Contrario a lo que sostienen el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha avalado recursos de revisión interpuestos vía transparencia para permitir a periodistas y organizaciones avanzar en sus investigaciones y garantizar el acceso a la información.
También ha tramitado acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales para proteger datos personales de la ciudadanía.
Aunque tiene esa aportación y relevancia, el Senado con mayoría de Morena no ha elegido a tres comisionados faltantes para que el pleno del Inai pueda sesionar y continuar con sus principales funciones.
Aquí ejemplos de investigaciones periodísticas que se sustentaron con solicitudes de información y la intervención del Inai cuando autoridades negaron datos:
El Inai encabeza y coordina el Sistema Nacional de Transparencia, el cual debe garantizar el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). A través de ésta, cualquier persona puede presentar solicitudes de acceso a información.
Gracias al sistema y la plataforma se sustentaron investigaciones periodísticas como la del cese de consejeros electorales de Yucatán, publicada en 2006, a finales del sexenio de Vicente Fox.
Por medio de los órganos de acceso a la información del Consejo Electoral y el Poder Legislativo local, se reveló que consejeros usaron el erario para pagar visitas a un antro, paseos turísticos, gastos médicos de familiares, renta de vehículos de lujo, anticonceptivos, medicamentos para bajar de peso, cremas contra el pie de atleta y comidas en restaurantes de lujo.
Parte de esos gastos se disfrazaban bajo el rubro de “atención a visitantes”.
Otro ejemplo es la publicación que en julio 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, reveló que la realización de la serie de televisión El Equipo costó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces bajo el mando de Genaro García Luna, 118 millones 116 mil 880 pesos, esto de acuerdo con el contrato obtenido a través de la Ley Federal de Transparencia.
En noviembre de 2014, la investigación La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto documentó a través de informes, facturas, contratos, expedientes y otros documentos obtenidos vía transparencia que el entonces presidente tenía una casa en Las Lomas de Chapultepec con valor de 7 millones de dólares.
La propiedad fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro y que obtuvo múltiples contratos en el Estado de México, cuando Peña Nieto fue gobernador.
Durante este sexenio, una investigación dio a conocer que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de López Obrador, vivía en Houston en una mansión de un millón de dólares. En seguimiento, una segunda entrega reveló -gracias a la transparencia- que al menos ocho contratos con Baker Hughes fueron adjudicados por Pemex Procurement International (PPI), con sede en Houston, entre agosto y octubre de 2019, periodo en el que López Beltrán ocupó una lujosa residencia que pertenecía a un ejecutivo dicha compañía estadounidense.
El Inai fue fundamental para La Estafa Maestra, una investigación encabezada por Animal Político que reveló que, entre 2013 y 2014, el gobierno federal desvió 7 mil 670 millones de pesos a través de contratos otorgados por 11 dependencias a 186 empresas, de las cuales 128 no debían recibir recursos públicos porque no tenían ni infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen. Para ello, fueron realizadas 517 solicitudes de información.
Aproximadamente 80% de las solicitudes fueron denegadas en una primera instancia, de acuerdo con el periodista Manuel Ureste, uno de los autores de la investigación. Sujetos obligados, como las ocho universidades públicas que participaron en el desvío, respondían que los contratos eran información confidencial. Pero, tras interponer recursos de revisión con base en las leyes de transparencia, fue posible argumentar que los contratos son información pública que debe darse a conocer. Fue así que, de la cifra total desviada, La Estafa Maestra documentó que 3 mil 433 millones de pesos fueron entregados a empresas fantasma, mil millones de pesos más fueron la comisión de 10% de las universidades y el resto del dinero sirvió para, supuestamente, contratar servicios.
Para más detalles, consulta: La Estafa Maestra: graduados en desaparecer dinero público
Otra investigación donde el Inai ha intervenido para el acceso a la información es en el seguimiento a Ejército espía. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que contrató a la empresa proveedora de Pegasus, software utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.
Vía transparencia, la Sedena ha respondido que “no localizó” ningún contrato al respecto o que dicha información se encontraba clasificada como “asunto de seguridad nacional”, por lo que no entregaría la documentación, sino una “nota informativa y evidencia documental relacionada con el contrato.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han interpuesto recursos de revisión ante el Inai, organismo que ordenó a la Sedena que hiciera una “búsqueda exhaustiva” de la información, luego de analizar el caso en una sesión pública. El pleno votó por unanimidad que la Sedena debe entregar la información.
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Un caso más ocurrió cuando Animal Político realizó una solicitud de información para conocer el estudio en el que Delfina Gómez, entonces secretaria de Educación, se basó para afirmar que los beneficios del Programa de Escuelas de Tiempo Completo no llegaban a todos y en algunos casos, no se aplicaba y, por ello, debía desaparecer.
En una primera instancia, el medio impugnó la respuesta y, posteriormente, gracias a la intervención del Inai pudo conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) admitió que no tiene el estudio, según reveló en 2022.
Asimismo, está el caso de 2023, cuando tras un recurso de revisión interpuesto ante el Inai, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tuvo que dar a conocer que 3 millones 444 mil árboles han sido talados o removidos para la construcción del Tren Maya.
Esto ocurrió luego de que en una primera respuesta a la solicitud de información 330014222000379, el organismo encargado de la inversión turística en México solo contestara con enlaces a los documentos de manifestación de impacto ambiental, algunos de los cuales ni siquiera podían descargarse.
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Al no poder sesionar, el pleno del Inai está imposibilitado para atraer casos en órganos estatales, emitir sanciones por incumplimiento de los sujetos obligados que deben responder y realizar trámites de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las acciones de inconstitucionalidad sirven para denunciar la posible contradicción entre la Constitución y alguna disposición de menor jerarquía como normas, leyes, tratados, reglamentos o decretos. El periodista Efraín Tzuc enlistó algunos casos en los que el Inai ha ejercido esta facultad
Por ejemplo, tramitó una acción de inconstitucionalidad por el llamado “plan B” de las reformas en materia electoral propuesto por el presidente López Obrador, con el argumento de la protección de datos personales, y por la reforma que crearía el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), porque obligaba a los usuarios a otorgar datos biométricos. Así, en marzo de 2023 la SCJN concedió una suspensión del “plan B” mientras que en 2022 invalidó el sistema normativo que creaba el padrón.
Apuntes sobre implicaciones de falta de quórum del Pleno del @INAImexico:
1. Se puede hacer solicitudes como siempre. PNT sirve igual.
2. Resoluciones de órganos estatales siguen emitiéndose.
3. Recursos de revisión ante INAI se siguen admitiendo.¿Qué se ve afectado?
— Efra Tzuc (@efra_tzuc) April 19, 2023
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, enfatiza que la transparencia es básica en cualquier sistema que aspire a ser democratico y está intrínsecamente ligada al derecho a saber, el derecho de la información.
“Es una piedra angular de la democracia”, concluye Maldonado.
Un informe comisionado por la OMS descarta que el uso del celular aumente las posibilidades de desarrollar cáncer en el cerebro, cabeza o cuello.
El posible impacto del uso de celulares en el cerebro ha sido motivo de preocupación durante años. Los teléfonos móviles suelen sujetarse contra la cabeza durante su uso y emiten ondas de radio.
Las alarmas se encendieron en 2011 cuando Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó la exposición a las ondas de radio como posible carcinógeno para los seres humanos.
La IARC aclaró que su clasificación se basó en gran medida en evidencia limitada de estudios de observación en humanos y señaló que las pruebas no eran concluyentes.
Pero la posibilidad de un efecto carcinógeno fue suficiente para generar numerosos titulares alarmantes en la prensa vinculando el uso de celulares con el cáncer cerebral.
Sin embargo, una nueva revisión comisionada por la OMS de estudios realizados a nivel global concluyó que no hay evidencia de que el uso del celular incremente el riesgo de cáncer.
El análisis final incluyó 63 estudios de 1994 a 2022, evaluados por 11 investigadores de 10 países, incluyendo expertos de la autoridad de protección radiológica del gobierno australiano.
El nuevo trabajo comisionado por la OMS fue liderado por Ken Karipidis, director adjunto de evaluación de impactos en la salud de la Agencia Australiana de Protección contra la Radiación y de Seguridad Nuclear, ARPANSA por sus siglas en inglés.
“La clasificación de la IARC se basó en estudios observacionales previos en los que personas con cáncer de cerebro informaron que usaban un teléfono móvil más de lo que realmente lo hacían”, escriben en un artículo en The Conversation Karipidis y Sarah Loughran, también experta de ARPANSA y autora del trabajo.
La nueva revisión sistemática se basa en un conjunto de datos mucho mayor que la evaluación de la IARC de 2011 e incluye estudios más recientes y más completos, afirman los expertos australianos.
“Esto significa que ahora podemos estar más seguros de que la exposición a ondas de radio de teléfonos móviles o tecnologías inalámbricas no está asociada con un mayor riesgo de cáncer cerebral”.
“Esta revisión sistemática proporciona la evidencia más sólida hasta la fecha de que las ondas de radio de las tecnologías inalámbricas no son un peligro para la salud humana”.
La revisión consideró más de 5 mil estudios, aunque solo incluyó 63 en el análisis final. Los autores aclaran que la razón principal por la que se excluyeron estudios fue que “no eran relevantes”.
“No se encontró ninguna asociación entre el uso de teléfonos móviles y el cáncer de cerebro, ni ningún otro tipo de cáncer de cabeza o cuello”, escriben los autores.
Los investigadores analizaron también factores como tiempo desde el primer uso, número y duración de llamadas. También consideraron la posible radiación de antenas de telefonía.
“Tampoco hubo asociación con el cáncer si una persona usó un teléfono móvil durante diez o más años (uso prolongado). Y la frecuencia con la que lo usaron, ya sea según la cantidad de llamadas o el tiempo pasado en el teléfono, tampoco marcó una diferencia”.
Los autores destacan que estos hallazgos se alinean con investigaciones anteriores.
Y muestran que, aunque el uso de tecnologías inalámbricas ha aumentado enormemente en las últimas décadas, no ha habido un aumento en la incidencia de cánceres cerebrales.
Las conclusiones de la nueva revisión son tranquilizadoras e implican que los límites establecidos por agencias como la Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP por sus siglas en inglés) son seguros.
Los resultados “significan que nuestros límites de seguridad nacionales e internacionales son protectores. Los teléfonos móviles emiten ondas de radio de bajo nivel por debajo de estos límites de seguridad y no hay evidencia de que la exposición a ellas tenga un impacto en la salud humana”, afirman Karipids y Loughran.
Pero ambos expertos aclaran que es importante continuar con la investigación en este campo.
“La tecnología se está desarrollando a un ritmo rápido. Con este desarrollo viene el uso de ondas de radio de diferentes maneras usando diferentes frecuencias. Por lo tanto, es esencial que la ciencia continúe garantizando que la exposición a las ondas de radio de estas tecnologías siga siendo segura”.
“Esta nueva publicación nos permite pasar de un ‘posiblemente’ cauteloso a una confianza creciente en que los móviles no están incrementando nuestro riesgo.
No es el final del debate, pero sí un paso adelante hacia una comprensión más completa y basada en la evidencia”, escriben en un artículo los expertos españoles Alberto Nájera López, profesor de radiología y medicina física de la Facultad de Medicina de Albacete, y Jesús González Rubio, profesor asociado de bioestadística de la Universidad de Castilla-La Mancha.
“Por supuesto, esto no significa que no debamos seguir investigando. La tecnología y el uso de los móviles están en constante evolución y los científicos continuarán monitoreando cualquier cambio en las tendencias de salud pública”.
Para Nájera López y González Rubio el mensaje debe ser claro: “Use su dispositivo con moderación si lo prefiere, pero no hay evidencia sólida para que se preocupe por un aumento en las posibilidades de desarrollar un cáncer. La ciencia, al igual que el aparato que lleva en su bolsillo, está aquí para ayudarle a tomar decisiones informadas”.
Uno de los desafíos ahora, según Karipidis y Loughran, es que “esta nueva investigación contrarreste los persistentes conceptos e información erróneos que existen sobre teléfonos móviles y cáncer de cerebro”.
“No hay evidencia de ningún efecto establecido sobre la salud por la exposición relacionada con teléfonos móviles y eso es algo bueno”.
BBC
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