
Entre 2022 y 2023 el gobierno federal ha expropiado 15,678 hectáreas para la construcción del Tren Maya “por causa de utilidad pública”, aunque el presidente López Obrador prometió como presidente electo que no sería necesario expropiar.
Son 28 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación: 27 de ellos que le otorgaron 631 hectáreas y 5,092,931 metros cuadrados en total a FONATUR Tren Maya, y otro que dio 5,785 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 9,261 a la Secretaría del Medio Ambiente, dentro de la reserva de la biósfera en Calakmul.
El decreto publicado el pasado 23 de junio, que da a Sedena el control del ejido Plan de San Luis en Calakmul, Campeche, es para realizar construcción de las vías férreas del Proyecto Tren Maya, y “obras complementarias relacionadas con las actividades castrenses en general”.
El Indaabin, se refiere en el decreto, emitió un dictamen valuatorio el 16 de febrero de 2023 y determinó que el monto de indemnización sería de 602 millones 996 mil pesos.
Es la primera expropiación a favor del Ejército en relación con el Tren Maya, pues anteriormente todas se habían hecho en favor de la empresa creada para la administración del proyecto, FONATUR Tren Maya S.A.
Lo anterior se debe a que Defensa Nacional está encargada de construir los tramos 5, 6 y 7 de la obra, los cuales corren de Cancún a Playa del Carmen, de Tulum a Bacalar y de Bacalar a Escárcega, respectivamente.
Las 27 expropiaciones en favor de FONATUR Tren Maya combinan territorios ejidales y 83 inmuebles de la propiedad privada, que se encuentran distribuidos en los municipios de Othón P. Blanco en Quintana Roo y Escárcega y Calakmul en Campeche.
Además de los decretos de expropiación, en 2022 se publicaron las declaraciones de Utilidad Pública, que son documentos previos a las expropiaciones mediante los cuales se determina que un bien inmueble es necesario para el beneficio público.
Durante su campaña, López Obrador declaró que el proyecto del Tren Maya no afectaría a ningún ejido, ni al medio ambiente. Sin embargo, han ocurrido las expropiaciones, y críticas de grupos ecologistas porque la obra avanzara en distintos tramos sin los permisos ambientales correspondientes.
Sobre 2021, en el sistema de Transparencia hay una respuesta de Fonatur en que su área jurídica respondió que hasta abril de ese año habían destinado 84 millones 858 mil pesos para la compraventa de tierra a particulares, con el objetivo de avanzar en la “construcción del derecho de vía” del Tren Maya.
Una parte del territorio expropiado el pasado 23 de junio se encuentra en la reserva de la biósfera de Calakmul, en Campeche. Este territorio es la mayor reserva de bosque tropical en México y es hogar de una de las especies animales más icónicas de nuestro país, el jaguar.
De acuerdo con el documento oficial de la operación, la zona que está dentro de la reserva de la biósfera será expropiada para Semarnat, para la “ampliación de programas de restauración, conservación y mejoramiento de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, que contribuirá al ordenamiento ecológico”.
Para llevar a cabo obras como el Tren Maya, las secretarías necesitan publicar una manifestación del impacto ambiental, lo cual dejaría claro hasta dónde afectaría la obra a las especies locales y al medio ambiente. Sin embargo, la SEDENA reconoció en mayo de 2022 que la MIA apenas se encontraba en proceso de elaboración, con la obra ya en marcha.
Animal Político consultó a Hipólito Mendoza, Maestro en Ciencias en Producción Animal Tropical de la Universidad Autónoma Chapingo, quién explicó que todas las construcciones tienen un impacto medioambiental. Sin embargo, a su parecer, la construcción del Tren Maya tiene algunos factores a su favor, ya que permite establecer pasos de fauna y la reforestación de los laterales.
En comparación con la construcción de la carretera de Escárcega a Xpujil y Chetumal, consideró, el Tren Maya tendrá un menor impacto en el medio ambiente ya que el tráfico de las máquinas impacta menos que el de vehículos, especialmente porque algunos tramos del tren serán eléctricos.
Cuando se realizan estas expropiaciones “se debe de tener en cuenta el valor biológico, cultural y social que se encuentre”, explicó Mendoza.
“No es lo mismo expropiar una propiedad donde el dueño sea un propietario que tiene un rancho, o una superficie ejidal donde los dueños son los ejidatarios, o una reserva ecológica donde los dueños son los gobiernos federales, estatales o municipales”.
Es necesario que equipos interdisciplinarios realicen el avalúo de los territorios y que se realice la manifestación del impacto ambiental. El éxito de estas expropiaciones, de acuerdo con Mendoza, dependerá de si se involucra o no a las comunidades locales y se les hace partícipes del proyecto para que mejoren su situación socioeconómica.
Maria Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente, declaró en la conferencia matutina del 26 de junio, enfocada en los avances del Tren Maya, que están “en la creación de áreas naturales protegidas que coadyuvan también a lo que es la conservación y el cuidado ambiental,” y que el proyecto “cuida dos mil 249.71 hectáreas y promueve la conectividad entre áreas naturales protegidas con sitios especialmente habitadas por el jaguar.”
Además, el presidente aseguró en la conferencia del 5 de mayo que las expropiaciones se han realizado de acuerdo con la ley, y que han pagado las indemnizaciones y el precio justo con el avalúo de la propiedad.
Por otro lado, grupos ambientalistas y habitantes de las localidades están preocupados por los impactos al medio ambiente esperados con el progreso de la obra. El biólogo Omar Irám Martínez Castillo, de la asociación U’yoolche de Felipe Carrillo Puerto, explicó anteriormente a Animal Político que le preocupa la fragmentación de la selva, porque el tren la divide en dos, y esto afectaría la reproducción de los animales.
Esto, además de que la tala de árboles supera los 3.4 millones de árboles removidos del trayecto. En 2018, como presidente electo, López Obrador aseguró en una entrevista con Carmen Aristegui que en el desarrollo del proyecto no se talaría un solo árbol.

Nicolás Maduro solicitó ayuda de la OPEP para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos para desestabilizar el país sudamericano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este domingo un comunicado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) solicitando ayuda para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos que atenta contra la producción de crudo del país y la estabilidad de los mercados globales.
La solicitud de ayuda fue enviada en una carta dirigida al secretario general de la OPEP, Haitham al Ghanis, y las más de 20 naciones miembros, y fue publicada en la red social Telegram.
“El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados”, escribe Maduro.
El mandatario denuncia que, con sus acciones, Estados Unidos “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal”.
Según Caracas, las continuas operaciones militares de EE.UU. en el Caribe constituyen una violación de la ley internacional que “vulnera flagrantemente la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y otros instrumentos de derecho internacional”.
El gobierno de Maduro sostiene que las acciones de Washington buscan “desestabilizar” el país sudamericano y afectar su capacidad de exportación.
La carta pide solidaridad a los miembros de la OPEP frente a lo que considera una escalada que, de continuar, “pone en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional”.
Maduro aseguró que Venezuela se “mantendrá firme” en la protección de sus recursos naturales y que no “sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza”.
Concluyó solicitando al secretario general que convoque “a la unión soberana sin perturbaciones externas”.
El envío de la carta coincidió con la segunda conferencia ministerial de la OPEP y en medio de los bombardeos de la fuerza naval estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe, que Maduro cataloga de una “campaña de hostigamiento y amenaza”.
Según la misiva, los más de 20 bombardeos han resultado en el “asesinato extrajudicial” de más de 80 personas.
EE.UU. ha desplegado una enorme presencia militar frente a las costas de Venezuela con más de 14 buques de guerra incluyendo el portaviones más grande y sofisticado del mundo.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de liderar el “Cartel de los Soles”, una supuesta organización narcotraficante a la que va a designar como “organización terrorista”.
Este fin de semana, el anuncio del presidente Donald Trump del “cierre total” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela ha forzado a la gran mayoría de aerolíneas internacionales a suspender sus vuelos, aumentando la presión sobre Maduro y aislando aún más al país.
La medida ha dejado a innumerables pasajeros venezolanos varados en el extranjero sin posibilidad de regresar por vía aérea.
La Cancillería venezolana replicó en un comunicado que “denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”, en lo que describió como “una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.
El gobierno de Maduro expresó que había activado un plan de emergencia para el regreso de sus ciudadanos en el exterior y acusó a Washington de imponer un bloqueo de facto.
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