Inai, Cofece e IFT: la utilidad ciudadana de los organismos que AMLO quiere desaparecer con el “Plan C”
Una reforma del “Plan C” que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador cerraría organismos autónomos que dan servicio directo a miles de personas en trámites que van desde obtener su historial clínico hasta evitar que almacenes impongan el precio de la tortilla.
En el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por ejemplo, no sólo se dañaría el acceso a la información a periodistas, sobre todo se podría afectar a miles personas que no necesitaron meter un amparo y contratar una abogada o un abogado para obtener información básica, la cual fue negada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Tan sólo en 2023, el Inai recibió más de 5 mil 600 solicitudes de ciudadanía que requirió expedientes médicos personales o de algún familiar. En 2022, la cifra fue de 6 mil 246 y en 2020 de 6 mil 140. Si bien, no se cuentan con datos de 2021, entre 2020 y 2023 el instituto ha sido usado por la ciudadanía en más de 18 mil ocasiones para solicitar un expediente médico, según consta en los informes anuales.
La reforma es una de las 20 que propuso el presidente y busca eliminar también a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pese a su utilidad para la ciudadanía que consume bienes y servicios de las empresas o que es usuaria de internet, radio y televisión.
El 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó el paquete de reformas ante la Cámara de Diputados. Y, ahora, tras los resultados de la elección en los cuales Claudia Sheinbaum será su sucesora y tendrá mayoría en el Congreso, el presidente tiene posibilidades de que sus cambios sean aprobados antes de que termine su mandato.
Fotografía: Paquete de reformas constitucionales
Por eso, en El Sabueso te explicamos las funciones de estos organismos autónomos que pretenden ser sustituidos por la Auditoría Superior de la Federación en el caso del Inai; la Secretaría de Economía en el caso de la Cofece; y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el caso del IFT.
El Inai te ayuda a obtener tu expediente clínico
¿Sabías que el Inai ha ayudado a quienes necesitan un documento llamado expediente clínico para realizar diversos trámites? Incluso si lo solicitas a nombre de un familiar que falleció.
La Ley General de Salud establece en el artículo 77 bis 37 que es un derecho contar con un expediente clínico, es decir, el documento en el que se recaba la información de salud de una persona física. Se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica.
“Se considera que el expediente clínico físico es propiedad de las instituciones que brindan atención médica, sin embargo, la información contenida en este es propiedad de sus titulares, es decir, de los pacientes o beneficiarios que reciben esa atención”, menciona el Inai en Recomendaciones sobre el tratamiento de los datos personales en los expedientes clínicos de las instituciones de salud pública.
Incluso, en noviembre de 2023, el Inai resolvió que cualquier persona tiene derecho de obtener los expedientes clínicos de sus familiares fallecidos, para conocer los tratamientos que recibió y corroborar si fueron adecuados o no.
Esto ocurrió cuando una persona solicitó el expediente clínico de su hermana fallecida al IMSS pero presentó un recurso de revisión ante el Inai porque sólo le dieron un resumen clínico con datos que no corresponden con lo solicitado, como nombre, edad, periodo de los padecimientos, fechas de ingreso y defunción. Tras la resolución del Inai, el IMSS reconoció que existieron inconsistencias y modificó su respuesta.
Al contener datos personales y sensibles el Inai está obligado a protegerlos, pero al pertenecerte a ti, puedes solicitar tu expediente clínico electrónico vía transparencia a sujetos obligados de los que eres derechohabiente, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Seguro Popular.
¿Y para qué sirve el expediente clínico electrónico más allá de ser un mero trámite? Al recopilar cronológicamente todos los aspectos relativos a la salud de un paciente (escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos) es un instrumento para que la asistencia sea apropiada.
El expediente clínico se puede registrar desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, ayuda a que personal médico pueda realizar diagnósticos clínicos más precisos y oportunos gracias al acceso inmediato a resultados de estudios que la o el paciente se haya realizado.
Cualquier persona puede denunciar en la Cofece
La Cofece tiene la responsabilidad de vigilar, promover y garantizar que los mercados funcionen en favor de los consumidores. La competencia hace que las empresas, comercios, negocios y profesionistas que venden bienes y servicios mejoren la calidad de sus productos y servicios, reduce costos para poder otorgar un precio más bajo y brinda un servicio de mayor calidad.
La Cofece sanciona a las empresas que abusan de su poder de mercado para desplazar o impedir la entrada de competidores, o manipular precios, restringir la oferta o ponerse de acuerdo en las licitaciones públicas.
Cualquier persona puede denunciar prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, ante la Cofece. También reportar una práctica anticompetitiva o un obstáculo regulatorio.
Los recursos recaudados provenientes de las multas que impone la Cofece son cobrados y administrados por la Tesorería de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por ejemplo, en 2021, la Cofece multó a 17 clubes de la Liga MX con 117.6 millones de pesos por imponer topes salariales de 2 mil pesos a mujeres futbolistas.
Durante 2022, la Cofece concluyó investigaciones sobre acuerdos de cárteles en los mercados de gases industriales, venta de gasolina y diésel, diésel marino y gas LP. Las multas fueron por 5 mil millones de pesos mexicanos, de los cuales 74.7% correspondió a casos de cárteles.
En 2023, la Cofece determinó sancionar a Chedraui y Soriana, así como a dos personas físicas y cinco industriales de la masa y la tortilla y a un Delegado del Gobierno de Huixtla en el estado de Chiapas por manipular el precio de la tortilla y limitar su venta en Huixtla, Chiapas.
En 2024, la Cofece sancionó con más de 58 millones de pesos a seis empresas que venden gasolina y diésel a consumidores finales (gasolineras) por no notificar dos concentraciones. Ambos casos debieron haberse notificado tanto por el monto de las transacciones, como por los ingresos de las empresas involucradas.
Usuarios sin LADA y con televisión digital gracias a IFT
El Instituto Federal de Telecomunicaciones se encarga de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, la infraestructura, las redes y la prestación de los servicios.
“Con el trabajo regulatorio del Instituto, se han generado ahorros por 540 mil millones de pesos desde 2013 para las personas usuarias, lo que significa que por cada peso que invierte el IFT para cumplir con su función, genera beneficios por 47 pesos para la población”, menciona el IFT en un comunicado.
Uno de los beneficios a la ciudadanía que ha traído el IFT es la eliminación al cobro de Larga Distancia Nacional (LADA) a partir del 1 de enero de 2015. Desde entonces, usuarios de telefonía pueden llamar desde cualquier punto del país sin pagar extra, es decir todo México se convirtió en una única área de servicio local.
En cuanto a radios de uso no comercial, el IFT ha otorgado 646 concesiones: 25 de uso indígena, 289 de uso social, 125 de uso comunitario y 207 de uso público.
México fue el primer país latino en migrar a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Gracias al apagón analógico, ya se transmiten mil 269 canales digitales de TV abierta.
“El IFT realizó 2 licitaciones para ofrecer servicios de televisión abierta, lo cual dio lugar a una nueva cadena de TV abierta nacional con 123 canales y a 32 nuevos canales de TV abierta regionales”, sostiene el instituto en un comunicado.
Con información de Óscar Nogueda
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Tras una larga jornada, el Senado aprobó por un voto la llamada Ley Bases, el paquete de reformas que finalmente consiguió sacar adelante el presidente Milei.
A poco de haber cumplido sus primeros seis meses en el poder, el presidente de Argentina, Javier Milei, se anotó este jueves su primer triunfo legislativo, con la aprobación por parte del Senado de la llamada Ley Bases.
El paquete legislativo ahora deberá volver a la Cámara de Diputados -que lo aprobó en abril- para su sanción, ya que los senadores introdujeron algunos cambios, y allí se discutirá si se aprueba con los cambios hechos en el Senado o se quedan con la versión original aprobada hace unos meses.
La votación, que se prolongó hasta la madrugada de este jueves, había quedado empatada en 36 votos, pero el voto a favor de la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo que se aprobara el paquete legislativo.
Pero mientras adentro del Parlamento se discutían los puntos de la ley, afuera centenares de personas protestaban. Algunos manifestantes arrojaron piedras, botellas y bombas molotov, y decenas de personas sufrieron heridas en enfrentamientos con la policía.
La Ley Bases, junto con una reforma fiscal que el Senado votará a continuación, representa los cimientos sobre los que el mandatario libertario pretende realizar una reforma liberal del país sudamericano.
“Partiendo de 38 diputados y 7 senadores, con grupos terroristas atacando el Congreso, debiendo desplegar las Fuerzas de Seguridad en defensa de la democracia, con la casta política resistiendo y operando hasta último momento, y debiendo recurrir al desempate de la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, el de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza”, se leyó en un comunicado emitido por la Casa Rosada.
La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -su nombre completo- es una versión reducida de la llamada “Ley ómnibus” que el gobierno de Milei presentó al Congreso a comienzos de año, a poco de asumir.
A pesar de que el gobierno redujo su tamaño de más de 660 artículos a cerca de la mitad, en febrero una mayoría en la Cámara de Diputados rechazó los principales artículos, llevando a que Milei ordenara el retiro del proyecto parlamentario, que volvió al punto cero.
Tras varios meses de negociaciones, el nuevo paquete, que contiene 232 artículos, fue aprobado por Diputados a finales de abril, y ahora recibió el visto bueno de la Cámara Alta, dando pie a que se convierta en la primera legislación que logra aprobar el gobierno libertario.
Aquí te contamos los cuatro cambios más grandes que traerán las nuevas normas.
1. Facultades delegadas
Una de claves más importantes de la Ley Bases para el gobierno es que le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año, al declarar “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética”.
Esto le permitirá a Milei contar, hasta mediados de 2025, con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo.
Así, podrá decidir sobre estos temas sin pasar por el Congreso.
No obstante, no será un poder absoluto.
Para lograr la aprobación de la ley, el Ejecutivo aceptó algunas limitaciones, como comprometerse a no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos.
Entre ellos, se encuentra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que guarda información de personas desaparecidas, para poder determinar la posible filiación de hijos secuestrados y apropiados durante la dictadura.
También dos organismos vinculados al campo: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Además, el gobierno se comprometió a garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Durante el período de facultades delegadas el presidente podrá legislar a través de decretos, que luego deben ser controlados por la misma Comisión Bicameral legislativa que controla los decretos de necesidad y urgencia.
2. El RIGI
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es una de las propuestas más polémicas de la Ley Bases.
El RIGI prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, además de estabilidad normativa y protección contra los abusos del Estado, para proyectos que superen los US$200 millones, con el fin de fomentar grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a largo plazo.
Está orientado a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el de la energía, el agro, la minería (incluyendo la extracción de litio) y la infraestructura.
Los proyectos acogidos al RIGI pueden recibir exenciones o reducciones impositivas y facilidades administrativas para la aprobación y puesta en marcha de proyectos.
El gobierno considera al RIGI una herramienta clave para atraer capitales que puedan dinamizar la economía argentina.
Según sostiene, las constantes crisis económicas y defaults -o cesación de pago de deuda- han hecho que los inversores desconfíen de Argentina, por lo que, para atraerlos, se requieren incentivos especiales.
Pero los críticos afirman que les dará una ventaja importante a las grandes empresas, en particular a las multinacionales, y que perjudicará a las pequeñas y medianas empresas argentinas (Pymes), que hoy generan el 70% del empleo.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que el RIGI llevará a la explotación de los recursos naturales argentinos a manos de empresas extranjeras, generando “una economía extractivista sin valor agregado” e instaurando un “colonialismo, versión del siglo XXI”.
“Condenará una vez más a los argentinos al desempleo, que ya se empieza a ver y se profundizará”, señaló en un discurso en mayo.
3. Privatizaciones
La Ley Bases permitirá al gobierno poner en venta algunas empresas del Estado.
Sin embargo, no serán todas las compañías del sector público, como proponía el proyecto original que presentó Milei.
Muy lejos de eso, de las cerca de 40 empresas que quedaban “sujetas a privatización” en la propuesta inicial, solo dos, Intercargo, que presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), encargada de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos y el transporte y almacenaje de combustible, podrán ser privatizadas.
En tanto, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), los trenes Belgrano Cargas y Logístico S.A, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales quedan sujetas a concesión privada, es decir que estén abiertas a incorporar capital privado, según indica el proyecto.
Tanto la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, seguirán siendo del Estado, al igual que los medios públicos (Radio y Televisión Argentina).
4. Reforma laboral
La Ley Bases contiene varios artículos que buscan modernizar el régimen laboral e incentivar el crecimiento del empleo formal privado, que está estancado hace más de una década.
La norma ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores.
Pero, al mismo tiempo, elimina sanciones contra el trabajo “informal”, quitando las indemnizaciones especiales que hoy reciben los empleados que no están correctamente registrados.
Según el gobierno, esta flexibilización llevará a más empresas a contratar personal, ya que, en la actualidad, muchos empresarios temen tomar empleados nuevos ante la posibilidad de enfrentar un juicio laboral que puede llevar a una Pyme a la quiebra.
Sin embargo, el Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina (CIFRA-CTA) advirtió que “al reducirse el costo de incumplir la ley, se desincentiva su cumplimiento efectivo, por lo que esta modificación tenderá a incrementar el empleo no registrado”.
Por otra parte, se crea una nueva figura laboral: el trabajador independiente con colaboradores, que permite a un empleador contratar a hasta cinco personas bajo la categoría de “monotributistas”, que no tienen relación de dependencia, lo que, según los críticos, hará que aumente la precarización laboral.
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