Gobierno promete que el dinero de la venta del avión presidencial será para hospitales… pero aún debe por él más de 2 mil mdp
Aunque el avión presidencial ya fue vendido a Tayikistán y el gobierno dice que ese dinero será para hospitales… datos oficiales muestran que aún no se termina de pagar: en 2012 se realizó un contrato de arrendamiento a 15 años y de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2023) el gobierno federal aún debe pagar 2 mil 180 millones de pesos.
Incluso, el monto anunciado de venta es insuficiente para pagar esa cifra, aún faltarían 521 millones.
Arrendamiento y pagos por 15 años
La presidencia de Enrique Peña Nieto reportó que la compra de la aeronave —al terminar el sexenio de Felipe Calderón— fue por 2 mil 952.4 millones de pesos en 2012. Sin embargo, luego un documento de la Auditoría Superior de la Federación dio la cifra de 2 mil 931 millones.
Pero lo que realmente impactó en las cifras es que a finales del 2012 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmaron un contrato de arrendamiento a 15 años (2012-2027).
Con esto, el gobierno podía usar el avión sin pagar todo el costo de forma inmediata, aunque por esa compra a plazos se comprometió a pagar a Banobras 3 mil 332 millones, en un periodo de 15 años.
Al final de ese lapso, el vehículo pasaría a formar parte de los activos de la Sedena.
De acuerdo con el PPEF 2023, el costo del avión, a precios del 2023, asciende a los 6 mil 079 millones 722 mil 639 pesos, de los cuales a la fecha se han pagado 3 mil 899 millones 520 mil 769 pesos.
Es decir, se ha pagado el 64%.
Por la venta del avión el gobierno recibió mil 659 millones de pesos, mismos que, cómo ya mencionamos, de usarse en su totalidad no serían suficientes para pagar el resto de la deuda, ya que aún faltarían 521 millones de pesos para liquidar la aeronave.
Y además está la promesa de los hospitales, de la que aún no se detallan costos.
Pagos mensuales
Desde diciembre del 2012, mes con mes la Sedena hace un pago a Banobras por el arrendamiento de la aeronave. El contrato de pago establece pagos anuales de hasta 451.4 millones de pesos y un costo de mantenimiento por 45 millones de pesos hasta 2027.
El primer pago se realizó por 2 millones 490 mil pesos; sin embargo, el monto ha ido cambiando año con año. Por ejemplo, en abril de 2019 se registró un pago de más de 35 millones de pesos por el pago de la amortización y de los intereses. En abril del año pasado, la Sedena pagó 29 millones por el mismo concepto.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, este año se destinarán 369 millones 865 mil 052 pesos para que la Sedena pague a Banobras, por lo que el saldo pendiente a cubrir hasta 2027 sería de 2 mil 180 millones.
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Costos de mantenimiento
Del 2016 al 2018, tiempo en el que el avión presidencial se mantuvo en operación, el uso de la aeronave implicó un costo total de 408 millones 489 mil 560 pesos, por sueldos, mantenimiento, combustibles y refacciones, entre otros rubros.
De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia, los montos erogados por mantenimiento del avión Boeing-787-8 del 1 de diciembre del 2018 al 12 de enero del 2023 —periodo en el que estuvo sin operar, ya que el presidente López Obrador desde un inicio de su gobierno se negó a utilizarlo— ascienden a 87 millones 516 mil 841 pesos.
Durante este mismo periodo de tiempo el avión presidencial realizó un total de 18 operaciones, principalmente vuelos de mantenimiento y de prueba.
El avión, fabricado en 2010 y adquirido en 2012 por Banobras, tiene una capacidad de 80 pasajeros más tripulación y cuenta con más de mil 702 horas de vuelo, según declaró el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, en julio del 2020.
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En el video del 20 de abril por medio del cual se anunció el cierre de la venta, el director general del Banobras explicó que el avión se vendió por mil 659 millones de pesos, equivalentes a 92 millones de dólares, monto que representa el 42% de la venta original de la aeronave por 218.7 millones de dólares
El monto de venta cumple con el avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), informó el gobierno mexicano. Sin embargo la depreciación en su valor corresponde también a un desperfecto que la aeronave tenía de origen, según declaró el presidente.
“Cada vez, cada día se depreciaba, y tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio, y fue creciendo también ese desperfecto. Pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de mil 658 millones de pesos”, indicó el presidente en la conferencia matutina del 21 de abril.
Al anunciar la venta del avión presidencial, Mendoza dijo que la operación significa un ahorro para el gobierno, pues se liquida el esquema de arrendamiento y ya no se tendrán que pagar 332 millones de pesos por intereses.
“La transacción está cerrada, ya recibimos los recursos en su totalidad; se encuentran en la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; entonces, esto ya es un hecho”, señaló.
No obstante, el presidente López Obrador aseguró que el dinero que recibieron por la compra del avión sería utilizado en la creación de dos hospitales en las zonas más pobres del país.
“Vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos hospitales, cada uno de 80 camas, en las zonas más pobres de México: en Tlapa, Guerrero, y en Tuxtepec, Oaxaca.” indicó el presidente el mismo día en el que se anunció la venta de la aeronave.
Sin embargo. Queda en el aire la pregunta: si el dinero resultante de la venta se utilizará para liquidar el arrendamiento, entonces, ¿de dónde saldrán los recursos para el pago de los dos hospitales prometidos?
Avalúos
En 2019, un avalúo del Indaabin estableció que el avión tenía un costo de 2 mil 397 mdp, mientras que otras estimaciones valuaban la nave en 2 mil 559 mdp.
Morten Beyer & Agnew valuaron el avión presidencial en 130.5 millones de dólares. Maclarens Aviation —en mayo del 2019— valuó la aeronave en 130.3 millones de dólares.
Al final, el gobierno de López Obrador lo vendió en 92 millones de dólares.
Distintas promesas por la venta del avión
El 2 de diciembre de 2018, López Obrador —un día después de haber tomado posesión como presidente de México— anunció que el 3 de diciembre el avión se enviaría a San Bernardino, California, para su venta.
López Obrador había propuesto vender el avión porque “no lo tiene ni Obama ni Trump”, en referencia al vehículo que calificó como “faraónico” e “insulto al pueblo de México”. La medida fue una propuesta de campaña enmarcada por la “austeridad republicana”, su programa de recortes de gasto gubernamental.
López Obrador dijo en repetidas ocasiones que viajaría como lo hizo durante su campaña, en vuelos comerciales.
En julio de 2019, el presidente aseguró que con los recursos obtenidos por la venta del avión presidencial se financiaría un plan migratorio del gobierno federal. En aquel momento, estimó el monto por la venta en 150 millones de dólares: 58 millones de dólares más que el monto que finalmente se obtuvo.
De igual manera, en septiembre del 2019, el mandatario dijo que parte de los recursos obtenidos de la venta del avión presidencial se destinaría para dotar de agua potable a algunas zonas del municipio hidalguense Zacualtipán.
De visita en el Hospital Rural de Zacualtipán y ante el reclamo generalizado de la población de mayor demanda de agua, el presidente indicó que los recursos generados con la venta del avión presidencial se utilizarían para dotar de agua al municipio.
“Tan luego se enteren que ya se vendió el avión presidencial … empiecen a pensar de que pronto va a llegar el apoyo para resolver el problema de agua”, indicó el presidente ante los presentes.
La rifa del avión presidencial
En la conferencia matutina del 17 de enero del 2020 el presidente López Obrador presentó cinco opciones para “terminar la lamentable historia del avión presidencial”. Entre ellas estaba la posibilidad de venderlo a un solo comprador o en partes a diversas empresas, intercambiarlo y rentarlo. La quinta propuesta fue rifarlo.
“Quinientos pesos, seis millones de cachitos de la Lotería Nacional” dijo el presidente, además a quien ganara se le daría “un servicio de operación de dos años o de un año”.
La noticia tuvo eco en redes sociales y con la etiqueta #SiMeGanoElAvion usuarios compartieron memes sobre, por ejemplo, ¿dónde estacionarían el avión presidencial en caso de ganárselo?
Dos semanas mas tarde, en la conferencia del 7 de febrero, el presidente informó que ya se había tomado la decisión de rifar el avión. Se decidió que el costo del avión, calculado en 2 mil millones de pesos, sería repartido en 100 premios de 20 millones de pesos. El mandatario prometió después que el dinero recaudado sería “para comprar equipos médicos”.
El 15 de septiembre se llevó a cabo la rifa. Margarita González Sarabia, directora de la Lotería Nacional, informó en la conferencia del 11 de diciembre que de los seis millones de cachitos o billetes impresos, solo se vendieron 3.6 millones, lo que “dio como resultado mil 823 millones 676 mil 500 pesos”.
González Sarabia mencionó que se pagaron en premios mil 272 millones 727 mil 260 pesos y que 286.8 millones se destinaron a pagos de impuestos, comisiones a vendedores de billetes y gastos de operación. Por lo que la utilidad del sorteo que se dio finalmente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fue de 264 millones 131 mil 650 pesos.
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Más de 170.000 migrantes indocumentados de India han sido detenidos en EE.UU. desde 2022. Analistas plantean 4 factores que explican su migración masiva.
Un vuelo chárter, que partió de Estados Unidos con destino a India, estaba lleno de ciudadanos del país asiático cuando despegó en octubre pasado.
No se trataba de un vuelo cualquiera, sino de uno de los múltiples “vuelos de expulsión” a gran escala realizados este año por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles).
Cada avión suele transportar a más de 100 pasajeros. Llevan a grupos de migrantes indios que “no habían establecido una base legal para permanecer en Estados Unidos”, detalla ICE.
Según funcionarios estadounidenses, el último vuelo se dirigió a Punjab, cerca de los lugares de origen de muchos deportados. No se facilitó un desglose preciso de las ciudades de origen, pero marca una notable tendencia de deportaciones a India que ha venido realizando el gobierno de EE.UU. en los últimos mees.
En el año fiscal estadounidense 2024, que terminó en septiembre, más de 1.000 ciudadanos indios fueron repatriados tanto en vuelos chárter como comerciales, según Royce Bernstein Murray, secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
“Esto forma parte de un aumento constante de las expulsiones de ciudadanos indios de Estados Unidos en los últimos años, que se corresponde con un aumento general de los encuentros con ciudadanos indios en los últimos años”, declaró Murray en una rueda de prensa.
En la terminología de ICE, los “encuentros” se refieren a los casos en que las autoridades estadounidenses detienen a extranjeros que intentan cruzar las fronteras del país con México o Canadá.
A medida que Estados Unidos intensifica las repatriaciones de ciudadanos indios, crece la preocupación sobre cómo les afectarán las políticas de inmigración del presidente electo Donald Trump, quien ya ha prometido la mayor deportación de inmigrantes de la historia.
Desde octubre de 2020, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB, por sus siglas en inglés) han detenido a casi 170.000 migrantes indios que intentaban cruzar sin autorización las fronteras terrestres tanto del norte como del sur.
“Aunque menores que las cifras procedentes de América Latina y el Caribe, los ciudadanos indios representan el mayor grupo de migrantes de fuera del hemisferio occidental encontrado por CPB en los últimos cuatro años”, afirman Gil Guerra y Sneha Puri, analistas de inmigración del Niskanen Center, un think tank con sede en Washington.
Se calcula que en 2022 había 725.000 inmigrantes indios indocumentados en EE.UU., lo que los convierte en el tercer grupo más numeroso después de los procedentes de México y El Salvador, según nuevos datos del Pew Research Center.
En total, los inmigrantes indocumentados representan el 3% de la población total de EE.UU. y el 22% de la población nacida en el extranjero.
Al analizar los datos, Guerra y Puri han detectado tendencias notables en el aumento de indios que intentan cruzar ilegalmente la frontera.
4 claves de la migración
Por un lado, los inmigrantes no pertenecen a los estratos económicos más bajos. Pero no pueden conseguir visados de turista o estudiante para entrar en Estados Unidos, a menudo debido a su bajo nivel educativo o de inglés.
En su lugar, recurren a agencias que les cobran hasta US$100.000, a veces utilizando rutas largas y difíciles, diseñadas para esquivar los controles fronterizos. Para permitírselo, muchos venden granjas o piden préstamos.
No es de extrañar que los datos de los tribunales de inmigración estadounidenses de 2024 revelen que la mayoría de los emigrantes indios eran varones de entre 18 y 34 años.
En segundo lugar, Canadá se ha convertido en la vía más accesible para los indios, con un tiempo de tramitación del visado de visitante de 76 días (frente a casi un año para un visado estadounidense en India).
El sector de Swanton -que abarca los estados de Vermont y condados de Nueva York y Nuevo Hampshire– ha experimentado un repentino aumento de los encuentros con ciudadanos indios desde principios de este año, alcanzando un máximo de 2.715 en junio, según los investigadores.
Anteriormente, la mayoría de los migrantes irregulares indios entraban en América por la frontera sur con México, que es la más transitada, a través de El Salvador o Nicaragua, que facilitaban la migración. Hasta noviembre del año pasado, los ciudadanos indios podían viajar sin visado a El Salvador.
“La frontera entre Estados Unidos y Canadá es también más larga y está menos vigilada que la frontera entre Estados Unidos y México. Y aunque no es necesariamente más segura, los grupos delictivos no tienen allí la misma presencia que a lo largo de la ruta desde Sudamérica y Centroamérica”, afirman Guerra y Puri.
En tercer lugar, gran parte de la migración parece proceder del estado indio de Punjab, dominado por los sijs, y del vecino Haryana, que tradicionalmente ha sido una región de migrantes al extranjero. La otra fuente de origen es Gujarat, el estado natal del primer ministro indio Narendra Modi.
El Punjab, donde se concentra gran parte de los migrantes indocumentados indios, se enfrenta a dificultades económicas, como una elevada tasa de desempleo, problemas en la agricultura y una inminente crisis de drogas.
La migración también es habitual desde hace tiempo entre los punjabíes, y los jóvenes de las zonas rurales siguen deseosos de marcharse al extranjero.
Según un estudio reciente de Navjot Kaur, Gaganpreet Kaur y Lavjit Kaur sobre 120 encuestados en Punjab, el 56% emigró entre los 18 y los 28 años, a menudo después de la secundaria. Muchos financiaron su traslado mediante préstamos no institucionales, enviando después remesas a sus familias.
Por otra parte, han aumentado las tensiones en torno al movimiento separatista Khalistan, que pretende establecer una patria independiente para los sijs. “Esto ha provocado el temor de algunos sijs de India a ser objeto de ataques injustos por parte de las autoridades o los políticos. Estos temores también pueden proporcionar una base creíble para las peticiones de asilo por persecución, sea cierto o no”, afirma Puri.
Pero determinar con exactitud las causas de la migración es todo un reto.
“Aunque las motivaciones varían, las oportunidades económicas siguen siendo el motor principal, reforzado por las redes sociales y el orgullo de tener familiares establecidos en Estados Unidos», afirma Puri.
En cuarto lugar, los investigadores descubrieron un cambio en la demografía familiar de los ciudadanos indios en las fronteras.
Cada vez más familias completas intentan cruzarlas. En 2021, la inmensa mayoría de los detenidos en ambas fronteras eran adultos solos. Ahora, las unidades familiares representan entre el 16% y el 18% de las detenciones en ambas fronteras.
Esto ha tenido a veces consecuencias trágicas. En enero de 2022, una familia india de cuatro miembros -que formaba parte de un grupo de 11 personas procedentes de Gujarat- murió congelada a solo 12 metros de la frontera en Canadá cuando intentaba entrar en Estados Unidos.
Pablo Bose, especialista en migración y estudios urbanos de la Universidad de Vermont, afirma que los indios intentan cruzar a Estados Unidos en mayor número porque tienen más oportunidades económicas y “más posibilidades de entrar en las economías informales de las ciudades estadounidenses”, especialmente las grandes como Nueva York o Boston.
“Por lo que sé y las entrevistas que he realizado, la mayoría de los indios no se quedan en las zonas más rurales, como Vermont o el norte del estado de Nueva York, sino que se dirigen a las ciudades en cuanto pueden”, dice Bose a la BBC.
Allí se dedican sobre todo a trabajos informales, como el servicio doméstico y los restaurantes.
¿Qué pasará con Trump?
Es probable que las cosas se compliquen pronto.
El veterano funcionario de inmigración Tom Homan, que estará a cargo de las fronteras del país tras la asunción de Trump en enero, ha dicho que la frontera norte con Canadá es una prioridad porque la migración ilegal en la zona es un “enorme problema de seguridad nacional”
Lo que sucederá después no está claro.
“Queda por ver si Canadá impondría políticas similares para evitar que la gente emigre a EE.UU. desde sus fronteras. Si eso ocurre, cabe esperar un descenso de las detenciones de ciudadanos indios en la frontera”, afirma Puri.
Sea como sea, es poco probable que los sueños que impulsan a miles de indios desesperados a buscar una vida mejor en Estados Unidos se desvanezcan.
Aunque el camino por recorrer sea cada vez más peligroso.
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