Expresada en dólares corrientes —la forma en la que Pemex reporta este dato en sus informes y frente a inversores— y de acuerdo con datos oficiales, la deuda financiera de Pemex ha tenido un aumento del 4.4% desde el inicio de la administración. Esta cifra contrasta con la reducción del 15.5% que presumió recientemente el presidente López Obrador en la conferencia matutina.
Las cifras corrientes expresan el valor de la moneda correspondiente para cada año y sin considerar el cambio inflacionario. Mientras que los datos informados a precios constantes expresan valores ajustados por la inflación, según un año de referencia y como si los precios de los bienes no hubieran cambiado.
Sin embargo, de acuerdo con los propios datos de la petrolera, la deuda pasó de los 105.8 mil millones de dólares al 31 de diciembre del 2018, a los 110.5 mil millones al 30 de junio del 2023. Esto arroja un 4.4% de aumento en el periodo.
La deuda financiera de Pemex al 30 de junio valuada en pesos mexicanos es de 1.88 billones. Una cifra equivalente al 6.1% del Producto Interno Bruto de México.
El aumento de la deuda valuada en dólares con respecto al primer trimestre de este año, según se informa en el segundo reporte trimestral de Pemex, deriva “de la apreciación del peso frente al dólar”.
“Parece que lo hace precisamente para dar una idea errónea al público en general acerca de algo que no sucedió, y que es dar esta impresión de que la deuda bajó”, dijo Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sobre las datos difundidos por el presidente y el gobierno en sus redes sociales.
“Es un dato que se manipula para dar una impresión errónea. La deuda de Pemex entre el inicio de esta administración y el último dato oficial que tenemos se ha mantenido estable y ha crecido marginalmente”.
Asimismo, no solo la deuda financiera ha aumentado a lo largo de esta administración, sino que el costo financiero, correspondiente al pago de intereses, comisiones y otros gastos relacionados con las operaciones de financiamiento de Pemex pasó de 120.7 mil millones de pesos en 2018 a los 161.7 mil mdp en el 2022, lo que representa un aumento del 34%.
De acuerdo con el presidente, el acuerdo era apoyar a Pemex hasta el 2021; sin embargo, dos años después es el gobierno el que se encargará del resto del pago de deuda de la empresa en lo que resta del 2023.
“Llegamos a un acuerdo de apoyar a Pemex hasta el 21, apoyar a Pemex como una prioridad hasta el 21 con presupuesto, todo lo que se necesite y quitándole impuestos para que tenga más recursos e inversión … para que Pemex apoye el financiamiento del desarrollo de México en la segunda parte del gobierno”, dijo el mandatario el 22 de mayo del 2019.
Todavía a finales de mayo de este año el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo a Reuters que Pemex estaba en condiciones de cumplir con sus obligaciones de deuda restantes para 2023. “En este momento no vemos que Pemex enfrente problemas para cumplir con sus compromisos”, dijo Yorio a la agencia en una entrevista telefónica.
Sin embargo, de acuerdo con el reporte El costo de la deuda pública: Posición financiera de Pemex y CFE, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en mayo, Pemex actualmente carece de presupuesto para enfrentar sus obligaciones financieras durante 2023.
Por ello el gobierno federal, según dijo el presidente López Obrador, aportará a Pemex “todo lo que se requiera” en lo que resta del 2023, lo que se sumará a los 17.7 mil millones de pesos de aportaciones de capital en los primeros tres meses del año, y a los 890.2 mil millones de pesos del 2019 a 2022 otorgados ya a la petrolera por concepto de aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y otros apoyos.
Aunque el presidente ha insistido en la mejora de las condiciones de la empresa, la realidad es que el gobierno federal ha tenido que mantener a flote a la petrolera con contribuciones presupuestales.
“No se ha enfocado en hacer cambios de fondo, cambios estructurales en el funcionamiento de una petrolera que tiene serios problemas y de fondo, y en ese sentido estas aportaciones lo único que hacen es básicamente mejorar la situación financiera de Pemex en el muy corto plazo pero generando una dependencia de la empresa frente a este tipo de apoyos”, refirió Díaz.
Por segundo año consecutivo, indicó el IMCO en su análisis, Pemex reportó una utilidad neta en los primeros tres meses del año. Entre enero y marzo de 2023 la petrolera tuvo una ganancia de 56.7 mil millones de pesos. Sin embargo, en una visión más amplia entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2023, la empresa productiva del Estado acumula pérdidas por 2.87 billones de pesos.
Y en cuanto a la producción, en los últimos tres años Pemex se ha quedado por debajo de sus metas, aunque López Obrador ha insistido en que en 2024 se logrará el objetivo de 2 millones de barriles diarios.
De acuerdo con datos publicados por el IMCO, no solo la deuda financiera ha aumentado desde el 2018, sino que el costo financiero, correspondiente al pago de intereses, comisiones y otros gastos relacionados con las operaciones de financiamiento de Pemex pasó de 120.7 mil millones de pesos en 2018 a los 161.7 mil mdp en el 2022, lo que representa un aumento del 34%.
De acuerdo con el reporte El costo de la deuda pública: Posición financiera de Pemex y CFE, elaborado por el CIEP, “en 2022, Pemex y la CFE ejercieron en conjunto 152 mil 242 mdp para el pago de su costo financiero de la deuda, lo que equivale al 11.5% de sus ingresos propios”.
El reporte advertía ya hace un mes que tanto Pemex como la CFE “carecen de presupuesto para enfrentar sus obligaciones financieras durante 2023”.
Diego Díaz señaló que al refinanciar la deuda de Pemex “el gobierno federal está reconociendo que Pemex es un pasivo contingente… está reconociendo que es un pasivo que el gobierno federal tendrá que pagar… si Pemex no puede hacer frente a este tipo de obligaciones, como es el caso dada su debilidad financiera y operativa, el gobierno se convierte en el garante de facto de la deuda”.
Técnicamente, agregó, “no hay ninguna obligación legal para que el gobierno federal pague la deuda de Pemex. Pero en los hechos sí se comprometió, sí hay un compromiso de facto. Y al asumir esta obligación o al reconocerse como garante de facto lo que hace es vincular la calificación crediticia de Pemex con la calificación crediticia del gobierno soberano”.
Si a Pemex le va mal, continuó, “le va mal al gobierno federal y esto puede tener implicaciones importantes porque esto puede incrementar el riesgo de no pago del gobierno federal. Porque además de su deuda, que ya de entrada es grande pues tiene también la deuda de Pemex, que no es menor, estamos hablando de un promedio de 2 billones de pesos”.
Y aunque el presidente afirmó también en esa ocasión que “Pemex tiene finanzas públicas estables, sanas”, de acuerdo con datos de Hacienda el balance presupuestario de Pemex para el segundo trimestre del 2023 acumula un déficit de 32 mil 340 millones de pesos.
De igual forma, luego de cuatro años y medio de la estrategia de apoyos del gobierno federal para el rescate de Pemex los activos —recursos de los que dispone una empresa— siguen siendo mucho menores a los pasivos —gastos o deudas que la empresa posee—.
Los activos de Pemex al segundo trimestre del 2023 han crecido apenas un 0.4% desde el 31 de diciembre del 2018. En cambio los pasivos de la empresa se han incrementado un 8.8%. Al segundo trimestre del 2023 los pasivos son 81% superiores a los activos, mientras que al 31 de diciembre del 2018 la diferencia era del 67%.
Asimismo, con una producción que no ha superado los 1.8 millones de barriles diarios anuales, en los últimos tres años Pemex se ha quedado por debajo de sus metas de producción; sin embargo, proyecta pasar a 1.95 millones de barriles diarios en 2023, para finalmente superar la barrera de los 2 millones en 2024.
Hasta ahora, México solo produce una tercera parte de la gasolina que se consume en el país. El resto se compra en el extranjero.
Las aspiraciones del gobierno implican que la producción crezca un 7.2% de 2022 a 2023. Esto, en comparación con el 1.6% de crecimiento en la producción de 2021 a 2022, y con el 2.99% del 2020 (año de pandemia) al 2021.
Pese a que no se incrementó la producción de crudo, en 2022 Pemex obtuvo la única utilidad neta registrada en los últimos 10 años, una ganancia de 23.0 mil millones de pesos. Esto se explica en gran medida a los altos precios del crudo, que el año pasado tuvieron un precio promedio de 89.2 dólares por barril, el precio promedio más alto registrado en los últimos 8 años.
Al primer trimestre de este año el precio del crudo registró una caída de poco más de una cuarta parte con respecto al precio promedio registrado el año pasado, ubicándose en los 66.2 dólares por barril.
Recientemente Moody’s Investors Service ratificó a Pemex una calificación crediticia de B1, pero modificó su perspectiva a negativa desde estable, ya que consideró que no habrá un cambio en su modelo de negocio y debido a que cada vez sería más complicado para el gobierno apoyar a la empresa.
“La perspectiva negativa de las calificaciones de Pemex refleja la visión de Moody’s de que, ante la falta de cambios fundamentales en la estrategia de negocio, es probable que la compañía enfrente mayores riesgos crediticios, debido a su incapacidad de aumentar las inversiones de capital y de mejorar su desempeño financiero y operativo, como resultado de las restricciones de liquidez”, indicó Moody‘s en un comunicado.
El 14 de julio Fitch Ratings redujo las calificaciones de incumplimiento crediticio de Pemex a B+, desde BB-, con perspectiva negativa. Fitch indicó que esta decisión se debió al débil desempeño operativo de Pemex. Además, señalaron la relevancia del impacto ambiental y social de los múltiples accidentes en instalaciones operativas de Pemex este año.
Recientemente Animal Político presentó una investigación en la que mostramos cómo es que tan solo en dos años Pemex registró un aumento de 152% en la frecuencia de accidentes y en el último año un crecimiento de 126% en su indicador de gravedad, con respecto al 2018.
De acuerdo con el reporte del IMCO Pemex en la mira: análisis de resultados al cuarto trimestre de 2022, en un plazo de cuatro años –entre enero de 2019 y diciembre de 2022– el gobierno federal apoyó a Pemex con 890.2 mmdp por concepto de aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y otros apoyos: un promedio de 222.5 mmdp al año.
Estos recursos “equivalen a 8.3 veces el presupuesto ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante ese periodo (107.5 mil millones de pesos), u 11.6 veces el monto ejercido por el Instituto Nacional Electoral –INE– (76.9 mmdp)”, indica el análisis.
La mañana del 28 de julio, Octavio Oropeza se reunió con analistas a raíz de la presentación del segundo informe trimestral de la petrolera y se refirió a los apoyos financieros del gobierno federal.
“Como en ninguna otra administración, la relación con el Gobierno federal ha sido estrecha y se ha apoyado a Petróleos Mexicanos de diversas formas que han permitido superar importantes retos”, indicó Oropeza.
Dijo que de 2019 a junio de 2023, el Gobierno federal ha aportado 720 mil millones de pesos a Pemex. Señaló que también se le ha brindado apoyo fiscal, como la disminución del pago por el Derecho por la Utilidad Compartida de 65 a 40% entre 2019 y 2023. Este último beneficio estimado en un ahorro de “alrededor de 416 mil millones de pesos”. Asimismo, se otorgaron 138 mil millones de pesos mediante créditos fiscales entre 2020 y 2021.
En total, los apoyos del Gobierno federal a la petrolera sumarían un total de 1.27 billones de pesos en lo que va de la administración, apoyos que equivalen al 67.5% de la deuda financiera total de Pemex al segundo trimestre del 2023.
Diego Díaz destacó que con las ayudas a Pemex “el gobierno tiene que aportar recursos presupuestales a Pemex, y en ese sentido termina también reduciendo los recursos que tiene disponibles para financiar proyectos o programas en áreas como educación, salud, seguridad, etcétera”.
“Al final de cuentas los mexicanos terminamos pagando”.
Trump sugirió que su gobierno podría intentar “recuperar” el control estadounidense del Canal de Panamá.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó este domingo la amenaza del mandatario electo de EE.UU., Donald Trump, de que Washington podría intentar “recuperar” el control del Canal de Panamá.
“Quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá, y lo seguirá siendo”, afirmó Mulino en un comunicado compartido en las redes sociales.
“La soberanía y la independencia no son negociables”, prosiguió.
Trump causó controversia tras sugerir que su gobierno podría intentar recobrar el control estadounidense de la vía interoceánica que, según él, Washington cedió “tontamente” a su aliado centroamericano.
Durante su discurso en una convención en Phoenix, Arizona, el político republicano acusó a Panamá de cobrar “precios exorbitantes” a los barcos y buques estadounidenses que utilizan el canal.
“Las tarifas que cobra Panamá son ridículas, altamente injustas”, afirmó dirigiéndose a una multitud de seguidores que se habían congregado en el AmericaFest 2024, una reunión anual organizada por Turning Point USA, un grupo que promueve ideas conservadoras entre estudiantes y que apoyó a su campaña electoral.
“Esta completa estafa a nuestro país cesará de inmediato”, añadió Trump, sugiriendo que impulsaría la medida cuando asuma el 20 de enero.
Los comentarios del presidente electo de EE.UU. provocaron una rápida respuesta de su par de Panamá, quien los rechazó enérgicamente.
“Cada panameño aquí o en cualquier lugar del mundo lo lleva en su corazón, y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible”, señaló.
“Los panameños podemos pensar diferente en muchos aspectos, pero cuando se trata de nuestro Canal y nuestra soberanía, nos unimos todos bajo una única bandera, la de Panamá”.
Aunque Trump no explicó cómo presionaría a Panamá para que entregue parte de su terrotorio, analistas ven sus comentarios como una señal de que la política exterior y la diplomacia de la primera economía del mundo podrían cambiar una vez que asuma su mandato el mes próximo.
Trump advirtió que si no se reducen las tarifas de transporte marítimo, su gobierno exigiría que Panamá les “devolviera” el Canal de Panamá “en su totalidad, rápidamente y sin preguntas”.
El sábado, el político republicano había afirmado que la vía era un “activo nacional vital” para Estados Unidos.
El Canal de Panamá, de 82 kilómetros de longitud, atraviesa la nación centroamericana y es el principal vínculo entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Fue construido a principios del siglo XX y fue controlado por Estados Unidos hasta 1977, cuando diferentes tratados fueron cediendo gradualmente el territorio a Panamá.
Después de un período de administración conjunta, Panamá asumió el control exclusivo del canal en 1999.
Hasta 14.000 barcos lo cruzan cada año, incluidos buques militares y portacontenedores que transportan automóviles, gas natural y otras mercancías.
Además de Panamá, Trump también ha acusado a Canadá y México de prácticas comerciales que él considera desleales.
También les atribuyó haber permitido el ingreso de drogas e inmigrantes a Estados Unidos, algo que han desestimado.
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