Para entender mejor
Morena presentó una iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la cual ya fue aceptada en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y pasará al Pleno para ser discutida.
El proyecto plantea que el dinero de las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años se transfieran a este nuevo fondo, aunque seguirán generando intereses y sus beneficiarios siempre podrán pedir la devolución de los recursos, según defiende Morena.
Sin embargo, la propuesta presentada por los legisladores morenistas Ignacio Mier e Ivonne Cisneros no indica cómo sería el proceso de solicitud de la devolución del dinero, ni los mecanismos dispuestos para ello.
Aunque Mier argumenta que la iniciativa garantizará una pensión de al menos $16,400 a más de 45 millones de trabajadores, expertos señalan que todavía no hay suficientes datos para poder asegurar que se cumplirá con esto.
Al respecto, Antonio Simanca, exdirector de desarrollo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), considera que hace falta un análisis más profundo para poder afirmar su viabilidad financiera a largo plazo.
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Se propone modificar el segundo párrafo del artículo 302 de la actual Ley del Seguro Social (IMSS), agregando la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual será un “fideicomiso público no considerado entidad paraestatal”.
Se indica que este será administrado por el Banco de México en nombre del gobierno y que La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será responsable de establecer cómo funcionará este fondo, mediante un decreto que emitirá el presidente dentro de los 60 días posteriores a que este proyecto de decreto entre en vigor.
De igual manera, se plantea hacer reformas en distintos párrafos de la Ley del Instituto del Infonavit y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Anteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador había presentado una iniciativa para dar a los trabajadores una pensión equivalente al 100% del último salario, siempre y cuando este no sea superior a los 16 mil 777 pesos.
En ese entonces, se planteó que el dinero vendría de distintas fuentes, por ejemplo: del 75% de los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y del 25% de los ingresos del Tren Maya, AIFA y aeropuertos de Sedena y Marina.
Al respecto, El Sabueso publicó una nota en la cual expertos nos dijeron que esto carecía de sustento financiero.
Con la propuesta de Mier y Cisneros, se busca complementar este fondo transfiriendo el dinero de los trabajadores que a los setenta años no hayan hecho uso de estos recursos. En el caso de PENSIONISSSTE, sería a partir de los 75 años.
En un inicio no estaba claro si sería de todos los trabajadores, independientemente de si seguían siendo activos laboralmente o no. Pero se corrigió la iniciativa para precisar que sólo se tomarían los recursos de las cuentas inactivas, es decir, de usuarios que ya no trabajan.
Un año antes de que se haga la transferencia de los recursos, se emitirá un aviso en donde se le informe al trabajador que sus recursos se irán al fondo de pensiones, según la iniciativa.
Pero aún cuando los recursos entren al fondo, el trabajador o sus beneficiarios tienen el derecho imprescriptible a reclamarlos.
Por eso, se establece que tendrá que haber una reserva destinada a cumplir con este requisito y que cada dos años se comunicará la suficiencia financiera de la reserva a un Comité Técnico, el cual también fijará las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de los recursos.
Ante las especulaciones, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) publicó un comunicado en donde se aclara que la iniciativa “no contempla ninguna expropiación de recursos”, mismos que mantienen la condición de imprescriptibilidad.
Al día de hoy, la Ley del Seguro Social indica que “el Instituto podrá disponer de dichos recursos a los diez años de que sean exigibles sin necesidad de resolución judicial”, aunque en muchos casos estos se quedan en las Afores.
Así lo afirmó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien acusó a las Afores de quedarse con el 96% de fondos no reclamados. Dijo que había una bolsa de 40 mil millones y que las Afores sólo entregan 1,500 millones, es decir, el 3.7%.
Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, dijo el año pasado a Azteca Noticias que más del 20% de la cuentas están olvidadas, lo que equivale a más de 200 mil millones de pesos. Explicó que ese dinero está invertido igual que el resto del dinero en el sistema.
Por ejemplo, en agosto de 2019 se reportó que la Consar regresó al Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) casi 95 millones de pesos de cuentas no reclamadas.
La diferencia con esta propuesta, es que actualmente se puede o no pasar estos recursos al IMSS, pero con esta reforma se exigiría que pasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar y se utilizarían los fondos para pagar mayores pensiones.
El exdirector de desarrollo de la Consar, Antonio Simancas, dijo a El Sabueso que hace falta saber exactamente cuánto dinero hay en la bolsa de dinero sin reclamar de las Afores para poder hacer cálculos más precisos, antes de afirmar que con este dinero se podrían dar pensiones equivalentes al 100% del último salario.
También explicó que hoy en día hay trazabilidad del dinero, se sabe de quién es cada cuenta en la cuál se van acumulando tanto las aportaciones como los rendimientos. Con esta iniciativa, a partir de los setenta años el dinero se iría a una cuenta generalizada en el cual no habría este registro.
Aunque Simancas nos recordó que no es la primera vez que pasa algo similar, ya que en el 2002, debido a un Decreto Presidencial durante el gobierno de Vicente Fox, los recursos administrados por los bancos que no fueron unificados a una cuenta en una AFORE se transfirieron a una cuenta concentradora.
Valeria Moy del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dijo hoy, 12 de abril, en W Radio que un problema de esta iniciativa es que si pasa el dinero al Fondo para el Bienestar, cambia la relación contractual de las pensiones.
La relación pasa de ser entre privados, es decir, de una persona con su Afore, a ser una relación de una persona con un ente público, que todavía no tenemos detalles de cómo va a funcionar.
Esta propuesta se aprobó con 19 votos a favor y 10 en contra en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, ahora el proyecto pasará al Pleno para ser discutido.
La anulación de la prórroga del TPS le impone a David el desafío de encontrar otra forma de permanecer legalmente en EE.UU. o marcharse a otro país antes de ser deportado.
David pensaba que su mayor reto aquella noche bajo cero era mantener el calor mientras caminaba sobre la nieve, hasta que se topó con una patrulla policial en Washington.
Un policía le pidió sus papeles en el trayecto que recorría cada noche para volver a casa después del trabajo. Al comprobar que era venezolano y tenía un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el uniformado le dijo en perfecto español: “Disfrútalo mientras lo tengas”.
David no supo qué responder. El policía le hizo un gesto con la mano y lo despachó en inglés: “Go, go, go!”.
A finales de diciembre y a pocos días de abandonar la Casa Blanca, el gobierno del presidente Joe Biden aprobó una extensión del TPS para los venezolanos, una medida que permitía a casi 600.000 personas residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, libres del riesgo de ser deportados.
Pero el miércoles 29 de enero, durante su segunda semana de mandato, el gobierno del presidente Donald Trump anuló esa prórroga, una decisión que dejará a sus beneficiarios sin un estatus migratorio legal en Estados Unidos y puede convertirlos en sujetos de deportación.
En el caso de David, su TPS vence el próximo 2 de abril.
“Es muy duro saber que ahora corro el riesgo de volver a Venezuela por perder el TPS”, dijo a BBC Mundo después de pedir que su verdadera identidad se mantuviera anónima.
“Salí huyendo de allá para sobrevivir, hice todo lo que me pidieron aquí y ahora vivo con miedo de que me agarren o me pase algo malo, como me ocurría en Venezuela”.
Su abogado le recomendó la misma alternativa que están considerando los beneficiarios del TPS que no disponen de otro estatus migratorio en Estados Unidos: introducir una petición de asilo ante un tribunal estadounidense.
Mientras tenga un proceso judicial en curso, David no puede ser deportado.
Trump emprendió una política de deportaciones masivas de indocumentados, que podría afectar a 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal.
Una de sus primeras medidas fue suspender el parole, un permiso humanitario que el gobierno de Biden concedió a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, que llegaron a territorio estadounidense tras huir de las crisis en sus países.
David tenía una peluquería en el estado Aragua, en el centro norte de Venezuela.
Mientras le pintaba el cabello a una clienta, un muchacho entró al negocio y le preguntó si le faltaba mucho para atenderlo. Él le pidió que se sentara y esperara, pero el hombre se enfureció.
Sacó una pistola, amenazó a David y a sus clientas, les robó las carteras y varias máquinas de afeitar. Antes de marcharse, disparó contra la fachada de la peluquería, mientras todos se tiraron al suelo, escondiéndose detrás de las sillas dispuestas frente a los espejos.
“Traté de poner la denuncia en la policía y me dijeron que no lo hiciera, nadie podía meterse con el Tren de Aragua”, recordó David en referencia a la banda de crimen organizado venezolana que acaba de ser catalogada como una organización terrorista por el gobierno de Trump.
“Al día siguiente, me dejaron una nota en la puerta del negocio que decía: ‘Si no te vas del estado, ya sabes lo que les va a pasar a ti y a tu familia'”.
Aquel día de 2018 comenzaron siete años de historia migratoria para David. Se marchó de Aragua con su ropa y US$600, mientras su esposa y sus tres hijos esperaban a que él se instalara en Colombia.
Pero en el trayecto lo asaltaron y cruzó la frontera sin dinero ni pertenencias. Logró conservar el pasaporte porque lo escondió entre sus piernas cuando unos hombres armados asaltaron el autobús en el que viajaba dentro de Venezuela.
Una vez que llegó a Colombia, durmió en plazas donde se refugiaban otros migrantes y pasó tres días seguidos sin comer, hasta que un hombre le regaló una bolsa de caramelos que comenzó a vender por unidad, su primera oportunidad de generar ingresos fuera de Venezuela.
Con el tiempo logró trabajos más estables y pudo llevar a su esposa y sus hijos a Colombia. Pero su madre se quedó en Aragua. En medio de la pandemia, David logró ahorrar lo suficiente para visitarla.
Cuando llegó a casa de su madre, le dejó un poco de dinero para que comprara comida y preparara un almuerzo para la familia, mientras él salía a visitar a un amigo. Pero minutos después, ella lo llamó para decirle que unos hombres lo buscaban.
David volvió a huir a Colombia, esta vez sin despedirse de su madre.
“No sé cómo se enteraron de que había llegado”, lamenta. “Ahí fue cuando me di cuenta del nivel de control que el Tren de Aragua tenía en esa área y sobre todos nosotros”.
Después del confinamiento por el coronavirus, los salarios de David y su esposa en Colombia no alcanzaban para mantener a los niños, así que decidió marcharse a Estados Unidos.
Cruzó Centroamérica y México por tierra, sobrevivió a dos secuestros y entregó los US$1.800 que había ahorrado a hombres armados que lo golpearon hasta sacarle un diente.
Cuando llegó al norte de México, una madrugada de mediados de 2023, sintió miedo de lanzarse al río Bravo para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero a lo lejos, en el horizonte del desierto, se avistaban camionetas negras con fusiles que sobresalían por las ventanas.
“El agua estaba fría y la corriente era tan fuerte que me arrastró unos 60 metros. Sentía que me ahogaba pero logré cruzar agarrándome del monte que crecía en la orilla”.
David estuvo detenido durante semanas en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hasta que las autoridades migratorias le hicieron entrevistas en las que contó que había escapado por el Tren de Aragua y logró demostrar que tenía un “miedo creíble” de volver a Venezuela.
“Apenas pude, me acogí al TPS para poder trabajar y me mudé a casa de un amigo en Washington. Llevo un año y medio viviendo aquí, dedicado exclusivamente a hacer dinero para mantener a mi familia”.
En 1990, el Congreso de Estados Unidos creó la figura del TPS para migrantes que enfrentaban dificultades extremas si se veían obligados a regresar a sus países de origen, debido a conflictos armados, razones humanitarias o desastres naturales.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que la prórroga del TPS había sido anulada el miércoles 29 de enero, durante una entrevista con la cadena de noticias Fox News.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo Noem usando las siglas del Tren de Aragua.
“Ayer estuve en Nueva York y la gente de este país quiere esta basura fuera”, aseguró Noem. “Quieren que sus comunidades estén seguras. Fue increíble ver a la gente caminar junto a nosotros en la calle temprano en la mañana y darnos las gracias”.
David encuentra paradójico que sea la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos lo que ahora le hace sentirse señalado como un criminal que merece ser deportado.
“Que seamos venezolanos no significa que todos seamos Tren de Aragua”. “Nos están estigmatizando porque venimos del mismo lugar, pero muchos hemos sido víctimas de ellos y estamos escapando de eso”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha identificado a presuntos miembros del Tren de Aragua en 16 estados, con un centenar de investigaciones federales relacionadas con la organización y al menos 50 detenciones y condenas judiciales.
“Ahora no solo me da miedo que me pare un policía en la calle, también me da miedo saber que el Tren está en Estados Unidos”.
La esposa y los hijos de David forman parte de un programa de ACNUR para ingresar a Estados Unidos como refugiados. Desde la investidura de Trump, el 20 de enero, el viaje de la familia fue postergado hasta confirmar si efectivamente el país estará dispuesto a recibirlos.
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