El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió en su sexto informe que el sistema de Salud en México ya era incluso “mejor que el de Dinamarca”, y luego incluso bromeó diciendo que solo había usado esa frase para “dar miga” o llamar la atención de la prensa.
Pero más allá de sus dichos, están los datos oficiales que contiene el propio documento del Sexto Informe y las historias y testimonios que evidencian la baja en la atención médica y la entrega de medicamentos a lo largo del sexenio, con los cambios en el sistema de la compra de medicinas y el fracaso del INSABI.
Este sexenio se registró una disminución de 29% en consultas externas, generales y de especialidades en instituciones públicas del sector salud en comparación con los primeros 5 años del gobierno anterior.
En 2018, por ejemplo, se registraron 200 millones 062 mil consultas generales en instituciones públicas de Salud, mientras que en 2022 la cifra cayó a 160 millones 924 mil, una baja de 19%. Para 2024, la estimación es de 157 millones 806 mil consultas.
Respecto a las consultas de especialidad en instituciones públicas, pasaron de 46 millones 948 mil en 2018 a 40 millones 841 mil en 2022, una baja del 13%. Para 2024, la estimación es de 36 millones 826 mil.
De 2012 a 2018, según el informe, la Secretaría de Salud en el sistema INDICAS registró en el primer nivel de atención un promedio de 81% de recetas surtidas de forma completa, mientras que para 2023 bajó a 74%, y en el primer cuatrimestre de 2024 se observa la cifra preliminar de 69.8%.
Enfocados en el IMSS, se observa el indicador de que las consultas de especialidad en unidades de segundo nivel por cada 1,000 derecho-habientes bajó de 321 en 2018 a 292 en 2023.
La tasa de surtimiento completo de recetas del Instituto fue de 99.6 en 2018; con el impacto de la pandemia de COVID-19 bajó a 91.3 en 2021, y en 2023 se ubicó en 98.3.
Con el programa IMSS-Bienestar, antes conocido como IMSS-Prospera, el surtimiento completo de recetas bajó de 85% en 2018 a 81.66% en 2023.
Mientras en 2018 el Sistema Nacional de Salud Pública registró la realización de 2,452,706 mastografías, para 2023 fueron 1,184,755, un 50% menos.
En el caso de citologías cervicales, la Secretaría de Salud pasó de 1,809,793 en 2018 a 1,465,919 en 2023, reducción de 19%.
La cobertura con esquema básico completo de vacunación en niñas y niños de 1 año pasó de 89.8 en 2018 a 75.7 en 2023, también según datos del Sexto Informe.
En cuanto a la comparación con Dinamarca, entre otros puntos está la diferencia importante en el gasto en salud, mientras que ese país registró un gasto per cápita de 6,280 dólares en 2022, México registró apenas 1,181 dólares, según los datos en el reporte de la OCDE Health at a Glance.
“Estados Unidos gastó considerablemente más que cualquier otro país (12,555 dólares por persona, ajustado al poder adquisitivo) en 2021, y también gastó más cuando se mide como proporción del producto interno bruto (PIB). El gasto en salud per cápita también fue relativamente elevado en Suiza, Alemania, Noruega, los Países Bajos y Austria. México, Colombia, Costa Rica y Türkiye son los que gastaron menos, menos de 2,000 dólares per cápita”.
Se pasó de 20.1 millones de mexicanos con carencias en el acceso a servicios en salud en 2018 a 50.4 millones en 2022, según el Coneval.
A nivel nacional, entre 2018 y 2022 hubo un aumento de 30% en el gasto de bolsillo de los hogares en salud, que afectó en particular a los hogares con menos ingresos, refirieron México Cómo Vamos y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), citando datos del Inegi.
Y aunque el gobierno activó el proyecto de la Megafarmacia, supuestamente para resolver el problema del desabasto, desde su inauguración en diciembre y hasta junio solo se atendieron 1,155 solicitudes, esto es, 6 recetas diarias en promedio, según los datos en el Sexto Informe.
Como te contamos en el especial No fuimos Dinamarca, durante este gobierno se dejó a 6 millones de niños sin vacuna entre 2019 y 2020, y las que adquirió el gobierno fueron con sobrecostos.
En 2022, se registraron mil 602 juicios de amparo promovidos por desabasto de medicamentos e insumos para la salud, mientras que en 2018 hubo 220 recursos. Un crecimiento de 628%, de acuerdo con el informe “Radiografía del desabasto de Medicamentos en México 2022”, del colectivo Cero Desabasto.
No fueron sólo números, sino casos de mexicanas y mexicanos, con nombre y apellido, que no encontraron respuesta adecuada en el sector público de salud para atender sus padecimientos y el de sus familiares. Un problema que ya existía en sexenios previos, pero que se agravó en los últimos 6 años.
Según los datos del Sexto Informe, se pasó de 230 mil 977 médicos con plaza en el sector público de salud en 2018 a 276 mil 096 en 2024, un aumento de 20%.
Respecto a la cantidad de enfermeras, se pasó de 316,043 con plaza en 2018 a 355,595 en 2024, un incremento de 12%.
Al respecto López Obrador presumió en su discurso del sexto informe en el Zócalo que durante su mandato habían sido contratados 48 mil 736 médicos generales y especialistas, entre los que se encuentran 5 mil médicos de Cuba.
El Presidente Nayib Bukele dijo que liberaría a los 252 venezolanos que están en el CECOT si Maduro soltaba a 252 “presos políticos” en sus cárceles.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció repatriar a 252 venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos y encarcelados en su país si Venezuela libera la misma cantidad de “presos políticos”.
Nayib Bukele se dirigió a las redes sociales para responderle directamente al presidente de Venezuela (cuya legitimidad aún está en disputa) Nicolás Maduro, después de que en marzo el líder venezolano hubiera presentado una demanda de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador, buscando la liberación de los ciudadanos venezolanos que fueron deportados de EE.UU. a El Salvador.
En un mensaje que publicó en la red social X, Bukele negó que los ciudadanos venezolanos que actualmente están recluídos en el temido Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de su país sean prisioneros políticos, y aseguró que “muchos (…) han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados”.
El presidente de El Salvador luego acusó a Maduro de ser él quien tiene prisioneros políticos en su país: “la única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”.
“Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene.”
A la declaración de Bukele respondió inicialmente la Fiscalía General de Venezuela, diciendo que con sus palabras, el presidente de El Salvador estaba “confesando” “mantener secuestrados” a 252 venezolanos en su país.
El comunicado del Ministerio Público de Venezuela tildó a Bukele de ser “el más fiel exponente del neofascismo del presente siglo XXI”, y de estar cometiendo, junto a EE.UU. “una grave violación del derecho internacional, de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de la mitad del siglo XX”.
Además, el Ministerio Público venezolano le pidió al gobierno de El Salvador que le enviara “de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los secuestrados y su estatus judicial, así también como la fé de vida y el informe médico de cada uno”.
“Al mundo entero debe causarle repugnancia el hecho de que el CECOT ya no es un centro de tortura (…) para sancionar a delincuentes de su país, sino un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana”.
Bukele por su lado, mencionó algunos de los nombres de miembros de la oposición en Venezuela que actualmente están pagando alguna sentencia o recibiendo presión estatal: ” Entre ellos, Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel”.
“La señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua; así como los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos.”
Los 252 ciudadanos venezolanos actualmente en el CECOT fueron deportados de EE.UU. y enviados a El Salvador por el gobierno del presidente Donald Trump, quien los acusa de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua sin ofrecer evidencia que lo soporte.
Washington le paga a El Salvador para mantener a los deportados en su notorio Centro de Confinamiento de Terroristas de alta seguridad.
Desde que asumió el cargo en enero, las políticas migratorias de línea dura de Trump se han topado con varios obstáculos legales.
En el último acontecimiento, la Corte Suprema de EE.UU. ordenó el sábado a Washington que suspendiera la deportación de otro grupo de presuntos pandilleros venezolanos.
La Casa Blanca ha calificado las impugnaciones al uso de la ley para deportaciones masivas como “litigios sin fundamento”.
Trump ha enviado a presuntos pandilleros venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga al presidente la facultad de detener y deportar a nativos o ciudadanos de naciones “enemigas” sin los procesos habituales.
Esta ley solo se había utilizado anteriormente en tres ocasiones, todas en época de guerra.
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