Al estilo Infodemia y Quién es Quién: gobernadores replican plataformas de ‘verificación’, con sesgo y desinformación política
Con el ejemplo de lo que ocurre en las conferencias mañaneras desde el sexenio pasado, en cinco estados del país se han activado secciones de supuesta verificación de hechos, que al igual que el Quién es Quién en las Mentiras o InfodemiaMX son utilizadas para desacreditar a la prensa y defender al gobierno en turno, en varios momentos con dichos falsos.
Uno de los casos más recientes es el Detector de Mentiras de Puebla. Después de que el gobernador Alejandro Armenta iniciara la sección, el edil de Tehuacán propuso que su municipio tuviera un espacio similar. Esto aunque activistas y organizaciones como Artículo 19 hicieran un llamado para interrumpir este tipo de ejercicios, de parte del gobierno.
“(Estos espacios) fomentan la estigmatización. Se fortalece esta idea de que los medios de comunicación no son creíbles, que tienen prácticas que no son confiables. Son espacios que se alejan totalmente de estándares internacionales sobre la libertad de expresión y acceso a la información”, explicó en entrevista Lucía Moguel, investigadora del programa de protección y defensa de Artículo 19.
En el caso de la Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca, la emisión de sus secciones concluyó entre septiembre y diciembre de 2024. Aunque aparecieron nuevas, como la de Puebla, y continúa la de Campeche con el gobierno de Layda Sansores, además del Detector de Mentiras a nivel federal, en las conferencias de Claudia Sheinbaum.
Dichos falsos
El Detector de Mentiras de Puebla inició en noviembre de 2024. En sus redes sociales difundió entonces dichos como que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) había ocultado el expediente del caso Odebrecht. Esto aunque el INAI emitió 25 resoluciones para abrir esa información.
La sección fue presentada oficialmente el 6 de enero en la conferencia de prensa del gobernador Armenta, con la justificación de hacer frente a “la avalancha de desinformación que enfrentamos diariamente”. Ese día la presentadora de la sección, Rita Sánchez, negó los recortes al presupuesto federal de salud en 2025, aunque sí se dio una baja de 12% en los recursos.
Periodistas y organizaciones como Artículo 19 llamaron al gobernador a detener esta sección, pero Armenta insistió en que era necesaria.
Durante el gobierno de Martí Batres en la Ciudad de México se lanzó la plataforma Derecho de Réplica, la cual inició operaciones el 2 de mayo de 2024 y consistía en perfiles de redes sociales para desmentir supuestas mentiras.
El 22 de julio de 2024, esta cuenta aseguró que: “es falso que se haya inundado la avenida Tláhuac a la altura del Metro Zapotitlán. Aunque cayó una prominente lluvia, no hubo anegación y mucho menos autos sumergidos”.
Sin embargo, reportes de medios de comunicación, redes sociales e informes de los bomberos de la Ciudad de México demostraron que sí hubo inundaciones en avenida Tláhuac ese día. Incluso, el periódico La Jornada reportó una inundación de 35 centímetros y carros afectados en avenida Tláhuac y calles aledañas.
Otro ejemplo fue cuando esta sección aseguró que el agua de la colonia Cuchilla del Tesoro no estaba contaminada por huachicol, pero te contamos que en algunas casas el agua presentaba un color amarillento, y los vecinos reportaron un olor a combustible en las casas.
En julio del 2024, días después de las denuncias vecinales, el entonces jefe de gobierno confirmó perforaciones por robo de combustible en la colonia Cuchilla.
“Saquemos los trapitos al sol”, de esta forma Yessenia Escamilla, quien se presenta como modelo, presentó la sección de verificación del gobierno oaxaqueño de Salomón Jara.
El 22 de abril de 2024, Escamilla negó la falta de un plan para combatir incendios en Los Chimalapas, en respuesta a una nota publicada por el periódico El Universal. La presentadora de la sección dio un informe sobre la participación de las autoridades locales en la atención de estos incendios, pese a que los comuneros de la zona acusaron que la ayuda gubernamental no era suficiente.
“Los pinochos”: Cuitláhuac y Layda también replicaron secciones
Cada semana, Luis Alberto Casas dirigía “El pinocho de la semana” durante el gobierno veracruzano de Cuitláhuac García. En esta sección, exponía a periodistas y medios de comunicación al acusarlos de “desinformar y confundir al pueblo”:
El 13 de julio de 2023, Casas justificó las acciones emprendidas por las autoridades veracruzanas contra la jueza Angelica Sánchez, acusada de tráfico de influencias y de liberar a Itiel “El Compa Playa”.
Aunque como reportaron Animal Político y Proceso , organizaciones acusaron al gobierno de Veracruz de cometer violencia institucional contra la jueza, y se documentó la intimidación en su contra.
Por otro lado, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se burló de medios de comunicación, periodistas y opositores políticos en su sección Fake news y El Pinocho de Oro.
El 17 de diciembre de 2024, en su programa Martes de Jaguar, la gobernadora también difundió el dicho falso de que no se había reducido el presupuesto federal para salud.
La ‘verificación’ estatal no garantiza revisiones precisas e independientes
En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que estos ejercicios de verificación gubernamental no han ayudado al debate público, dificultan los esfuerzos para combatir la violencia hacia periodistas e incrementan la hostilidad contra la prensa.
En entrevista con Chequeado, Ferdi Özsoy, entonces director de la Red Internacional de Verificadores (IFCN, por sus siglas en inglés), señaló que “muchos programas de fact checking controlados por los gobiernos no cumplen con la rigurosa revisión independiente que se requiere para ser miembros de la IFCN, lo que arroja dudas sobre su imparcialidad y su credibilidad”.
Clara Jiménez Cruz, directora del verificador español Maldita.es y presidenta de la European Fact Checking Standards Network (EFCSN), dijo que “no es novedad que haya gobiernos y partidos intentando suplantar a fact checkers para desmentir sólo las mentiras que les interesan”.
En este reportaje te contamos cómo la sección Quién es Quién en las Mentiras, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estigmatizó a periodistas, además de difundir múltiples dichos falsos, y con un claro sesgo a favor del oficialismo.
Ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum, en lugar del Quién es Quién los miércoles se presenta una sección de Detector de Mentiras, que a su vez replica videos de la plataforma InfodemiaMX del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), donde también se han detectado dichos falsos.
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La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
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