Para entender mejor
El presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió varios puntos de sus 100 compromisos y su Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentados al inicio de su gobierno sobre economía, seguridad, salud e infraestructura, aunque por otro lado sí aumentó apoyos sociales como el de pensiones para adultos mayores, impulsando que se elevara a rango constitucional, y también elevó el salario mínimo como no lo habían hecho otras administraciones.
Entre los compromisos que no cumplió se encuentra el reducir a la mitad delitos como el homicidio doloso; tampoco se alcanzaron las metas de crecimiento económico y no se aclaró el caso Ayotzinapa.
Mientras que hubo otros que en aparentemente cumplió, como la construcción del Tren Maya, aunque su costo terminó siendo casi cuatro veces mayor a lo planteado originalmente y su construcción implicó daños ambientales.
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El pasado 29 de julio, López Obrador difundió una carta sobre el estatus de la investigación del caso Ayotzinapa al fin de su sexenio. Contrario a su promesa, reconoció que aún no se había logrado esclarecer el caso y prometió que continuarían las indagatorias durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Además durante su gobierno familiares de los normalistas y organizaciones sociales acusaron que hubo prácticas que impidieron llegar a la verdad, como el ocultamiento de información de parte del Ejército.
En materia de seguridad, el presidente prometió en el PND que habría una reducción de 50% en comparación con 2018 en índices delictivos de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público.
Sin embargo, como te contamos en esta nota, al comparar la incidencia delictiva de 2018 contra 2023 el homicidio doloso bajó 12% y el feminicidio 7.3%, y el robo de vehículos se redujo 36%, cifras menores a las planteadas en el PND.
Hubo indicadores delitos que sí bajaron al nivel prometido, como el secuestro con 48.2% y rapto 46.1%, aunque también te mencionamos en el Sabueso lo engañoso de que mientras tanto aumentaron los delitos contra la libertad personal ubicados en la categoría de “otros”.
El presidente prometió en su primer día en el cargo que no habría espionaje durante su gobierno, pero esto no fue así. Como puedes leer en esta nota, en el sexenio se documentaron en total al menos 10 casos de espionaje a civiles por parte de las autoridades.
Se detectó el uso de un software que adquirió la Sedena en 2019, para espiar equipos telefónicos de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, legisladores de oposición y organizaciones como el Centro Prodh, ONG que acompaña a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Entre las promesas de López Obrador estuvo garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos, y ofrecer la misma calidad que en los países nórdicos como en Dinamarca.
Pero esto estuvo lejos de lograrse. Como te contamos en el reportaje de Animal Político ‘No fuimos Dinamarca’, durante este sexenio se dejó a 6 millones de niños sin vacunas entre 2019 y 2020, lo que causó el incremento de casos de enfermedades prevenibles en menores de 5 años.
Además, en los primeros cuatro años del sexenio se registraron más de 5 mil juicios de amparo para exigir la entrega de medicamentos a pacientes. El IMSS fue la institución con más demandas por la falta de medicinas.
A ello se suma el crecimiento de las personas que carecen de acceso a servicios de salud. En sus datos más recientes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que la población con falta de acceso a los servicios de salud aumentó en más de 30 millones de personas, al pasar de 20.1 a 50.4 millones entre 2018 y 2022.
En cuanto al acceso a medicamentos, durante la actual administración se dejaron de surtir 15 millones de recetas médicas, el triple comparado con la administración anterior. E incluso en 2021 se recortó más del 90% de los recursos destinados para la atención de cáncer infantil, cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino.
En contraste, el gasto en salud creció 5.2% entre 2018 y 2022, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En cuanto a los proyectos insignia de la actual administración, como el Tren Maya, el gobierno de López Obrador cumplirá con su construcción e inauguración, pero hubo sobrecostos, retrasos y daños ambientales.
Por ejemplo, si bien el Tren Maya empezó a operar en diciembre de 2023, su construcción ha representado un sobrecosto de casi cuatro veces la estimación original. Originalmente en el PND se planteó que costaría entre 120 y 150 mil millones de pesos; sin embargo, hasta 2024 esa cifra ronda los 500 mil millones de pesos. Y la obra aún no está terminada, pues sólo está completo el tramo de Palenque a Cancún.
A la par, el gobierno incumplió su compromiso de que los proyectos económicos no afectarían al medio ambiente. La construcción comenzó sin contar con los permisos requeridos por la ley ambiental. Además, el presidente prometió que no se talaría ningún árbol con esta obra, pero en marzo de 2024, el gobierno reconoció que ya había impactado 7 millones de árboles.
Otro punto que se incluyó en el PND fue el respeto a las comunidades indígenas y su consulta para cualquier obra, pero se acreditaron casos como que en la consulta indígena para la obra del Tren Maya no se dio la información completa a comunidades de Campeche.
En el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno de López Obrador también se fijó la meta de construir la Terminal 3 del AICM, obra que se canceló en 2022, con el pretexto de la baja de vuelos por la pandemia de Covid-19 y la necesidad de hacer reparaciones a las dos terminales existentes.
El caso de la refinería de Dos Bocas es similar al del Tren Maya, pues en sus compromisos, López Obrador puso un plazo de tres años para que empezara a producir gasolina; pero la obra se retrasó, se inauguró un año después de lo planeado y se anunció que comenzaría a producir hasta agosto de 2024, aunque sólo con el 50% de su capacidad.
Además, el costo de este proyecto fue de más del doble que lo que había prometido el presidente al inicio de su gobierno, al pasar de 8 mil millones a 16 mil 816 millones de dólares, equivalente a más de 322 mil millones de pesos.
Tanto en discursos de campaña como en el PND López Obrador hizo esas promesas, pero durante su sexenio sí hubo hechos de corrupción, como los desvíos por más de 17 mil millones de pesos del caso Segalmex, caso que el propio López Obrador reconoció como “la mancha que me llevo”.
Además, no se prohibieron las adjudicaciones directas, como prometió. El IMCO indicó en un estudio que “desde 2020 se han identificado instituciones que adjudican directamente más del 90% del monto contratado. En 2020, 99% del monto gastado por Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (BIRMEX) fue adjudicado directamente; en 2021, 89% del monto contratado por el Banco del Bienestar mostró la misma característica. En 2022, Diconsa gastó 19 mil 734 millones de pesos en compras públicas y 90% se adjudicó directamente”.
Otra promesa fue evitar “no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira”, y sus conferencias matutinas se caracterizaron por dichos falsos y cifras engañosas para defender sus políticas.
Una de las afirmaciones que López Obrador plasmó en el PND y que no cumplió fue que “Explícitamente, el Poder Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las determinaciones del Legislativo ni del Judicial”.
Pero a través de sus conferencias matutinas, López Obrador emitió comentarios reprobando las decisiones de la Corte al frenar medidas que él impulsó, como la Ley de la Industria Eléctrica o la reforma electoral (el plan B). Incluso el mandatario admitió que había contactado a ministros, para pedirles que no tiraran la reforma que buscó dejar a la Guardia Nacional en manos del Ejército. Y finalmente el mandatario propuso una reforma finalmente aprobada para que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular.
Entre los 100 compromisos del presidente, estaba también que el presidente podría ser juzgado como cualquier ciudadano, algo que se cumplió a medias. Si bien es cierto que se reformó el artículo 108 de la Constitución, sólo se amplió la lista de delitos por los que se puede juzgar a un presidente en funciones.
Sin embargo, el proceso para el presidente implica un juicio político que requiere la aprobación de dos terceras partes del Senado para ser sancionado, cifra difícil de alcanzar con la composición actual de esa cámara.
Otro compromiso incumplido fue que la deuda no aumentaría. “El gobierno de la Cuarta Transformación recibió la pesada herencia de una deuda pública de 10 billones de pesos, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción del régimen anterior, lo que obliga a destinar 800 mil millones de pesos del presupuesto para pagar el servicio de esa deuda. En este sexenio no se recurrirá a endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro propósito”, señaló el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero como te contamos en esta nota, la deuda en el último año del sexenio de López Obrador tuvo un nivel récord.
El presidente también quedó a deber en cuanto al crecimiento económico del país. En el Plan Nacional de Desarrollo se fijó como meta “un desarrollo económico que habrá alcanzado para entonces una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4 por ciento”.
Pero entre 2019 y 2023 la economía del país acumuló un avance de 3.9%, con un promedio de 0.6% anual, afectado sobre todo por el cierre de actividades en 2020 a causa de la pandemia. Mientras que en el segundo trimestre de 2024, la economía avanzó 1.8%.
Una de las principales promesas en sus 100 compromisos fue la de aumentar las pensiones para adultos mayores, así como otros apoyos para estudiantes y personas con discapacidad. El monto de la pensión para adultos mayores subió de 1 mil 160 pesos mensuales en 2018 a 3 mil pesos en 2024.
El apoyo para las personas con discapacidad también se brindó a 1 millón de personas. Aunque como te contamos en esta nota, ese número representa sólo el 16% del total de las personas con alguna discapacidad, según el Inegi.
Otro avance fue que en 2020 se elevó a rango constitucional la entrega de diversos programas sociales como becas para estudiantes de familias en situación de pobreza, apoyos para personas con discapacidad y las pensiones para personas adultas mayores de 68 años.
Además, el presupuesto para los programas en 2024 fue de 3 billones 755 mil millones de pesos, el mayor del que se tiene registro, representando el 41% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
A la par, la población con carencias por espacios de vivienda y por a alimentación nutritiva se redujo 1.9 y 4 puntos porcentuales respectivamente, de acuerdo con datos del Coneval. Además, se redujo la proporción de población de 15 a 24 años que no escuela asiste a la escuela de 59.6% a 54.7%.
El presidente también se comprometió a que el salario mínimo creciera por arriba de la inflación, y así fue. Entre 2018 y 2024, pasó de 88.13 a 248.93 pesos, es decir, un incremento total de 182.45% en términos nominales, y 18.83% anual en promedio. Ello a pesar de las advertencias de empresarios y especialistas de que un alza de ese nivel causaría presiones a la inflación y podría impactar de forma negativa al empleo, cosas que no pasaron.
Además, cada año tuvo un alza de entre 15 y 22%, superior a la inflación anual. Por ejemplo, en 2021, cuando el salario mínimo tuvo su menor incremento, de 15%, la inflación fue de 3.54%.
Otro compromiso que también se cumplió fue el de eliminar la pensión para los expresidentes. Aunque no había un sustento legal para eso, en noviembre de 2018 se publicó un decreto por donde se anula ese beneficio.
“No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, establece la modificación, publicada por el Congreso de la Unión.
Además, en otra reforma se eliminaron las partidas secretas que se permitía integrar a los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
También se concretó la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto y organismo público descentralizado, que de acuerdo con especialistas de la organización ‘México ¿Cómo vamos?’, cuenta con una proyección sustentable a largo plazo, en contraste con las megaobras emprendidas en este sexenio.
Además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una serie de paquetes de estímulos fiscales para personas físicas y morales que impulsen y desarrollen alguna actividad económica para el CIIT.
Altos funcionarios de la Casa Blanca usaron la aplicación comercial Signal para discutir planes de guerra confidenciales. ¿Cómo es esta plataforma y qué nivel de seguridad tiene?
La plataforma de mensajería Signal ocupó por sorpresa muchos titulares de noticias después de que la Casa Blanca confirmara el lunes que la app se utilizó en un chat grupal secreto entre altos funcionarios estadounidenses.
El redactor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue añadido inesperadamente al grupo en el que se discutían planes de ataque contra el grupo militante hutí en Yemen.
La operación militar estadounidense resultó en el lanzamiento de misiles sobre la capital yemenita, Saná, que dejaron decenas de muertos el pasado 16 de marzo.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo ese día que era una acción “decisiva” contra “la piratería, la violencia y el terrorismo”.
Pero el probable uso descuidado de una aplicación comercial de mensajería -en el que se dice que participaron el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, entre otros- ha causado reacciones en Washington.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, lo ha calificado de “una de las filtraciones de inteligencia militar más sorprendentes” de la historia y ha pedido una investigación.
¿Qué es realmente Signal y hasta qué punto eran seguras o no las comunicaciones de altos funcionarios a través de ella?
Se calcula que Signal tiene entre 40 y 70 millones de usuarios mensuales, lo que la hace bastante pequeña comparada con los mayores servicios de mensajería, WhatsApp y Messenger, que cuentan con miles de millones de clientes.
Pero en lo que sí lidera a sus competidores es en términos de seguridad.
La clave es el cifrado de extremo a extremo (E2EE) que utiliza. En pocas palabras, significa que solo el remitente y el destinatario pueden leer los mensajes. Ni siquiera Signal puede acceder a ellos.
Otras plataformas también tienen E2EE -incluido WhatsApp-, pero las características de seguridad de Signal van más allá.
Por ejemplo, el software que hace funcionar la aplicación es de código abierto, lo que significa que cualquiera puede comprobarlo para asegurarse de que no hay vulnerabilidades que los hackers puedan explotar.
Sus propietarios afirman que recopila mucha menos información de sus usuarios y, en concreto, no almacena registros de nombres de usuario, fotos de perfil o los grupos a los que pertenecen las personas.
La aplicación pertenece a la Fundación Signal, una organización sin ánimo de lucro con sede en EE.UU. que depende de las donaciones y no de ingresos por publicidad.
“Signal es el estándar de oro en comunicaciones privadas”, dijo su jefa, Meredith Whittaker, en un post en X después de que se hiciera pública la historia de la seguridad nacional estadounidense.
En una entrevista con la BBC en diciembre pasado, Whittaker aseguró que Signal se utiliza en comunicaciones militares en todo el mundo.
El “estándar de oro” de su seguridad es lo que hace que Signal resulte atractiva para expertos en ciberseguridad y periodistas, que suelen utilizar la aplicación.
Pero incluso ese nivel de garantía se considera insuficiente para conversaciones de muy alto nivel sobre asuntos de seguridad nacional extremadamente delicados.
Esto se debe a que la comunicación a través de un teléfono móvil entraña un riesgo en gran medida inevitable: solo se mantiene tan segura como lo haga la persona que usa el dispositivo.
Si alguien accede a un teléfono con la app de Signal abierta -o si descubre su contraseña- podrá ver los mensajes.
Y nada puede evitar que alguien eche un vistazo por encima del hombro de alguien que esté usando el teléfono en un espacio público.
Además, el Grupo de Inteligencia de Amenazas de Google ha detectado un aumento de los intentos de vulneración de la plataforma por parte de hackers al servicio de los servicios de inteligencia rusos.
Es por estas y otras razones que la experta en datos Caro Robson, que ha trabajado con el gobierno estadounidense, dijo que era “muy, muy inusual” que altos funcionarios de seguridad se comunicaran en una plataforma de mensajería como Signal.
“Por lo general, se utilizaría un sistema gubernamental muy seguro, operado y propiedad del gobierno, con niveles muy altos de cifrado”, afirmó.
Esto significa que los dispositivos se mantienen en “lugares muy seguros controlados por el gobierno”.
El gobierno de EE.UU. ha utilizado históricamente una sala Scif para tratar información confidencial y asuntos de seguridad nacional.
Esta célebre foto, tomada en el interior de la que quizá sea la Scif más famosa -la Sala de Situación de la Casa Blanca- en 2011, muestra al entonces presidente Barack Obama y a su equipo reaccionando a una actualización durante la incursión estadounidense que llevó a la muerte de Osama bin Laden.
Un Scif es un área cerrada ultrasegura en la que no se permiten dispositivos electrónicos personales.
“Para acceder siquiera a este tipo de información clasificada, hay que estar en una sala o edificio concreto que se inspecciona repetidamente en busca de micrófonos o dispositivos de escucha”, explicó Robson.
Los Scifs pueden encontrarse en lugares que van desde bases militares hasta los domicilios de los funcionarios.
“Todo el sistema está encriptado de forma masiva y protegido con los más altos estándares de criptografía del gobierno”, explicó. “Especialmente cuando se trata de defensa”.
El gobierno de Estados Unidos tiene también otros medios para transmitir información clasificada, como el Sistema Conjunto de Comunicaciones de Inteligencia Mundial (Jwics) y la red de Enrutadores de Protocolo Secreto de Internet (SIPR), a los que los altos funcionarios del gobierno pueden acceder a través de computadoras portátiles y teléfonos específicamente configurados.
Hay otra cuestión relacionada con Signal que ha suscitado preocupación: la desaparición de mensajes.
Signal, como muchas otras aplicaciones de mensajería, permite a sus usuarios configurar los mensajes para que desaparezcan tras un periodo determinado.
El periodista Jeffrey Goldberg, de The Atlantic, afirma que algunos de los mensajes del grupo de Signal al que estaba agregado desaparecieron al cabo de una semana.
Esto puede violar las leyes sobre el mantenimiento de registros, a menos que los usuarios de la aplicación reenvíen sus mensajes a una cuenta oficial del gobierno.
Este no es ni mucho menos el primer escándalo relacionado con E2EE.
Varios gobiernos han querido instaurar lo que llaman una “puerta trasera” en los servicios de mensajería. Esta sería utilizada para poder leer los mensajes que creen que pueden suponer una amenaza para la seguridad nacional.
Plataformas como Signal y WhatsApp se han opuesto a los intentos de crear una puerta trasera de este tipo, alegando que acabaría siendo utilizada por agentes malintencionados.
Pero, como demuestra esta polémica, ningún nivel de seguridad o protección legal importa si simplemente compartes tus datos confidenciales con la persona equivocada.
O, como dijo sin rodeos un crítico: “La encriptación no puede protegerte de la estupidez”.
La aplicación no está prohibida por completo por el gobierno estadounidense. Durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), algunos funcionarios pudieron descargar Signal en los teléfonos proporcionados por la Casa Blanca.
Pero se les ordenó usar la aplicación con moderación y nunca compartir información clasificada en ella, dijeron exfuncionarios de seguridad nacional del gobierno demócrata a medios de EE.UU.
Las regulaciones del Pentágono establecen que las aplicaciones de mensajería “NO están autorizadas a acceder, transmitir ni procesar información no pública del Departamento de Defensa”, informó la cadena CNN.
John Wheeler de Wheelhouse Advisors, una consultora de ciberseguridad, le dice a la BBC que usar Signal para comunicar mensajes sensibles de esta naturaleza es riesgoso.
“Los canales que generalmente se utilizan para las comunicaciones dentro de los sistemas gubernamentales están monitoreados y bien protegidos desde el punto de vista de su uso”, asegura el experto.
Con herramientas externas, señala, parece que no existen protocolos de autorización.
“Algo tan delicado debería requerir protocolos de comunicación muy estrictos. Me sorprendió mucho que utilizaran este tipo de solución”, añade Wheelhouse.
Después de este incidente, el experto señala que aliados estadounidenses en el exterior tal vez se lo piensen dos veces antes de comunicar información sensible a funcionarios estadounidenses.
* Con información de Tom Gerken, Lily Jamali, Max Matza y Kayla Epstein.
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