Iniciativa de Morena sobre Afores: ¿Qué propone?
Para entender mejor
Morena presentó una iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la cual ya fue aceptada en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y pasará al Pleno para ser discutida.
El proyecto plantea que el dinero de las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años se transfieran a este nuevo fondo, aunque seguirán generando intereses y sus beneficiarios siempre podrán pedir la devolución de los recursos, según defiende Morena.
Sin embargo, la propuesta presentada por los legisladores morenistas Ignacio Mier e Ivonne Cisneros no indica cómo sería el proceso de solicitud de la devolución del dinero, ni los mecanismos dispuestos para ello.
Aunque Mier argumenta que la iniciativa garantizará una pensión de al menos $16,400 a más de 45 millones de trabajadores, expertos señalan que todavía no hay suficientes datos para poder asegurar que se cumplirá con esto.
Al respecto, Antonio Simanca, exdirector de desarrollo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), considera que hace falta un análisis más profundo para poder afirmar su viabilidad financiera a largo plazo.
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¿Qué plantea la iniciativa?
Se propone modificar el segundo párrafo del artículo 302 de la actual Ley del Seguro Social (IMSS), agregando la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual será un “fideicomiso público no considerado entidad paraestatal”.
Se indica que este será administrado por el Banco de México en nombre del gobierno y que La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será responsable de establecer cómo funcionará este fondo, mediante un decreto que emitirá el presidente dentro de los 60 días posteriores a que este proyecto de decreto entre en vigor.
De igual manera, se plantea hacer reformas en distintos párrafos de la Ley del Instituto del Infonavit y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Anteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador había presentado una iniciativa para dar a los trabajadores una pensión equivalente al 100% del último salario, siempre y cuando este no sea superior a los 16 mil 777 pesos.
En ese entonces, se planteó que el dinero vendría de distintas fuentes, por ejemplo: del 75% de los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y del 25% de los ingresos del Tren Maya, AIFA y aeropuertos de Sedena y Marina.
Al respecto, El Sabueso publicó una nota en la cual expertos nos dijeron que esto carecía de sustento financiero.
Con la propuesta de Mier y Cisneros, se busca complementar este fondo transfiriendo el dinero de los trabajadores que a los setenta años no hayan hecho uso de estos recursos. En el caso de PENSIONISSSTE, sería a partir de los 75 años.
En un inicio no estaba claro si sería de todos los trabajadores, independientemente de si seguían siendo activos laboralmente o no. Pero se corrigió la iniciativa para precisar que sólo se tomarían los recursos de las cuentas inactivas, es decir, de usuarios que ya no trabajan.
Un año antes de que se haga la transferencia de los recursos, se emitirá un aviso en donde se le informe al trabajador que sus recursos se irán al fondo de pensiones, según la iniciativa.
Pero aún cuando los recursos entren al fondo, el trabajador o sus beneficiarios tienen el derecho imprescriptible a reclamarlos.
Por eso, se establece que tendrá que haber una reserva destinada a cumplir con este requisito y que cada dos años se comunicará la suficiencia financiera de la reserva a un Comité Técnico, el cual también fijará las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de los recursos.
Ante las especulaciones, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) publicó un comunicado en donde se aclara que la iniciativa “no contempla ninguna expropiación de recursos”, mismos que mantienen la condición de imprescriptibilidad.
¿Qué pasa actualmente con las cuentas inactivas?
Al día de hoy, la Ley del Seguro Social indica que “el Instituto podrá disponer de dichos recursos a los diez años de que sean exigibles sin necesidad de resolución judicial”, aunque en muchos casos estos se quedan en las Afores.
Así lo afirmó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien acusó a las Afores de quedarse con el 96% de fondos no reclamados. Dijo que había una bolsa de 40 mil millones y que las Afores sólo entregan 1,500 millones, es decir, el 3.7%.
Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, dijo el año pasado a Azteca Noticias que más del 20% de la cuentas están olvidadas, lo que equivale a más de 200 mil millones de pesos. Explicó que ese dinero está invertido igual que el resto del dinero en el sistema.
Por ejemplo, en agosto de 2019 se reportó que la Consar regresó al Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) casi 95 millones de pesos de cuentas no reclamadas.
La diferencia con esta propuesta, es que actualmente se puede o no pasar estos recursos al IMSS, pero con esta reforma se exigiría que pasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar y se utilizarían los fondos para pagar mayores pensiones.
Problemáticas de la propuesta
El exdirector de desarrollo de la Consar, Antonio Simancas, dijo a El Sabueso que hace falta saber exactamente cuánto dinero hay en la bolsa de dinero sin reclamar de las Afores para poder hacer cálculos más precisos, antes de afirmar que con este dinero se podrían dar pensiones equivalentes al 100% del último salario.
También explicó que hoy en día hay trazabilidad del dinero, se sabe de quién es cada cuenta en la cuál se van acumulando tanto las aportaciones como los rendimientos. Con esta iniciativa, a partir de los setenta años el dinero se iría a una cuenta generalizada en el cual no habría este registro.
Aunque Simancas nos recordó que no es la primera vez que pasa algo similar, ya que en el 2002, debido a un Decreto Presidencial durante el gobierno de Vicente Fox, los recursos administrados por los bancos que no fueron unificados a una cuenta en una AFORE se transfirieron a una cuenta concentradora.
Valeria Moy del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dijo hoy, 12 de abril, en W Radio que un problema de esta iniciativa es que si pasa el dinero al Fondo para el Bienestar, cambia la relación contractual de las pensiones.
La relación pasa de ser entre privados, es decir, de una persona con su Afore, a ser una relación de una persona con un ente público, que todavía no tenemos detalles de cómo va a funcionar.
Esta propuesta se aprobó con 19 votos a favor y 10 en contra en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, ahora el proyecto pasará al Pleno para ser discutido.
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La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
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“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
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“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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