Aunque en meses recientes informó sobre un pago al SAT por casi 2 mil 800 millones de pesos, empresas de Ricardo Salinas Pliego aún tienen juicios fiscales abiertos y adeudos de pago de impuestos de por lo menos 37 mil millones, en términos reales.
Esto, según estimaciones que dieron autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Información Financiera del Grupo Elektra, uno de los negocios de Salinas.
El pago de 2 mil 776 millones de pesos que se conoció en octubre, luego de aceptar una resolución de la Suprema Corte, solo corresponde al 6.9% del monto de adeudo mencionado.
La actual secretaria de Economía y entonces jefa del SAT, Raquel Buenrostro, detalló en febrero del año pasado, en una entrevista con el medio La Octava, cuál era el adeudo de Grupo Salinas.
Además, en una revisión a la Información Financiera del Grupo Elektra, disponible al tercer trimestre del 2022, se encontraron los ocho juicios fiscales (demandas de nulidad) que Grupo Elektra mantiene activos ante el SAT.
Un juicio contencioso administrativo, juicio de nulidad o juicio fiscal se lleva a cabo cuando un particular se ve afectado por sentencias o resoluciones emitidas por autoridades fiscales federales, en las que se determina un adeudo fiscal. Es decir, es un medio de defensa jurisdiccional que se interpone ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Del ejercicio 2006, por ejemplo, se observa un juicio fiscal contra liquidación del impuesto sobre la renta (ISR) por 45 millones de pesos. Del año siguiente también se mantiene un juicio por 2 mil 973 millones.
El más alto es del ejercicio de 2013, por 18 mil 455 millones. Y en total, los ocho juicios suman 31 mil 493 millones.
Esa cifra es cercana a los 32 mil millones de pesos que Raquel Buenrostro dijo que debían las empresas de Salinas Pliego, monto que, expresado en términos reales, era de cerca de 40 mil millones de pesos.
Se consultó al SAT para pedir más información de los adeudos de Grupo Salinas, tanto de Elektra como de otras de sus empresas, pero la institución indicó que no darían más detalles, al tratarse de casos abiertos.
Luego del pago que realizaron sus empresas por 2 mil 800 millones en octubre pasado, Salinas Pliego insistió en que sus deudas estaban pagadas.
“Yo cumplí con mi palabra y mis empresas pagaron lo que dicen que debían de impuestos”, señaló en un tuit el pasado 21 de octubre.
Dicha acción le valió un agradecimiento por parte del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia de prensa reconoció que el empresario actuó con responsabilidad.
“Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandado judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte… sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio el respeto a las instituciones, y está de por medio también el que no haya privilegios”, dijo el mandatario.
Sin embargo, como ya mencionamos, dicho pago solo representa un 6.9% de los adeudos que tiene Grupo Elektra de Salinas Pliego.
El Centro de Análisis e Investigación Fundar desclasificó en 2019 que en 2013 y 2014 el SAT condonó el pago de adeudos fiscales por 6 mil 833 millones de pesos a siete compañías de Salinas Pliego.
En su reporte Privilegios Fiscales, beneficios inexplicables para unos cuantos, Fundar concluyó que “para que las amnistías sean realmente efectivas, deben ocurrir de manera extraordinaria”.
Si se utilizan constantemente, añadió, “los contribuyentes (sobre todo los más ricos) comienzan a evadir o retrasar el pago de impuestos porque saben que en cualquier momento se les perdonará de nuevo”.
En entrevista con Animal Político, Máximo Jaramillo, cofundador del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (Indesig) y del proyecto Gatitos Contra la Desigualdad, señaló que “cada día que pasa en que esta persona o sus empresas no pagan impuestos es un día más en que ese mismo ingreso, que debería estar en manos del gobierno y en manos del presupuesto público, le está generando rendimientos a esta persona”.
“Con dejar 40 mil millones de pesos en Cetes, a este nivel que están ahorita del 10%, pues te genera 4 mil millones de pesos… me parece que debería de haber castigos ejemplares al respecto, y entiendo que legalmente se puede, pero claramente el tema político es un poco más complejo que eso”, afirmó Jaramillo.
El pasado 7 de diciembre, el TFJA confirmó una resolución en la que se exige a Grupo Elektra el pago de 4 mil 916 millones de pesos al SAT por concepto de ISR, actualización, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal de 2011 y cuyo pago fue determinado en 2016.
De acuerdo con el doctor Rafael Arenas, especialista en materia fiscal, el TFJA interviene cuando los contribuyentes detectan o consideran que hay un sistema de ilegalidad, que está lesionando sus derechos constitucionales en materia fiscal.
“Está interpretando las normas a como él las pudo entender, y entonces, como no se ponen de acuerdo en cómo deben interpretarlas, entran los tribunales”, explicó.
Grupo Elektra ya había sido sentenciado por el TFJA a pagar dicho monto en 2021, pero tramitó un amparo, por lo cual el tribunal emitió una nueva sentencia.
“En relación a la resolución del @TFJA_Mex_Ofi sobre un juicio de nulidad presentado por Grupo Elektra, condenamos que, a pesar de haber ganado un amparo en tribunal colegiado, la autoridad sea repetitiva en su criterio y se haya negado a analizar el fondo de nuestros argumentos”, publicó Grupo Salinas en Twitter.
“Al momento no hemos sido notificados formalmente de dicha resolución. En cuanto ello suceda, como siempre lo hemos hecho, recurriremos a las instancias correspondientes para defender nuestro derecho a discrepar con las autoridades fiscales y así dirimir nuestras diferencias”, añadió.
Rafael Arenas explica que “todos estamos obligados a pagar impuestos de la manera proporcional y equitativa que tenga cada uno de nosotros; entonces, afectar el pago de impuestos afecta las finanzas públicas”.
En el mismo sentido, el cofundador de Indesig, Máximo Jaramillo, señaló que el pago de impuestos “es el costo por estar operando y generando ingresos en un país”, y que “para generar mayor progresividad y mayor igualdad es importante gravar a los ingresos de las empresas”.
Señaló que de no hacerlo “se terminan concentrando mucho más los ingresos y la riqueza en pocas manos”.
Según el informe ¿Atrapados? Desigualdad y crecimiento económico en América Latina y el Caribe, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en México, tan solo el 10% de la población acapara el 59% del ingreso, mientras que, el 1% más rico concentra el 29% de la riqueza.
Asimismo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval), en 2020 el 43.9% de la población en México vivía en condiciones de pobreza, el equivalente a 55.7 millones de personas, mientras que el 8.5% de la población se encontraba en pobreza extrema, es decir, 10.8 millones de personas.
Jaramillo señaló que México necesita una reforma integral al ISR, donde se establezcan tasas legales más altas, que se comparen más a otras regiones del mundo, así como “establecer distintos impuestos a la propiedad, bajo este entendido de que, de todos modos, el Impuesto Sobre la Renta, sobre los ingresos, no va a lograr generar la equidad y la justicia que se requeriría”.
Luigi Mangione fue arrestado este lunes en una ciudad de Pensilvania, y en su mochila se encontró un arma fantasma que podría ser importante en el caso en su contra. Te explicamos por qué.
Cuando este lunes las autoridades capturaron a Luigi Mangione, un joven de 26 años sospechoso de asesinar de un disparo en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealth, encontraron entre sus pertenecías lo que se conoce como un arma fantasma.
El artefacto, que las autoridades creen que habría sido utilizado por el acusado para cometer el crimen, podría convertirse en una pieza clave en el proceso legal en su contra.
Mangione, un experto en programación, fue detenido en un McDonald’s de la ciudad de Altoona, en Pensilvania, tras ser reconocido por alguien en el restaurante.
El lunes fue acusado de asesinato y de otros cargos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego.
Además del arma, el presunto asesino también tenía en su mochila “varias identificaciones falsas” y un manifiesto escrito a mano de tres páginas que incluía quejas contra el sistema de salud de EE.UU.
“Estaba en posesión de una pistola fantasma que tenía la capacidad de disparar una bala de 9 mm”, dijo el lunes Joe Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York.
“Puede haber sido fabricada en una impresora 3D”, agregó.
El arma estaba cargada con seis balas de nueve milímetros. Además, la policía también encontró un silenciador, que de igual manera habría sido producido en una impresora 3D.
Para las autoridades podría ser un reto investigar el origen de la pistola.
Este tipo de armamento se conoce como armas fantasma precisamente porque, en su mayoría, son fabricadas por individuos que ensamblan las piezas en casa, por lo que pueden quedar fuera de los registros oficiales.
De acuerdo con el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés), las armas fantasma o armas de fabricación privada son completadas, ensambladas o producidas por cualquier persona que no sea un fabricante con licencia.
Son difíciles de rastrear porque hasta agosto de 2023 no era obligatorio colocarles un número de serie que permita seguir su rastro ni tampoco realizar una verificación de antecedentes al comprador.
En EE.UU., generalmente, los fabricantes e importadores de armamento colocan un número de serie y marcas en las armas de fuego, que identifican al fabricante o importador, marca, modelo y calibre, según explican reportes del Centro Ley Giffords para la Prevención de la Violencia con Armas.
“La investigación de delitos que involucran armas de fuego de fabricación privada no serializadas puede generar dificultades para rastrear el origen de las armas de fuego y vincularlas con delitos relacionados”, dice la página web de ATF.
Las autoridades las categorizan en diez tipos: pistola, revolver, rifle, escopeta, armazón o cajón de mecanismos, dispositivo de conversión de ametralladora, dispositivo destructivo, ametralladora, silenciador de arma de fuego y cualquier otra arma.
Elaborar un arma fantasma en EE.UU. es tan sencillo como comprar por internet un kit con las diferentes partes y herramientas.
Se han conocido incidentes en los que menores poseen este tipo de artefactos, así como personas con trastornos mentales.
Las partes con las que se fabrican no están técnicamente terminadas y requieren algunos pasos adicionales en el hogar, como perforar algunos agujeros, antes de que puedan usarse para hacer una pistola funcional.
Más de una decena de estados, incluyendo Nueva York, han establecido leyes para regularizar las armas sin número de serie, pero es difícil prevenir que se utilicen, pues sus partes pueden ser enviadas de forma individual a casi cualquier lugar.
El asesinato de Thompson renovó el escrutinio de las armas fantasma, que el gobierno de Biden trata de reglamentar para que sean consideradas de la misma manera que las armas de fuego disponibles comercialmente.
Los fabricantes de kits de armas fantasma ahora deben incluir números de serie en sus productos y realizar verificaciones de antecedentes a los compradores.
En octubre, la Corte Suprema evaluó los argumentos de este estatuto que fue retado en los tribunales, y pareció que una mayoría se inclinaba a apoyarlo.
Un fallo a favor marcaría un cambio para el grupo de nueve jueces de una supermayoría conservadora que ha sido en gran medida escéptica con las regulaciones de armas.
En cuanto a las armas en general, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se ha posicionado como un firme defensor de la Segunda Enmienda, que otorga el derecho a portarlas.
A principios de este año, le dijo a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que era el mejor amigo del grupo.
Los expertos han calificado las armas fantasma como el problema de seguridad de armas de más rápido crecimiento en el país. Se han utilizado cada vez más en tiroteos de alto perfil.
Según cifras de la ATF, las fuerzas del orden encontraron 20.000 armas fantasma sospechosas en investigaciones criminales en 2022, un número diez veces mayor que en 2016.
Las autoridades dicen que sin números de serie en sus armazones, es prácticamente imposible rastrear a los comerciantes que venden estas armas ilegalmente a menores o a personas sin licencia.
Una exfuncionaria del gobierno estadounidense duda de que la gente cambie de opinión con el asesinato de Thompson.
“Las armas fantasma son un factor nuevo en un país muy complicado y violento”, le dijo Juliette Kayyem al programa Today de BBC Radio 4.
A EE.UU. le resulta “muy difícil” restringir las armas de fuego, añadió Kayyem, exsecretaria adjunta de política del Departamento de Seguridad Nacional.
Más de 48.000 personas murieron por armas de fuego en Estados Unidos en 2022, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
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