Más de 2 mil homicidios dolosos y una alta letalidad en operativos del Ejército marcan el primer mes de gobierno
Para entender mejor
Aun cuando en sus conferencias de prensa la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum ha presumido una baja en delitos y homicidios, el primer mes de este nuevo gobierno ha estado marcado por abusos de las Fuerzas Armadas, alta letalidad en enfrentamientos de civiles con el Ejército, dos periodistas asesinados, la extensión de la ola de violencia que aqueja a Sinaloa desde hace más de 50 días.
Incluso, en el caso de los homicidios dolosos se ha registrado un incremento respecto a los registrados a octubre de 2023.
Según datos preliminares del reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta el 31 de octubre de 2024 – sumaron 2 mil 293 homicidios dolosos, cifra superior a lo registrado en el mismo mes de 2023. Aún falta comparar los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se darán a conocer el 20 de noviembre próximo.
Expertos en seguridad consideran que el actual gobierno ha mostrado, hasta ahora, una continuidad en la estrategia de la administración anterior.
“Este primer mes lo primero que llama la atención es esta línea de continuidad de una estrategia donde se tiende a minimizar el problema. Si bien se reconoce que hay un problema de seguridad, en cuanto se empiezan a colocar observaciones críticas, hay una actitud defensiva”, consideró Humberto Guerrero, experto en seguridad de Fundar.
En El Sabueso revisamos los resultados de este primer mes y te presentamos los eventos en seguridad más relevantes y los resultados con información preliminar con corte al 30 de octubre de 2024.
Para entender mejor: Permiso para matar: más de 1,500 víctimas asesinadas o desaparecidas por fuerzas de seguridad en tres sexenios
Agresiones del Ejército empañan el inicio del sexenio
El inicio del actual sexenio quedó marcado por el asesinato de seis migrantes originarios de Perú, Egipto y Honduras en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas a manos del Ejército en el primer día del nuevo gobierno.
Según el reporte oficial, las personas migrantes viajaban en una camioneta que era seguida por otras unidades similares a la que usan los grupos criminales en la zona, por lo que los agentes los confundieron con presuntos delincuentes.
Además, se reportó que el conductor no obedeció la orden de detenerse, y dos agentes aseguraron que escucharon detonaciones, por lo que abrieron fuego contra la unidad.
Ante estos hechos, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron investigaciones a los agentes que dispararon y a los mandos militares.
Diez días después, en un mismo fin de semana se reportaron dos agresiones de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que cobraron la vida de tres civiles.
En un primer evento, la noche del viernes 11 de octubre Yuricie Rivera Elizalde, enfermera del IMSS de 46 años de edad, murió luego de que militares dispararon contra el vehículo mientras circulaba acompañada de su esposo y su hijo.
Al día siguiente, en medio de una persecución entre agentes de la Guardia Nacional, militares y civiles armados, el auto de Lidia Galván quedó atrapado entre una patrulla y el vehículo de los presuntos delincuentes. Los agentes abrieron fuego y dispararon contra su nieta, Lidia Iris Fuentes Galván, de 8 años.
En el mismo evento, falleció Diego Alfredo, de 18 años, joven que se encontraba en la cajuela del otro vehículo involucrado en el incidente y quien también fue alcanzado por los disparos de los elementos de seguridad.
Ante ambos casos, Claudia Sheinbaum informó que la FGR realizaba las investigaciones correspondientes. Sin embargo, las familias de las víctimas reprocharon que hasta ahora la presidenta no se haya acercado con ellos o enviado sus condolencias.
“Seguimos esperando las condolencias de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Seguimos esperando que escuche a las víctimas, que les dé un espacio. No sé si en su visita a Tamaulipas, a Nuevo Laredo, o allá en Palacio Nacional. Pero ella debería abrirle un espacio en su agenda a las víctimas y no lo ha hecho”, lamentó en entrevista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Además, cuestionó que la atención a las víctimas tras el ataque ha sido insuficiente, pues sólo se les ha ofrecido atención psicológica a distancia, a la par de que la FGR no ha incluido a los familiares en las investigaciones.
Pero los abusos de las Fuerzas Armadas no pararon. El pasado 24 de octubre se dio a conocer otro evento en Sinaloa, en el marco de las acciones para tratar de contener la violencia en la entidad. En un video se observa a elementos del Ejército y la Guardia Nacional detener a una persona, de nombre Alexis, a la que también amenazaron con matar.
Aunque el reporte oficial aseguró que supuestamente Alexis transportaba a hombres armados, quienes habrían disparado contra los agentes, en la grabación se aprecia que ocho militares dispararon contra el vehículo y lo hicieron chocar.
Los agentes siguieron disparando hasta dejar el vehículo inmóvil y al acercarse se dieron cuenta que Alexis seguía vivo. En el audio de la grabación se escucha que uno de los militares gritó: “¡Mátalo, mátalo!”.
Días después de su detención acusado de ser un presunto generador de violencia, la defensa de Alexis mostró lo ocurrido, y un juez ordenó no vincularlo a proceso y liberarlo.
Crisis en Sinaloa crece y aumenta letalidad de militares
Tras la detención de Ismael Zambada, “El Mayo”, en julio pasado, desde el pasado 9 septiembre se desató una ola de violencia que las autoridades atribuyen a un enfrentamiento entre grupos criminales rivales en Sinaloa.
Ello desató bloqueos carreteros, incendios de vehículos y balaceras que han causado 324 asesinatos, según datos de la Fiscalía Estatal, y 211 personas desaparecidas, la mitad de ellos son niñas, niños y jóvenes.
En su segundo día al frente del gobierno, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la situación de seguridad en la entidad, a lo que respondió que aún no contaba con un diagnóstico.
Mientras que en los siguientes días, ordenó el envío de 300 militares más a la entidad, aunque la presidenta ha minimizado la situación a la par que ha reiterado su apoyo al gobernador de la entidad, el morenista Rubén Rocha.
Pero los enfrentamientos no han cesado e incluso se han extendido por la entidad desde la capital, Culiacán, a municipios vecinos. Apenas este fin de semana, en Mazatlán se registraron balaceras.
A la par, en el primer mes del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron dos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y civiles que sumaron 33 muertes. Con ello, a falta de dos meses para concluir el año, en 2024 sumaron 254 presuntos agresores fallecidos en enfrentamientos con el Ejército, la mayor cifra desde 2014.
En otro evento como parte de las acciones para frenar la violencia en Sinaloa, se reportó un operativo que derivó en la detención de Edwin Antonio, alias “El Max”, presunto generador de violencia relacionado con Zambada. Además de la aprehensión, se informó de la muerte de 19 civiles armados en un presunto enfrentamiento con elementos del Ejército.
A estas muertes se sumaron al menos 14 fallecimientos más reportados por la Sedena tras un enfrentamiento entre presuntos criminales y policías municipales en el municipio de Tecpan, Guerrero.
El especialista de Fundar Humberto Guerrero advirtió que las autoridades federales han tratado de hacer ver casos como los de estas entidades como hechos aislados, y no como parte de un contexto de inseguridad generalizada que se vive en el país.
A la par, consideró Javier Oliva Posada, se observa un escalamiento en la violencia de parte de los grupos criminales. Por ejemplo, el conflicto que suma más de 50 días en Sinaloa, o el estallamiento de dos coches bomba en Guanajuato ocurrido el pasado 24 de octubre.
“Yo veo con mucha preocupación el escalamiento de poder hacer este hallar dos coches bomba. El nivel de los enfrentamientos, la explosión de dos coches bomba, no es posible atribuirlo al Gobierno que está arrancando, sino como consecuencia de la inercia criminal. Lo que buscan (los grupos criminales) en este caso es ampliar sus redes de influencia y de control”, explicó.
Matan a dos periodistas en menos de 24 horas
La noche del 29 de octubre se registró además el asesinato del primer periodista en el sexenio de Sheinbaum. Se trató de Mauricio Cruz Solís, de 25 años de edad, del medio digital Minuto x Minuto, en Uruapan, Michoacán.
El joven había entrevistado al alcalde de Uruapan apenas unos minutos antes de que se cometiera el crimen.
Al día siguiente se registró el asesinato de la periodista de espectáculos Patricia Ramírez, conocida como Paty Bunbury, quien trabajaba en el Periódico Hechos Pensamiento En Acción. La mujer de 39 años fue atacada en un establecimiento de comida la tarde del miércoles 30 de octubre en la capital de Colima.
Sobre el tema, la presidenta aseguró que se reactivará un grupo de atención a casos de violencia contra periodistas, mismo que se reactivará y prometió trabajar para que no haya impunidad.
Propuestas para mejorar la seguridad
Si bien aún es muy pronto para evaluar la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum, los expertos consultados por El Sabueso señalaron que ante esta alza en la letalidad de las acciones de las Fuerzas Armadas es importante replantear la militarización de la estrategia de seguridad.
Además, llamaron a fortalecer las instituciones locales y estatales de seguridad y justicia. Ello para acelerar los efectos de la atención a la crisis de inseguridad que vive el país.
“La Federación tiene las capacidades, pero nos vamos a tardar más tiempo, si no incorporamos decididamente a estas áreas de la administración de la justicia y por supuesto de la atención y prevención del delito a nivel local. Eso no se ha visto en las primeras medidas de seguridad que ha tomado el gobierno. Se han mencionado, pero no se han visto”, indicó Oliva.
Finalmente, recomendaron dar mayor atención a las víctimas de la violencia y tener mayor acercamiento con ellas y mejorar la atención desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Necesitamos un diálogo entre la sociedad civil y el gobierno federal. Y ese gobierno federal incluiría a la FGR, a las Fuerzas Armadas, las comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados. Mientras no haya un diálogo de alto nivel con la sociedad civil van a seguir haciendo los gobernantes lo que quieran y van a seguir justificando los excesos de las Fuerzas Armadas”, urgió Raymundo Ramos.
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La propuesta del expresidente tiene enormes implicaciones legales, financieras y logísticas. Los defensores de los migrantes también advierten de los costes humanos.
Donald Trump ha prometido que, de resultar reelegido presidente, deportará masivamente a aquellos que no tienen permiso para permanecer en Estados Unidos.
Mientras su campaña ha respondido de distintas formas a la pregunta de cuántos podrían terminar siendo expulsados, su compañero de fórmula, el aspirante republicano a vicepresidente JD Vance, dio una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión ABC.
“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló el senador por el estado de Ohio.
Pero aunque la idea ya forme parte de las propuestas de la plataforma electoral de Trump —bajo el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”—, los expertos advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales e incluso prácticos.
Y los defensores de los migrantes también han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, con familias separadas y operativos en comunidades y lugares de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU.
¿Cuáles son los desafíos legales?
De acuerdo a las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11 millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde 2005.
La mayoría de ellos son residentes de larga duración: cerca de cuatro de cada cinco de los migrantes indocumentados llevan en el país al menos una década.
Los inmigrantes que están en el país sin un estatus legal tienen derecho al debido proceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados.
Así que un aumento drástico en las deportaciones pasaría probablemente por expandir antes el sistema de tribunales de inmigración, hoy saturado y con retrasos a la hora de resolver los casos.
La mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país no ingresaron en el sistema de deportaciones después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino por la policía local.
Sin embargo, en muchas de las principales ciudades del país se han aprobado leyes que restringen la cooperación entre la policía y el ICE.
La campaña de Trump se ha comprometido a emprender acciones contra esas urbes, llamadas “ciudades santuario”, pero el entramado de leyes locales, estatales y federales en EE.UU. complican la situación.
Kathleen Bush-Joseph, una analista del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, señala que la cooperación entre agentes del ICE y las autoridades locales sería fundamental para poder llevar a cabo un programa de deportación masiva.
“Es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir a buscarlo a las calles”, señala Bush-Joseph.
Como ejemplo de cuán crucial es este aspecto, Bush-Joseph recuerda las declaraciones de principios de agosto de funcionarios de la Oficina del Alguacil de los condados de Broward y Palm Beach en Florida, cuando aseguraron que no enviarían a ninguno de sus agentes a ayudar en planes de deportaciones en masa.
“Hay muchos otros condados que no van a cooperar con el plan de deportación masiva de Trump. Y eso lo vuelve mucho más difícil”, explica.
Cualquier programa de deportación masiva también tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas que se prevé generará entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos judiciales sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que significa que estas continuarían en vigor incluso mientras las impugnaciones se abren paso en el sistema legal.
¿Es factible desde el punto de vista logístico?
Ahora, si el gobierno de EE.UU. lograra avanzar con los pasos legales que posibiliten su plan de deportación masiva, las autoridades todavía tendrían que lidiar con los enormes desafíos logísticos.
Durante el mandato de Joe Biden, los esfuerzos de deportación se han enfocado en los migrantes detenidos en la frontera.
Los que ya estaban en el país y terminan siendo deportados o suelen contar con antecedentes penales o son considerados una “amenaza para la seguridad nacional”.
En 2021 quedaron suspendidas las controvertidas redadas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Donald Trump en lugares de trabajo.
Y a diferencia de los detenidos en la frontera, la cifra de deportaciones de personas que fueron arrestadas dentro de EE.UU. ha ido cayendo en la última década hasta situarse por debajo de los 100.000 anuales, después de haber alcanzado su máximo —230.000— durante los primeros años del gobierno de Barack Obama.
“Para multiplicar ese número y que en un solo año se alcance el millón (de deportados) va a necesitar una inversión enorme de recursos que hoy por hoy no parecen existir”, le dice a la BBC Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración de EE.UU.
Por una parte, los expertos dudan de que los 20.000 agentes del ICE y el personal de apoyo vayan a ser suficientes para buscar y encontrar incluso una fracción de esa cantidad a la que apunta la campaña de Trump.
Además, Reichlin-Melnick señala que el proceso de deportación es largo y complicado y que la identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio.
Después, los detenidos van a tener que estar en un centro de detención o en un programa alternativo, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y el sistema lleva años acumulando casos sin poder cerrarlos.
Una vez superado ese paso es que se procede a la deportación, lo que también requiere de la cooperación diplomática del país recipiente.
“En cada uno de esos pasos, el ICE simplemente no tiene la capacidad de procesar a millones de personas”, señala Reichlin-Melnick.
Trump ha dicho que va a involucrar a la Guardia Nacional y otros cuerpos militares para que asistan en las deportaciones.
Históricamente, las fuerzas militares estadounidenses han tenido un papel limitado, más de apoyo, en la frontera entre México y EE.UU.
Ahora, más allá de apoyarse en los militares y de contar con la ayuda de “cuerpos policiales locales“, Trump ha dado pocas pistas sobre cómo llevaría a cabo su plan de deportación masiva.
En una entrevista con la revista Time, a principios de este año, el expresidente solo dijo que no descarta construir nuevas instalaciones de detención de migrantes y que tomaría medidas para brindar inmunidad procesal a la policía, para blindarla ante posibles demandas de grupos progresistas.
Y añadió que podría haber incentivos para los cuerpos policiales locales y estatales que participen en el plan, y que los que no lo que no lo quieran hacer “no van a participar de los beneficios”.
“Tenemos que hacerlo. No es sostenible para nuestro país”.
La BBC ha intentado contactar al equipo de Trump para obtener más detalles.
Eric Ruark, el director de investigaciones de NumbersUSA —una organización que aboga por controles más estrictos a la inmigración— dijo que cualquier programa de deportación desde el interior del país solo será efectivo si va de la mano de un aumento del personal que controla la frontera.
“Esa tiene que ser la prioridad. Si no lo es, no va a haber un gran progreso en el tema. Es lo que hace que la gente siga llegando hasta la frontera”, apunta.
Y agrega que también es necesaria una ofensiva contra las empresas que contratan inmigrantes indocumentados.
“(Los inmigrantes) están viniendo por el trabajo”, subraya. “Y lo están consiguiendo, básicamente porque la capacidad de vigilar y hacer cumplir la ley ha sido desmantelada”.
El costo político y financiero
Los expertos calculan el costo de mantener un plan como el que propone Trum en unos US$100.000 millones.
El presupuesto de 2023 del ICE para el traslado y deportación fue de US$327 millones, y expulsó del país a cerca de 140.000 personas.
De acuerdo al plan de Trump, miles de personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración podrían ser detenidos. La campaña del candidato presidencial republicano ha previsto construir grandes campamentos para albergar a todos ellos.
También se tendrían que multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones, y eso pasaría probablemente por contar con el apoyo de la Fuerza Aérea.
Y lo que está claro es que cualquier aumento en la operatividad de los departamentos correspondientes implica que los costos se disparen.
“Incluso un cambio menor supone decenas de millones de dólares”, explica Reichlin-Melnick.
Además, habrían de sumarse a los gastos de otros esfuerzos de control fronterizo que Trump ha prometido: los de seguir construyendo el muro en la frontera con México, los que implica un bloque naval para evitar que el fentanilo ingrese al país y los generados por el traslado de miles de tropas a la frontera.
Adam Isacson, experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que “imágenes espantosas de deportaciones masivas” también podrían tener un costo político para Trump, a nivel de relaciones públicas, si volviera al poder.
“Cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses”, explica.
“Habría imágenes muy dolorosas de niños llorando, de familias, en la televisión. Todo eso es muy mala prensa. Es lo que ya vimos con la política de separación familiar, pero amplificado”, remata.
¿Ha habido deportaciones masivas antes?
En los cuatro años en los que Trump ocupó la Casa Blanca, se deportaron alrededor de 1,5 millones de personas, tanto desde la frontera como del interior del país.
La administración Biden, que había deportado a alrededor de 1,1 millón de personas hasta febrero de 2024, está en camino de igualar esa cifra, según muestran las estadísticas.
Durante los dos mandatos de Obama, cuando Biden era vicepresidente, más de tres millones de personas fueron deportadas, lo que llevó a algunos defensores de la reforma migratoria a apodar “el deportador en jefe” al entonces presidente.
Pero el único programa comparable con el que propone Trump sería quiza el que se llevó a cabo en 1954 en el marco de la llamada “Operación espaldas mojadas” (Operation Wetback), bautizada así por un insulto común que se usaba en aquel entonces contra los mexicanos, y que supuso la deportación de 1,3 millones de personas.
Aunque hay historiadores que ponen en duda la cifra.
El plan, aprobado bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, se topó con una considerable oposición pública —en parte porque también se deportaba a algunos ciudadanos estadounidenses—, así como con la falta de financiación.
En 1955 se suspendió.
Los expertos en inmigración dicen que, el hecho de que se centró en personas originarias de México y la falta del debido proceso hacen que aquella operación no se pueda comparar con un programa de deportación masiva actual.
“Los deportados eran hombres solteros, mexicanos”, señala Bush-Joseph.
“Ahora, la gran mayoría de los que cruzan la frontera por zonas entre puertos de entrada no son originarias de México, ni siquiera de la parte norte de Centroamérica. Y eso hace que sea mucho más difícil deportarlos”, añade.
“Son situaciones incomparables”.
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