La iniciativa de simplificación orgánica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para pasar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no es un simple “traslado” de funciones sino que en los hechos lo desmantela, y tampoco eficienta los recursos públicos y pierde el enfoque de derechos humanos, señalan especialistas.
La propuesta del Ejecutivo federal fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 18 de abril e involucra cambios en 18 instituciones. Desde entonces, organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación al considerarla un retroceso. Y aunque de momento se postergó la votación de la iniciativa, las agrupaciones inconformes se mantienen alerta de cara al próximo periodo.
“El mes de abril debería ser un periodo para establecer y cumplir compromisos a favor de los derechos de la niñez y no para arrebatarles los logros que, después de tanto tiempo y con tanto esfuerzo, se han obtenido”, sostuvo en un comunicado Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Del enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes al asistencialismo
La iniciativa del presidente busca que el aparato burocrático se aboque a la satisfacción de los derechos. Sin embargo, para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, la principal afectación si el Sipinna se traslada al DIF es que niñas, niños y adolescentes pasarían de ser sujetos de derechos a objetos de asistencia.
“Venimos de un largo camino de décadas de buscar que niños y niñas sean reconocidos como personas con derechos propios, el país ha ido avanzando muy, muy lento en este reconocimiento. Antes de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños, la noción que el Estado mexicano tenía de la infancia era solo como objeto de asistencia, es decir, solo como víctimas y propiedad privada de las familias”, dice en entrevista Pérez García.
El artículo 125 establece la creación del Sipinna como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La ley, aprobada en 2014, fue presentada como iniciativa preferente por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión desde el 1 de septiembre. El documento integró contribuciones de la sociedad civil, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ambas cámaras del Poder Legislativo.
Actualmente, el Sipinna es un órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación (Segob), un área de gobernanza.
“Desde su diseño, el sistema está presidido por el presidente de la República y se ubica en la Secretaría de Gobernación, por ser esta la dependencia que está facultada para coordinar a los secretarios de Estado y a los demás funcionarios de la administración pública federal”, pronunció Nancy Ramírez, directora de incidencia política y temas globales de Save the Children, en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados el martes 24 de abril.
Llevar al Sipinna como unidad administrativa del DIF, que se rige, entre otras, por la Ley de Asistencia Social, implicaría que estuviera en la Secretaría de Salud (SSa). Asimismo, el DIF no cuenta con las facultades para coordinar la gran política de Estado en materia de niñez, ni para coordinar a otras secretarías.
“Esto nos devolvería al México de hace 40 o 50 años, antes de la Convención de los Derechos de la Niñez, en donde se pensaba que una sola institución, de carácter asistencial, podía hacerse cargo de la tercera parte de la población”, mencionó Ramírez Hernández, de la Redim, en la rueda de prensa.
¿Eficientar recursos públicos del Sipinna al DIF?
Con su iniciativa, el presidente busca racionalizar la estructura orgánica de la administración pública federal con el fin de eficientar los recursos públicos. Sobre trasladar el Sipinna al DIF, la propuesta sostiene que “las adecuaciones presupuestarias necesarias para estos efectos serán realizadas por las instancias que correspondan de forma compensada”.
Pero organizaciones de la sociedad civil ponen en duda que habría un ahorro de recursos públicos. El presupuesto del Sipinna está calculado en 73 millones de pesos al año, mientras que el del DIF es 20 veces mayor, o sea, de mil 466 millones de pesos anuales, de acuerdo con un comunicado de la Redim.
El coordinador de Tejiendo Redes Infancia explica que en momentos de crisis económicas puede haber recortes presupuestales y ajustes institucionales, pero estos nunca pueden ser regresivos ni estar en contra del interés superior de la niñez.
“Creo que hay evidencia documentada de que el Sipinna como mecanismo de coordinación es muy eficaz, muy eficiente y ahorra recursos. Pero agregaría otro componente: genera prevención, a diferencia de estar esperando que lleguen las niñas y niños como víctimas al DIF”, indica en entrevista Pérez García.
Es un desmantelamiento: organizaciones
A la conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, las organizaciones de la sociedad civil llevaron un ataúd de cartón pues aseguran que con la pérdida del enfoque y del presupuesto del Sipinna se trata de un desmantelamiento en lugar de un “traslado” al DIF. Esto implica “matar” los avances en derechos de la niñez y adolescencia.
“Esto quiere decir dejar inoperativo al Sipinna, desmantelarlo. Si lo que nos quieren decir es no, no lo vamos a desaparecer, solamente lo vamos a cambiar del lugar, les decimos que anular su capacidad de operación política quiere decir anular al Sipinna”, expresó Tania Ramírez Hernández, de la Redim.
Exintegrantes del Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), como Jorge Cardona, Norberto Liwski, Marta Santos Pais, Rosa María Ortiz y Sara Oviedo, han reconocido al Sipinna como el diseño institucional más avanzado para la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en el continente americano, según un comunicado tras darse a conocer la iniciativa de simplificación orgánica. También hubo recolección de firmas para no desmantelar a este mecanismo.
Finalmente, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, informó en conferencia de prensa que los legisladores revisarán la iniciativa del presidente con precisión. Se postergará su votación hasta un próximo periodo de sesiones, aunque no está claro si sería en uno extraordinario o hasta el ordinario que arranca el 1 de septiembre.
“Eso requiere un análisis mayor porque involucra 18 instituciones y organismos y se decidió darnos tiempo para que durante todo este receso se pueda analizar”, dijo el legislador de Morena.
En caso de que se intente aprobar durante el próximo periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias, diputadas integrantes de las Comisiones de Niñez y Adolescencia se comprometieron con las organizaciones a evitar el desmantelamiento del Sipinna.
“Vamos a dar la batalla no solamente en comisiones, en el pleno y mucho más allá seguiremos levantando la voz”, aseguró la diputada priista Ana Lilia Herrera.
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Una pequeña fortuna. Eso es lo que pueden costar los alimentos, las bebidas alcohólicas o la ropa en Singapur, la ciudad más cara del mundo para vivir según el semanario británico The Economist, que cada año elabora el ranking en función de lo que puede comprar un dólar en cada una de las ciudades que analiza.
Cuanto más fuerte sea una moneda local, más arriba se colocan las ciudades del país en la lista, y viceversa.
Esto significa que a mayor fortaleza de la moneda, más cara la ciudad. Y a más debilidad de la divisa, más barato aparece el país en la tabla.
Pero en Singapur lo que de verdad tiene una cifra de lujo extremo es el costo de un certificado necesario para comprar un auto: el más barato superó la cifra de los US$106.000 a principios de octubre.
La ciudad-estado introdujo el sistema de certificado de derecho (COE) en 1990 como medida anticongestión.
Los posibles propietarios de automóviles deben tener un COE antes de poder elegir su vehículo y la validez del título expira a los 10 años.
Los derechos se venden en subastas cada dos semanas y el gobierno controla la cantidad de certificados a la venta, que depende del número de autos que se retiran de las carreteras.
A pesar de ser relativamente pequeño, Singapur suele clasificarse como uno de los países con mayor número de millonarios del mundo y por eso rara vez se apea del primer puesto: ha sido clasificado como el lugar más caro para vivir en nueve de los últimos 11 años.
El país asiático empata en el ranking de este año con Zúrich. Ambas son consideradas como capitales financieras.
La ciudad más grande de Suiza es siempre cara, sobre todo en alimentos, artículos para el hogar y entretenimiento. Zúrich llegó primero en 2020 y rara vez sale del top ten de la clasificación.
“Su ascenso a la cima del índice se debe principalmente a que el franco suizo se ha apreciado más del 10% frente al dólar durante el año pasado. La ciudad de referencia de la encuesta es Nueva York, por lo que si la moneda de un país se fortalece, sus ciudades generalmente ascenderán en la clasificación”, explica el semanario.
Esta debilidad del dólar provocó que las ciudades estadounidenses cayeran este año en el ranking. Sin ir muy lejos, Nueva York, la ciudad más cara el año pasado junto con Singapur, cayó al tercer lugar. En ese puesto empata con otra ciudad suiza, Ginebra.
Para The Economist Intelligence Unit, la crisis mundial del costo de vida que comenzó en 2022 sigue presente en este 2023, pese a que los precios de la energía y los problemas de la cadena de suministro se suavizaron.
Pero la inflación sigue siendo alta en todo el mundo: los precios de 200 productos y servicios que rastrea aumentaron una media del 7,4% durante el año pasado. Esto es ligeramente inferior al 8,1% de 2022, pero sigue muy por encima del promedio del 2,9% de los cinco años anteriores.
Las ciudades más baratas
La ciudad más barata de la clasificación sigue siendo Damasco, la capital de Siria, a pesar de que su cesta de precios aumentó un 321% interanual en términos de moneda local.
La retirada de los subsidios gubernamentales y la devaluación de la moneda hizo que los costos de importación se dispararan.
También cerca del final de la clasificación se encuentran Teherán (Irán) y Trípoli (Libia). La tasa de inflación de Teherán es alta, casi el 49%, mientras que los precios en Trípoli aumentaron poco más del 5% el año pasado.
The Economist afirmó que las tres ciudades son particularmente baratas en comestibles, así como en otros artículos para el hogar y cuidado personal.
¿Y qué pasa con Latinoamérica?
En el estudio de este año coincide que las 3 ciudades que más puestos escalaron están en América Latina. Fueron Santiago de Querétaro y Aguascalientes, en México, y la capital de Costa Rica, San José.
Aunque la encuesta de este año cubre 173 de las principales ciudades del mundo, el promedio global se ha calculado excluyendo Kyiv (Ucrania) y Caracas (Venezuela), que continúa enfrentando un ciclo de hiperinflación.
En la región de América Latina, Ciudad de México se sitúa como la más cara.
“En 2023, el peso demostró ser una de las monedas más fuertes de los mercados emergentes, gracias a los aumentos de las tasas de interés y la fuerte inversión interna”, dice el semanario económico.
“Los bancos centrales de gran parte de América Latina estuvieron entre los primeros en seguir los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos para respaldar sus monedas. Como resultado, el peso mexicano y el colón costarricense se fortalecieron”, explica The Economist.
Buenos Aires, la más barata en América Latina
Y pese a que las autoridades estiman que la inflación en Argentina acabará el año en el 180% anual, Buenos Aires es la ciudad más barata de la región de América Latina y el Caribe.
La razón principal es la devaluación sufrida por el peso.
Alguien que tiene dólares hoy en la capital argentina puede conseguir muchos más pesos al cambio que hace un año.
“Argentina ya se encuentra hoy en esa situación: tiene una senda fiscal insostenible, un tipo de cambio sobrevalorado y una balanza de pagos muy vulnerable. La inflación ha aumentado rápidamente, mientras que el peso argentino oficial se ha debilitado más lentamente”, dice Mali Chivakul, economista de mercados emergentes en J. Safra Sarasin Sustainable AM.
“Como resultado, el tipo de cambio real se ha apreciado bruscamente desde 2022. El ARS oficial se gestiona con diversas herramientas de control de capitales. La estimación del FMI de la sobrevaloración del tipo de cambio real se sitúa entre el 15% y el 20%. Y el mercado paralelo ofrece un tipo de cambio no oficial hasta un 150% más débil que el oficial”, añade el experto.
Por eso, pese a que la población de la capital sufre intensamente un ciclo de inflación, su comparación con el dólar la hace tan asequible.
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