¿No sirve para nada? En estos casos el Inai ayudó a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos
Contrario a lo que sostienen el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha avalado recursos de revisión interpuestos vía transparencia para permitir a periodistas y organizaciones avanzar en sus investigaciones y garantizar el acceso a la información.
También ha tramitado acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales para proteger datos personales de la ciudadanía.
Aunque tiene esa aportación y relevancia, el Senado con mayoría de Morena no ha elegido a tres comisionados faltantes para que el pleno del Inai pueda sesionar y continuar con sus principales funciones.
Aquí ejemplos de investigaciones periodísticas que se sustentaron con solicitudes de información y la intervención del Inai cuando autoridades negaron datos:
Datos clave para la investigación y la transparencia en tres sexenios distintos
El Inai encabeza y coordina el Sistema Nacional de Transparencia, el cual debe garantizar el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). A través de ésta, cualquier persona puede presentar solicitudes de acceso a información.
Gracias al sistema y la plataforma se sustentaron investigaciones periodísticas como la del cese de consejeros electorales de Yucatán, publicada en 2006, a finales del sexenio de Vicente Fox.
Por medio de los órganos de acceso a la información del Consejo Electoral y el Poder Legislativo local, se reveló que consejeros usaron el erario para pagar visitas a un antro, paseos turísticos, gastos médicos de familiares, renta de vehículos de lujo, anticonceptivos, medicamentos para bajar de peso, cremas contra el pie de atleta y comidas en restaurantes de lujo.
Parte de esos gastos se disfrazaban bajo el rubro de “atención a visitantes”.
Otro ejemplo es la publicación que en julio 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, reveló que la realización de la serie de televisión El Equipo costó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces bajo el mando de Genaro García Luna, 118 millones 116 mil 880 pesos, esto de acuerdo con el contrato obtenido a través de la Ley Federal de Transparencia.
En noviembre de 2014, la investigación La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto documentó a través de informes, facturas, contratos, expedientes y otros documentos obtenidos vía transparencia que el entonces presidente tenía una casa en Las Lomas de Chapultepec con valor de 7 millones de dólares.
La propiedad fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro y que obtuvo múltiples contratos en el Estado de México, cuando Peña Nieto fue gobernador.
Durante este sexenio, una investigación dio a conocer que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de López Obrador, vivía en Houston en una mansión de un millón de dólares. En seguimiento, una segunda entrega reveló -gracias a la transparencia- que al menos ocho contratos con Baker Hughes fueron adjudicados por Pemex Procurement International (PPI), con sede en Houston, entre agosto y octubre de 2019, periodo en el que López Beltrán ocupó una lujosa residencia que pertenecía a un ejecutivo dicha compañía estadounidense.
El Inai fue fundamental para La Estafa Maestra, una investigación encabezada por Animal Político que reveló que, entre 2013 y 2014, el gobierno federal desvió 7 mil 670 millones de pesos a través de contratos otorgados por 11 dependencias a 186 empresas, de las cuales 128 no debían recibir recursos públicos porque no tenían ni infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen. Para ello, fueron realizadas 517 solicitudes de información.
Aproximadamente 80% de las solicitudes fueron denegadas en una primera instancia, de acuerdo con el periodista Manuel Ureste, uno de los autores de la investigación. Sujetos obligados, como las ocho universidades públicas que participaron en el desvío, respondían que los contratos eran información confidencial. Pero, tras interponer recursos de revisión con base en las leyes de transparencia, fue posible argumentar que los contratos son información pública que debe darse a conocer. Fue así que, de la cifra total desviada, La Estafa Maestra documentó que 3 mil 433 millones de pesos fueron entregados a empresas fantasma, mil millones de pesos más fueron la comisión de 10% de las universidades y el resto del dinero sirvió para, supuestamente, contratar servicios.
Para más detalles, consulta: La Estafa Maestra: graduados en desaparecer dinero público
Otra investigación donde el Inai ha intervenido para el acceso a la información es en el seguimiento a Ejército espía. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que contrató a la empresa proveedora de Pegasus, software utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.
Vía transparencia, la Sedena ha respondido que “no localizó” ningún contrato al respecto o que dicha información se encontraba clasificada como “asunto de seguridad nacional”, por lo que no entregaría la documentación, sino una “nota informativa y evidencia documental relacionada con el contrato.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han interpuesto recursos de revisión ante el Inai, organismo que ordenó a la Sedena que hiciera una “búsqueda exhaustiva” de la información, luego de analizar el caso en una sesión pública. El pleno votó por unanimidad que la Sedena debe entregar la información.
También puedes leer: El Ejército espió con Pegasus a defensor de DH; el secretario Sandoval lo avaló en este sexenio
Un caso más ocurrió cuando Animal Político realizó una solicitud de información para conocer el estudio en el que Delfina Gómez, entonces secretaria de Educación, se basó para afirmar que los beneficios del Programa de Escuelas de Tiempo Completo no llegaban a todos y en algunos casos, no se aplicaba y, por ello, debía desaparecer.
En una primera instancia, el medio impugnó la respuesta y, posteriormente, gracias a la intervención del Inai pudo conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) admitió que no tiene el estudio, según reveló en 2022.
Asimismo, está el caso de 2023, cuando tras un recurso de revisión interpuesto ante el Inai, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tuvo que dar a conocer que 3 millones 444 mil árboles han sido talados o removidos para la construcción del Tren Maya.
Esto ocurrió luego de que en una primera respuesta a la solicitud de información 330014222000379, el organismo encargado de la inversión turística en México solo contestara con enlaces a los documentos de manifestación de impacto ambiental, algunos de los cuales ni siquiera podían descargarse.
También puedes leer: 3.4 millones de árboles han sido talados o removidos por las obras del Tren Maya, reconoce el gobierno
La protección de datos personales
Al no poder sesionar, el pleno del Inai está imposibilitado para atraer casos en órganos estatales, emitir sanciones por incumplimiento de los sujetos obligados que deben responder y realizar trámites de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las acciones de inconstitucionalidad sirven para denunciar la posible contradicción entre la Constitución y alguna disposición de menor jerarquía como normas, leyes, tratados, reglamentos o decretos. El periodista Efraín Tzuc enlistó algunos casos en los que el Inai ha ejercido esta facultad
Por ejemplo, tramitó una acción de inconstitucionalidad por el llamado “plan B” de las reformas en materia electoral propuesto por el presidente López Obrador, con el argumento de la protección de datos personales, y por la reforma que crearía el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), porque obligaba a los usuarios a otorgar datos biométricos. Así, en marzo de 2023 la SCJN concedió una suspensión del “plan B” mientras que en 2022 invalidó el sistema normativo que creaba el padrón.
Apuntes sobre implicaciones de falta de quórum del Pleno del @INAImexico:
1. Se puede hacer solicitudes como siempre. PNT sirve igual.
2. Resoluciones de órganos estatales siguen emitiéndose.
3. Recursos de revisión ante INAI se siguen admitiendo.¿Qué se ve afectado?
— Efra Tzuc (@efra_tzuc) April 19, 2023
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, enfatiza que la transparencia es básica en cualquier sistema que aspire a ser democratico y está intrínsecamente ligada al derecho a saber, el derecho de la información.
“Es una piedra angular de la democracia”, concluye Maldonado.
Relacionado
En medio de una nueva ola de detenciones y de un gran despliegue militar y policial, Nicolás Maduro espera iniciar este 10 de enero su tercer sexenio al frente del país suramericano. El opositor Edmundo González también dice que se va a juramentar.
Este 10 de enero debe iniciarse en Venezuela un nuevo período presidencial que arranca con tensión e incertidumbre.
La detención y posterior liberación este jueves de la líder opositora María Corina Machado fue un avance del creciente conflicto político que este viernes vivirá una jornada clave.
Se espera que Nicolás Maduro asuma un tercer mandato en la tradicional ceremonia de investidura en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano.
Y a su vez, Edmundo González, considerado como presidente electo por la oposición y gobiernos internacionales, afirma que regresará a Venezuela a juramentarse al haber demostrado su triunfo en las presidenciales de julio con la publicación de las actas.
Ante esta nueva fase del conflicto, el país está sumido en la incertidumbre y bajo un gran despliegue militar y policial que no impidió que este jueves miles de manifestantes salieran a las calles a protestar contra Maduro.
También los simpatizantes del gobierno mostraron fuerza en las calles y están llamados a hacerlo de nuevo este viernes.
“Estamos a partir de hoy en una nueva fase”, dijo este jueves Machado.
Pero, ¿por qué este día 10 es significativo?
1. Lo que manda la ley
“El candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”.
Esto establece el artículo 231 de la Constitución de 1999 y para dar cumplimiento a dicho mandato, Maduro acudirá este viernes al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano, para asumir su cargo ante los diputados.
El formalismo, sin embargo, se ha visto empañado por las dudas que, dentro y fuera del país, hay sobre la anunciada victoria del actual mandatario en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, el aspirante a la reelección se impuso con el 52 % de los votos.
Sin embargo, el organismo no ha presentado hasta el momento los resultados detallados que certifiquen esa declaración.
En contraposición, la oposición asegura que el ganador de los comicios fue su abanderado, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien habría obtenido casi el 70 % de los votos, según el 80 % de las actas de escrutinio obtenidas por la alianza antichavista.
La veracidad de las actas en poder de la oposición fue corroborada por el Centro Carter, uno de los pocos veedores internacionales independientes que fueron invitados por las autoridades a seguir el proceso.
González Urrutia, a quien Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos ya han reconocido como presidente electo, ha asegurado que regresará este viernes a Venezuela para ceñirse la banda presidencial.
En septiembre salió de Venezuela y se instaló en España ante la amenaza de ser arrestado.
Las autoridades han advertido al excandidato opositor que será detenido si pone un pie en Venezuela.
2. Más vigilancia y más detenciones
Desde principios de año la presencia policial y militar se ha visto reforzada en toda Venezuela, pero particularmente en Caracas.
Miles de uniformados han sido desplegados en los alrededores del Palacio presidencial de Miraflores, así como del cercano Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, ambos en el centro histórico de la ciudad.
Por su parte, en las autopistas para acceder a la capital y en sus principales calles los militares y policías han instalado puntos de control para revisar los vehículos que transitan por ellas y a sus ocupantes, aseguraron a BBC Mundo, fuentes en el terreno que pidieron reservar su identidad.
La presencia policial fue notable en las protestas de este jueves.
“La derecha venezolana está como nerviosa por un despliegue de las fuerzas policiales y militares que es muy normal”, dijo esta semana el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
“A Venezuela van a venir presidentes y representantes de más de 100 países para la toma de posesión y tenemos que garantizar la seguridad a esos invitados, pero también de los venezolanos”, justificó el funcionario, que aseguró que hay en marcha planes desestabilizadores y “golpistas”.
Aunque Cabello calificó de “normal” el operativo, hay elementos inusuales. Uno de ellos es la participación de los miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los dos organismos de inteligencia venezolanos.
El DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional, figura entre los cuerpos de seguridad señalados por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas de cometer torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad.
En un video difundido por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), uno de los directivos del organismo de inteligencia, el coronel Alexander Granko Arteaga, justificó esta actuación porque “el país está amenazado”.
Esta explicación fue respaldada por Maduro, quien este miércoles anunció la detención de siete “mercenarios extranjeros”, los cuales engrosarían la lista de 150 aprehendidos en los últimos meses.
“Siguen las capturas, porque una información lleva a otra. Buena información hay para desmantelar lo que estamos desmantelando, una conspiración internacional financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos”, declaró.
Pero no solamente presuntos mercenarios han sido arrestados. Hasta el miércoles, partidos opositores y organizaciones de derechos humanos habían contabilizado que más de una decena de políticos, dirigentes vecinales y activistas de derechos humanos habían sido detenidos en al menos tres estados del país.
Entre estas aprehensiones destacan la de Rafael Tudares, yerno de González Urrutia; la del excandidato presidencial Enrique Márquez y del activista de derechos humanos Carlos Correa.
Las autoridades han confirmado las aprehensiones y las justificaron diciendo que los arrestados forman parte de una “conspiración”.
Hasta el momento no han revelado el paradero de los detenidos ni les han permitido contactar a sus familiares, por lo cual defensores de derechos humanos han calificado los casos como “desapariciones forzadas”.
El martes Maduro dio un paso más en su “unión cívico militar policial” al activar la Organización de Defensa Integral (ODI), instancia que, según explicó, “integra a todo el poder político, el poder popular, a la Fuerza Armada, a la Milicia y a todas las fuerzas policiales”.
En un acto celebrado en el Palacio de Miraflores, el gobernante juramentó a los cuerpos de combatientes de las distintas empresas públicas, los cuales están integrados por trabajadores y a quienes se les vio portando armas de guerra.
Asimismo, desde el miércoles, grupos de motociclistas simpatizantes del oficialismo, conocidos como “colectivos”, han sido vistos recorriendo las calles de Caracas y otras ciudades.
3. La estrategia de la oposición
“El enorme despliegue militar y policial busca inhibir cualquier tipo de protesta contra toma de posesión”, explicó a BBC Mundo un funcionario judicial, el cual pidió reservar su identidad por razones de seguridad.
Sin embargo, María Corina Machado, la líder opositora a las que las autoridades venezolanas no dejaron competir en las presidenciales de julio pasado, pidió a los venezolanos vencer el miedo provocado por las más de 2.000 detenciones ocurridas tras los comicios y los numerosos casos de torturas y malos tratos.
“Llegó la hora (…) Todos sabemos que esto se acabó”, dijo al instar a sus compatriotas salir en masa a las calles del país para manifestarse en contra de la posesión de Maduro.
“Que el miedo nos tenga miedo”, planteó.
El llamado fue atendido y este jueves se registraron decenas de protestas en todo el país, de las cuales 11 fueron reprimidas, según datos provisionales de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Pero la estrategia opositora no solo busca “calentar las calles” para forzar un quiebre en la coalición que sostiene a Maduro en el poder, sino que también ha estado maniobrado internacionalmente con el mismo fin.
González Urrutia realizó en los últimos días una gira que lo llevó a Argentina, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana para recabar apoyos.
Asimismo, el excandidato opositor ha anunciado que volverá al país para juramentarse y ha dicho que irá acompañado por varios exmandatarios hispanoamericanos.
Desde Caracas, por su parte, han advertido que este plan supone un “gravísimo riesgo” para los implicados, quienes serían considerados “invasores” y tratados como tales.
“Le recomiendo que no se pongan a inventar”, afirmó el ministro Cabello, quien recordó que en los últimos años la Fuerza Aérea ha derribado 400 aeronaves que han ingresado ilegalmente al territorio venezolano.
El funcionario también ha asegurado que el verdadero plan opositor es que González Urrutia se juramente en alguna de las embajadas venezolanas que el gobierno no controla desde 2019.
La analista Carmen Beatriz Fernández dice que la doble estrategia opositora tiene por propósito crear “un momentum político entorno a la figura de Edmundo González Urrutia”
“Lo que no sabemos es si esa estrategia será tan exitosa como para conseguir su objetivo: su juramentación”.
“En el mejor de los casos, el plan está conduciendo a un quiebre (dentro del chavismo) y a una negociación que permita la asunción de González Urrutia, el día 10 o después. Y en el peor de los casos le hace la vida más difícil a Maduro para seguir en el poder”, precisó a BBC Mundo la profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra (España).
4. ¿Quiénes apoyan a quién?
Las autoridades venezolanas han asegurado que unos 2 mil invitados de 100 países asistirán a la tercera toma de posesión de Maduro desde 2013, pero solo cinco son presidentes.
La prensa venezolana dio por hecho que los gobernantes de Cuba y de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente, asistirán.
Luis Arce, presidente de Bolivia, otro de los aliados de Venezuela, ha anunciado que no asistirá, pese a reconocer el cuestionado triunfo de Maduro. Su ausencia se deberá a la presencia de su rival y otrora mentor político, el expresidente Evo Morales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles su ausencia y la atribuyó no solo a la negativa de las autoridades venezolanas a mostrar las actas que corroborarían el triunfo de Maduro en las elecciones, sino también a la reciente ola de detenciones.
La reelección de Maduro ha sido cuestionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y por un número importante de países latinoamericanos.
Los gobiernos antes mencionados han descartado enviar a representantes a la posesión y algunos de ellos ya consideran a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.
La decisión de países como Paraguay de reconocer al opositor como el vencedor de los comicios desató la ira de Maduro, que decidió romper relaciones diplomáticas con ese país.
Rusia, Irán y China, por su parte, han reconocido la reelección de Maduro y enviarán delegaciones a la ceremonia.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Entrevista con María Corina Machado: “Maduro tiene por delante la decisión sobre su final. Si pretende quedarse por la fuerza, se encontrará con una situación tremendamente adversa”
- Cómo la economía de Venezuela pasó con Maduro del “socialismo del siglo XXI” al “capitalismo autoritario”
- Exilio, cancelación de pasaportes y “traición a la patria”: los paralelismos de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua en su ofensiva contra la disidencia
