Iniciativa busca especificar uso de IA para cometer violencia digital; abogada de caso IPN pide mejorar protocolos
Tras la absolución de Diego N, acusado de alterar y comercializar sin consentimiento las fotografías de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la diputada de Morena Cecilia Vadillo propuso en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que especifica el uso de inteligencia artificial en el delito contra la intimidad sexual.
La propuesta de la diputada morenista también busca que el uso de imágenes, audios y videos con fines de comercialización y explotación sexual sea considerado como un agravante. Es decir, un elemento que aumentaría las sanciones.
“Nos damos cuenta que hay un vacío legal que no solamente afecta al momento de la sentencia, sino también desde la investigación. Si modificamos el tipo penal vamos a lograr ir empujando que la Fiscalía y las policías tengan más herramientas para poder identificar estos casos, poder analizarlos y que no lleguemos al momento de la sentencia sin capacidades para probar que estas imágenes fueron creadas por alguna persona”, apunta Vadillo en entrevista.
Valeria Martínez Mondragón, abogada de las ocho estudiantes del IPN que denunciaron a Diego N, reconoce la importancia de visibilizar este tipo de violencia, pero sobre todo destaca que se deben mejorar los protocolos de investigación, para que las fiscalías presenten la mejor evidencia a juezas y jueces.
“Lo que se necesita más allá de una regulación sería la creación de protocolos de cómo se debe de investigar este tipo de delitos, cómo se integra este tipo de carpetas de investigación y homologar el protocolo a nivel nacional en México, ayudar a las a los juzgados, a los tribunales en cómo deben de juzgar este tipo de delitos. Creo que eso, más que modificar un Código Penal, nos ayudaría todavía mucho más”, menciona.
La abogada también distingue que, actualmente, el verbo almacenar no está incluido en el artículo 181 quintus del Código Penal para el Distrito Federal y sería de mayor utilidad que estuviera en la legislación, pues en el IPad de Diego había alrededor de 160 mil imágenes y 2 mil videos, según Martínez Mondragón.
“Se han resistido mucho a incluir el almacenar contenido íntimo sin autorización. Basta con que Diego tuviera este contenido dentro de sus dispositivos y eso nos pudiera ayudar todavía más, el incluir la palabra almacenar que especificar el uso de inteligencia artificial”, añade la abogada.
¿En qué consiste la iniciativa de violencia digital con inteligencia artificial?
La iniciativa presentada por la diputada de Morena Cecilia Vadillo busca reformar los artículos 69 ter y 181 quintus del Código Penal para el Distrito Federal. La propuesta será dictaminada en conjunto por las comisiones de Igualdad de Género, que preside la legisladora, y de Administración y Procuración de Justicia.
“Se considera que las imágenes, audios o videos son simulados cuando la víctima no aparece realmente en ellos, pero la persona agresora los vincula con su imagen o identidad a través de alguna tecnología digital, inteligencia artificial o software de manipulación digital”, se lee en la propuesta de reforma al último artículo.
La diputada sostiene que, con la absolución de Diego N como detonante, es posible tipificar o configurar tipos penales mucho más precisos. Tipificar es describir las acciones u omisiones que se consideran delitos y sus sanciones.
Actualmente el artículo 181 quintus establece que comete el delito contra la intimidad sexual quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo sin consentimiento o mediante engaño. Lo mismo para quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta estos contenidos, pero deja de lado el almacenamiento.
La iniciativa busca armonizarse con los avances logrados con la Ley Olimpia, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, a la que reconoce como un parteaguas en el reconocimiento de la violencia digital.
“A pesar de su importancia, la Ley Olimpia aún no aborda de manera integral todos los aspectos de la violencia digital, especialmente en lo que respecta al uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial”, se lee en la propuesta legislativa.
La diputada espera que su iniciativa sea votada y aprobada en enero. Para lograrlo, también busca colaborar con colectivas que han impulsado la lucha contra la violencia digital y con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
“Me parece que puede generar más presión al Poder Judicial el hecho de que ya esté como tipo penal específico lo que hizo Diego N”, dice Vadillo.
La legisladora local descarta que se trate de una iniciativa punitivista, que aumente el catálogo de delitos o las sanciones penales.
“Lo más importante no es que incrementen las penas, sino que logremos que se juzgue y que se lleguen a sentencia, que se termine con la impunidad y esto no lo vamos a hacer incrementando las penas, lo vamos a hacer creando marcos legales y jurídicos que permitan terminar con esa impunidad”, agrega.
La iniciativa también habla del caso de la senadora Andrea Chávez, quien fue víctima digital cuando el caricaturista Antonio Garci difundió fotos sexualizadas hechas con inteligencia artificial. A propósito, desde el Senado de la República ella se pronunció al respecto:
“Quiero solidarizarme con las estudiantes del Instituto Politécnico Nacional víctimas de Diego N, cuyas agresiones a la intimidad sexual están en riesgo de quedar impunes por culpa de un juez indolente, insensible e incapaz. Que no se olvide nunca el nombre del juez Francisco Salazar Silva para que nunca más una mujer confíe en él durante los procesos por venir”, dijo Chávez en la sesión del 10 de diciembre.
Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en conferencia de prensa sobre el caso de Diego N y las estudiantes del IPN.
“Siempre vamos a apoyar a las jóvenes y a las mujeres que viven algún tipo de violencia”, dijo, y pidió a funcionarias ponerse en contacto con las víctimas.
Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, informó que se reunirá con la activista Olimpia Coral Melo así como con Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y, de ser necesario, presentará una queja en contra del juez Francisco Salazar Silva por absolver a Diego N.
“Yo he estado en contacto con Olimpia, que ha estado acompañando a las chicas, quedamos de vernos la próxima semana y también con el presidente del Tribunal local”, dijo en entrevista con medios de comunicación en Palacio Nacional.
También lee: “Diego N libre ¡no!”: estudiantes del IPN y Olimpia Coral marchan por sentencia por violencia digital
Protocolos para investigar y juzgar
Valeria Martínez Mondragón, abogada de las estudiantes del IPN que denunciaron a Diego N por alterar con inteligencia artificial sus fotografías y comercializarlas, considera que la sentencia absolutoria no se debe a un vacío legal en el tipo penal, sino a la necesidad de que existan protocolos de investigación para las fiscalías que, a su vez, ayuden a juezas y jueces a juzgar los casos.
“La problemática no recae en que el tipo penal no contempla el uso de la inteligencia artificial porque, al final, dentro del tipo penal, al menos en la Ciudad de México, se contempla el uso o edición de fotografías o de contenidos reales o simulados. No creemos que sea el problema que no se incluya como tal en el Código Penal porque esto no ha sido materia de debate en ninguna de las audiencias que hemos llevado, y que han sido varias”, dice en entrevista.
Al respecto, Martínez Mondragón advierte que no se sabe si en el futuro va a surgir otra forma de crear este tipo de contenidos sexuales íntimos sin consentimiento, y entonces la excusa para no dictar una sentencia condenatoria va a ser que dicha tecnología no está incluida textualmente en el tipo penal.
Actualmente, la comercialización es un supuesto y no una agravante, pues ya está contemplada en el artículo 181 quintus del Código Penal para el Distrito Federal.
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Un relator especial de la ONU dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente”.
Tras un terremoto de magnitud que mató a más de 2.000 personas, según cifras oficiales, la junta militar de Myanmar continúa bombardeando partes del país devastado por la guerra.
La ONU calificó los ataques como “totalmente indignantes e inaceptables”.
El relator especial Tom Andrews dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente” después del terremoto.
Exhortó al régimen militar, que tomó el poder en un golpe de Estado hace casi cuatro años, a detener todas las operaciones militares.
“Cualquiera que tenga influencia sobre los militares debe aumentar la presión y dejar muy claro que esto no es aceptable”, expresó.
“Hago un llamado a la junta para que simplemente detenga todas sus operaciones militares”, añadió.
El Servicio Birmano de la BBC confirmó que siete personas murieron en un ataque aéreo en Naungcho, en el norte del estado de Shan. Este ataque ocurrió alrededor de las 15:30 hora local del viernes, menos de tres horas después del terremoto.
El lunes, el ejército de Myanmar también llevó a cabo ataques terrestres en la región de Sagaing, afectada por el terremoto, aseguran los rebeldes.
Las denuncias de los rebeldes
Un portavoz de la Fuerza de Defensa Popular de Chaung U -un grupo insurgente- contó a la BBC que fueron objeto de un intenso fuego de mortero. Los rebeldes informaron de cinco convoyes militares en la zona.
Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que representa a la administración civil derrocada, indicó en un comunicado que sus fuerzas comenzarían una pausa de dos semanas en “operaciones militares ofensivas, a excepción de acciones defensivas” en las zonas afectadas por el terremoto a partir del domingo.
Esto ocurre en un momento en que los trabajadores de rescate y socorro a los afectados del terremoto en la región enfrentan una grave falta de recursos.
Los grupos rebeldes prodemocracia que combaten para destituir a los militares también informaron de bombardeos aéreos en el municipio de Chang-U, en la región noroccidental de Sagaing, durante el fin de semana, el epicentro del terremoto.
También hay informes de ataques aéreos en zonas cercanas a la frontera tailandesa.
Los militares también continuaron realizando ataques aéreos el lunes en otras partes del país en su intento de aplastar el levantamiento nacional que lucha por despojarlos del poder.
El terremoto de magnitud 7,7 que afectó a Sagaing, también se sintió en los países vecinos. Luego vinieron informes de destrucción en Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, así como en la capital, Nay Pyi Taw, que está a más de 240 kilómetros de distancia.
La junta afirma que 2.056 personas han muerto, más de 3.900 han resultado heridas y 270 siguen desaparecidas.
La BBC no puede verificar estas cifras de forma independiente, pero ha escuchado que un fuerte olor a cadáveres bajo los escombros está impregnando las calles mientras las temperaturas alcanzan los 40 °C en Mandalay.
El Servicio Geológico de Estados Unidos declaró el viernes que “una cifra de muertos superior a 10.000 es una gran posibilidad” basándose en la ubicación y magnitud del terremoto.
Años de guerra
El sismo se produce después de cuatro años de guerra civil en Myanmar, tras un golpe militar en 2021. El golpe provocó enormes protestas, con miles de personas saliendo a las calles diariamente para exigir la restauración del gobierno civil.
Lo que inicialmente comenzó como una campaña de desobediencia civil pronto evolucionó hacia una insurgencia generalizada que involucró a grupos rebeldes étnicos y prodemocráticos, desencadenando finalmente una guerra civil total.
Cuatro años después, continúan los feroces combates entre los militares, por un lado, y los grupos de resistencia armada, por el otro.
La junta militar, que ha sufrido continuas derrotas humillantes y ha perdido amplias áreas de territorio, recurre cada vez más a los ataques aéreos para aplastar la resistencia a su régimen.
Grandes partes de la región de Sagaing, epicentro del terremoto, están ahora bajo el control de grupos rebeldes.
Una investigación de la BBC reveló que, casi cuatro años después de tomar el poder en un golpe de estado, los militares ahora controlan menos de una cuarta parte del país.
La investigación mostró que los ejércitos étnicos y una mezcla de grupos de resistencia controlan ahora el 42% del territorio, mientras que gran parte del área restante sigue en disputa.
Es en el combate aéreo donde el régimen militar tiene la ventaja. Los grupos de resistencia no tienen la capacidad de contraatacar en el aire.
El ejército tiene antecedentes de realizar bombardeos aéreos indiscriminados que han destruido escuelas, monasterios, iglesias y hospitales. En uno de los ataques aéreos más letales, murieron más de 170 personas, incluidas muchas mujeres y niños.
El organismo de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en el país ha advertido que la junta militar está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.
La guerra aérea militar se sostiene gracias al apoyo continuo de Rusia y China. A pesar de los llamados de la ONU a un embargo de armas en respuesta al golpe, tanto China como Rusia han vendido a la junta sofisticados aviones de ataque y le han brindado entrenamiento sobre cómo utilizarlos.
Rusia y China también han enviado equipos de ayuda y rescate a Myanmar. Pero la activista de derechos humanos birmana radicada en el Reino Unido, Julie Khine, expresó: “Es difícil confiar en la compasión ahora cuando también son los mismos países que suministran a la junta militar armas letales utilizadas para matar a nuestros civiles inocentes”.
También hay una preocupación generalizada de que los militares utilicen la ayuda como arma en la guerra civil.
El ejército de Myanmar tiene una práctica de larga data de negar ayuda a las zonas donde hay grupos de resistencia activos.
Tom Andrews, de la ONU, resaltó a la BBC que durante las labores de socorro anteriores, los militares habían bloqueado la ayuda y arrestado a los trabajadores humanitarios.
“Lo que sabemos de desastres humanitarios y naturales anteriores es que la junta no dice la verdad. Además, tiene la costumbre de impedir que la ayuda humanitaria llegue a donde más se necesita”, afirmó.
“Utilizan esta ayuda como arma. La envían a las zonas que controlan y la niegan a las que no controlan”.
“Así que hay zonas donde existen las necesidades más apremiantes y literalmente la ayuda está intentando entrar, hay camiones bloqueando el paso, la gente atrapada; ese ha sido el patrón de su respuesta a desastres naturales en el pasado”.
“Me temo que supongo completamente que ese sea el caso con este desastre”.
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