Destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a las personas damnificadas por el huracán Otis –como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador– podría ir en contra de la Constitución, leyes y de una suspensión provisional dictada por un juez.
Así lo señalan documentos, legisladores y especialistas y, a pesar de ello, Norma Piña –ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– aceptó dialogar con el Poder Ejecutivo para concretar la propuesta.
Mientras que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, envió una carta a Norma Piña para establecer un diálogo con ella y con el Congreso de la Unión a fin de instalar una comisión conformada por integrantes de los tres poderes para administrar los recursos que proponen el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación.
Germán Martínez, senador del Grupo Plural, dijo en un mensaje que publicó en X, antes Twitter, que el acuerdo entre el presidente de la República y la presidenta del Poder Judicial no es constitucional.
“No es admisible porque no es constitucional (…) No creo que sea admisible un acuerdo que vulnere los derechos de los trabajadores”, pronunció en el video.
Mientras que Juan Ortiz, director del proyecto digital Lupa Legislativa, explicó a El Sabueso que algo clave en el oficio que envió Piña a López Obrador es que destaca la obligación del PJF de garantizar los derechos de todos los trabajadores del organismo autónomo, quienes también han aportado dinero a dicho fideicomiso.
Es decir, la suma de los 15 mil millones incluye aportaciones de los trabajadores por lo que no pueden ser despojados por acuerdos presidenciales, ya que se estaría vulnerando sus derechos.
¿Destinar fideicomisos para otros fines puede afectar derechos laborales?
El senador Germán Martínez enlistó, entre otros, al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que no se pueden tocar las condiciones generales de trabajo de las y los servidores públicos del PJF.
“Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”, menciona el artículo 127.
La fracción I dice que se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la propuesta en la conferencia matutina del 31 de octubre de destinar los 15 mil millones de los fideicomisos del PJF a personas damnificadas por huracán Otis dijo que no afectaba a las y los trabajadores. Sin embargo, la SCJN, en su postura en contra de su extinción argumentó que su eliminación sí afectaba los derechos laborales.
“Al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, menciona una tarjeta informativa del 11 de octubre.
La SCJN también aclara que no se trata de prestaciones adicionales, sino de derechos adquiridos de las personas trabajadoras. El personal operativo del PJF, que representa más de 60% de la plantilla, es el principal beneficiario.
Además, en una tarjeta informativa del 18 de octubre, la SCJN señaló que cada fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación.
“Mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, se garanticen esos derechos, y por otro se mejore el uso y aprovechamiento”, dice el comunicado del 31 de octubre difundido por Norma Piña.
Esto implica respetar los recursos que las y los propios trabajadores han aportado, con lo que se reduce el monto de 15 mil millones de pesos. Por ejemplo, el Fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces con saldo de 80 millones 367 mil 520.27 pesos al 30 de septiembre de 2023, según el portal de transparencia, se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones a través de descuentos por vía nómina.
“Dentro de varios fideicomisos hay aportaciones privadas de los trabajadores, como las pensiones complementarias o este fideicomiso de mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, porque se les cobra en cada quincena con una parte de su nómina”, explica Ortiz.
Otra clave para Ortiz es que en el oficio que Piña envió a López Obrador, se refiere a fideicomisos públicos, no específicamente a los fideicomisos del PJF extinguidos por el Congreso de la Unión.
“Tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas”, se lee en el oficio de Piña.
“Yo creo que la apuesta del Poder Judicial es abrir esta conversación a otros fideicomisos y también otras formas de ayudar a la gente”, agrega Juan Ortiz.
De la Tesorería del PJF a la Tesorería de la Federación
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, envió una carta a Norma Piña para establecer un diálogo con ella y con el Congreso de la Unión para instalar una comisión conformada por integrantes de los tres poderes para administrar los recursos que el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación.
Pero el especialista Juan Ortiz señala que en el caso de los fideicomisos públicos primero estos recursos deberán pasar a su respectiva tesorería, la cual decide a qué se van a destinar.
“Si existe una extinción de fideicomisos, esos recursos tienen que pasar primero a sus tesorerías y se quedan ahí. Y, en el caso Poder Judicial, tiene que decir para dónde se van esos recursos y ya si queda algún remanente o subejercicio al final del año o en alguno de estos trimestres, entonces ya lo envía a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda, pero primero pasa por la Tesorería del Poder Judicial”, detalla.
Así lo indica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este artículo, los recursos públicos remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya acordado un destino diferente”, establece el artículo 12.
Posteriormente, la Tesorería de la Federación decide qué hacer con esos recursos, pues no están etiquetados para algún fin específico.
“Si llegara a caer dinero a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda, no hay ninguna obligación de que vaya a las personas damnificadas, porque no viene en ningún documento, no viene en la ley, no viene ni en ningún lado. Entonces, la Secretaría de Hacienda va a decidir”, comenta Ortiz.
El director de Lupa Legislativa advierte que es complicado que estos recursos lleguen a las personas damnificadas por el huracán Otis con la urgencia que los requieren. De hecho, el presidente López Obrador lo reconoció cuando hizo la propuesta.
“Tendríamos que esperar a que se publique la Ley de Ingresos, el presupuesto y luego ver si no va a haber controversia”, afirmó en la conferencia matutina del 31 de octubre.
Para más información: AMLO propone que los 15 mil mdp de fideicomisos del Poder Judicial sean para reconstrucción y damnificados en Acapulco
No se pueden transferir los recursos de los fideicomisos al Poder Ejecutivo
Juan Fernando Luévano Ovalle, juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, decretó una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 2341/2023 para frenar de manera temporal la reforma que desaparece los 13 fideicomisos. Esto implica que por ahora no se pueden transferir los recursos del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
“Suspendan de forma inmediata la entrega y/o transferencia de los recursos de todos aquellos fidecomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a cualquier autoridad dependiente del Ejecutivo Federal”, se lee en la suspensión provisional.
La siguiente audiencia será el 9 de noviembre, en la cual se determinará si se otorga la suspensión definitiva para no extinguir los fideicomisos y, por lo tanto, no transferir sus recursos a las personas damnificadas por el huracán Otis.
“Mientras no se resuelva de fondo, pues este dinero es inamovible”, añade Juan Ortiz.
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La educación singapurense recuperó su sitial como la mejor del mundo y lo hizo con contundencia.
Los estudiantes de la pequeña ciudad-estado asiática obtuvieron los mejores resultados en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que cada tres años realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el propósito de medir las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias.
Las mediciones de los colegiales de Singapur fueron muy superiores a las de sus más cercanos competidores: los estudiantes japoneses. En el caso de matemáticas la brecha entre el primer y segundo lugar fue de 39 puntos, se lee en el reporte publicado este martes.
Otros países que consiguieron buenas puntuaciones entre los 81 estados y regiones evaluadas fueron el enclave chino de Macao, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Estonia. Todos ellos se ubicaron entre los diez primeros en cada una de las tres categorías principales.
Ninguno de los 14 países latinoamericanos evaluados superó el promedio de la OCDE.
El impacto del covid-19
Los resultados cosechados por los estudiantes de Singapur son casi una excepción en el mundo.
El reporte registró una caída global de 15 puntos, hasta 472, en el promedio de matemáticas de los estudiantes de los países y regiones evaluadas, en comparación con los anteriores exámenes realizados en 2018 y cuyos resultados se publicaron en 2019.
La pandemia del covid-19 y las medidas que las autoridades impusieron para hacerle frente, en particular los confinamientos, son la explicación que desde la OCDE dan para este retroceso sin precedentes.
En el reporte también se extrajeron lecciones para abordar crisis futuras.
“Cierres de escuelas más breves, menos obstáculos para el aprendizaje remoto y la continuidad en el apoyo de los docentes y padres”, fueron las razones que se dieron en el informe para los 31 países que lograron avanzar o al menos mantener sus resultados de hace cuatro años.
Reafirmando el liderato de la región
Como viene ocurriendo desde hace casi una década Chile volvió a figurar como el país mejor evaluado de América Latina, al ubicarse en el puesto 37 entre los 81 examinados.
Uruguay, en el lugar 53 del ranking, es el segundo de la región, mientras que México, que terminó en el puesto 57, está en el tercero.
Perú (59), Costa Rica (63), Colombia (64), Brasil (65), Argentina (66), Panamá (74), Guatemala (77), El Salvador (78), República Dominicana (79) y Paraguay (80) completaron la lista.
Pese a que Paraguay se ubicó apenas por encima del último calificado, Camboya (81), en el reporte se destacaron los esfuerzos realizados en la última década por este país para “universalizar la educación secundaria”.
Un reconocimiento que también recibieron Colombia y Costa Rica.
Los resultados también arrojaron que todos los países de la región están mejor posicionados en lectura que en matemáticas y ciencias.
Tres de cada cuatro estudiantes tienen bajo desempeño en matemáticas. Eso significa que no alcanzan las competencias básicas en esta asignatura. Por su parte, en los países de la OCDE este porcentaje es del 31%.
Asimismo, PISA confirmó la alta inequidad en los aprendizajes. En promedio, el 88% de los estudiantes más pobres de la región tienen bajo desempeño en matemáticas, comparado con el 55% entre los más ricos.
Por otra parte, en materia de lectura las pruebas revelaron que la mitad de los estudiantes de la región no comprenden lo que leen.
Liderazgo asiático
Los resultados de PISA confirmaron que los países asiáticos se han convertido en potencias en materia educativa. Así seis de los primeros diez puestos fueron ocupados por países de esa región (Singapur, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Macao y Hong Kong).
El caso de Singapur es particular. Con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de US$ 72.794, de acuerdo con el Banco Mundial; y una población de poco menos de 6 millones de habitantes, la pequeña ciudad-estado es uno de los países más ricos del mundo.
Los datos anteriores podrían indicar que el poderío económico es requisito indispensable para tener un buen sistema educativo. Y aunque en el informe se admite que lo primero contribuye a lo segundo, también se deja en claro que los recursos económicos no son imprescindibles para tener una enseñanza de calidad.
El caso de Estonia, el cual ocupa la séptima posición en matemáticas, la sexta en ciencias y también la sexta en comprensión lectora (en ese caso tiene por delante a Irlanda), corrobora esta tesis.
Finlandia, que en las anteriores ediciones de PISA aparecía como el modelo educativo del Viejo Continente, experimentó un serio descalabro que en el reporte se atribuye al aumento en el número de estudiantes de origen inmigrante.
España, por su parte, obtuvo su peor resultado en matemáticas desde que la prueba educativa, la más importante del mundo, empezó a publicarse en el 2000.
Los estudiantes españoles perdieron 8 puntos en esta asignatura y tres en comprensión lectora respecto a lo conseguido en 2018. Sin embargo, subieron dos puntos en ciencias.
Otros asuntos abordados
El resultados de PISA también arrojaron que los niños superaron a las niñas en matemáticas por nueve puntos en 2022, pero las niñas superaron a los niños en lectura por 24 puntos en promedio.
La brecha de género en el rendimiento en matemáticas no cambió entre 2018 y 2022 en la mayoría de los países, ya que el rendimiento de ambos géneros disminuyó.
Los resultados también arrojaron que los estudiantes no inmigrantes tendieron a superar a los estudiantes inmigrantes en todas las materias evaluadas en la mayoría de los países (aunque no en todos).
Sin embargo, en el informe se recuerda que los estudiantes de origen extranjero no suelen ser tan acomodados como sus pares no inmigrantes.
Por primera vez, la OCDE también examinó, en un estudio separado, la felicidad de los estudiantes en las aulas, utilizando nueve aspectos que incluyen su compromiso con la escuela, su bienestar material, cultural y psicológico o la apertura a la diversidad.
Este baremo demostró que en Singapur, Macao y Taiwán, con los mejores resultados en matemáticas, “muchos estudiantes dijeron tener un gran miedo al fracaso y una participación limitada en actividades extracurriculares, como los deportes”.
Por el contrario, en países como España y Perú, con notas más bajas en las pruebas PISA, los investigadores a menudo encontraron “niveles más bajos de ansiedad y un mayor enfoque en los deportes” entre los estudiantes sondeados.
¿Cómo funcionan las pruebas?
Casi 700.000 estudiantes participaron en la evaluación de 2022.
Durante años, Túnez fue el único país africano que participó. Pero ha estado ausente desde 2018.
La ciudad china de Shanghai participó en la evaluación por primera vez en 2009, seguida de Beijing, Jiangsu y Guangdong en 2015, y Zhejiang reemplazó a Guangdong en 2018.
La República Popular China tuvo el mejor desempeño en las tres categorías la última vez, pero no participó en la última ronda, pero si lo hicieron regiones administrativas especiales regidas por ella (Hong Kong y Macao).
Dos tercios de las preguntas de las pruebas son de opción múltiple y el restante son abiertas.
Sólo un pequeño número de alumnos de cada escuela responden al mismo conjunto de preguntas.
La razón de esto es que PISA quiere medir un conjunto completo de habilidades y destrezas, por lo que elabora más preguntas de las que un solo niño podría responder (alrededor de cuatro horas y media) y las distribuye entre diferentes exámenes.
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