¿Puede haber juicio político contra Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Arturo Zaldívar?
Para entender mejor
El diputado de Morena Hugo Eric Flores anunció que desde la Sección Instructora de San Lázaro se revisarán los casos de juicio político pendientes de la Legislatura anterior, entre los que hay denuncias contra los exconsejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, el presidente del PRI, Alejandro Moreno y el exministro Arturo Zaldívar.
Sin embargo, ambos exfuncionarios electorales respondieron al anuncio con el señalamiento de que por el tiempo que ha pasado desde su salida del INE, ya no son sujetos de un juicio político. Expertos consultados por El Sabueso coincidieron en que de acuerdo con lo que marca la ley no procedería el juicio político en su contra.
Pero, ¿Cómo funciona el juicio político? En El Sabueso revisamos la ley y consultamos a una experta en Derecho para saber cómo funcionan estos procedimientos.
Para entender mejor: Diputados abren la posibilidad para llevar a juicio político a jueces que otorgaron suspensiones a la reforma judicial
¿Qué es el juicio político?
En la Constitución, se establece que el juicio político es un procedimiento para sancionar a servidores públicos cuando sus actos u omisiones causen un perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
En este caso, la Cámara de Diputados, a través de la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional, funciona como órgano de acusación y el Senado como órgano de sentencia.
La Sección Instructora se encarga de dar trámite a las denuncias de juicio político y juicios de procedencia –conocidos más como desafueros–. Entre sus funciones están la investigación y reunión de pruebas para acreditar la conducta denunciada.
En caso de acreditarse y tras una audiencia con el imputado, el expediente se pone a disposición del Senado que se erige como jurado de sentencia, y decidirá si aplica o no la sanción por mayoría de dos terceras partes de los legisladores presentes. En estos casos las sanciones pueden ser separación del cargo e inhabilitación hasta por 20 años para el ejercicio de algún cargo en la administración pública.
Entre las acciones por las que se puede iniciar un juicio político contra un servidor público, se contempla violaciones graves a la propia Constitución, las Leyes Federales o bien, el manejo indebido de fondos y recursos federales.
La Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos menciona que estas actos u omisiones:
- El ataque a las instituciones democráticas
- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal
- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales
- El ataque a la libertad de sufragio
- La usurpación de atribuciones
- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones
- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior
- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o de la Ciudad de México y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y de la Ciudad de México.
Los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político son: Senadores y diputados del Congreso de la Unión; ministros de la Suprema Corte; consejeros de la Judicatura Federal; secretarios de Despacho, el fiscal General de la República, magistrados de Circuito y jueces de Distrito; la persona consejera Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del INE; magistrados del Tribunal Electoral.
También se contempla a integrantes de los órganos constitucionales autónomos; directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
A diferencia del juicio político, el de procedencia se refiere al proceso para retirar la protección constitucional –o fuero– a un funcionario de alto nivel ante las denuncias de haber cometido un delito penal y ponerlo a disposición de las autoridades jurisdiccionales.
‘Alito’ Moreno, Murayama, Córdova y hasta Gertz, con denuncias
Después de la sesión de la instalación de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores explicó que se dará prioridad a los ocho expedientes que llegaron en esta legislatura, todos ellos contra jueces y ministros de la Corte que se pronunciaron contra la reforma judicial.
Tras ellos se atenderán los casos contra Alejandro Moreno, así como los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama; y el exministro Arturo Zaldívar, pendientes de la legislatura pasada.
Sin embargo, explicó Abril Jiménez Garrido, especialista en Derecho de la FES Aragón de la UNAM, para Córdova y Murayama ya se terminó el plazo para poder iniciarles el proceso de juicio político.
Si bien hay una denuncia contra ellos presentada en enero de 2021 por el entonces diputado del PT Gerardo Fernández Noroña por tener ingresos superiores a los del presidente, así como por emitir lineamientos para la reelección legislativa, entre otras supuestas violaciones a la Constitución y leyes federales, el trámite del juicio no ha comenzado.
Mientras que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama dejaron sus puestos en el INE el 3 de abril de 2023. El artículo 114 de la Constitución establece que el juicio político sólo procede contra funcionarios en activo y exfuncionarios durante el primer año fuera de su encargo.
“Estamos hablando de que en este caso, el órgano acusador y sentenciador tendría como máximo haber ejercitado el proceso en abril del año 2024. Ya prácticamente llevamos medio año más”, dijo Jiménez Garrido.
La académica señaló que el caso es similar para el exministro Zaldívar, pues dejó el cargo el 15 de noviembre de 2023. Por lo que para aún ser válido, el proceso de juicio político en su contra tendría que comenzar antes del próximo viernes 15. Zaldívar fue denunciado por senadores de oposición por presuntamente haber presionado a jueces para solucionar asuntos a favor de la administración federal.
Para el caso de Alejandro Moreno, Flores detalló en entrevista radiofónica que hay varios expedientes tramitados por la Fiscalía General de Campeche por delitos cometidos cuando fue gobernador de esa entidad entre 2015 y 2019.
En este caso, explicó Jiménez, habría que revisar si se trata de un juicio político o un juicio de procedencia, como el que se inició en su contra en agosto de 2022, pero que no avanzó por falta de acuerdos en la Sección Instructora. La Fiscalía de Campeche solicitó el juicio de procedencia contra Moreno por presunto enriquecimiento ilícito.
El legislador morenista también mencionó que en la Sección Instructora hay casos contra el fiscal General de la República, Alejando Gertz Manero, y el fiscal de Morelos, Ulises Carmona Gándara –quien ya pasó por un proceso de desafuero que fue aprobado en la Cámara de Diputados pero que el Congreso de Morelos resolvió no acatar–, aunque no dio más detalles sobre su contenido.
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En estas elecciones que él mismo tildó de “las más importantes de la historia del país”, los expertos coinciden que se jugaba también el desenlace de sus cuentas pendientes con la Justicia.
Este martes Donald Trump no solo competía por la presidencia de Estados Unidos. Los expertos coinciden que se jugaba también el desenlace de sus cuentas pendientes con la Justicia.
Ahora que Trump logró un contundente triunfo ante Kamala Harris que le permite un épico regreso a la presidencia de Estados Unidos, los analistas adelantan que esto probablemente resultará en la desestimación de los dos casos penales federales que enfrenta, el congelamiento de los casos penales estatales hasta que deje el cargo y retrasos adicionales en sus diversos procesos civiles pendientes.
A continuación te explicamos cuál es el panorama de las cuatro causas penales que enfrenta y cuál es su evolución más probable.
1. Caso “Stormy Daniels”
Es un caso estatal y el más urgente.
En mayo un jurado popular declaró a Trump culpable de los 34 delitos que se le imputaban por falsificar registros contables para encubrir el pago de un soborno por US$130.000 a la actriz de cine porno Stephanie Cliffords, conocida como Stormy Daniels, con fines electorales, ante la campaña para las presidenciales de 2016.
Fue por unanimidad, como se requería para alcanzar el veredicto. Y así, Trump se convirtió en el primer expresidente de EE.UU. condenado en un juicio penal.
La sentencia estaba inicialmente prevista para el 11 de julio, pero tras el fallo con el que Tribunal Supremo concedió una amplia inmunidad penal a los presidentes por sus actos oficiales, el juez Juan Merchán, del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, les dio plazo a las partes para presentar alegaciones y fijó una nueva fecha: 18 de septiembre.
Pero Trump pidió que la sentencia se retrasase, alegando que un fallo tan cercano a la cita en las urnas sería una forma de interferencia electoral. Merchán se lo concedió, estableciendo como fecha última el 26 de noviembre.
La falsificación de registros comerciales puede castigarse con hasta cuatro años de cárcel, aunque en el caso de Trump los expertos en leyes no se ponen de acuerdo sobre el desenlace más probable.
Algunos apuntan a que el juez Merchán podría dictar una pena de prisión por las especificidades de su caso, como que Trump fue hallado en desacato 10 veces y el objetivo del pago fue influir en unas elecciones.
Otros aseguran que lo más probable es que imponga una condena leve o vuelva a retrasar la fecha de la sentencia hasta después de que Trump dejase la Casa Blanca.
“Si gana las elecciones, no habrá una sentencia significativa”, le dijo hace unas semanas Karen Friedman Agnifilo, quien fue jefa de la división de juicios del fiscal de distrito de Manhattan, a la cadena estadounidense ABC.
“Un presidente en ejercicio no se vería obligado a ingresar en la cárcel, por lo que en teoría, si es condenado a prisión, podría cumplirlo una vez dejado el cargo”, le dijo a ese mismo medio Jeffrey Cohen, profesor de Derecho del Boston College.
2. Caso federal por presunta interferencia electoral
Es un caso federal. Lo está llevando el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Washington.
Desde 2020 Trump sostiene que le robaron aquellas elecciones ganadas por Joe Biden, pero el fiscal especial Jack Smith, nombrado específicamente por el Departamento de Justicia, no lo acusa por esa afirmación que se ha probado sin fundamento.
La acusación se centra en sus presuntos esfuerzos para alterar el resultado e impedir la certificación de la victoria de Biden.
Según el acta judicial que se hizo público en octubre, Smith acusa a Trump de cuatro delitos: conspiración para defraudar al gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.
Si bien la “conspiración de Trump para permanecer en el cargo” comenzó el 13 de noviembre de 2020, dice el documento, él ya la venía preparando desde antes.
De acuerdo a la acusación, los esfuerzos de Trump para revertir el desenlace electoral de hace cuatro años incluyeron mentir a funcionarios estatales para inducirlos a ignorar los recuentos de votos y fabricar votos en siete estados en los que quiso cambiar el resultado: Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin y Nuevo México.
También lo señalan de intentar reclutar al entonces vicepresidente, Mike Pence, en su papel de presidente del Senado, para obstruir la certificación de la elección.
Además, la acusación responsabiliza al entonces presidente del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
“El acusado también sabía que solo le quedaba una última esperanza para impedir la certificación de Biden como presidente: la gran multitud enfurecida que tenía delante. Así que durante más de una hora, el acusado pronunció un discurso diseñado para enardecer a sus partidarios y motivarlos a marchar hacia el Capitolio”, se lee en el acta publicada en octubre.
Trump se declaró inocente de los cargos.
Han pasado 15 meses de ello y, tras múltiples retrasos por las maniobras dilatorias de la defensa, no hay una fecha fijada para el juicio.
La jueza de distrito Tanya Chutkan está considerando cómo debe proceder el caso a la luz del fallo de julio del Supremo sobre la inmunidad de Trump. Mientras, ha establecido fechas clave del procedimiento que van más allá de las elecciones. La siguiente es el 19 de diciembre.
¿Pero qué puede pasar ahora que Trump se declaró ganador?
El republicano prometió quitar del cargo al fiscal Smith si se alzaba con la victoria, aunque podría no tener que echar mano de esa carta, logrando que el Departamento de Justicia retire los cargos.
Y es que una antigua política de este departamento impide el procesamiento de un presidente en ejercicio, con lo que los casos federales en su contra podrían quedar en nada una vez asuma el cargo.
Si bien el fiscal Smith podría tratar de avanzar con el procesamiento en los dos meses que hay de las elecciones a la toma de posesión, los expertos creen que tiene pocas probabilidades de revivir el caso.
Los expertos concuerdan, pues, en que el caso terminaría diluyéndose. Lo que no está tan claro es la forma exacta en la que eso ocurriría.
3. Los documentos clasificados de Mar-a-Lago
Es el segundo caso penal federal que enfrenta Trump.
Trump está imputado por los documentos confidenciales que se llevó a Mar-a-Lago, su mansión de Palm Beach (Florida), y que retuvo allí tras dejar la presidencia, en enero de 2021.
El 8 de agosto de 2022 agentes del FBI recolectaron en la residencia más de 20 cajas que incluían más de un centenar de documentos marcados con distintos grados de clasificación: desde “confidencial” hasta “top secret“.
En total son más de 10.000 documentos que por ley pertenecen al gobierno de EE.UU., así como unas 90 carpetas vacías con marcas que indicaban que contenían material clasificado o que debían ser devueltas al personal de secretaría de la Casa Blanca o a un asistente militar.
Por ello, el republicano enfrenta siete cargos: uno en virtud de la Ley de Espionaje, así como cargos de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas.
Sin embargo, desde que la jueza de distrito Aileen Cannon asumió el control del caso en junio de 2023, muchas de sus decisiones se han salido tanto de la norma que han avivado las preguntas sobre su favoritismo hacia Trump.
“Tenemos una jueza excelente en Florida. Es una jueza brillante. No la conozco. Nunca hablé con ella. Pero es valiente y brillante”, ha dicho de ella el propio acusado.
El 15 de julio la jueza Cannon dictaminó que el fiscal Smith fue nombrado de forma inconstitucional para el cargo y, tras desestimar los cargos, decidió archivar y dar por cerrado el procedimiento.
Ante ello, el fiscal Smith presentó un recurso ante un tribunal de apelaciones, argumentando que la jueza “pone en peligro la forma en la que el Departamento de Justicia funciona desde hace tiempo y pone en duda cientos de nombramientos en todo el Poder Ejecutivo”.
Sin embargo, los expertos adelantan que con Trump en la Casa Blanca, lo más probable es que el fiscal no tenga más remedio que retirar la apelación.
En caso de que decidiera proseguir, Smith tendría que lograr convencer al tribunal de Apelaciones de que revoque la decisión de la jueza Cannon y el equipo de Trump ya ha planteado una defensa construida sobre la inmunidad presidencial, que podría convertirse en la base de una futura apelación.
Como en el otro caso federal ya mencionado, Trump también podría conseguir que el Departamento de Justicia retire los cargos.
4. Caso por presunta interferencia electoral en el condado de Fulton (Georgia)
En este caso estatal Trump enfrenta —junto con otros acusados— cargos por conspirar para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, como parte de una trama mayor para mantenerse en la Casa Blanca.
Los fiscales presentaron originalmente 41 cargos contra 19 acusados en agosto de 2023.
Desde entonces, cuatro acusados se declararon culpables y el juez que está al frente del caso, Scott McAfee, del Tribunal Superior del condado de Fulton, anuló nueve de los cargos, aunque la mayor parte del auto de procesamiento sigue intacto.
La evidencia clave es la conversación telefónica de Trump con el secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el republicano le pidió que “encontrara” los votos que necesitaba para imponerse en el estado.
El caso está en suspenso hasta diciembre, cuando un tribunal de apelaciones sopesará si se debe permitir a la fiscal de distrito Fani Willis y su equipo sigan liderando el caso.
Y es que Trump y otros acusados alegan que la relación personal de Willis con el fiscal especial Nathan Wade, a quien ella contrató para ayudar a llevar el caso, crea un conflicto de intereses. El juez McAfee optó por no descalificarla, pero el equipo de Trump apeló la decisión.
Los argumentos orales está programados para el 6 de diciembre.
Si el tribunal de apelaciones desestima la impugnación, esto podría allanar el camino para que el juez McAfee fije una fecha para el juicio. Aunque los expertos apuntan a que lo más probable es que el equipo de defensa lo apele en otras instancias, generando más retrasos.
Si, por el contrario, el tribunal decide que hay que retirar a la fiscal y su oficina del caso, eso también traería retrasos. Es que, para empezar, habría que buscar otro fiscal.
Los expertos aseguran que, a diferencia de los cargos de subversión electoral presentados por el fiscal especial Jack Smith, el caso de Willis estará aislado de cualquier posible intromisión de Trump.
Así, no podría perdonarse a sí mismo ni a sus aliados ante una condena a nivel estatal, ni quitar del cargo a los fiscales del condado de Fulton que presentaron los cargos.
En cualquier caso, los expertos prevén que el caso quedaría congelado mientras Trump sea presidente.
Durante una audiencia en diciembre del año pasado, cuando el juez McAfee le preguntó al abogado de Trump, Steve Sadow, cuándo podría enfrentar un juicio su cliente, este le respondió: “La respuesta a eso es que creo que bajo la cláusula de la supremacía y sus deberes como presidente de Estados Unidos, el juicio no podría tener lugar hasta después del fin de su mandato”.
“Lo más probable es que ambos casos penales estatales (el de Georgia y el de Stormy) se suspendan y se reanuden cuando expire su mandato”, le dijo Barbara McQuade, ex fiscal federal, al medio NBC News.
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