 59.6% a 54.7%.
El presidente también se comprometió a que el salario mínimo creciera por arriba de la inflación, y así fue. Entre 2018 y 2024, pasó de 88.13 a 248.93 pesos, es decir, un incremento total de 182.45% en términos nominales, y 18.83% anual en promedio. Ello a pesar de las advertencias de empresarios y especialistas de que un alza de ese nivel causaría presiones a la inflación y podría impactar de forma negativa al empleo, cosas que no pasaron.
Además, cada año tuvo un alza de entre 15 y 22%, superior a la inflación anual. Por ejemplo, en 2021, cuando el salario mínimo tuvo su menor incremento, de 15%, la inflación fue de 3.54%.
Otro compromiso que también se cumplió fue el de eliminar la pensión para los expresidentes. Aunque no había un sustento legal para eso, en noviembre de 2018 se publicó un decreto por donde se anula ese beneficio.
“No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, establece la modificación, publicada por el Congreso de la Unión.
Además, en otra reforma se eliminaron las partidas secretas que se permitía integrar a los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
También se concretó la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto y organismo público descentralizado, que de acuerdo con especialistas de la organización ‘México ¿Cómo vamos?’, cuenta con una proyección sustentable a largo plazo, en contraste con las megaobras emprendidas en este sexenio.
Además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una serie de paquetes de estímulos fiscales para personas físicas y morales que impulsen y desarrollen alguna actividad económica para el CIIT.
Líderes europeos y representantes rusos y estadounidenses llevan a cabo reuniones por separado para tratar de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Europa no tiene ningún papel que desempeñar en cualquier negociación que se lleve a cabo para poner fin a la guerra en Ucrania.
“No sé por qué deberían estar en la mesa de negociaciones. Si van a insinuar algunas ideas astutas sobre la congelación del conflicto mientras ellos mismos, por su costumbre, carácter y hábitos, tienen en mente continuar con la guerra, ¿para qué invitarlos allí?”, dijo Lavrov.
Lavrov hizo esas declaraciones en una conferencia de prensa en Moscú antes de partir hacia Arabia Saudita donde mantendrá conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para encontrar la forma de poner fin a la guerra en Ucrania.
Al mismo tiempo, los líderes europeos comenzaron a llegar a París donde se llevará a cabo una reunión de emergencia sobre Ucrania.
La reunión improvisada fue convocada el domingo por la noche por el presidente francés, Emmanuel Macron.
Se espera que los representantes y jefes de Estado europeos discutan cómo alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.
Las reuniones por separado surgen después de una semana turbulenta en la que Washington mostró un cambio drástico en su postura frente a la guerra en Ucrania.
Los líderes europeos están desconcertados por la disposición de Donald Trump de entablar un diálogo directo con el Kremlin sobre Ucrania y están tratando de encontrar un lugar en las negociaciones de paz.
En efecto, en el grupo reunido en el Palacio del Eliseo en París, no estará presente ningún representante de Washington.
Los funcionarios estadounidenses estarán a dos husos horarios de distancia, en Riad, Arabia Saudita, preparándose para la reunión con el ministro Lavrov y su delegación rusa.
Las reuniones separadas ocurren días después de que Donald Trump y Vladimir Putin sostuvieran una conversación de 90 minutos en la que acordaron iniciar negociaciones sobre Ucrania “inmediatamente”.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que las conversaciones en Riad se centrarán “principalmente en restablecer todo el espectro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos”.
Es decir, las relaciones bilaterales son lo más importante de la agenda. Luego, dijo, estarán los “preparativos para posibles negociaciones sobre Ucrania” y para una reunión de los dos presidentes.
Además de Lavrov, la delegación rusa incluirá al asesor de política exterior del Kremlin, Yuriy Ushakov.
Por su parte, el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también está en Arabia Saudita esta semana, pero informó que no está involucrado en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia.
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