Los recursos disponibles en un fideicomiso del Ejército, destinado a la administración y pago de “equipo militar”, han aumentado 1,079% desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Creado en el sexenio de Felipe Calderón, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) ha sido cuestionado en diferentes ocasiones por su opacidad financiera y malas prácticas, y con ese antecedente ahora acumula recursos por 67,295 millones de pesos.
Ya durante el actual gobierno, los fondos de dicho fideicomiso se han destinado al aeropuerto de Santa Lucía, pero también a insumos que van desde vajillas hasta vestimenta para “policía militar”.
Su crecimiento se dio mientras, por otro lado, López Obrador anunció la eliminación de 109 fideicomisos con un saldo equivalente a 68 mil millones de pesos -cifra similar a la alcanzada por el FPAPEM-, acusando presunta corrupción y malos manejos. Entre ellos los fideicomisos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y los del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
“Un fideicomiso le da mayor flexibilidad y libertad a Sedena en el manejo de los recursos. Sí es bastante contradictorio que se haya catalogado a los fideicomisos como un vehículo de la corrupción en gobiernos pasados, y se extinguieran, pero no los de la Sedena, que funcionan exactamente igual que los otros”, comenta Pablo Montes, coordinador anticorrupción del IMCO.
El especialista explica que si bien el presupuesto que no gastan las instituciones debe ser devuelto a la tesorería, en el caso de los fideicomisos no se regresa, se mantiene como una bolsa “y eso da mayor disponibilidad de recursos y también, al momento de ejecutarlo, podría decirse que es un poco más rápido o directo, porque no se tienen que esperar todas las transferencias presupuestales”.
De acuerdo con Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa, “el fideicomiso es una cuenta en la cual los recursos pueden estar guardados por más tiempo de un año. Esto es adecuado o es conveniente en algunos casos: por ejemplo, cuando el gobierno hace inversiones de mediano y largo plazo”.
Sin embargo, señaló también algunos riesgos en la verificación del monto guardado, quién vigila que se cumplan los objetivos, que no se vaya a gastar en otras cosas.
“Implicaría tener mecanismos de vigilancia y de transparencia que en la práctica no tenemos y es por eso que se dice que los fideicomisos son peligrosos, una caja negra, o que puede haber corrupción”.
Ese monto que tiene el FPAPEM al segundo trimestre de 2021 supera, por ejemplo, al que tiene el Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar o FONSABI, que financia intervenciones de padecimientos de alto costo como algunos tipos de cáncer, trasplantes, y que tenía 66,474 millones.
Otros tres fideicomisos de Sedena, dedicados al pago de haberes de retiro, pensiones y compensaciones, apoyo a deudos de militares fallecidos y para hijos de personal adscrito al estado mayor presidencial, se han mantenido sin grandes cambios de presupuesto en los últimos tres años. Los cuatro suman 69,187 millones.
Documentos disponibles sobre el FPAPEM, muestran que estos recursos se han utilizado para diversas adquisiciones, desde el aeropuerto y playeras, hasta jarras y vajillas.
De acuerdo con la auditoría de desempeño 2019-0-07100-07-0069-2020 realizada al proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la propia Sedena informó al órgano fiscalizador que en 2019 ejerció 21,422 millones de pesos en su construcción, “de los cuales, 16,719.6 mdp corresponden al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”.
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Es decir, el 78% del gasto de ese año habría salido del fideicomiso, aunque la ASF también refirió que no había claridad respecto a ese gasto, y “no se proporcionó evidencia que justificara dichas cifras”.
Este documento además agrega que Sedena informó que para 2020 y 2021 tenía previsto transferir recursos del FPAPEM al proyecto de inversión del AIFA, aunque “no precisó el monto a transferir”.
Por otro lado, la auditoría de cumplimiento a inversiones físicas 2019-0-07100-22-0068-2020 muestra que la Sedena recibió “recursos adicionales” por 11,719 millones para el aeropuerto de Santa Lucía, los cuales “fueron transferidos al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”, sin que ese dinero se gastara en 2019.
Contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha de 2020 y 2021, exhiben que la Sedena también ha utilizado este fideicomiso para la adquisición de equipo para “policía militar”, camionetas, servicios de blindaje, ambulancias, literas, cartuchos, además de otros productos.
Uno de estos documentos registra el pago de 336 millones de pesos del fideicomiso –el que tiene el monto más alto de los contratos disponibles– para la adquisición de 68,795 chamarras, así como 81,420 playeras con short.
Otros contratos registran la compra de 162 camiones de 6.5 toneladas por 214 millones de pesos, 9 millones de cartuchos de un arma no especificada públicamente por la Sedena que costaron 80 millones de pesos y un servicio de “transferencia de tecnología” junto con materia prima para la fabricación de cascos antifragmento.
Pero también hay otro tipo de productos, como muestra un documento sobre la adquisición de 4,500 juegos de una vajilla de cerámica, 450 jarras de vidrio, 3,600 pupitres y 4,500 sillas apilables, que en total tuvieron un costo de 20 millones de pesos.
Animal Político contactó a Sedena, quienes solicitaron que las preguntas sobre el fideicomiso fueran reenviadas por correo electrónico, sin que hubiera respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo.
El FPAPEM se creó en 2007, luego de que el gobierno de Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico, con el objetivo de “administrar los recursos que forman parte de su patrimonio y cubrir las erogaciones de bienes […] así como la contratación de obra pública y de los servicios de mantenimiento, destinados a la realización de operaciones de orden interior y seguridad nacional de carácter contingente o urgente”.
Sin embargo, desde el primer año de su creación –2007–, la ASF advirtió inconsistencias en el manejo de recursos, como “gastos por honorarios y comisiones que no fueron reflejados” en el informe de la SHCP, así como “registro y revelación no oportuna de los bienes adquiridos con el patrimonio del FPAPEM en la contabilidad de la SEDENA”.
En la más reciente auditoría a este fondo –2012–, la autoridad fiscalizadora acusó falta de conciliación de cifras entre lo reportado por la Fiduciaria, los registros que lleva dicha secretaría y lo reportado en la Cuenta Pública.
“Se carece de procedimientos formales que regulen el registro, control y seguimiento de los recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; se realizaron aportaciones al fideicomiso al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías con el objetivo de evitar la concentración de recursos a la Tesorería de la Federación”, añade.
Además, la ASF consideró entonces que 41 contratos no tenían el carácter de contingente o urgente, que es el objetivo del FPAPEM, “debido a que tuvieron como objeto proporcionar mantenimiento preventivo, y correctivo programado a diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana”.
“Sabemos que el Ejército y en general las fuerzas de seguridad y de defensa se caracterizan más por la opacidad que por la transparencia. Que no haya ningún tipo de mecanismo especial de seguimiento sí es preocupante cuando vemos las compras que ha hecho la Sedena”, señala Montes.
La actuación del gobierno sobre los fideicomisos, como señala este informe de Fundar, ha sido contradictoria.
“Para el PPEF 2022 se proyecta un monto de 30 mil 555 millones de pesos a fideicomisos, tan sólo 8 mil 334 millones menos que los 2021 y 13 mil 668 millones menos que en 2019. A pesar de que el gobierno ha señalado constantemente -incluso en el último informe de gobierno– que su desaparición es un gran paso contra la corrupción, aún se apuesta por estas figuras”.
En plena frontera con Estados Unidos, un pequeño pueblo mexicano presta servicios dentales a miles de estadounidense que cruzan la frontera a pie todos los días. Un reflejo de la interacción entre ambos países que hoy está en tela de juicio. Crónica.
“Son muy amables, cariñosos y considerados con mi fobia”, dice, mientras hace fila para volver a Estados Unidos.
Los Algodones es un pequeño pueblo mexicano de 10.000 habitantes en la frontera con Estados Unidos donde uno de cada diez habitantes es dentista. El dato me lo confirma la alcaldesa, Herminia Marín; también dentista.
Le llaman “la capital mundial dental”, o “ciudad muela”.
Y cada día es visitado por entre 3.000 y 5.000 norteamericanos que vienen no solo al dentista, sino a tomarse un par de margaritas, comerse unos tacos y bailarse unas “rolas”.
Nancy vive en un pueblo de Wisconsin llamado Cleveland que está a 3.000 kilómetros de esta población. Es febrero y por estos días la temperatura en el norte de EE.UU. promedia los cero grados centígrados. Se reporta una tormenta, nieve. Y acá, mientras tanto, hace sol y la temperatura no baja de los 15.
Su esposo Bruce, un grandulón de bigote ranchero que lleva una gorra con la frase “no estoy en el campo porque estoy acá”, añade: “Volamos hasta aquí (Arizona), alquilamos un coche, nos quedamos un par de noches, fuimos al dentista, nos ahorramos miles de dólares y de paso disfrutamos de unas agradables vacaciones”.
Como esta pareja de jubilados, gente de toda Norteamérica se desplaza al sur de Estados Unidos sobre todo durante los meses invernales; parquea su auto en un gigante estacionamiento y cruza la frontera a pie para entrar a Los Algodones.
Alguna jerga coloquial les llama “los ángeles de la nieve”, o “las aves migratorias”.
Son turistas que luego se van de México con una sonrisa reluciente, fascinados por la hospitalidad de meseros y dentistas. Un flujo migratorio que revela cómo es —o cómo ha sido por décadas— la interacción cultural y comercial entre mexicanos y estadounidenses, a pesar del muro de acero de 10 metros de alto que se ve desde cualquier punto del pueblo.
Los Algodones fue, como su nombre lo indica, un epicentro de la pujante industria algodonera que se desarrolló en el norte de México durante el siglo XX, tuvo su mayor auge durante la Segunda Guerra Mundial —que disparó la demanda por la fibra— y cayó en parcial decadencia a partir de los años 70.
Aunque los cultivos de algodón aún se ven cada tanto en la zona, durante las últimas décadas la economía de la frontera se volcó a los servicios para estar más a tono con la demanda que viene del norte.
“Todas las ciudades de la zona norte de México, sin excepción, reciben gigantescos volúmenes de demanda, a veces incluso promovidos por las mismas farmacéuticas, por servicios médicos desde Estados Unidos”, dice José Zavala, un ingeniero y experto en desarrollo del Colegio de la Frontera, en Tijuana.
“Lo que pasa es que en Los Algodones eso se nota más porque es un poblado pequeño y porque en esa zona, al norte de la frontera, hay muchos campos de retiro”, explica.
La interacción entre el norte de México y el sur de EE.UU. es histórica, arraigada, casi estructural. Millones de familias crecieron a ambos lados. Hasta los años 70 los norteños podían cruzar sin pasaporte. Lo que se ve en Los Algodones es una postal de una relación comercial y cultural de gran envergadura.
Una relación que con Donald Trump en la presidencia, con la amenaza de los aranceles a la importaciones mexicanas y con su mano dura hacia los migrantes, se ha puesto en tela de juicio. Pero que, precisamente por su arraigo histórico, es difícil de interrumpir.
“Los aranceles van a entorpecer, por supuesto, pero la continuidad de la intensa relación económica es muy difícil de desaparecer”, asegura Zavala.
Carlos Rubio fue uno de los primeros dentistas de Los Algodones en los años 80. Oriundo de Sinaloa, cuando joven vino a la frontera a probar suerte y se encontró con una demanda por servicios dentales que lo llevó a especializarse y montar un consultorio que hoy es una sofisticada clínica dental.
Mientras me da un recorrido, le pregunto qué tipo de sonrisa les gusta a sus clientes, y entonces una de sus asesoras, de origen venezolano, mete la cucharada entre risas: “A los gringos les obsesiona la sonrisa blanca tipo bleach“.
Rubio, que reside en Yuma, Arizona, y cruza todos los días al trabajo, opina que “el sistema de salud estadounidense no es social. De 300 millones que son, un 60% no tiene seguro dental o lo tiene de manera parcial. Eso son entre 80 millones y 160 millones de personas con mala cobertura. O sea entre 80 y 160 millones de oportunidades para nosotros”.
Según la Asociación Dental Americana, un tercio de los adultos entre 19 y 64 años no tiene seguro dental a pesar de tener seguro médico. Y la gran mayoría de los seguros dentales no cubren más que una limpieza o un control.
Para todo lo demás los estadounidenses no tienen otra opción que sacar decenas de miles de dólares de sus bolsillos. O ir a Los Algodones.
Roger Graves es un veterano de guerra de Florida que vino con su esposa y su hija por cuarta vez a Los Algodones a hacerse tratamientos dentales. Esta vez se quedaron un par de noches, y hacen si fila para volver a cruzar la frontera con maletas y entre vendedores ambulantes de artesanías y alimentos mexicanos.
“Yo tengo seguro médico por ser veterano, pero no incluye tratamientos dentales, y como mis ingresos son los de un retirado, así como los de mi esposa, esta opción es muy buena para nosotros”, dice.
Según sus cálculos meticulosos, se ahorró entre un 67 y un 75% de dinero con venir acá.
“El sistema médico estadounidense necesita ser arreglado, es demasiado caro”, añade, en una queja que todos los entrevistados coinciden.
“Es un sistema inflado, solo un poco”, dice con ironía June Spinler, originaria de Iowa pero que pasa los inviernos en el sur.
Y Juan Ramón Soto, un campesino de origen mexicano que es ciudadano estadounidense, añade: “Me puedo sacar todos los dientes aquí y ponérmelos de nuevo y aun así me va a salir más barato que sacarme una muela allá”.
La falta de regulación de precios, la fragmentación del sistema, el poder de las farmacéuticas y los costos administrativos, entre otras cosas, hacen del sistema de salud estadounidense el más caro del mundo.
El mexicano también tiene profundos problemas, pero en el norte ha desarrollado una infraestructura moderna con especialistas entrenados para aprovechar la demanda que viene de EE.UU.
Y lo hacen con esa hospitalidad típica de los mexicanos: te recogen en carrito de golf en la frontera, te llevan al consultorio y luego dejan en alguna de las plazoletas de comida al aire libre donde te comes unas enchiladas, te tomas una margarita y escuchas música en vivo.
June Spinler lo resume así: “Es como un negocio de ventanilla única. Lo tienes todo en un solo lugar”.
Así parece más fácil luchar contra la fobia al dentista.
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