¿Qué plantea la Ley Alina? En redes circula desinformación sobre su uso para juzgar con perspectiva de género
La Ley Alina busca impulsar la perspectiva de género al juzgar casos que involucran la legítima defensa por parte de mujeres que fueron víctimas de violencia física, sexual o feminicida, o que hayan estado en peligro de serlo, y que repelieron la agresión.
Esta ley actualmente se encuentra vigente en Baja California, y legisladores buscan que sea retomada a nivel federal y estatal. Sin embargo, usuarios en TikTok sacan de contexto la ley y aseguran que de aprobarse “una mujer te podría desvivir y no irá a la cárcel”.
De acuerdo con Ana Aguilar, abogada especialista en género y derecho, todas las personas juzgadoras están obligadas a juzgar con esta perspectiva y a hacer un análisis durante los procesos legales. Lo que hace la Ley Alina es explicitar este punto para que sea aplicado.
En su Manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala la importancia de hacer una interpretación desde la perspectiva de género respecto a estos casos, pues responde al entorno de violencia sistemática que viven las mujeres en el país.
Para acreditar la legítima defensa, es necesario un análisis contextual y tomar en cuenta, por ejemplo, los antecedentes de violencia.
¿Cómo surgió la Ley Alina?
La Ley Alina fue aprobada en el Congreso de Baja California en agosto de 2023, con el objetivo de adicionar reglas al Código Penal sobre la legítima defensa y el exceso dentro de la misma.
Esta fue impulsada por la diputada de Morena, Liliana Michel Sánchez Allende, en respuesta al caso de Alina Narziso, una expolicía de Tijuana que en 2019 fue víctima de un intento de homicidio por parte de su pareja sentimental y, en defensa propia, le disparó y lo mató.
Alina fue condenada a 45 años de prisión por homicidio. Pero, tras permanecer ahí tres años, el Tribunal de Segunda Instancia del estado revocó de manera unánime la sentencia que había sido emitida en su contra, al considerar que el asesinato de su agresor fue un acto de legítima defensa, proporcional a la situación que vivió.
Para esto, los magistrados tomaron en consideración el contexto de violencia física, psicológica, moral, estética y sexual que la pareja sentimental de Alina ejerció sobre ella antes y durante la agresión que derivó en el homicidio.
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Como la historia de Alina, hay más. Hasta ahora, la Ley que lleva su nombre se encuentra vigente sólo en Baja California. Aunque, legisladores en Chihuahua, Tamaulipas y el Estado de México han anunciado la intención de impulsar esta iniciativa en sus estados. También, en noviembre de 2024, la senadora morenista Julieta Ramírez presentó un proyecto para su implementación a nivel nacional.
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¿Qué plantea la Ley?
La legítima defensa es un excluyente del delito, es decir, plantea que la culpabilidad de un delito es “excusada” por razones justificadas, como repeler una agresión en defensa propia o de alguien más.
Mediante el decreto 278, la Ley Alina reformó los artículos 23 y 79 del Código Penal de Baja California para establecer la presunción de legítima defensa cuando la mujer, o alguna persona en su auxilio, repela a su agresor en casos de violencia física, sexual o feminicida.
De igual forma, establece que no se considerará “exceso en la legítima defensa” cuando una mujer víctima se haya encontrado en un estado de miedo, terror o confusión a la hora de responder a la agresión y repelerla.
Estas reformas se ajustan a lo planteado por la Suprema Corte para comprender la dimensión y la forma en que operan las diversas violencias sistemáticas que viven mujeres, como la doméstica.
Juzgar con perspectiva de género
El Código Penal Federal plantea que la legítima defensa se aplica como excluyente del delito cuando “se repela una agresión real, actual o inminente”. Sin embargo, esta visión no abarca, de entrada, el estado de amenaza constante al que se enfrentan mujeres en entornos violentos.
La especialista en género y derecho, Ana Aguilar, explicó que la legítima defensa es contemplada así en los códigos penales para prevenir agresiones en venganza. Pero refirió que una de las mayores críticas feministas hacia este concepto es que está construido desde el ideal masculino, en donde los hombres reaccionan rápidamente ante una violencia.
“Se espera que si las mujeres recibimos un golpe de nuestra pareja, de nuestro padre, o de cualquier persona, lo repelamos al instante. Pero la realidad es que muchas mujeres sienten que no tienen alternativa, escapatoria o manera de repeler la agresión. Influye no sólo la violencia física, sino también la emocional”, explicó Aguilar.
“Hay muchas mujeres que cuando llegan a actuar es justamente cuando sienten que no corren peligro de poder hacerlo”, añadió la especialista al recalcar la importancia de contextualizar cada caso con los antecedentes de violencia, hayan sido o no denunciados.
Respecto a la implementación de la Ley Alina a nivel nacional, puntualizó que por sí misma sí puede ser una herramienta, pero “si quienes operamos en el sistema de justicia no estamos capacitadas no no tenemos la sensibilidad para poder aplicarlas, quedará en letra muerta”.
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Finalmente, la Suprema Corte rescata que el elemento más importante para juzgar estos casos con perspectiva de género es que las circunstancias de cada caso sean analizadas, y que “quien juzga no analice el asesinato del agresor como un acto aislado, sino que lo inserte dentro del contexto sistemático y permanente de violencia ejercida en el ámbito familiar”.
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El texto, tan antiguo como Estados Unidos, fue promulgado para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra. Según expertos consultados por BBC Mundo, este instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse.
De las calles de varias ciudades estadounidenses como Miami, Houston, Chicago o Nueva York a una celda del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), también conocida como la “megacárcel” de El Salvador.
Este es el viaje que hicieron en marzo más de 200 venezolanos, a los cuales el gobierno de Donald Trump acusó, sin aportar pruebas, de formar parte del temido Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela.
Para llevar a cabo la deportación al país centroamericano de los migrantes, que estaban en situación irregular en Estados Unidos, la Casa Blanca utilizó una ley casi tan antigua como el propio país: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798.
Al hacerlo, pasó por alto la orden de un juez, quien decidió paralizar las expulsiones, por considerar que ese instrumento legal no se podía aplicar a este caso.
Sin embargo, este lunes la Corte Suprema de EU dictaminó que el gobierno de Trump puede seguir utilizando esta ley para las deportaciones, aunque debe darles a los migrantes “la oportunidad de impugnar su expulsión”, algo que no ocurrió en marzo.
“La notificación debe darse en un tiempo razonable y de tal manera que les permita efectivamente solicitar el hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha remoción”, escribieron los jueces en su fallo.
En su decisión de este lunes, la Corte Suprema no determinó la legalidad del uso de la ley para llevar a cabo deportaciones, algo que deberá resolverse en los tribunales inferiores.
Pero, ¿qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros, qué poderes distintos otorga a las autoridades y cuándo fue la última vez que se aplicó?
Un arma para tiempos de guerra
La Ley de Enemigos Extranjeros es una norma de 227 años de antigüedad, la cual le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EU se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.
La ley, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Adams cuando Estados Unios estaba al borde de la guerra con Francia, buscó prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros.
“Se generó mucho alarmismo sobre los simpatizantes franceses en el país y sobre conspiraciones para, básicamente, poner a EU del lado de Francia”, explicó Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, a la Radio Pública Nacional de EU NPR.
A lo largo de los últimos dos siglos, la ley se ha aplicado en tres ocasiones.
La primera fue en 1812, durante la guerra que EU mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas.
La segunda y tercera vez ocurrieron durante la Primera (1914-1919) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945) respectivamente.
Durante el primer conflicto global, las autoridades estadounidenses utilizaron la ley para internar a más de 6 mil “extranjeros enemigos”, muchos de ellos alemanes, en campos de internamiento, y algunos permanecieron detenidos hasta dos años después del fin de los combates.
Por su parte, el Servicio de Alguaciles de EU registró a 480 mil “extranjeros enemigos” alemanes y arrestó a 6 mil 300 entre la declaración de guerra en abril de 1917 y el armisticio en noviembre de 1918.
Décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial, el texto fue utilizado para permitir el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en EU.
Fue así como más de 30 mil personas pasaron la guerra presas en campos de internamiento, dado que Washington los consideraba potencialmente peligrosos.
Para justificar su aplicación ahora, en 2025, el presidente Donald Trump dictó un decreto en el cual declaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EU”.
Y para enfrentar dicha amenaza, el mandatario ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EU, que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.
Sin embargo, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, en tanto que fue creada pensado en un conflicto bélico.
Y, por ello, el funcionario judicial ordenó la paralización de las deportaciones. Pese a ello, su orden fue ignorada.
“La ley de 1798 es clara en el sentido de que una ‘invasión o incursión depredadora’ debe ser realizada por una ‘nación o gobierno extranjero’ para que pueda invocarse”, explicó a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, hace unas semanas.
Sin garantías de ningún tipo
¿Por qué Trump recurre a una ley tan antigua? y ¿Qué ventajas tiene al hacerlo?
Según expertos consultados por BBC Mundo, el instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que garantizarles el debido proceso, es decir, sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse, a apelar ante una instancia superior, entre otros.
“La Alien Enemies Act da al gobierno de Trump un poder ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad”, explicó Tichenor.
“La norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración”, agregó el experto.
Al impedirle a los inmigrantes poder acceder a sus garantías judiciales se reducen los tiempos y se pueden ejecutar deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump a lo largo de su campaña.
Otro elemento es que la Ley de Enemigos Extranjeros no requiere que se presenten pruebas de que un extranjero es una amenaza, basta con la simple sospecha. Así lo advirtió Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha identificado a los venezolanos deportados, ni ha presentado pruebas que confirmen su relación con el Tren de Aragua ni que hubieran cometido delitos en EU.
De hecho, varias familias de hombres que también fueron llevados al Cecot han dicho que sus familiares no forman parte de grupos criminales, y se desconoce el estándar que usó el gobierno de EU para determinar que sí lo eran.
Polémica servida
La decisión de Trump de recurrir a este instrumento legal ha provocado controversia.
“Una ley de tiempos de guerra no tiene cabida para aplicarse en tiempos de paz”, agregó Yon Ebrigth.
Por su parte, desde el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) denunciaron que la implementación actual de la ley constituye “un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales”.
“Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de EU”, afirmó la organización no partidista en un comunicado.
*Con investigación de Cristina J. Orgaz
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