Presumen inversión millonaria para La Escuela es Nuestra, pero se desconoce el destino del dinero
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que se han destinado más de 84 mil millones de pesos a La Escuela es Nuestra (LEEN) desde 2019, aunque desde entonces ha sido señalado por operar sin mecanismos que permitan comprobar en qué se usan los recursos entregados a las escuelas y cómo se decide el gasto.
Pamela López Ruiz, directora general de LEEN, detalló que dicha cifra se alcanzará al final de mes, y que la inversión ayudará a ampliar la atención al 99% de las escuelas públicas de educación básica del país.
Sin embargo, una investigación de Animal Político y Data Cívica encontró en 2022 que, hasta entonces, los apoyos sólo habían llegado al 36% de los planteles del país y las autoridades desconocían cómo se gastaron más de 23 mil millones de pesos de presupuesto público.
Mediante un análisis hecho a los padrones de beneficiarios reveló que las autoridades informan un número mayor de beneficiarios porque omiten detallar que los propios lineamientos de operación de esta política prioritaria contemplaron que una misma escuela podía recibir dos apoyos en años diferentes.
El análisis realizado a los padrones de LEEN entre 2019 y 2021 confirmó que en algunos municipios se benefició a más escuelas de las existentes, de acuerdo con datos públicos y actualizados del Sistema Interactivo de Consulta de Estadísticas Educativas de la SEP.
Por ejemplo, en Santiago Amoltepec, Oaxaca, la SEP da cuenta de la existencia de 83 escuelas de educación básica, pero los padrones de beneficiarios muestran que se han dado apoyos a 118 escuelas. En Sitalá, Chiapas, se reportan 84 escuelas, pero se ha beneficiado a 117.
De acuerdo con las reglas de operación del programa para 2024, la SEP entrega dinero directamente a los comités escolares integrados por padres de familia y maestros. Ellos son los responsables de administrar el dinero, decidir en qué se puede emplear para mejorar la infraestructura escolar, y contratar a quien sea necesario para ejecutar los proyectos particulares de cada escuela.
“Los Comités Escolares de Administración Participativa, por conducto de su Tesorera(o), serán los únicos y absolutos responsables de la disposición, recepción, custodia, administración y ejercicio del subsidio, los cuales vigilarán y verificarán el uso de los mismos para los fines establecidos en las Reglas de Operación, así como el resguardo y conservación de la documentación original comprobatoria correspondiente”, señala.
La SEP ha informado que los recursos federales del Programa son subsidios y se regirán en los términos establecidos por el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Fernando Alcázar, director de judicialización de Mexicanos Primero, señaló que al establecer el programa bajo la figura de subsidios y no un programa social, se hizo más laxa la posibilidad de contar con mecanismos de transparencia y fiscalización.
“Que sea un subsidio permite tener esta ambigüedad, esta discrecionalidad”, apunta Alcázar, quien dijo que luego de interponer un amparo, hace unas semanas una jueza federal ordenó que LEEN tenga un mecanismo efectivo de fiscalización por parte de las autoridades, ya que, al día de hoy, son las mamás y papás los responsables del destino de los recursos.
De hecho, si se busca información sobre el destino de los recursos, la respuesta oficial de la SEP es que debe preguntarse a cada escuela. Por ejemplo, en la solicitud de información 330026021000086, la dependencia señaló que no contaba con información sobre el detalle de las obras realizadas.
“Los expedientes físicos de las actividades realizadas en cada escuela beneficiada deberán ser resguardados en el plantel escolar y puestos a disposición de la comunidad escolar”, agregó.
Aumentan recursos sin transparencia para LEEN
En años anteriores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que no hay certezas de que todos los recursos asignados hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles, el objetivo principal del programa.
Por ejemplo, en 2020 la ASF reportó como “pendiente de aclaración” en qué se usaron 573 millones de pesos de La Escuela es Nuestra. Esto significa la mitad de los mil 187 millones de pesos del presupuesto auditado en 2020.
En los expedientes de mil 686 planteles beneficiarios en 2020, “no se cuenta con evidencia que demuestre que con los recursos otorgados se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades, por lo que no se pudo comprobar que estos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa”, advierte la Auditoría en el Informe de Cuenta Pública.
Entre los casos revisados, por ejemplo, en una escuela de Puebla, la presidenta del Comité Escolar reportó que la tesorera le dijo que “tomó 82 mil pesos para atender necesidades personales sin que a la fecha de la visita de verificación los hubiese devuelto”.
Pese a que desde 2020 la Auditoría alertó sobre “falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados”, en los últimos 5 años el presupuesto para La Escuela es Nuestra ha ido en aumento.
De acuerdo con la cuenta pública, el programa inició ejerciendo un presupuesto de 2 mil 594 millones de pesos; para 2020 la cifra pasó a 7 mil 250 millones de pesos. En 2021, luego de la primera auditoría, el gasto se incrementó a 13 mil 549 millones de pesos. En 2022 el gasto fue de 12 mil 920 millones; y en 2023 se elevó hasta 26 mil 364 millones de pesos.
En suma, de 2019 a 2023 se han ejercido 62 mil 678 millones 949 mil 219 pesos para el programa. Para 2024 se aprobó un presupuesto de 28 mil 358 millones 345 mil pesos. Por lo que, hasta ahora se han asignado más de 91 mil 37 millones de pesos para LEEN.
Vale la pena recordar que en marzo de 2022, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó detener la operación del programa La Escuela es Nuestra. Por considerarlo violatorio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.
Esto, luego de que en las reglas de operación del programa para 2022 se eliminara el que los planteles tuvieran horas adicionales de clase y servicios de alimentación —como sí se previó en 2021—, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyó al extinto programa Escuelas de Tiempo Completo.
De hecho, la entonces secretaria de educación, Delfina Gómez, justificó la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo con un supuesto estudio que demostró sus fallas.
Pero al hacer una solicitud de información y luego de impugnar una primera respuesta insatisfactoria, la Secretaría de Educación Pública confirmó a Animal Político que no tiene tal estudio, mencionado en un encuentro con diputados el 28 de abril.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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