Gentrificación en México: ¿qué es, cuáles son sus causas y a quiénes afecta?
Para entender mejor
Luego de la protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México el pasado 4 de julio, en redes sociales surgió un debate sobre las causas y los responsables de este problema, entre cuyas consecuencias están el alza del precio de la vivienda y el costo de vida, la falta de acceso a un hogar y el desplazamiento de personas lejos de su lugar de origen.
Este fenómeno se hizo más visible tras el impacto de la pandemia de Covid-19 en 2020 y a raíz de la llegada de más nómadas digitales al país. Lo que causó el alza de los precios de la renta de viviendas, especialmente en zonas céntricas de la ciudad, así como el aumento de los espacios destinados a alojamientos temporales en plataformas digitales como Airbnb.
Para entender mejor: ‘No nos alcanza’: ¿Por qué es tan difícil comprar o rentar una casa en la CDMX?
¿Qué es la gentrificación y cuáles son sus causas?
La gentrificación inicia cuando un barrio o zona de la ciudad habitada por poblaciones de menores ingresos es revalorada por grupos con mayor capacidad económica que la población originaria. Conforme llegan nuevos habitantes, el entorno se va modificando, con mejoras en los servicios públicos y transporte, así como una mayor oferta de servicios privados, pero esto eleva los costos de vida y genera desplazamiento de la población originaria, de acuerdo con Carla Escoffié, especialista en materia de vivienda.
“La gentrificación por definición implica que se va a desplazar a una población de una zona para beneficiar a otro sector de la población. Entonces, no hay gentrificación positiva. Se puede mejorar la calidad de vida de un barrio, se puede mejorar los servicios, se puede mejorar los espacios públicos sin desplazar a las personas”, dijo Escoffié.
Las modificaciones en estos entornos se dan tanto por intervenciones estatales o como por privados, lo que provoca que estos espacios adquieran más plusvalía y se vuelva más atractivos para grupos sociales de mayor nivel adquisitivo y que deriven en la expulsión de habitantes con menores recursos, de acuerdo con Lorena Umaña Reyes, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM.
Esto además permite que sectores poblaciones con una mayor capacidad económica se apropien de lugares y construyan inmuebles destinados a personas de ingresos medios y altos, lo cual termina con el desplazamiento de la población originaria, generalmente con menores recursos, según explica Luis Alberto Salinas, investigador del Instituto de Geografía de dicha universidad.
Esto afecta principalmente a las personas que rentan su vivienda en dichas zonas, pues son más susceptibles al alza de precios, de acuerdo con un reporte de BBVA.
“Otras consecuencias se viven de puertas para adentro. Los vecinos no pueden hacer frente a la subida del alquiler, dejan de encontrar productos de primera necesidad cerca de sus viviendas o simplemente dejan de disfrutar de la vida de barrio que tenían antes. La única solución que encuentran es marcharse, normalmente a la periferia”, detalla.
¿Quiénes participan de la gentrificación?
Carla Escoffié destacó que las plataformas de alojamiento temporal y los nómadas digitales no son la principal causa de este fenómeno, por lo que afirmó que la gentrificación es una situación multifactorial donde se ven involucrados el déficit de vivienda, falta de políticas públicas y el aumento de los precios de la vivienda.
“La gentrificación se basa en la llegada de un grupo de personas con mayor poder adquisitivo a una zona. Entonces, esto se puede dar a través de distintos perfiles, pueden ser mexicanos, no sólo estadounidenses; no sólo los extranjeros gentrifican. La clave de la gentrificación es la desigualdad socioeconómica, no un tema de nacionalidad. Y lo mismo, las plataformas como el Airbnb no generaron la gentrificación ya existía”, señaló.
De la misma forma, la llegada de los nómadas digitales, trabajadores con mayor ingreso y que desempeñan sus actividades de forma remota, y la diversificación de plataformas de alojamiento temporal como Airbnb son elementos que participan en la gentrificación de algunas comunidades.
Otra de las causas de esta situación es la turistificación de algunas zonas urbanas, lo cual provoca cambios en las costumbres y la aparición de comercios destinados a la población con mayores ingresos. El análisis realizado por BBVA destacó que los pobladores originarios se ven afectados por el aumento de precios en la zona y en la falta de acceso a productos de primera necesidad.
“Se ha identificado que la gentrificación se desarrolla principalmente en los estados del centro del país y en regiones turísticas del noroeste, centro-occidente y suroccidente. Las principales clasificaciones observadas incluyen la gentrificación comercial, transnacional, empresarial, rural, alimentaria, verde, de sensibilidad, cultural y post-catástrofe.
“Estos territorios, ricos en recursos naturales y culturales, han generado una mayor movilidad turística, lo que ha intensificado los procesos de gentrificación y la exclusión de sectores socioeconómicos más vulnerables”, explicó el estudio Gentrificación En México: Un Análisis Sistemático Para Profundizar Su Comprensión En El Contexto Urbano.
¿Qué zonas se han sido afectadas por la gentrificación en México?
Durante la conferencia del 7 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en colonias como la Condesa y la Roma en la Ciudad de México existe mucha especulación inmobiliaria derivada de las rentas y plataformas como Airbnb.
Aunque la respuesta de la presidenta se da tras la protesta en la Ciudad de México, este fenómeno está presente en distintas ciudades del país como Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y Mérida.
Esto se da a la par de falta de espacios de vivienda en todo el país. Como te contamos, el déficit de vivienda en México asciende a 1.2 millones de unidades en 74 zonas metropolitanas. Además, la tendencia de la producción no ha logrado satisfacer las necesidades habitacionales de la población, ya que el crecimiento anual promedio de las viviendas particulares es más bajo que el crecimiento de los hogares.
Mientras que la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) de 2020, la última disponible, destacó que 3 millones de viviendas en el país son rentadas por no tener acceso a crédito o no tener recursos y sólo 54% de ellas cuenta con un contrato de renta. En el caso de la Ciudad de México, 46% de las viviendas particulares son rentadas por falta de financiamiento.
Esto también ha impactado a los precios de la vivienda. Según un análisis de BBVA, los precios de renta y compra de vivienda en México aumentaron más que los ingresos de las personas. Entre 2016 y 2022, los precios de venta de un inmueble crecieron 58.4% y el de la renta aumentó 16.5%, mientras que el ingreso laboral solo incrementó 4.1%. A esto se suma que 1.7 millones de hogares tienen un sobrecosto, lo que afecta a entidades como Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Hidalgo y Puebla.
Por otro lado, datos del Sistema Hipotecario Federal (SHF) muestran que entre 2019 y 2025 el precio de la vivienda promedio a nivel nacional pasó de 1 millón 071 mil 235 a 1 millón 859 mil 043 pesos, un alza de 73.5%. Mientras que en la Ciudad de México, donde se ubica el precio promedio más elevado, el alza fue de 25.23%, al pasar de 3 millones 087 mil 111 a 3 millones 866 mil 210 pesos.
Mientras que para las rentas, un reporte de la plataforma Inmuebles24, publicado en febrero de 2025, muestra que los precios aumentaron 13.5% en el último año en la Ciudad de México. Además, los precios promedio de la renta se encontraban en 14 mil pesos en diciembre de 2018 y pasó a 19 mil pesos en febrero de 2025, según el portal.
Necesario impulsar políticas públicas en materia de vivienda
En respuesta a la protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscará, junto con el gobierno de la Ciudad de México, mecanismos para evitar la expulsión de la población original de las comunidades.
Además, adelantó que colaborará con el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para encontrar mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida.
Mientras que, el gobierno capitalino se dijo en contra de la gentrificación y sus consecuencias. Además, mencionó que se han impulsado políticas públicas en materia de vivienda, tal como créditos accesibles para el mejoramiento y construcción de viviendas, así como rentas asequibles.
Aunque esta no es la primera vez que se anuncian medidas ante este problema. El año pasado, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que las rentas de inmuebles han aumentado ocho veces más que el salario general entre 2007 y 2023 en la Ciudad de México.
Ante ello, la Ciudad de México aprobó dos reformas para limitar el hospedaje en plataformas como Airbnb, prohibir el uso de inmuebles de programas de vivienda social y reconstruidos por el sismo de 2017 con estos fines y estableció que las rentas no podían aumentar más que la inflación.
Sin embargo, cabe destacar que en 2022, cuando era jefa de gobierno, firmó una alianza para promover a la CDMX como “capital del turismo creativo” y destino para “nómadas o trabajadores digitales” con Airbnb y la Unesco, donde negó que este acuerdo incremente el precio de las rentas.
Incluso, el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, reconoció las consecuencias de este fenómeno. El documento refiere que la capital del país expulsa 23 mil hogares anualmente debido a la falta de opciones crediticias y otros mecanismos para acceder a una vivienda formal.
Pero esta población continúa realizando actividades laborales en la entidad, por lo que aumentan los tiempos invertidos en movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México.
“La creciente regeneración de inmuebles, con estilos arquitectónicos nuevos en barrios de valor patrimonial, con zonas de alta accesibilidad a servicios y oportunidades, ha generado procesos de gentrificación (expulsión de moradores originales) que tienen como base la alta valoración económica del suelo y la llegada de población que no se interesa por la preservación cultural y patrimonial, ni la riqueza de la mixtura social y económica que existía”, indicó el programa de ordenamiento.
Por otro lado, Escoffié subrayó que la gentrificación también es resultado de una política fallida en materia de vivienda en los últimos cincuenta años. Pese a que hay avances en esta materia, la especialista mencionó que aún faltan abordar otras situaciones, tales como bancos de suelo, proyectos de vivienda estratégicas, desalojos forzados, cooperativas de vivienda, entre otras.
“Hay que revisar esa regulación y ver hasta dónde ha funcionado y que le falta y seguir trabajando. Hay ejemplos en otras ciudades del mundo; Barcelona tiene ejemplos de esto donde ha crecido también la gentrificación y el aumento de las rentas. Entonces, hay que vernos mecanismos que permitan recibir visitantes y al mismo tiempo no se generen estos mecanismos de gentrificación”, señaló la presidenta en su conferencia de prensa del 7 de julio.
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Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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