Desinformación sobre la Ley Olimpia: ¿por qué se llama así y cómo aplica al caso de Andrea Chávez?
Con el anuncio de la denuncia por violencia digital de Andrea Chávez, senadora de Morena, al caricaturista Antonio Garci Nieto, circuló en redes desinformación acerca de la Ley Olimpia, el marco legal que respaldará a la legisladora en su reclamo por la imagen manipulada que la sexualiza.
Usuarios de X, antes Twitter, difundieron frases falsas como que las reformas legales llevaban ese nombre debido al Batallón Olimpia, o que se trataba de un arma ideológica para perseguir críticos. Incluso cuestionaron por qué no se aplicaba dicha ley a quienes habían cometido un asesinato.
¿Cómo aplica la Ley Olimpia en el caso de Andrea Chávez?
En X fue difundida desde hace meses una fotografía con edición digital en la que Andrea Chávez fue sexualizada. El 4 de octubre de 2024 el caricaturista la publicó desde su cuenta oficial en dicha red.
“Es la cenadora la que sube esas fotos a las redes para promover su ideología política”, escribió Antonio Garci Nieto, aunque se trató de una imagen manipulada, que retoma otra fotografía de Chávez.
Días después, el 9 de octubre, Andrea Chávez publicó un video en X, en el cual anunció que denunciaría al caricaturista por el delito de vulnerar, degradar y atacar su intimidad, tipificado por la Ley Olimpia.
“Tras una profunda reflexión acompañada de incontables muestras de cariño, atenderé la exigencia de miles de mujeres que me solicitan denunciar, por la vía legal, la agresión de Antonio Garci Nieto contra mi intimidad”, publicó.
El 15 de octubre de 2024 la senadora de Morena dio a conocer en su cuenta de X que un día antes denunció a su agresor ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Ciudad de México.
“No es libertad de expresión cuando se atenta en contra del derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Tienen que existir restricciones, particularmente cuando la conducta constituye un delito que está plenamente tipificado y aquí me permito agradecer la lucha incansable que ha dado nuestra compañera Olimpia Coral Melo, a quien también le agradezco su solidaridad”, dijo en conferencia de prensa.
El delito contra la intimidad sexual se persigue por querella o denuncia por contenido sexual íntimo real o simulado en redes sociales o cualquier medio tecnológico, como ocurrió en el caso de Andrea Chávez.
La violencia digital contra la intimidad sexual de las mujeres es tan real como la violencia feminicida. Las vidas de muchas mujeres la han conocido desde que se masificaron los espacios digitales, sin embargo, no había sido una problemática visible.
De acuerdo con Marcela Hernández Oropa, defensora digital, en México las 32 entidades del país ya aprobaron este tipo penal en los Códigos Penales.
La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó la Ley Olimpia durante su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, tras su toma de protesta, y en la conferencia de prensa matutina, anunciando reformas a favor de las mujeres y para perfeccionar el tipo penal.
Falso que la Ley Olimpia evoque al Batallón Olimpia
Olimpia Coral Melo es una activista contra la violencia digital que fue víctima de la difusión viral, sin su consentimiento, de un video con contenido sexual íntimo.
Al contactar a más mujeres que habían pasado por esto, se conformó una agrupación que, inicialmente, se llamó Frente Nacional para la Sororidad, cuenta en entrevista con El Sabueso Marcela Hernández Oropa, una de sus integrantes y cofundadora de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales.
“Como primer eje de acción decide impulsar una legislación que nombre, visibilice y reconozca la violencia digital como una forma de violencia que se ejerce principalmente contra las mujeres por razón de género y que, además, tiene diferentes tipos, expresiones y manifestaciones”, explica Marcela Hernández Oropa sobre el Frente Nacional para la Sororidad.
Así, con el nombre de Olimpia, se le conoce al primer proyecto de reformas en México en materia de violencia digital, propuesto desde la realidad de las víctimas, como ella misma, y con perspectiva de género.
Se trata del reconocimiento de esta modalidad de violencia en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la tipificación del delito contra la intimidad sexual en los Códigos Penales. Es decir, aunque no es una ley en sí misma y el Frente Nacional para la Sororidad sí buscaba realizar una legislación integral, son reformas legales.
“Ley Olimpia se convirtió en el nombre mediático dado a esta gran lucha a favor de que las mujeres y niñas podamos vivir libres de violencia y estar seguras también en los espacios digitales”, menciona el Manual de Contenidos Laboratorio de Análisis Multidisciplinario sobre la Ley Olimpia.
En cambio, el Batallón Olimpia fue un grupo paramilitar creado por el Gobierno de México para vigilar, realizar detenciones e incluso cometer asesinatos durante el Movimiento Estudiantil de 1968. Estuvo bajo el mando del general Luis Gutiérrez Oropeza e integrado por elementos del Estado Mayor Presidencial y la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial del Distrito Federal y la Inspección Fiscal Federal.
Marcela Hernández Oropa enfatiza que el Batallón Olimpia no tiene ninguna relación con la Ley Olimpia.
La Ley Olimpia no ‘persigue críticos’, sino violencia digital
De acuerdo con el Gobierno de México, la violencia digital se refiere a aquellas acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias.
Algunas conductas que atentan contra la intimidad sexual son videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.
También exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, como ocurrió con el caso de Andrea Chávez y Antonio Garci Nieto.
En respuesta a la denuncia que anunció la senadora de Morena, el caricaturista dijo que había una persecución en su contra. Y otras cuentas se sumaron a mencionar que la Ley Olimpia supuestamente era un arma de censura o de silenciar voces, pero en realidad, su razón de ser es sancionar la violencia digital.
“Este tipo de legislación y este tipo de movimientos no son persecución política. Están muy acostumbrados a hacer un montón de cosas con las demás personas y en total impunidad. Entonces, este acto de pedir asilo político del agresor de la senadora me parece un acto de cobardía”, menciona Marcela Hernández Oropa.
El Sabueso ha documentado casos de violencia política digital de género contra políticas de distintos partidos, o contra personajes como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.
El Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó 205 quejas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género durante el proceso electoral, que inició el 7 de septiembre de 2023 y hasta el 18 de junio de 2024, de las cuales 42% fueron por ataques en redes sociales; 18% en medios de comunicación y 9% por obstaculizaciones para obtener una candidatura.
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El ataque aéreo fue lanzado en la mañana de este miércoles contra puntos de “infraestructura terrorista”. Pakistán niega cualquier relación con los ataques de hace dos semanas.
Dos semanas después del mortal ataque militante a turistas en la región de Cachemira administrada por India, este país ha lanzado una serie de bombardeos en Pakistán y en la zona de Cachemira administrada por Pakistán.
De acuerdo al reporte oficial, al menos 26 personas murieron en el ataque aéreo indio.
El ministro de Defensa de India señaló este miércoles que los bombardeos -de la llamada operación Sindoor- hacen parte del “compromiso” de “hacer responsables” a las personas que perpetraron el ataque del 22 de abril, que causó la muerte de 25 ciudadanos indios y un nepalí.
Pero Pakistán, que ha negado cualquier responsabilidad en el hecho, ha descrito las incursiones aéreas como “no provocadas”.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anotó que este “atroz ataque de agresión no quedará impune”.
El ejército de Pakistán señaló que había derribado cinco aviones de guerra indios y un drone. Hasta el momento, no se conoce una respuesta de India.
El vocero del ejército de Pakistán, el general Ahmed Sharif Chaudhry, anotó que al menos 26 personas habían muerto y otras 46 habían resultado heridas.
Por su parte, India reportó la muerte de 10 personas en su país debidos a avances del ejército paquistaní en la frontera.
En BBC Mundo te explicamos lo que se sabe hasta ahora de esta tensión entre ambas naciones.
¿Dónde atacó India?
India señaló que nueve posiciones en Pakistán y la zona de Cachemira administrada por Pakistán fueron blanco de los ataques aéreos en la madrugada de este miércoles.
Y anotó que los blancos hacían parte de la “infraestructura terrorista” donde los ataques contra India se “planeaban y producían”.
El gobierno en Nueva Delhi señaló que no atacó instalaciones militares de su país vecino y añadió que sus acciones “han sido enfocadas, medidas y sin escaladas”.
De acuerdo con el gobierno de Pakistán, tres zonas del país resultaron afectadas por los ataques: Muzaffarabad y Kotli, en la región de Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la provincia paquistaní de Punjab.
Su ministro de Defensa, Khawaja Asif, le dijo a la cadena de televisión GeoTV que los ataques alcanzaron áreas civiles y añadió que eran falsos los reclamos de India de que los blancos atacados eran “campamentos terroristas”.
¿Por qué India lanzó el ataque?
La avanzada india ocurre semanas después de un aumento de tensiones entre ambos países -que tienen programas nucleares- y tras los ataques que dejaron 26 turistas muertos en el pintoresco poblado vacacional de Pahalgam.
En esos hechos del 22 de abril, por los que se responsabiliza a un grupo de militantes extremistas, murieron 26 personas, con testigos que afirman que los atacantes estaban señalando particularmente como blanco a hombres hindúes dentro del grupo.
Se trata del peor ataque contra civiles en la región en cerca de 20 años y generó una ola de fuertes rechazos en India.
El primer ministro Narendra Modi afirmó que el país perseguiría a los sospechosos “hasta el fin del mundo” y que quienes lo planearon y llevaron a cabo recibirán “un castigo inimaginable”.
Sin embargo, India no ha identificado a ningún grupo sospechoso de perpetrar el ataque en Pahalgam.
Pero la policía india ha alegado que dos de los atacantes eran ciudadanos paquistaníes, y Delhi señala a Pakistán de apoyar a los militantes extremistas, una acusación que Islamabad niega.
Las autoridades paquistaníes han señalado que no tienen nada que ver con los atentados del 22 de abril.
En las dos semanas transcurridas desde entonces, ambos países han tomado represalias, incluyendo la expulsión de diplomáticos, la suspensión de visas y el cierre de cruces fronterizos.
Pero muchos ya esperaban que la situación escalara hasta convertirse en una especie de ataque transnacional, como se había visto tras los atentados de Pulwama, que dejaron 40 paramilitares indios muertos en 2019.
¿Por qué Cachemira es un punto de conflicto entre India y Pakistán?
Cachemira es reclamada en su totalidad por India y Pakistán, pero administrada solo parcialmente por cada uno de ellos desde su partición tras la independencia de Gran Bretaña, en 1947.
Ambos países han librado dos guerras por ella.
Pero más recientemente, han sido los ataques de militantes extremistas los que han llevado a los países al borde del abismo.
La Cachemira administrada por India ha sido escenario de una insurgencia armada contra el gobierno indio desde 1989, con extremistas que atacan tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil.
El de este año fue el primer ataque de gran escala contra civiles desde que India revocó el Artículo 370, que otorgó a Cachemira el estatus de semiautónoma en 2019.
Tras la decisión, la región fue escenario de protestas, pero también de un declive en la militancia radical y un enorme aumento en el número de turistas que la visitan.
En 2016, tras la muerte de 19 soldados indios en Uri, India lanzó “ataques preventivos y específicos” a través de la Línea de Control – la frontera de facto entre India y Pakistán- contra centros de operaciones de militantes extremistas.
En 2019, el atentado de Pulwama, que dejó 40 paramilitares indios muertos, derivó en ataques aéreos en Balakot – en lo que fue la primera acción de este tipo en Pakistán desde 1971-, y esto desencadenó incursiones de represalia y un combate aéreo.
Ninguno de estos ataques llevó hacia algo más grave, pero el mundo entero está ahora en alerta ante lo que podría suceder ocurriera una escalada. Diversos gobiernos y diplomáticos de todo el mundo han intentado detener el deterioro de relaciones a partir de la situación actual.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya ha pedido “máxima moderación”, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que esperaba que los combates “terminen muy pronto”.
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