Las fuerzas armadas de México tienen limitaciones para preservar la seguridad nacional: especialistas
La seguridad nacional de México no es un concepto abstracto, sino una preocupación nacida de episodios históricos que han amenazado su integridad como nación. A lo largo del tiempo, el país ha enfrentado intentos de intervención que han marcado su rumbo político y social y dejado una memoria colectiva de resistencia y defensa de la soberanía.
En ese tenor, el reciente ataque a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro generó inquietud porque fue interpretado como un precedente preocupante de intervención directa contra un jefe de Estado en funciones. En el contexto latinoamericano, surgió el temor de que estas acciones reforzarán una lógica de seguridad unilateral por parte de Estados Unidos que se extienda a otros países como México con el argumento de combatir amenazas transnacionales.
“Más allá de mecanismos diplomáticos e internacionales, la mejor forma de evitar el escalamiento de conflictos exteriores es atender la política interior mexicana. México comparte una frontera geográfica con Estados Unidos que es imposible cambiar y nos obliga a tener una relación cercana y cooperativa con Trump”, señala Yair Mendoza, investigador del programa de seguridad de México Evalúa.
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Las Fuerzas Armadas mexicanas tienen limitaciones para la defensa nacional
De acuerdo con un artículo publicado por la Cámara de Diputados, la seguridad nacional es una condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de seguridad territorial, independencia, soberanía, estado de derecho y estabilidad política, social y económica.
Esencialmente, el concepto protege frente a amenazas y riesgos que pueda enfrentar el país, aplica la defensa legítima del Estado mexicano respecto a otros estados o sujetos de derecho internacional, preserva la soberanía e independencia nacional y defiende al territorio.
Daira Aguilar, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura en entrevista que el Ejército mexicano está limitado en términos de tecnología y capacidades. “Existe un límite claro en términos de armamento, capacidad defensiva, artefactos militares e infraestructura, no tenemos lo que otras fuerzas armadas tienen”, señala.
Otra de las limitaciones de las Fuerzas Armadas mexicanas es la falta de recursos: “Aunque el gobierno quisiera perseguir a todos los criminales y todas las organizaciones, tiene que priorizar y descuidar operaciones. Mientras manda más elementos a atender la crisis de seguridad en Sinaloa, disminuye sus militares en guardia en la frontera”, ejemplifica Yair Mendoza.
“A diferencia de otras generaciones de militares que tenían muy presente que los norteamericanos representan una amenaza para México debido a la historia de intervenciones de Estados Unidos, actualmente, el Ejército mexicano está muy dispuesto a colaborar con Trump para lograr objetivos compartidos”, explica por su parte el especialista en seguridad David Saucedo.
En conjunto, los especialistas coinciden en que México enfrenta un escenario complejo en materia de defensa y seguridad, marcado por limitaciones estructurales, presupuestales y estratégicas. La falta de capacidades militares comparables con otras potencias, sumado a la necesidad de priorizar recursos frente a múltiples situaciones de violencia interna, reduce el margen de respuesta ante amenazas externas.
Aunque la Ley de Seguridad Nacional contempla la presencia de autoridades extranjeras en el país para labores de intercambio de información bajo acuerdos de cooperación, ha sido reforzada con reformas que prohíben estrictamente cualquier tipo de intervención extranjera —como golpes de Estado y violación territorial— y busca la cooperación sin subordinación entre Estados.
Como te contamos en este Te Explico, en marzo de 2025, las comisiones de la Cámara de Diputados discutieron una serie de reformas que buscaban la prohibición de que instituciones de justicia extranjeras como el FBI o la DEA investiguen o persigan personas en territorio nacional sin consentimiento del gobierno mexicano, y restringir cualquier intervención extranjera en el país.
Vigilancia y protección del territorio nacional
Artículos de la Constitución mexicana como el 39, el 42 y el 129 defienden la soberanía, el territorio y el papel de las Fuerzas Armadas, en especial el artículo 89 fracción VI, el cual señala que le corresponde al presidente o presidenta de la república como comandante o comandanta suprema para disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para la seguridad interior y la defensa exterior de la nación.
De acuerdo con el primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, para salvaguardar la integridad y seguridad en el territorio mexicano, del 1 de octubre al 30 de junio de 2024 las Fuerzas Armadas realizaron acciones orientadas a identificar, prevenir y contrarrestar los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional como:
La Armada de México ejecutó 34,025 operaciones navales de vigilancia del territorio, espacio y mares nacionales con el despliegue permanente de 18,622 elementos navales: 4,572 en operaciones marítimas, 1,226 para operaciones aéreas y 12,824 para operaciones terrestres.
El despliegue constante de personal y operaciones en distintos puntos del país evidencia la centralidad de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, más allá de las cifras operativas, resulta relevante analizar cómo estas acciones son percibidas por la ciudadanía, particularmente en términos de confianza y efectividad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025, la percepción de la población respecto al desempeño efectivo de las Fuerzas Armadas mexicanas se muestra en el siguiente gráfico:
Además, la investigadora Daira Aguilar considera que la respuesta de cooperación del gobierno de México con Estados Unidos ha sido efectiva:
“Se han logrado minimizar ciertas amenazas de Trump como los aranceles y las negociaciones de entrega de agua. Sin embargo, la insistencia continúa porque lo que busca el gobierno trumpista es que México entregue cabezas importantes vinculadas con el crimen organizado que no solo sean parte de estos grupos criminales, sino también figuras políticas”.
Lee más: ¿Quién condena y quién respalda el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Maduro?
¿Estados Unidos puede intervenir en territorio mexicano?
La reciente detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela generó inquietud entre la sociedad sobre si México puede ser invadido por el gobierno de Donald Trump. Pero en diversas ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la intervención militar de Estados Unidos “no es una opción” para México y que se mantiene en cooperación con su homólogo.
Sin embargo, Trump ha sostenido que el narcotráfico en México representa una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y ha acusado al Estado mexicano de no controlar a los cárteles de la droga. En ese contexto, ha sugerido que si el gobierno mexicano no actúa con mayor contundencia, entonces podría intervenir de manera directa mediante el uso de fuerzas militares para combatir a los grupos criminales.
Yair Mendoza, investigador del programa de seguridad de México Evalúa, destaca en entrevista que, “en México, lo sucedido en Venezuela servirá para que las autoridades enfoquen sus esfuerzos en brindar condiciones de seguridad, ya sea para el territorio nacional o para perseguir a organizaciones criminales internacionales que afectan la política interna de los Estados Unidos”.
Mientras, el especialista en seguridad David Saucedo sugiere que una intervención militar en México puede provocar una guerra civil al interior del país como ocurrió cuando los estadounidenses capturaron al narcotraficante Ismael Zambada, el “Mayo”.
“Si ocurriera la detención de algún integrante de la élite política del país, seguramente sería en contra de algún gobernador o alcalde con vínculos criminales; los estadounidenses ya han dado pistas sobre quiénes son los políticos morenistas de alto rango que tienen en el radar como aquellos a los que les han revocado la visa”, afirma.
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Dos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense, quien fuera su mano derecha asumió como jefa de Estado interina.
Delcy Rodríguez juramentó este lunes como la nueva presidenta encargada de Venezuela.
Quien fuera la mano derecha de Nicolás Maduro se conviritó así en su sucesora interina, dos días después de que en la madrugada del sábado el entonces mandatario fuera capturado por Estados Unidos.
Maduro fue detenido en Caracas en un amplio y controlado operativo militar de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes se declararon no culpables ante un tribunal federal de cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.
En una retrasada ceremonia ante la Asamblea Nacional, que asumió en esta misma jornada para su nuevo periodo, la otrora vicepresidenta ejecutiva del país asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara su asunción como jefa de Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue uno de los testigos directos de la juramentación.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”.
La líder cuenta además con el respaldo del ejército venezolano.
La abogada de 56 años ha sido una pieza clave del chavismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez llegó por primera vez al gabinete como ministra del despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la asunción de Maduro, en 2013, cuando consolidó su poder: fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía, para luego asumir como canciller y finalmente como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva.
Pocas horas antes de juramentar, Rodríguez había dado un giro drástico en el tono con Estados Unidos.
Tras la operación militar de élite que fue ordenada por el propio Donald Trump en territorio venezolano, fue ella quien la calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró en una intervención en cadena nacional.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez a la vez que reafirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
La noche del domingo, sin embargo, la nueva presidenta de Venezuela invitó al gobierno de Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, agregó en un post de Instagram, recalcando los principios de la “igualdad soberana y la no injerencia”.
Trump había sugerido previamente que Rodríguez estuvo en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y que habría manifestado su disposición a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, afirmó.
Este domingo el mandatario estadounidense fue más allá y le dijo a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de (Nicolás) Maduro”.
Tras la captura de Maduro, Trump había advertido que EE.UU. “gobernará” Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
¿Cuánto tiempo podría estar en el cargo?
La Constitución venezolana establece un plazo de 30 días para realizar elecciones en caso de una falta absoluta del presidente.
Las causas incluyen, entre otros supuestos, fallecimiento, renuncia, destitución o abandono.
Sin embargo, por el carácter excepcional del caso, el Tribunal Supremo de Venezuela optó por interpretar la ausencia de Maduro como “temporal”, atribuyendo a la vicepresidenta la función de suplirlo.
Un vicepresidente puede suplir la ausencia presidencial temporal durante hasta 90 días, período que puede extenderse a seis meses con el voto de la Asamblea Nacional.
En su sentencia, de todas formas, el máximo tribunal venezolano no recordó esos plazos, lo que abre dudas sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda mantenerse en el poder más allá de ese itinerario.
Lo más probable es que aquello dependa ahora, en gran medida, de cómo la nueva presidenta de Venezuela maneje la relación con Estados Unidos.
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