Para entender mejor
¿Morena quiere cobrar a la gente por morirse? Es lo que reclamaron legisladores de oposición en la Ciudad de México por una iniciativa que plantea cobrar un impuesto a las herencias. Sin embargo, especialistas consultados mencionan que esa medida puede ser un “mecanismo de justicia fiscal”, ante la desigualdad que prevalece en el país.
La discusión sobre el tema se reactivó por una propuesta legislativa del diputado local Gabriel Varela, del Partido Verde. Inicialmente, planteó poner un impuesto a las herencias a partir de los 15 millones de pesos, aunque luego dijo a medios que había cometido un error, que su propuesta en realidad es gravar herencias a partir de los 1,500 millones.
“Fue un error… la cantidad de 15 millones fue un error, es de 1,500 millones lo que se está proponiendo. Ya envié la aclaración a la Comisión de Hacienda para que eso sea lo que se discuta”, mencionó.
Con esta actualización, el impuesto afectaría únicamente al grupo de los llamados ultrarricos, un grupo al que pertenece poco más de una decena de personas en México, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, quien se manifestó en contra de la iniciativa.
La propuesta original buscaba que las herencias de entre 15 y 60 millones de pesos pagaran un 10% de impuesto; las que van de los 60 a los 15 millones, un 20%, y un 30% a aquellas superiores a los 150 millones.
El piso de 15 millones que se había planteado originalmente era incluso mayor que el umbral propuesto por organizaciones como Fundar, que sugiere un cobro a las herencias a partir de los 8 millones de pesos, con lo que se afectaría solamente al 1% de la población con mayores recursos en el país.
“Ese es el punto”, comentó la directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Alejandra Macías. “Que las personas que están concentrando la riqueza, que es el 1%, pues que paguen más”, apuntó.
Se tiene una tasa nominal del impuesto sobre la renta del 35% a personas físicas. “Eso quiere decir que a los trabajadores asalariados le quitan 35%, ¿por qué una herencia no pagaría el 30%?”.
Andrea Larios, investigadora de Justicia Fiscal en Fundar, coincidió en que “es algo necesario”, ya que “uno de los mecanismos reproductores de la desigualdad que más pesan es precisamente la transmisión intergeneracional de la desigualdad, que se da a partir de las herencias multimillonarias”.
Poner un impuesto a esta transmisión de riqueza o herencias, agregó, “puede actuar como un mecanismo de justicia fiscal, pero también de justicia económica y justicia de género porque limita de cierta manera la reproducción de estas desigualdades”.
El diputado panista Diego Garrido calificó de comunistas a quienes proponen la medida, ya que a su parecer “castiga el trabajo de toda una vida y debilita el legado que queremos dejarle a nuestros hijos”.
“Nos parece lamentable esa idea, que tengan estas ideas comunistas de quitarle a la gente dinero, parece que hay una urgencia de estar recabando dinero por lo que sea”, comentó a Televisión Azteca el legislador panista Federico Chávez.
En el noticiero estelar de dicha televisora se afirmó que “la propiedad privada en México está en la mira de oscuros personajes de Morena y del Verde también que quieren hincar el diente en el patrimonio de la gente”, y que “contar con un patrimonio de 15 millones de pesos no te hace necesariamente acaudalado”.
Sin embargo, según un estudio elaborado por la organización Oxfam, en México apenas 293 mil 980 personas —apenas el 0.22% de la población— poseen fortunas superiores al millón de dólares, equivalente hoy a 20 millones de pesos.
De hecho, en nuestro país el 1% más rico de la población acumula el 34.1% de la riqueza, según el estudio El caso de la exención a las herencias multimillonarias, elaborado por Fundar en 2021.
Por otra parte, dentro de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el país que menos impuestos obtiene como porcentaje de su Producto Interno Bruto.
Sin embargo, la bancada de Morena en el Congreso federal rechazó la propuesta del diputado local. El coordinador legislativo, Ricardo Monreal aseguró que ni en la Cámara de Diputados ni en el Gobierno federal hay interés en impulsar un gravamen de este tipo.
“No hay un ánimo legislativo para gravar grandes riquezas o herencias. Creo que es un tema delicado, pues muchas personas temen que sus propiedades, su casa, su carro o sus pequeños ahorros puedan verse afectados por una reforma así”, explicó Monreal.
“Siempre hay que tener mucho cuidado con estas medidas, socializarlas bien, darlas a conocer a la población y que la ciudadanía opine al respecto”, añadió el legislador.
Cobrar un impuesto a las herencias o al patrimonio heredado no es algo extraño, pues muchos otros países llevan años implementando esta medida.
Corea del Sur, Bélgica, Francia y Japón tasan las herencias y tienen los porcentajes más altos de este impuesto como porcentaje de su PIB.
En su iniciativa, el diputado Varela López argumentó que México tiene un nivel bajísimo en el cobro de impuestos y que los súper ricos en México han visto crecer sus fortunas en un tercio desde el inicio de la pandemia, mientras que el 50% más pobre apenas ha recibido 0.40 pesos por cada 100 pesos de riqueza creada.
De ser aprobada, la iniciativa sólo se aplicaría en la Ciudad de México. En este sentido, Alejandra Macías menciona que para “hacer un sistema fiscal más más justo” sería una idea replicar la propuesta para el resto del país.
Aunque cobrar un impuesto a las herencias “está muy bien”, la directora del CIEP también acota que esto no resuelve el problema fiscal que se vive en México. Otras medidas, señala, como “las deducciones, los estímulos fiscales, dejar de rescatar Pemex, que los que más tienen casas más caras paguen más o los impuestos verdes” pueden ayudar a lograr un mejor sistema.
En este mismo sentido, Andrea Larios menciona que si bien no sería una medida que transforme por completo las finanzas públicas, sí irían el camino correcto, hacía un sistema más justo y de redistribución de la riqueza.
“En esa función redistributiva es donde está la importancia de que los impuestos que se impongan se hagan de forma progresiva, y que correspondan a este principio de quien tiene más paga más”, refirió Larios.
“Para cerrar el círculo de la redistribución”, concluyó la investigadora de Fundar, debemos de “garantizar que eso que se recaude se oriente a ampliar el acceso a derechos humanos y derechos sociales”.
Es decir, que los recursos se dirigieran a asuntos prioritarios como la salud, la educación, la protección ambiental y el Sistema Nacional de Cuidados.
Fue uno de los rostros más visibles de las protestas estudiantiles contra la guerra de Gaza.
Fue uno de los rostros más destacados de las acampadas de estudiantes en Estados Unidos que protestaron el año pasado por la guerra de Gaza, y ahora se enfrenta a una posible deportación.
Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia, en Nueva York, se ha convertido en la primera víctima de la nueva política del presidente Donald Trump, que prometió acabar con las protestas estudiantiles y amenazó con deportar a los estudiantes extranjeros que fueran “simpatizantes de los terroristas”.
“Es la primera detención de muchas que vendrán”, dijo Trump en su plataforma Truth Social, y acusó a Khalil de ser un “estudiante radical pro-Hamás”.
Khalil, refugiado palestino criado en Siria, fue detenido este fin de semana por Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según informó su abogada, Amy Greer.
Los agentes se presentaron en su casa, una vivienda propiedad de la universidad, cuando Khalil y su esposa acababan de regresar de una cena de Ramadán, y allí le comunicaron que su visado de estudiante había sido revocado y se lo llevaron arrestado.
El intento de deportación ha sido bloqueado temporalmente por un juez federal, que estudiará el caso en una audiencia de emergencia este miércoles, en la que está previsto que comparezca Khalil.
El universitario, estudiante de posgrado en la escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, está casado con una mujer estadounidense, que además está embarazada de 8 meses, y cuenta con un permiso de residencia (green card) que, según dijeron los funcionarios de inmigración a su abogada, también había sido revocado.
Columbia fue el año pasado el epicentro de las protestas estudiantiles propalestinas que tuvieron lugar en todo el país contra la guerra en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel, y Khalil fue el principal negociador de la acampada en el campus universitario de Manhattan.
Su arresto ha desatado la indignación entre grupos de derechos humanos en EE.UU. y entre la comunidad universitaria.
La presidenta de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Donna Lieberman, calificó la deportación de Khalil de “represalia selectiva y ataque extremo a la Primera Enmienda”.
También se ha mostrado “extremadamente preocupada” la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que está siguiendo el caso.
Cerca de un millar de manifestantes con banderas palestinas se congregaron este lunes en Manhattan para pedir la liberación de Khalil y condenar las acciones de la nueva administración de Trump. Al menos una persona fue detenida.
“Ahora nos enfrentamos a la horrible realidad de que uno de nuestros estudiantes, miembro de la comunidad de Columbia, se ha convertido en preso político aquí en Estados Unidos”, declaró Michael Thaddeus, profesor de esta universidad neoyorquina.
“Es un momento funesto para la historia de Estados Unidos”, afirmó Thaddeus en una rueda de prensa con otros 50 docentes. “No debemos avanzar ni un paso más por este camino autoritario”.
El caso de Mahmoud Khalil “parece una clara persecución de activistas, y sienta un precedente muy, muy peligroso”, dijo a AFP Tobi, un manifestante de 42 años que no quiso dar su apellido por miedo a represalias, y que calificó el caso como “un secuestro”.
“Revocaremos los visados y/o las tarjetas de residencia de los partidarios de Hamás en Estados Unidos para que puedan ser deportados”, publicó este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, en X.
La abogada de Mahmoud Khalil, Amy Greer, afirmó que lo ocurrido a su cliente es un “terrible e inexcusable -y calculado- error”, y calificó su detención como parte de “la represión abierta del gobierno estadounidense contra el activismo estudiantil y la expresión política”.
Khalil, que no ha sido acusado de ningún delito, fue internado en un primer momento en un centro de inmigración de Nueva Jersey, antes de trasladarlo a un centro de detención de Jena, Luisiana, según los registros del ICE.
Su abogada asegura que el ICE también amenazó con detener a su esposa, una ciudadana estadounidense embarazada de ocho meses. Cuando intentó visitarlo en Nueva Jersey, los funcionarios le dijeron que no estaba allí.
Según la Universidad de Columbia, las fuerzas del orden pueden entrar en las instalaciones del campus con una orden judicial, pero negó que la dirección de la universidad hubiera invitado a agentes del ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional puede revocar un permiso de residencia e iniciar los procedimientos de deportación contra sus titulares por una amplia gama de actividades delictivas, como el apoyo a un grupo terrorista.
Pero expertos jurídicos explicaron a la agencia de noticias AP que la detención de un residente permanente legal que no ha sido acusado de ningún delito “constituye una medida extraordinaria con un fundamento jurídico incierto”.
Según Camille Mackler, fundadora de Immigrant ARC, una coalición que ofrece servicios legales en Nueva York, “esto parece una represalia contra alguien que expresó una opinión que no le gustó a la administración Trump”, según publica AP.
Khalil tuvo un papel relevante como negociador entre la gerencia de la universidad y los estudiantes que instalaron el pasado verano un gran campamento de protesta en los jardines del campus.
Algunos estudiantes llegaron incluso a hacerse con el control de uno de los edificios de la universidad durante varias horas, antes de que la policía entrara en el campus para detenerlos. Khalil no estaba, sin embargo, en ese grupo.
Después de este incidente, Mahmoud Khalil contó a la BBC que había sido suspendido temporalmente por la universidad.
La detención de Khalil se produce después de que el presidente estadounidense emitiera en enero una orden ejecutiva en la que advertía de que se deportaría a cualquier persona implicada en “protestas proyihadistas” y a “todos los simpatizantes de Hamás en campus universitarios”.
Algunos estudiantes judíos de la universidad habían denunciado que los discursos en estas protestas rayaban a veces el antisemitismo, aunque otros se unieron a las manifestaciones propalestinas.
El nuevo gobierno de Trump ha acusado a la Universidad de Columbia de no combatir el antisemitismo en el campus, y la semana pasada decidió rescindir una partida de US$400 millones en subvenciones federales a la institución universitaria.
La cancelación de estos fondos “tendrá un impacto inmediato en la investigación y otras funciones críticas de la universidad”, anunció en un correo electrónico a todo el campus el pasado viernes la presidenta interina de Columbia, Katrina Armstrong.
Carly, estudiante de posgrado en Columbia, judía, estadounidense y amiga de Khalil, declaró a la BBC que el detenido es “un ser muy, muy compasivo”.
“Ha sido objeto de muchos ataques en internet, y para alguien que lo conoce a nivel personal es muy doloroso ver cómo lo han tergiversado”, dijo Carly, que se negó a compartir su apellido por razones de privacidad.
En declaraciones a Fox News, el zar de las fronteras de Trump, Tom Homan, alegó que Khalil había violado las condiciones de su visado al “cerrar edificios y destruir propiedades”.
*Con reportería de Madeline Halpert, Rachel Looker, Nomia Iqbal y Nada Tawfik.
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