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Destinar dinero de fideicomisos del PJF a personas damnificadas por Otis podría ser inconstitucional
Destinar dinero de fideicomisos del PJF a personas damnificadas por Otis podría ser inconstitucional
Fotografía: lopezobrador.org.mx
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Destinar dinero de fideicomisos del PJF a personas damnificadas por Otis podría ser inconstitucional
La suspensión provisional que concedió un juez suspende de forma inmediata la entrega y/o transferencia de los recursos del Poder Judicial al Ejecutivo
02 de noviembre, 2023
Por: Luz Rangel
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Destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a las personas damnificadas por el huracán Otis –como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador– podría ir en contra de la Constitución, leyes y de una suspensión provisional dictada por un juez. 

Así lo señalan documentos, legisladores y especialistas y, a pesar de ello, Norma Piña –ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– aceptó dialogar con el Poder Ejecutivo para concretar la propuesta.

Mientras que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, envió una carta a Norma Piña para establecer un diálogo con ella y con el Congreso de la Unión a fin de instalar una comisión conformada por integrantes de los tres poderes para administrar los recursos que proponen el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, dijo en un mensaje que publicó en X, antes Twitter, que el acuerdo entre el presidente de la República y la presidenta del Poder Judicial no es constitucional.

“No es admisible porque no es constitucional (…) No creo que sea admisible un acuerdo que vulnere los derechos de los trabajadores”, pronunció en el video.

Mientras que Juan Ortiz, director del proyecto digital Lupa Legislativa, explicó a El Sabueso que algo clave en el oficio que envió Piña a López Obrador es que destaca la obligación del PJF de garantizar los derechos de todos los trabajadores del organismo autónomo, quienes también han aportado dinero a dicho fideicomiso. 

Es decir, la suma de los 15 mil millones incluye aportaciones de los trabajadores por lo que no pueden ser despojados por acuerdos presidenciales, ya que se estaría vulnerando sus derechos. 

¿Destinar fideicomisos para otros fines puede afectar derechos laborales?

El senador Germán Martínez enlistó, entre otros, al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que no se pueden tocar las condiciones generales de trabajo de las y los servidores públicos del PJF.

“Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”, menciona el artículo 127. 

La fracción I dice que se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la propuesta en la conferencia matutina del 31 de octubre de destinar los 15 mil millones de los fideicomisos del PJF a personas damnificadas por huracán Otis dijo que no afectaba a las y los trabajadores. Sin embargo, la SCJN, en su postura en contra de su extinción argumentó que su eliminación sí afectaba los derechos laborales.

“Al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, menciona una tarjeta informativa del 11 de octubre. 

La SCJN también aclara que no se trata de prestaciones adicionales, sino de derechos adquiridos de las personas trabajadoras. El personal operativo del PJF, que representa más de 60% de la plantilla, es el principal beneficiario.

Además, en una tarjeta informativa del 18 de octubre, la SCJN señaló que cada fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación. 

“Mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, se garanticen esos derechos, y por otro se mejore el uso y aprovechamiento”, dice el comunicado del 31 de octubre difundido por Norma Piña. 

Esto implica respetar los recursos que las y los propios trabajadores han aportado, con lo que se reduce el monto de 15 mil millones de pesos. Por ejemplo, el Fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces con saldo de 80 millones 367 mil 520.27 pesos al 30 de septiembre de 2023, según el portal de transparencia, se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones a través de descuentos por vía nómina.

Dentro de varios fideicomisos hay aportaciones privadas de los trabajadores, como las pensiones complementarias o este fideicomiso de mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, porque se les cobra en cada quincena con una parte de su nómina”, explica Ortiz. 

Otra clave para Ortiz es que en el oficio que Piña envió a López Obrador, se refiere a fideicomisos públicos, no específicamente a los fideicomisos del PJF extinguidos por el Congreso de la Unión. 

“Tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas”, se lee en el oficio de Piña.

Yo creo que la apuesta del Poder Judicial es abrir esta conversación a otros fideicomisos y también otras formas de ayudar a la gente”, agrega Juan Ortiz. 

Destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a las personas damnificadas por el huracán Otis –como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador– podría ir en contra de la Constitución, leyes y de una suspensión provisional dictada por un juez.
Oficio de la SCJN.

De la Tesorería del PJF a la Tesorería de la Federación

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, envió una carta a Norma Piña para establecer un diálogo con ella y con el Congreso de la Unión para instalar una comisión conformada por integrantes de los tres poderes para administrar los recursos que el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación. 

Pero el especialista Juan Ortiz señala que en el caso de los fideicomisos públicos primero estos recursos deberán pasar a su respectiva tesorería, la cual decide a qué se van a destinar.

“Si existe una extinción de fideicomisos, esos recursos tienen que pasar primero a sus tesorerías y se quedan ahí. Y, en el caso Poder Judicial, tiene que decir para dónde se van esos recursos y ya si queda algún remanente o subejercicio al final del año o en alguno de estos trimestres, entonces ya lo envía a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda, pero primero pasa por la Tesorería del Poder Judicial”, detalla. 

“Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este artículo, los recursos públicos remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya acordado un destino diferente”, establece el artículo 12. 

Posteriormente, la Tesorería de la Federación decide qué hacer con esos recursos, pues no están etiquetados para algún fin específico.

“Si llegara a caer dinero a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda, no hay ninguna obligación de que vaya a las personas damnificadas, porque no viene en ningún documento, no viene en la ley, no viene ni en ningún lado. Entonces, la Secretaría de Hacienda va a decidir”, comenta Ortiz. 

El director de Lupa Legislativa advierte que es complicado que estos recursos lleguen a las personas damnificadas por el huracán Otis con la urgencia que los requieren. De hecho, el presidente López Obrador lo reconoció cuando hizo la propuesta.

“Tendríamos que esperar a que se publique la Ley de Ingresos, el presupuesto y luego ver si no va a haber controversia”, afirmó en la conferencia matutina del 31 de octubre.

Destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a las personas damnificadas por el huracán Otis –como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador– podría ir en contra de la Constitución, leyes y de una suspensión provisional dictada por un juez.
Documento de la Secretaría de Gobernación.

No se pueden transferir los recursos de los fideicomisos al Poder Ejecutivo

Juan Fernando Luévano Ovalle, juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, decretó una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 2341/2023 para frenar de manera temporal la reforma que desaparece los 13 fideicomisos. Esto implica que por ahora no se pueden transferir los recursos del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.

“Suspendan de forma inmediata la entrega y/o transferencia de los recursos de todos aquellos fidecomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a cualquier autoridad dependiente del Ejecutivo Federal”, se lee en la suspensión provisional.  

La siguiente audiencia será el 9 de noviembre, en la cual se determinará si se otorga la suspensión definitiva para no extinguir los fideicomisos y, por lo tanto, no transferir sus recursos a las personas damnificadas por el huracán Otis. 

“Mientras no se resuelva de fondo, pues este dinero es inamovible”, añade Juan Ortiz.

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Cómo extendió su poder en Chile el Tren de Aragua, la primera banda de crimen organizado trasnacional en operar en el país
10 minutos de lectura
Cómo extendió su poder en Chile el Tren de Aragua, la primera banda de crimen organizado trasnacional en operar en el país

Los tribunales de Chile empiezan a ver los casos contra miembros de la megabanda venezolana, que en los últimos años convirtió al país del sur en una gran base de operaciones.

09 de mayo, 2024
Por: BBC News Mundo
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“Hay homicidios de una gravedad que no habíamos visto antes en la historia del país. Me refiero a desmembramientos, torturas y enterrar a las personas vivas”.

Así describió el fiscal Mario Carrera a Tele13 Radio los delitos por los que se persigue a Los Gallegos, la banda que desde esta semana protagoniza lo que se ha considerado el juicio más importante de la historia del crimen organizado en Chile.

Los 38 acusados –34 venezolanos y cuatro chilenos– enfrentan cargos de homicidio calificado, secuestro, porte de armas y tráfico de drogas, y son considerados una célula del Tren de Aragua, la megabanda venezolana que en los últimos años convirtió a Chile en un gran centro de operaciones, el mayor después de su país de origen, según funcionarios policiales chilenos.

El Tren es, de hecho, el “primer grupo criminal trasnacional” con el que se ha enfrentado la Justicia chilena y una de las causas de la violencia en un país que en los últimos años ha visto crecer el número de homicidios.

La Fiscalía incluso atribuye al grupo la muerte del exmilitar disidente de Venezuela Ronald Ojeda, y la propia existencia del Tren de Aragua ha sido motivo de disputa diplomática con el gobierno de Caracas, que llegó a negar la existencia de la megabanda, algo que Chile, uno de los países que más sufre la violencia del grupo, consideró un “insulto”.

Pero ¿cómo se estableció, cuál ha sido y es su presencia en el país y cómo empezó la justicia chilena a encarar una criminalidad a la que nunca antes se había afrontado?

Para entenderlo, hay que remontarse primero a otro caso judicial.

La muerte de Mariana

Mariana (nombre ficticio) se desplomó poco después de cruzar la frontera entre Pisiga, en Bolivia, y Colchane, en el norte de Chile, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Había caminando alrededor de 40 minutos, soportando bajas temperaturas, en medio de fuertes vientos y lluvia, por un terreno desértico y con vestimenta no adecuada. Viajaba junto a su hijo de 5 años, su madre, un hermano menor de edad y otros 50 extranjeros.

Cuando los carabineros intentaron auxiliarla, la migrante venezolana de 32 años ya estaba muerta.

Su caso fue reportado, sin más detalles, como uno de los cinco fallecimientos de migrantes ocurridos en el primer trimestre de 2021, cuando intentaban cruzar por pasos irregulares hacia Chile.

Migrantes cruzando a Chile.
Getty Images

Pero detrás de su muerte hay algo más que el desgaste físico de una joven madre. Mariana y su familia son parte de los 11 casos de víctimas del Tren de Aragua que figuran en la acusación presentada en marzo de 2022 contra 12 miembros de la organización criminal por Raúl Arancibia Cerda, quien entonces era fiscal regional de Tarapacá, en el norte de Chile.

“Se trata de la primera organización (el Tren de Aragua) que cumple con todas las características del crimen organizado trasnacional (…) en ser formalizada en el país (Chile)”, dice el documento de acusación al que tuvo acceso BBC Mundo.

El exfiscal regional Arancibia aseguró que, al menos hasta el momento en que formalizó el escrito, en 2022, “Chile estaba ajeno a este tipo de criminalidad”.

Pero ¿cómo un grupo criminal tan joven –con menos de 10 años de existencia–, comandado desde el interior de una prisión en un país a más de 4.700 kilómetros de distancia, logró establecerse con tanta fuerza y facilidad en el territorio chileno?

Cárcel de Tocorón en Venezuela
EPA

Las causas de su expansión

La migración aparece como un primer factor.

Hoy hay más de medio millón de venezolanos registrados en Chile, aunque la cifra podría ser el doble, debido a la gran cantidad de personas que han entrado por pasos informales.

La familia de Mariana figura entre miles de víctimas del tráfico de migrantes, y su historia combina algunas de las variables que explican cómo el Tren de Aragua se instaló en Chile y convirtió este país en su “segundo hogar”, según confirmó a BBC Mundo un funcionario de la Policía de Investigación de Chile (PDI) que investigó al grupo entre 2021 y 2023 y que prefirió no dar su nombre.

A comienzos de 2021, cuando todavía el impacto de la pandemia por covid-19 mantenía cerradas varias fronteras y la situación de los venezolanos se agravaba en sus países de acogida, Edgar, un hermano de Mariana que vivía en Chile, contrató los servicios de una supuesta agencia de viajes para trasladar a cuatro miembros de su familia desde Colombia hasta Iquique, en la frontera norte del país sureño, según se relata en la acusación formalizada por el fiscal Arancibia.

Edgar accedió a pagar US$2.400 para que sus parientes se reunieran con él. Pagó US$600 dólares por cada uno: Josefina, su mamá; Juan Carlos, su hermano menor de edad; Mariana, su hermana de 32 años; y José, su sobrino de 5 años, hijo de Mariana. (Todos los nombres son ficticios; en la acusación se les identifica sólo con siglas)

El grupo familiar emprendió el trayecto a comienzos de marzo de 2021.

Presos de la cárcel de Tocorón durante un operativo del gobierno para volver a ganar el control del recinto.
EPA

Pero cuando llegaron a Tumbes, en Perú, los hombres que los trasladaban les exigieron US$80 más por persona para continuar el viaje hasta Lima, y US$250 por cabeza para llegar a Colchane, en Chile. Así que Edgar transfirió otros US$1.360.

En ese punto ya se había percatado de que no había tal agencia de viajes. Estaban en manos de coyotes del Tren de Aragua, una organización que desde Venezuela ya se ha expandido al menos a seis países de América Latina.

La noche del 22 de marzo de 2021, luego de permanecer ocultos un par de días en el hotel España, en Pisiga, Bolivia, los familiares de Edgar iniciaron la travesía para cruzar la frontera y llegar a Chile.

A la cabeza de la “expedición” estaban tres hombres que, según la acusación, se identificaban por sus apodos: “Estrella” (Carlos González Vaca), quien ha sido señalado de ser uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile; “Zeus” (Zeus Velásquez Aquino) y “Águila” (Juan José Trejo Varguilla). Todos de nacionalidad venezolana y miembros de la megabanda, según arrojó la investigación realizada por autoridades chilenas.

Ellos eran los que daban las instrucciones y expusieron a los migrantes “a condiciones extremas”, poniendo en riesgo la “integridad física y la vida” de todos, se lee en el documento elaborado por la fiscalía de la región de Tarapacá.

Cinta de la Policía de Investigaciones de Chile que dice
PDI Chile

Poco después de cruzar la frontera, Mariana comenzó a sentirse mal y su madre le pidió ayuda a alias Águila, quien golpeó a la joven por sentirse mal. Como consecuencia se desvaneció y acabó muriendo en suelo chileno.

“Al menos desde el año 2021 en la región de Tarapacá ha operado esta organización criminal trasnacional, vinculada con la Mega Banda Venezolana, el Tren de Aragua, cuya célula (…) se ha asentado en diversas ciudades de la región (…) como también se ha extendido hasta otras partes del país (…)”, concluye la acusación.

Los tres coyotes, entre otros, fueron detenidos en marzo de 2022.

El caso está actualmente en proceso de preparación para el inicio del juicio. Hay 12 acusados, incluido Carlos González Vaca, alias “Estrella”.

Considerado el líder de la primera célula del Tren identificada y desarticulada en Chile, la Fiscalía pide para él dos penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de prisión por delitos como secuestro con homicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y tráfico de migrantes, entre otros.

Migrantes venezolanos interceptados por carabineros en la frontera de Chile.
Getty Images

El estallido, la pandemia y la economía

“Creemos que la llegada del Tren de Aragua tiene que ver con el aprovechamiento de esta migración que hubo desde Venezuela a Chile”, le explicó a BBC Mundo Mauro Mercado Andaur, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigación (PDI) de Chile.

“La persona que emigra a través de distintas fronteras muchas veces tiene pocos recursos económicos y la necesidad rápida de llegar a su país de destino. El grupo criminal aprovecha la necesidad de los migrantes para hacer sus negocios ilícitos, los seduce y hasta les asignan tareas menores”, agregó.

Pero hay otros elementos que explican que Chile fuera el terreno escogido por la banda para instalarse.

Por un lado, coincide con el estallido social de 2019, “momento en el que teníamos otros focos de interés que estábamos abordando”, reconoció Mercado Andaur, apuntando a la pandemia por coronavirus.

Y es que la emergencia sanitaria forzó un cambio en la dinámica y la operatividad de los cuerpos de seguridad —precisa el policía—, que debieron ocuparse de problemas vinculados con la enfermedad al tiempo que desatendían tareas propias de sus funciones.

Asimismo, Chile fue uno de los primeros países de la región en tener vacunas disponibles y eso atrajo a muchas personas que buscaban servicios de salud de calidad.

Mauro Mercado Andaur (izquierda) junto a otros funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile durante una visita del subsecretario del Interior en noviembre de 2023.
PDI Chile
Mauro Mercado Andaur (izquierda) junto a otros funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile durante una visita del subsecretario del Interior en noviembre de 2023.

“Tuvimos que buscarlo en Google”

Arancibia, el exfiscal de Tarapacá, relató que la primera vez que escuchó hablar del Tren de Aragua fue en diciembre de 2020, cuando dos mujeres peruanas fueron detenidas mientras intentaban ingresar a Chile ketamina, una droga alucinógena.

“Ellas explicaron que habían sido obligadas a transportar la droga por gente del Tren de Aragua. Hasta ese momento no sabíamos nada de una megabanda venezolana, ni de una prisión de Tocorón (en Venezuela). Tuvimos que buscarlo en Google”, contó Arancibia.

Aunque al final comprobaron que las mujeres mentían y que no habían sido forzadas por ningún grupo criminal, el hecho abrió camino a la primera investigación sobre el Tren de Aragua en Chile. “Nos dieron a conocer lo que estaba pasando”.

Para entonces, las autoridades chilenas ya habían notado cambios en las dinámicas criminales en las regiones fronterizas del norte y la aparición de nuevos delitos sin tener claras las causas: más explotación sexual de extranjeras; tráfico de sustancias poco convencionales, extorsiones; más homicidios y tráfico de migrantes.

Aunque en esa frontera de Chile con Bolivia históricamente había habido actividad del crimen organizado, no había grupos, ni locales ni extranjeros, que ejercieran un control de las acciones ilícitas y se impusieran con violencia como lo hacía el Tren de Aragua.

“Encontraron la facilidad para apoderarse de territorios. Tomaron zonas casi despobladas para establecer sus negocios. También comenzaron a ofrecer servicios, como pasar migrantes de una frontera a otra, brindar seguridad a comercios o falsificar los documentos de identidad que las autoridades chilenas entregan a los migrantes”, detalló Mercado Andaur.

El embajador de Venezuela en Chile, Jaime Gazmuri, la subsecretaria de Relaciones Exteriores chilena, Gloria de la Fuente y el presidente chileno, Gabriel Boric, en una reunión mantenida en el Palacio de la Moneda el 13 de abril de 2024.
EPA
El embajador de Venezuela en Chile, Jaime Gazmuri, concurrió a mediados de abril con el presidente chileno, Gabriel Boric tras una crisis diplompática entre Chile y Venezuela.

Todo esto fue más fácil en Chile, entre otras cosas, por la ausencia de otros grupos de delincuencia organizada o competidores criminales.

“Históricamente nuestro grupos criminales han tendido a evolucionar hacia el lavado de activos, pero no hacia el control de un territorio por la fuerza. Tampoco tenían un gran poder de fuego. Por eso fueron sometidos fácilmente por los grupos extranjeros, como el Tren de Aragua, y terminaron cediendo los espacios y sometiéndose a ellos”, apuntó Mercado Andaur, que admitió la presencia de organizaciones colombianas y de otros países.

Exportación de crímenes

La capacidad de adaptación y el amplio portafolio criminal de la megabanda -se le atribuyen unos 20 delitos- también le permitió establecerse en Chile con actividades criminales que no eran practicadas por otros grupos, como la explotación sexual.

“Aquí la prostitución es legal, pero no había la figura del proxeneta. Ellos la trajeron y ahora controlan este delito en el país”, dijo el funcionario de la PDI.

Y a estos factores se suma que Chile tiene una de las economías más sólidas de América Latina, por lo que “la estabilidad económica del país y la cantidad de dinero circulante eran muy atractivos”, subraya Mercado Andaur.

Por eso Larry Amauri Álvarez Nuñez, alias “Larry Changa”, uno de los jefes y creadores del Tren de Aragua, escogió Chile para establecerse junto a su familia, según revelaron funcionarios de la PDI, Interpol y de la inteligencia colombiana.

Llegó en un vuelo comercial desde Caracas en 2018, regentaba un local de comida en el Jockey Club, a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda, y además tenía varios establecimientos comerciales. Se instaló en Santiago y logró montar una operación de tráfico de drogas y lavado de dinero para la organización.

En 2022, cuando ocurrieron las primeras detenciones de sus compañeros, huyó y hoy se desconoce su paradero.

En la jerarquía de la organización tiene casi el mismo rango que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe máximo del Tren, uno de los hombres más buscados de América Latina.

“Ahora hay 70 personas de la organización en prisión”, aseguró Mercado Andaur, quien añadió que “el grupo comenzó a fragmentarse después de la detención del líder (alías “Estrella”) y producto de la acción policial”.

“No negamos que siguen operando, pero al quedar tan expuestos han perdido sus redes de protección. Tienen una operación pequeña. Sin embargo, seguimos con la alerta alta para evitar que se articulen las células” del Tren de Aragua, el primer gran grupo trasnacional del crimen organizado en Chile.

línea de separación
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