Legisladores de Morena propusieron ante el Senado de la República una iniciativa para impedir que se impugnen las adiciones o cambios a la Constitución, como la reforma judicial del llamado “plan C” para elegir personas juzgadoras con voto popular.

Sin embargo, la modificación a los artículos 1, 103, 105 y 107 no sólo busca dejar sin efecto cualquier recurso legal contra la reforma judicial, o impedir que la Corte revise su constitucionalidad, sino que también atenta contra los derechos humanos y la participación de México en acuerdos internacionales para protegerlos, advirtieron especialistas.

“Esta reforma busca limitar el poder del Poder Judicial y los instrumentos para defender los derechos de todas y todos”, opinó en entrevista Javier Martín Reyes, doctor en Derecho.

El senador Adán Augusto López adelantó en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en el programa Por la mañana, de Radio Fórmula, que Morena retiraría en el transcurso de hoy, 23 de octubre, la parte que corresponde a la convencionalidad de la ley.

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¿En qué consiste la reforma constitucional?

Estos son instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución, según la SCJN, y entre ellos se encuentran el juicio de amparo, las controversias constitucionales, y las acciones de inconstitucionalidad.

Los artículos transitorios mencionan que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, se derogarían todas las disposiciones que se opongan a su contenido, ya sea leyes secundarias, reglamentos, acuerdos o cualquier otro ordenamiento. 

“Los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución, por su forma, procedimiento o fondo, y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que este dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos. Los juicios y recursos en los que se haya cuestionado la validez de un acto en ejecución de las reformas y adiciones a que se refiere el párrafo anterior, también quedarán sin materia y serán sobreseídos”, se lee en los transitorios.

Martín Reyes criticó que esta reforma afecta el principio de no retroactividad, es decir, que una norma no tenga efectos sobre hechos registrados antes de su promulgación.

¿Por qué sería un retroceso para los derechos humanos? 

La organización Amnistía Internacional llamó a votar contra la reforma y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincidió en alertar que la iniciativa en materia de “inimpugnabilidad de las reformas constitucionales” modifica el artículo 1 constitucional, “que tanto costó alcanzar” y que es clave para incorporar los tratados internacionales que más protegen a las personas.

La reforma establece que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas en su protección más amplia, pero “en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”. 

El control de convencionalidad es una herramienta que permite garantizar que las normas y prácticas nacionales sean compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia, con el fin de proteger los derechos humanos. 

De acuerdo con la Corte, en México todas las autoridades judiciales están obligadas a realizar control de convencionalidad. La difusión de estos criterios es indispensable para que juezas y jueces estén en posibilidades de utilizar esta herramienta para la protección de los derechos humanos de todas las personas. 

“Pretenden que nunca un tribunal pueda dejar de inaplicar normas que estén en la Constitución, pero que sean abiertamente violatorias de derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. Figuras violatorias como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, los jueces sin rostro o cualquier otra figura nunca pudieran ser inaplicadas. Es una regresión brutal”, señaló Javier Martín Reyes. 

La abogada Melissa Ayala aseguró en X que la propuesta no sólo impacta en la reforma judicial, también en los derechos humanos porque revierte los avances de 2011, cuando se sentó la obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, adecuándose también a las disposiciones de convenios internacionales. 

“En los hechos están avalando, bajo la falsa idea de la supremacía constitucional, que en la Constitución se pueda colocar cualquier atrocidad y que ésta no pueda ser controvertida por ningún medio”, publicó  en X el abogado Pedro Morales.  

En esto coincidió la exlegisladora Martha Tagle.

“Con esa modificación al artículo 1 constitucional no se podrá recurrir a una interpretación conforme a los tratados y convenciones en materia de derechos humanos y afecta también el principio pro persona”, publicó en X.

La exlegisladora Patricia Mercado recordó que en el pasado “han sido las declaratorias de inconstitucionalidad de la Corte las que nos han permitido avanzar —poco o mucho— hacia la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la regulación del uso adulto de la cannabis, entre muchos otros derechos por reconocer en las leyes”.

Y puso el ejemplo de que en el futuro podría haber una mayoría parlamentaria que aumente la jornada laboral a 60 horas o que prohíba a personas de pueblos originarios hablar lenguas indígenas, o que limite el derecho al voto a quien no tenga un nivel de escolaridad. Y entonces, con la reforma que se propone, “no habría manera de detener ninguna reforma por retrógrada que sea”. 

“Con esta reforma habría una restricción clara para que no se pueda dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa… o una persona que sea juzgada por un juez sin rostro no podría plantear un argumento”, señaló Martín Reyes. 

Morena buscó impugnar una reforma constitucional en 2014

Aunque ahora buscan impedir las impugnaciones, en el pasado políticos ahora morenistas defendieron ese recurso. 

Ante la aprobación de la reforma energética en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, las y los entonces legisladores Manuel Bartlett, Adán Augusto López, David Monreal, Ernestina Godoy y Layda Sansores pidieron a un juez y a la SCJN declarar la la inconstitucionalidad del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo.

De acuerdo con Proceso, las y los legisladores argumentaron que dicho artículo impide a la ciudadanía tener un recurso para oponerse a las reformas a la Constitución, y precisaron que el Congreso de ese entonces  había incurrido en violaciones de procedimiento y fondo. 

Por otra parte Arturo Zaldívar, designado por Claudia Sheinbaum como coordinador general de Política y Gobierno de la presidencia, defendió cuando fue ministro de la SCJN el control de convencionalidad, establecido con la reforma de 2011 que, a su parecer, amplió los derechos humanos y “cambió para siempre la historia del derecho constitucional y la vida de las personas en México”.

“La convencionalidad forma parte del mismo parámetro tratándose de derechos humanos y, a partir de entonces, cualquier ley contraria a esto, cualquier constitución local es inconstitucional, los derechos humanos y la Constitución a partir de aquí no se relacionan en términos de jerarquía sino de manera armónica buscando en todo aquello que beneficia de mejor manera a la persona de acuerdo con la interpretación conforme”, refirió en octubre de 2021. 

“Todas las autoridades judiciales del país, y no sólo eso, todas las autoridades administrativas que están realizando funciones jurisdiccionales, incluyendo a los jueces y juezas federales, no sólo pueden sino debe inaplicar aquellas normas de carácter general que son inconvencionales y consecuentemente inconstitucionales con independencia de qué proceso estemos hablando”, continuó.

Partidos de oposición rechazan iniciativa 

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, sostuvo que la iniciativa “deja a las personas sin mecanismos para defenderse de cualquier reforma constitucional que dañe sus derechos”.

Guadalupe Munguia, coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, coincidió en que la reforma afecta los derechos humanos y subrayó que las reformas no deben vulnerar la división de poderes.

Por su parte, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, agregó que  la iniciativa silencia voces críticas y elimina el control sobre el poder político. 

“La iniciativa no solo cierra procesos de amparo, sino que debilita la independencia del Poder Judicial y contradice compromisos internacionales de México en materia de justicia y derechos humanos”, escribió el dirigente en su cuenta de X.