La precampaña de Xóchitl Gálvez encargó spots y manejo de redes sociales a la empresa Aldea Digital, cuyo socio fundador Sergio Jesús Zaragoza Sicre hizo pagos para amplificar contenidos de ‘guerra sucia’ contra el panista Ricardo Anaya en las elecciones de 2018.
Además, ha sido sentenciado en un par de ocasiones por violencia política de género.
En el proceso electoral de hace seis años, se documentó que Zaragoza Sicre trabajaba para la campaña presidencial del PRI, pero también que una de las empresas que fundó y de la que era socio pagó en Google y Facebook al menos 3.5 millones de pesos para difundir información falsa sobre el candidato del PAN.
Incluso el PAN, ahora aliado del PRI, denunció a empresas de Zaragoza Sicre por calumnia al promocionar videos y una página web donde se acusó a Anaya de cometer lavado de dinero, aunque finalmente fue exonerado en 2019 porque no pudo probarse su nexo con la campaña priista.
En la investigación El principal proveedor del PRI en campaña pagó por noticias falsas contra Anaya se probó que la empresa Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados había pagado 3 millones 526 mil pesos para promocionar dos videos y una noticia falsa sobre Ricardo Anaya.
Zaragoza Sicre es socio fundador de esa empresa y de Aldea Digital, entonces proveedora número uno de la campaña presidencial del PRI en 2018, cuando postularon a José Antonio Meade.
En esta campaña, el PRI tiene un contrato con Aldea Digital por 1.6 millones de pesos para la “campaña publicitaria” a favor de Gálvez, con spots, audios e imágenes para su “posicionamiento” a través de plataformas digitales o cualquier medio masivo.
Aldea Digital, de acuerdo con los datos en el Registro Público de la Propiedad, tiene como uno de sus socios fundadores y representante legal desde 2014 a Sergio Jesús Zaragoza Sicre, sin que se observe en la página del Registro un cambio en la composición de la empresa.
Otra de las empresas de Zaragoza es México Elige, a la que también pertenece el consultor político Aldo Hiram Campuzano, quien se sumó al equipo de Xóchitl Gálvez desde mediados de este año, según indicó Zaragoza Sicre en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.
En dicha emisión Zaragoza Sicre aseguró que esa adhesión no repercutiría en los resultados de las encuestas que realiza México Elige, empresa de la que tanto él como Hiram son socios fundadores, según los datos en el Registro Público.
Pagos de Zaragoza Sicre para difundir ataques contra Anaya
Zaragoza Sicre, según la investigación de autoridades electorales, pagó con tarjetas a su nombre en 2018 al menos 150 mil 274 dólares en anuncios en Facebook para amplificar el video “Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su prestanombres Manuel Barreiro”.
La propia empresa Facebook confirmó el pago que hizo Zaragoza Sicre, de acuerdo con la investigación del INE, pero él negó haberlo realizado.
Del mismo modo, otra empresa de la que fue socio y fundador Zaragoza Sicre, denominada Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., pagó por lo menos 585 mil pesos para que al buscar en Google la palabra “Ricardo Anaya” apareciera como primer resultado una noticia titulada “Lavado de Dinero|Ricardo Anaya” en el sitio themexicanpost.mx.
Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados –de la que Zaragoza Sicre dice haber sido socio desde 2009 y hasta febrero de 2018, cuatro meses antes de la elección presidencial-, también fue acusada por el PAN de calumnia, al difundir y amplificar con publicidad en Google la noticia falsa de que Anaya había declinado a favor de Meade, en la etapa de precampaña.
Aldea Digital fue en 2018 el principal proveedor del PRI con contratos por 88 millones de pesos, y otra de sus estrategias fue realizar pagos con la plataforma Google AdWords para que al colocar en el buscador palabras como “AMLO” apareciera en primer lugar un anuncio de Meade y el sitio www.meade18.com.
Esta estrategia fue denunciada por Morena, señalando que podía confundir al electorado, aunque el INE la consideró válida.
Animal Político escribió un correo a las direcciones que coloca Sergio Zaragoza en su página web, para pedir un comentario, pero hasta el momento de la publicación no hubo respuesta.
El equipo de Xóchitl Gálvez, en tanto, confirmó la contratación de Aldea Digital para “el manejo de cuentas de redes sociales de la precandidata y administración de la pauta publicitaria digital de la precampaña”.
Sin embargo, ante la pregunta sobre los pagos de Zaragoza Sicre para amplificar contenido contra Anaya, respondieron que “Aldea Digital no participó en campaña de desinformación, tan es así que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia final donde se exculpa a Aldea Digital al confirmar que no existe evidencia que prueben dichas acusaciones”.
En una revisión se encontraron resoluciones del Tribunal en las que por diferentes razones se descartó sancionar a Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. y a Aldea Digital. Por ejemplo, en el expediente SRE-PSC-86/2018, la Sala Especializada descartó sancionar a Aldea Digital por el hecho de que al escribir palabras como AMLO aparecía en el buscador de Google publicidad del sitio meade18.com, al considerar que sí se distinguía como publicidad pagada y no era motivo de confusión para el electorado.
Otro caso es el del expediente SUP-RAP-223/2018, en el que la Sala Superior del Tribunal Electoral descartó omisiones en materia de fiscalización denunciadas por el PAN, al aparecer anuncios de Meade cuando se ponía en el buscador las palabras “Ricardo Anaya”.
En cuanto a resoluciones vinculadas con Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., el Tribunal descartó sancionar calumnia por la promoción de materiales en la página themexicanpost.mx vinculando a Anaya con lavado de dinero, señalando en ese momento que eran expresiones protegidas por la libertad de expresión, retomando un tema que ya había sido abordado por diferentes medios.
Y en una acusación más, la de desinformar diciendo que Anaya había declinado en favor de Meade promocionando la página www.wikinoticias.mx, en una primera instancia la Sala Regional Especializada encontró culpable a Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados de calumnia, aunque luego la Sala Superior revocó dicha resolución señalando que los dichos falsos eran “poco verosímiles” ni tuvieron impacto en el proceso electoral, al aparecer en precampañas y en internet, y no en medios masivos como radio o televisión.
Sin embargo, en ninguno de los expedientes mencionados se desmintió el hecho de que Zaragoza Sicre y la empresa de que fue socio fundador realizaron pagos para amplificar el contenido de guerra sucia contra Anaya vinculándolo con lavado de dinero, o diciendo falsamente que había declinado contra Meade.
Incluso con los antecedentes mencionados, en la Plataforma Nacional de Transparencia hay rastro de que a la postre Acción Nacional contrató en distintas ocasiones a Aldea Digital. En 2020, por ejemplo, le dio 6 millones 380 mil pesos para servicios de estrategia de marketing y comunicación.
Socio fundador de Aldea Digital, sentenciado por violencia política de género
En el historial de Zaragoza Sicre también hay un par de sentencias en su contra por violencia política de género.
Una de ellas por la difusión en 2018 de un video en un canal de su creación en Facebook, denominado El Chou de Monchi, donde se mostraba a un personaje caricaturesco haciendo una entrevista a Lilly Téllez, con expresiones ridiculizantes y misóginas.
Sobre estos hechos, el equipo de Xóchitl Gálvez respondió a Animal Político que son un “asunto entre particulares en los cuales no está involucrada la empresa Aldea Digital”, y que según la información que tenían la senadora Lilly Téllez había exculpado de manera personal a Zaragoza.
Se preguntó al respecto al equipo de Téllez, y señalaron textual: “Legalmente no lo exculpé, él fue condenado. Después, en lo personal, nos reconciliamos Zaragoza y yo”.
La segunda sentencia se dio en 2021, por publicaciones en redes sociales del propio Zaragoza Sicre contra la diputada Wendy Briceño, en las que la acusó de querer “legalizar el asesinato de bebés en el vientre de sus madres” e impulsar una “agenda personal abortista”.
Al respecto, el equipo de Xóchitl Gálvez respondió: “aún se encuentra aún en litigio en cortes internacionales al sostener Zaragoza que su expresión no es violencia política de género y que se vulneró su libertad de expresión y su derecho a interactuar y recibir rendición de cuentas por parte de su representante popular, la entonces diputada federal de su distrito electoral”.
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Los tribunales de Chile empiezan a ver los casos contra miembros de la megabanda venezolana, que en los últimos años convirtió al país del sur en una gran base de operaciones.
“Hay homicidios de una gravedad que no habíamos visto antes en la historia del país. Me refiero a desmembramientos, torturas y enterrar a las personas vivas”.
Así describió el fiscal Mario Carrera a Tele13 Radio los delitos por los que se persigue a Los Gallegos, la banda que desde esta semana protagoniza lo que se ha considerado el juicio más importante de la historia del crimen organizado en Chile.
Los 38 acusados –34 venezolanos y cuatro chilenos– enfrentan cargos de homicidio calificado, secuestro, porte de armas y tráfico de drogas, y son considerados una célula del Tren de Aragua, la megabanda venezolana que en los últimos años convirtió a Chile en un gran centro de operaciones, el mayor después de su país de origen, según funcionarios policiales chilenos.
El Tren es, de hecho, el “primer grupo criminal trasnacional” con el que se ha enfrentado la Justicia chilena y una de las causas de la violencia en un país que en los últimos años ha visto crecer el número de homicidios.
La Fiscalía incluso atribuye al grupo la muerte del exmilitar disidente de Venezuela Ronald Ojeda, y la propia existencia del Tren de Aragua ha sido motivo de disputa diplomática con el gobierno de Caracas, que llegó a negar la existencia de la megabanda, algo que Chile, uno de los países que más sufre la violencia del grupo, consideró un “insulto”.
Pero ¿cómo se estableció, cuál ha sido y es su presencia en el país y cómo empezó la justicia chilena a encarar una criminalidad a la que nunca antes se había afrontado?
Para entenderlo, hay que remontarse primero a otro caso judicial.
La muerte de Mariana
Mariana (nombre ficticio) se desplomó poco después de cruzar la frontera entre Pisiga, en Bolivia, y Colchane, en el norte de Chile, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Había caminando alrededor de 40 minutos, soportando bajas temperaturas, en medio de fuertes vientos y lluvia, por un terreno desértico y con vestimenta no adecuada. Viajaba junto a su hijo de 5 años, su madre, un hermano menor de edad y otros 50 extranjeros.
Cuando los carabineros intentaron auxiliarla, la migrante venezolana de 32 años ya estaba muerta.
Su caso fue reportado, sin más detalles, como uno de los cinco fallecimientos de migrantes ocurridos en el primer trimestre de 2021, cuando intentaban cruzar por pasos irregulares hacia Chile.
Pero detrás de su muerte hay algo más que el desgaste físico de una joven madre. Mariana y su familia son parte de los 11 casos de víctimas del Tren de Aragua que figuran en la acusación presentada en marzo de 2022 contra 12 miembros de la organización criminal por Raúl Arancibia Cerda, quien entonces era fiscal regional de Tarapacá, en el norte de Chile.
“Se trata de la primera organización (el Tren de Aragua) que cumple con todas las características del crimen organizado trasnacional (…) en ser formalizada en el país (Chile)”, dice el documento de acusación al que tuvo acceso BBC Mundo.
El exfiscal regional Arancibia aseguró que, al menos hasta el momento en que formalizó el escrito, en 2022, “Chile estaba ajeno a este tipo de criminalidad”.
Pero ¿cómo un grupo criminal tan joven –con menos de 10 años de existencia–, comandado desde el interior de una prisión en un país a más de 4.700 kilómetros de distancia, logró establecerse con tanta fuerza y facilidad en el territorio chileno?
Las causas de su expansión
La migración aparece como un primer factor.
Hoy hay más de medio millón de venezolanos registrados en Chile, aunque la cifra podría ser el doble, debido a la gran cantidad de personas que han entrado por pasos informales.
La familia de Mariana figura entre miles de víctimas del tráfico de migrantes, y su historia combina algunas de las variables que explican cómo el Tren de Aragua se instaló en Chile y convirtió este país en su “segundo hogar”, según confirmó a BBC Mundo un funcionario de la Policía de Investigación de Chile (PDI) que investigó al grupo entre 2021 y 2023 y que prefirió no dar su nombre.
A comienzos de 2021, cuando todavía el impacto de la pandemia por covid-19 mantenía cerradas varias fronteras y la situación de los venezolanos se agravaba en sus países de acogida, Edgar, un hermano de Mariana que vivía en Chile, contrató los servicios de una supuesta agencia de viajes para trasladar a cuatro miembros de su familia desde Colombia hasta Iquique, en la frontera norte del país sureño, según se relata en la acusación formalizada por el fiscal Arancibia.
Edgar accedió a pagar US$2.400 para que sus parientes se reunieran con él. Pagó US$600 dólares por cada uno: Josefina, su mamá; Juan Carlos, su hermano menor de edad; Mariana, su hermana de 32 años; y José, su sobrino de 5 años, hijo de Mariana. (Todos los nombres son ficticios; en la acusación se les identifica sólo con siglas)
El grupo familiar emprendió el trayecto a comienzos de marzo de 2021.
Pero cuando llegaron a Tumbes, en Perú, los hombres que los trasladaban les exigieron US$80 más por persona para continuar el viaje hasta Lima, y US$250 por cabeza para llegar a Colchane, en Chile. Así que Edgar transfirió otros US$1.360.
En ese punto ya se había percatado de que no había tal agencia de viajes. Estaban en manos de coyotes del Tren de Aragua, una organización que desde Venezuela ya se ha expandido al menos a seis países de América Latina.
La noche del 22 de marzo de 2021, luego de permanecer ocultos un par de días en el hotel España, en Pisiga, Bolivia, los familiares de Edgar iniciaron la travesía para cruzar la frontera y llegar a Chile.
A la cabeza de la “expedición” estaban tres hombres que, según la acusación, se identificaban por sus apodos: “Estrella” (Carlos González Vaca), quien ha sido señalado de ser uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile; “Zeus” (Zeus Velásquez Aquino) y “Águila” (Juan José Trejo Varguilla). Todos de nacionalidad venezolana y miembros de la megabanda, según arrojó la investigación realizada por autoridades chilenas.
Ellos eran los que daban las instrucciones y expusieron a los migrantes “a condiciones extremas”, poniendo en riesgo la “integridad física y la vida” de todos, se lee en el documento elaborado por la fiscalía de la región de Tarapacá.
Poco después de cruzar la frontera, Mariana comenzó a sentirse mal y su madre le pidió ayuda a alias Águila, quien golpeó a la joven por sentirse mal. Como consecuencia se desvaneció y acabó muriendo en suelo chileno.
“Al menos desde el año 2021 en la región de Tarapacá ha operado esta organización criminal trasnacional, vinculada con la Mega Banda Venezolana, el Tren de Aragua, cuya célula (…) se ha asentado en diversas ciudades de la región (…) como también se ha extendido hasta otras partes del país (…)”, concluye la acusación.
Los tres coyotes, entre otros, fueron detenidos en marzo de 2022.
El caso está actualmente en proceso de preparación para el inicio del juicio. Hay 12 acusados, incluido Carlos González Vaca, alias “Estrella”.
Considerado el líder de la primera célula del Tren identificada y desarticulada en Chile, la Fiscalía pide para él dos penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de prisión por delitos como secuestro con homicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y tráfico de migrantes, entre otros.
El estallido, la pandemia y la economía
“Creemos que la llegada del Tren de Aragua tiene que ver con el aprovechamiento de esta migración que hubo desde Venezuela a Chile”, le explicó a BBC Mundo Mauro Mercado Andaur, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigación (PDI) de Chile.
“La persona que emigra a través de distintas fronteras muchas veces tiene pocos recursos económicos y la necesidad rápida de llegar a su país de destino. El grupo criminal aprovecha la necesidad de los migrantes para hacer sus negocios ilícitos, los seduce y hasta les asignan tareas menores”, agregó.
Pero hay otros elementos que explican que Chile fuera el terreno escogido por la banda para instalarse.
Por un lado, coincide con el estallido social de 2019, “momento en el que teníamos otros focos de interés que estábamos abordando”, reconoció Mercado Andaur, apuntando a la pandemia por coronavirus.
Y es que la emergencia sanitaria forzó un cambio en la dinámica y la operatividad de los cuerpos de seguridad —precisa el policía—, que debieron ocuparse de problemas vinculados con la enfermedad al tiempo que desatendían tareas propias de sus funciones.
Asimismo, Chile fue uno de los primeros países de la región en tener vacunas disponibles y eso atrajo a muchas personas que buscaban servicios de salud de calidad.
“Tuvimos que buscarlo en Google”
Arancibia, el exfiscal de Tarapacá, relató que la primera vez que escuchó hablar del Tren de Aragua fue en diciembre de 2020, cuando dos mujeres peruanas fueron detenidas mientras intentaban ingresar a Chile ketamina, una droga alucinógena.
“Ellas explicaron que habían sido obligadas a transportar la droga por gente del Tren de Aragua. Hasta ese momento no sabíamos nada de una megabanda venezolana, ni de una prisión de Tocorón (en Venezuela). Tuvimos que buscarlo en Google”, contó Arancibia.
Aunque al final comprobaron que las mujeres mentían y que no habían sido forzadas por ningún grupo criminal, el hecho abrió camino a la primera investigación sobre el Tren de Aragua en Chile. “Nos dieron a conocer lo que estaba pasando”.
Para entonces, las autoridades chilenas ya habían notado cambios en las dinámicas criminales en las regiones fronterizas del norte y la aparición de nuevos delitos sin tener claras las causas: más explotación sexual de extranjeras; tráfico de sustancias poco convencionales, extorsiones; más homicidios y tráfico de migrantes.
Aunque en esa frontera de Chile con Bolivia históricamente había habido actividad del crimen organizado, no había grupos, ni locales ni extranjeros, que ejercieran un control de las acciones ilícitas y se impusieran con violencia como lo hacía el Tren de Aragua.
“Encontraron la facilidad para apoderarse de territorios. Tomaron zonas casi despobladas para establecer sus negocios. También comenzaron a ofrecer servicios, como pasar migrantes de una frontera a otra, brindar seguridad a comercios o falsificar los documentos de identidad que las autoridades chilenas entregan a los migrantes”, detalló Mercado Andaur.
Todo esto fue más fácil en Chile, entre otras cosas, por la ausencia de otros grupos de delincuencia organizada o competidores criminales.
“Históricamente nuestro grupos criminales han tendido a evolucionar hacia el lavado de activos, pero no hacia el control de un territorio por la fuerza. Tampoco tenían un gran poder de fuego. Por eso fueron sometidos fácilmente por los grupos extranjeros, como el Tren de Aragua, y terminaron cediendo los espacios y sometiéndose a ellos”, apuntó Mercado Andaur, que admitió la presencia de organizaciones colombianas y de otros países.
Exportación de crímenes
La capacidad de adaptación y el amplio portafolio criminal de la megabanda -se le atribuyen unos 20 delitos- también le permitió establecerse en Chile con actividades criminales que no eran practicadas por otros grupos, como la explotación sexual.
“Aquí la prostitución es legal, pero no había la figura del proxeneta. Ellos la trajeron y ahora controlan este delito en el país”, dijo el funcionario de la PDI.
Y a estos factores se suma que Chile tiene una de las economías más sólidas de América Latina, por lo que “la estabilidad económica del país y la cantidad de dinero circulante eran muy atractivos”, subraya Mercado Andaur.
Por eso Larry Amauri Álvarez Nuñez, alias “Larry Changa”, uno de los jefes y creadores del Tren de Aragua, escogió Chile para establecerse junto a su familia, según revelaron funcionarios de la PDI, Interpol y de la inteligencia colombiana.
Llegó en un vuelo comercial desde Caracas en 2018, regentaba un local de comida en el Jockey Club, a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda, y además tenía varios establecimientos comerciales. Se instaló en Santiago y logró montar una operación de tráfico de drogas y lavado de dinero para la organización.
En 2022, cuando ocurrieron las primeras detenciones de sus compañeros, huyó y hoy se desconoce su paradero.
En la jerarquía de la organización tiene casi el mismo rango que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe máximo del Tren, uno de los hombres más buscados de América Latina.
“Ahora hay 70 personas de la organización en prisión”, aseguró Mercado Andaur, quien añadió que “el grupo comenzó a fragmentarse después de la detención del líder (alías “Estrella”) y producto de la acción policial”.
“No negamos que siguen operando, pero al quedar tan expuestos han perdido sus redes de protección. Tienen una operación pequeña. Sin embargo, seguimos con la alerta alta para evitar que se articulen las células” del Tren de Aragua, el primer gran grupo trasnacional del crimen organizado en Chile.
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