Legisladores de Morena propusieron ante el Senado de la República una iniciativa para impedir que se impugnen las adiciones o cambios a la Constitución, como la reforma judicial del llamado “Plan C” para elegir personas juzgadoras con voto popular.
Sin embargo, la modificación a los artículos 1, 103, 105 y 107 no sólo busca dejar sin efecto cualquier recurso legal contra la reforma judicial, o impedir que la Corte revise su constitucionalidad, sino que también atenta contra los derechos humanos y la participación de México en acuerdos internacionales para protegerlos, advirtieron especialistas.
La propuesta fue presentada por los senadores Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal Ávila, y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, todos morenistas. Se espera que sea analizada por las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en la sesión del 23 de octubre.
“Esta reforma busca limitar el poder del Poder Judicial y los instrumentos para defender los derechos de todas y todos”, opinó en entrevista Javier Martín Reyes, doctor en Derecho.
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La iniciativa —presentada luego de que una jueza ordenara eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma de justicia, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se negó, acusando que la orden era ilegal—, propone que sean improcedentes los “medios de control” en el caso de reformas a la Constitución.
Estos son instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución, según la SCJN, y entre ellos se encuentran el juicio de amparo, las controversias constitucionales, y las acciones de inconstitucionalidad.
Los artículos transitorios mencionan que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, se derogarían todas las disposiciones que se opongan a su contenido, ya sea leyes secundarias, reglamentos, acuerdos o cualquier otro ordenamiento.
Pero además establecen que quedarían sin efecto todas las solicitudes de amparo, suspensiones o controversias en trámite que se hayan establecido contra reformas constitucionales, blindando así la reforma judicial del “plan C”.
“Los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución, por su forma, procedimiento o fondo, y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que este dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos. Los juicios y recursos en los que se haya cuestionado la validez de un acto en ejecución de las reformas y adiciones a que se refiere el párrafo anterior, también quedarán sin materia y serán sobreseídos”, se lee en los transitorios.
Martín Reyes criticó que esta reforma afecta el principio de no retroactividad, es decir, que una norma no tenga efectos sobre hechos registrados antes de su promulgación.
Además otros especialistas mencionaron que el hecho de que la presente Morena implica el reconocimiento de que sí pueden plantearse recursos contra la reforma constitucional de justicia, impulsada por Morena, aunque Sheinbaum y su partido habían insistido en argumentar que el artículo 61 de la Ley de Amparo impedía el interponer recursos contra reformas constitucionales, ya aprobadas por el Congreso.
La organización Amnistía Internacional llamó a votar contra la reforma y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincidió en alertar que la iniciativa en materia de “inimpugnabilidad de las reformas constitucionales” modifica el artículo 1 constitucional, “que tanto costó alcanzar” y que es clave para incorporar los tratados internacionales que más protegen a las personas.
La reforma establece que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas en su protección más amplia, pero “en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”.
El control de convencionalidad es una herramienta que permite garantizar que las normas y prácticas nacionales sean compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia, con el fin de proteger los derechos humanos.
De acuerdo con la Corte, en México todas las autoridades judiciales están obligadas a realizar control de convencionalidad. La difusión de estos criterios es indispensable para que juezas y jueces estén en posibilidades de utilizar esta herramienta para la protección de los derechos humanos de todas las personas.
“Pretenden que nunca un tribunal pueda dejar de inaplicar normas que estén en la Constitución, pero que sean abiertamente violatorias de derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. Figuras violatorias como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, los jueces sin rostro o cualquier otra figura nunca pudieran ser inaplicadas. Es una regresión brutal”, señaló Javier Martín Reyes.
La abogada Melissa Ayala aseguró en X que la propuesta no sólo impacta en la reforma judicial, también en los derechos humanos porque revierte los avances de 2011, cuando se sentó la obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, adecuándose también a las disposiciones de convenios internacionales.
“En los hechos están avalando, bajo la falsa idea de la supremacía constitucional, que en la Constitución se pueda colocar cualquier atrocidad y que ésta no pueda ser controvertida por ningún medio”, publicó en X el abogado Pedro Morales.
En esto coincidió la exlegisladora Martha Tagle.
“Con esa modificación al artículo 1 constitucional no se podrá recurrir a una interpretación conforme a los tratados y convenciones en materia de derechos humanos y afecta también el principio pro persona”, publicó en X.
La exlegisladora Patricia Mercado recordó que en el pasado “han sido las declaratorias de inconstitucionalidad de la Corte las que nos han permitido avanzar —poco o mucho— hacia la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la regulación del uso adulto de la cannabis, entre muchos otros derechos por reconocer en las leyes”.
Y puso el ejemplo de que en el futuro podría haber una mayoría parlamentaria que aumente la jornada laboral a 60 horas o que prohíba a personas de pueblos originarios hablar lenguas indígenas, o que limite el derecho al voto a quien no tenga un nivel de escolaridad. Y entonces, con la reforma que se propone, “no habría manera de detener ninguna reforma por retrógrada que sea”.
“Con esta reforma habría una restricción clara para que no se pueda dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa… o una persona que sea juzgada por un juez sin rostro no podría plantear un argumento”, señaló Martín Reyes.
Aunque ahora buscan impedir las impugnaciones, en el pasado políticos ahora morenistas defendieron ese recurso.
Ante la aprobación de la reforma energética en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, las y los entonces legisladores Manuel Bartlett, Adán Augusto López, David Monreal, Ernestina Godoy y Layda Sansores pidieron a un juez y a la SCJN declarar la la inconstitucionalidad del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo.
De acuerdo con Proceso, las y los legisladores argumentaron que dicho artículo impide a la ciudadanía tener un recurso para oponerse a las reformas a la Constitución, y precisaron que el Congreso de ese entonces había incurrido en violaciones de procedimiento y fondo.
Por otra parte Arturo Zaldívar, designado por Claudia Sheinbaum como coordinador general de Política y Gobierno de la presidencia, defendió cuando fue ministro de la SCJN el control de convencionalidad, establecido con la reforma de 2011 que, a su parecer, amplió los derechos humanos y “cambió para siempre la historia del derecho constitucional y la vida de las personas en México”.
“La convencionalidad forma parte del mismo parámetro tratándose de derechos humanos y, a partir de entonces, cualquier ley contraria a esto, cualquier constitución local es inconstitucional, los derechos humanos y la Constitución a partir de aquí no se relacionan en términos de jerarquía sino de manera armónica buscando en todo aquello que beneficia de mejor manera a la persona de acuerdo con la interpretación conforme”, refirió en octubre de 2021.
“Todas las autoridades judiciales del país, y no sólo eso, todas las autoridades administrativas que están realizando funciones jurisdiccionales, incluyendo a los jueces y juezas federales, no sólo pueden sino debe inaplicar aquellas normas de carácter general que son inconvencionales y consecuentemente inconstitucionales con independencia de qué proceso estemos hablando”, continuó.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, sostuvo que la iniciativa “deja a las personas sin mecanismos para defenderse de cualquier reforma constitucional que dañe sus derechos”.
Guadalupe Munguia, coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, coincidió en que la reforma afecta los derechos humanos y subrayó que las reformas no deben vulnerar la división de poderes.
Por su parte, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, agregó que la iniciativa silencia voces críticas y elimina el control sobre el poder político.
“La iniciativa no solo cierra procesos de amparo, sino que debilita la independencia del Poder Judicial y contradice compromisos internacionales de México en materia de justicia y derechos humanos”, escribió el dirigente en su cuenta de X.
Barack Obama y Kamala Harris han estado en órbitas políticas superpuestas desde que se conocieron en California hace dos décadas. Ella colaboró en sus campañas y él le está devolviendo la mano en la actual carrera por la Casa Blanca. Pero su relación va más allá de la política.
Se conocieron hace 20 años en California y, desde entonces, han colaborado para potenciar sus respectivas carreras políticas.
Barack Obama, de 63 años, y Kamala Harris, de 59, han estado en órbitas políticas superpuestas desde que él estaba en campaña en 2004 para llegar al Senado de Estados Unidos.
Harris fue una de las primeras en apoyar su candidatura y, unos años más tarde, en 2008, trabajó como voluntaria en la campaña que convirtió a Obama en el primer presidente negro de Estados Unidos.
Ahora su aliado demócrata le está devolviendo la mano con su apoyo para que se convierta en la primera presidenta de ese país.
“Querida, querida amiga mía”, es una de las frases con las que Obama se ha referido públicamente a ella, dejando en claro que su relación va incluso más allá de la arena política.
Recientemente, en su discurso en la Convención Demócrata de agosto, el expresidente dijo que Harris “no nació con privilegios”, estableciendo un vínculo entre su propia vida y la de la candidata.
Y en la recta final de la actual campaña, Obama se ha comprometido a hacer “todo lo posible” para ayudarla a llegar a la presidencia, incluyendo asesoría estratégica, recaudación de fondos y esfuerzos para que la gente vaya a las urnas el próximo 5 de noviembre.
Te presentamos seis momentos clave en la relación política de Harris y Obama.
Harris, entonces fiscal de distrito de San Francisco, se encontraba entre la multitud de más de 15.000 personas cuando el entonces senador anunció su sorpresiva candidatura a la Casa Blanca en las escaleras del antiguo Capitolio Estatal en la ciudad capital de Illinois, Springfield, en febrero de 2007.
Luego, ella iría a tocar puertas y recaudaría dinero para Obama antes de las elecciones primarias de Iowa en 2008, y más tarde se desempeñaría como copresidenta de su campaña en California.
Obama compartió con ella parte de su estrellato nacional dos años más tarde, cuando Harris presentó una candidatura para fiscal general de California contra el republicano Steve Cooley, un popular fiscal de distrito de Los Ángeles.
En esa época, la presentadora de noticias de PBS Gwen Ifill se había referido a ella cariñosamente como “la Barack Obama femenina”, pero Harris seguía enfrascada en una reñida contienda.
Para darle otro empujón a su campaña, Obama, que sufriría derrotas generalizadas en el Congreso en ese año electoral, hizo tiempo para aparecer en un mitin en Los Ángeles en octubre de 2010, en el que se refirió a Harris como “querida, querida amiga mía”.
“Quiero que todos hagan lo correcto por ella”, dijo a la multitud. Harris logró una victoria por menos de un punto porcentual, posicionándose en el camino hacia un cargo más alto.
Obama le dio a Harris un codiciado papel como oradora en la Convención Nacional Demócrata de 2012, cuando el presidente aspiraba a la reelección.
Ella ya se había hecho famosa en California al ser la primera persona de color o mujer en ocupar el cargo de fiscal de distrito de San Francisco. También fue la primera mujer negra y de origen surasiático elegida como la principal abogada del estado.
Como fiscal general, generó titulares por mantenerse firme en las negociaciones para lograr un acuerdo financiero entre los fiscales generales estatales y los bancos responsables de la crisis de hipotecas que había en el país, asegurando más de US$25.000 millones en nombre de los propietarios de viviendas.
En la convención, Harris se refirió a su logro, entretejiendo su historia personal, elogiando a Obama por defender a los estadounidenses durante la crisis de la vivienda y atacando a su rival republicano, Mitt Romney, como aliado de Wall Street.
“Necesitamos avanzar”, dijo en su discurso, una frase que ha repetido en su campaña de 2024.
“El presidente Obama luchará por las familias trabajadoras. Luchará por nivelar el campo de juego económico y por dar a cada estadounidense las mismas oportunidades que tuvo mi familia”.
Su discurso fue justo antes de las palabras del expresidente Bill Clinton y se ganó un lugar que seguramente llamaría la atención de los demócratas a nivel nacional, los poderosos y los donantes clave.
Aunque Obama apoyó discretamente a Harris mientras ascendía en la política de California, en 2013 sorprendió a todos cuando se refirió a ella como “la fiscal general más guapa del país”.
“Hay que tener cuidado, en primer lugar, de decir que es brillante, dedicada y dura, y que es exactamente lo que uno espera de alguien que administra la ley y se asegura de que todo el mundo reciba un trato justo”, dijo el entonces presidente en un acto de recaudación de fondos en San Francisco.
“Resulta que también es, con diferencia, la fiscal general más guapa del país”.
Horas más tarde llamó por teléfono a Harris para disculparse por el comentario.
“Son viejos amigos y buenos amigos y él no quería de ninguna manera restar importancia” a sus logros, dijo más tarde a los periodistas el entonces portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
En 2016, cuando estaba en su apogeo como demócrata y llegando al fin de su segundo mandato como presidente, Obama intervino en la reñida carrera por el Senado de California para apoyar a Harris, quien lanzó una candidatura para reemplazar a la senadora saliente Barbara Boxer.
En julio de ese año, él y su vicepresidente, Joe Biden, anunciaron formalmente su apoyo a Harris, quien se postulaba contra su compañera demócrata y congresista estadounidense Loretta Sanchez.
En el sistema de primarias de California, los dos candidatos con más votos pasan a las elecciones generales, independientemente del partido al que representen.
“Kamala es una fiscal de toda la vida con un solo cliente: el pueblo del estado de California. Ese es el enfoque que adoptará en el Senado de Estados Unidos”, señaló Obama en una declaración publicada por la campaña de Harris.
Biden dijo que la conocía a través de su hijo Beau Biden, quien, cuando ocupó el cargo de fiscal general de Delaware, forjó una amistad con ella.
Harris ganó cómodamente las elecciones y se convirtió en la segunda mujer negra en ocupar un cargo en el Senado de Estados Unidos.
La campaña de Harris para las primarias presidenciales de 2020 comenzó con un evento en su ciudad natal de Oakland, California, ante una multitud de 20.000 personas en 2019.
Al igual que otros competidores por la nominación demócrata, se reunió con Obama para exponer sus argumentos a favor de su candidatura.
Pero Obama, cuyo propio vicepresidente estaba preparando una candidatura electoral, quería mantenerse al margen de la contienda política y esperar hasta que el partido seleccionara a su candidato antes de ofrecer su codiciado respaldo.
La campaña de Harris se derrumbó en menos de un año, y Joe Biden le ofrecería una especie de recompensa política como su compañera de fórmula.
Obama apoyó la selección de Harris por parte de Biden.
“Elegir un vicepresidente es la primera decisión importante que toma un presidente. Cuando estás en la Oficina Oval, sopesando los temas más difíciles y sabiendo que la decisión que tomes afectará las vidas y los medios de vida de todo el país, necesitas a alguien contigo que tenga el criterio y el carácter para tomar la decisión correcta”, dijo Obama en un comunicado.
Desde 2020, Obama ha estado en contacto regular con Harris, brindándole asesoramiento y actuando como caja de resonancia siempre que ella lo solicita.
Barack Obama y su esposa, Michelle, esperaron varios días para respaldar a Harris tras la dimisión de Joe Biden como candidato a la reelección, hasta que quedó claro que no había rivales y que ella era la elegida por el partido.
La pareja publicó un video en el que la llamaban para anunciar formalmente su apoyo a su campaña.
“Nos conocemos desde hace 20 años. He visto cómo te has destacado en cada puesto que has ocupado”, le dijo Obama en una llamada telefónica.
“El simple hecho de ver que se reconoce todo ese trabajo duro es algo que nos emociona muchísimo. Por eso, lo principal que queríamos hacer era informarle a usted y a Doug [Emhoff], nuestro futuro primer caballero, que vamos a hacer todo lo posible para ayudarla a llegar a la presidencia”.
En los últimos meses, los dos han estado en estrecho contacto. Obama ha apoyado su campaña, incluyendo asesoramiento político o estratégico, recaudación de fondos y esfuerzos para conseguir votos.
Harris también ha contado con la ayuda de muchos de los veteranos aliados de Obama para dirigir su campaña.
Eric Holder, quien fue fiscal general de EE.UU. bajo el mandato de Obama, encabezó los esfuerzos para examinar la lista de candidatos a vicepresidente de Harris, mientras que David Plouffe, director de campaña de Obama en 2008, es ahora uno de sus asesores más importantes.
La campaña de Harris también ha reclutado a otros aliados de Obama, entre ellos, Jennifer O’Malley Dillion, su directora de campaña, y la asesora principal Stephanie Cutter. La exdirectora de comunicaciones de Obama, Jennifer Palmieri, también está ayudando al marido de Harris, Doug Emhoff.
(*Esta nota es una adaptación hecha a partir de un artículo de Courtney Subramanian, periodista de BBC News).
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