Abogados vinculados con Morena, simpatizantes, excandidatos y colaboradores de gobiernos de ese partido y sus aliados están entre los perfiles que se postularon para competir por un lugar como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con una revisión a los perfiles registrados ante los comités de Evaluación de los tres poderes, se encontró que 25 de los 176 distintos aspirantes tienen o han tenido alguna relación con Morena y sus partidos aliados, es decir, el 14.2% de los aspirantes, uno de cada 7.
Además hay casos como el de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, quien es sobrino de la exministra y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero. Esto, con el contexto de que la hija de la ministra en retiro, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, también se registró ante el Poder Judicial, aunque en su caso para ser candidata a ministra de la Corte.
En 2025 se votará para nombrar dos magistraturas faltantes en la Sala Superior del TEPJF. Para ello, cada Poder de la Unión tendrá que formar listas de hasta 10 personas aspirantes. Luego habrá sorteos con los que cada Comité elegirá a sólo tres para cada posición. Con esto, en total habrá 18 personas candidatas.
Los Comités de Evaluación tienen hasta este 15 de diciembre para presentar las listas con las personas elegibles, es decir, aquellas que hayan cumplido los requisitos constitucionales establecidos en la convocatoria y que se registraron antes del 25 de noviembre pasado. Mientras que a partir del 16 de diciembre comenzará la etapa de evaluación de idoneidad, en que los comités de evaluación tendrán que elegir a los perfiles más aptos de cara una candidatura.
Para entender mejor: Guía para la elección judicial: cargos que se votarán en 2025, fechas clave del proceso y qué se permitirá en campaña
Legisladores de oposición argumentaron durante la discusión de las reformas que mecanismos como los Comités de Evaluación a cargo de los Poderes de la Unión restan autonomía al Poder Judicial y abren la puerta a que personas afines a los partidos políticos mayoritarios como Morena, el PT y el PVEM ganen posiciones para juzgar los procesos electorales.
“Con esta reforma los jueces, magistrados, ministros, únicamente van a terminar siendo simples rehenes del poder político de los partidos”, alegó el diputado de MC Tecutli Jose Guadalupe Gomez Villalobos.
La reforma no contempla restricciones para que funcionarios militantes o cercanos a partidos políticos accedan a algún cargo en el Poder Judicial.
Sólo contempla restricciones para quienes desempeñaron cargos de secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, o titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria para la integración del listado de candidaturas, es decir, antes del pasado 16 de octubre.
Entre los aspirantes está José Juan Arellano Minero, colaborador cercano de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y expresidente nacional de Morena. Arellano Minero trabaja actualmente como consejero jurídico de la SEP, y antes se desempeñó en la coordinación jurídica de Morena, según su cuenta de LinkedIn.
El aspirante Sergio Esteban Guzmán Múzquiz, quien ha trabajado como consejero electoral distrital en Coahuila, apoya abiertamente en sus redes sociales al senador Ricardo Sheffield, de Morena.
“Hoy Felicito 🎊🎉🥳 al Senador más cercano a la gente Ricardo Sheffield, gran líder y dirigente político. Te mando un fuerte abrazo 🫂y te deseo muchos años más rodeado de familia, trabajo y salud”, escribió en su cuenta de Instagram.
Otro ejemplo es Pedro Napoleón Becerra Félix, quien se describe como “presidente del Movimiento Nacional por la 4ta. Transformación en México” en su cuenta de X (Twiter), además de que la mayor parte de su carrera se ha desempeñado como psicólogo, su primera profesión.
Un caso similar es el de José de Jesús García Piedra, quien fue encargado de despacho de asuntos jurídicos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando la encabezaba Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena. En sus redes sociales, el abogado muestra su apoyo al partido guinda
Fabiola Margarita López Moncayo es otro ejemplo de abogados que han integrado Morena. Si bien tiene experiencia como colaboradora en el Instituto Electoral del Estado de México, también fue coordinadora jurídica en el CEN de ese partido.
Otro aspirante, Oscar Francisco Muñoz Barrera, es cercano al Partido Verde Ecologista de México, por el que llegó a Chiapas como colaborador del gobierno de Manuel Velasco Coello. Según medios locales, en específico es cercano a Arturo Escobar, exsenador por el PVEM.
También de los aliados de Morena está Gustavo Adolfo Mora Baizábal, quien en 2024 era director de afiliación del PT en Veracruz.
Del mismo modo, Cecilia Nolasco Espinosa se desempeñó como representante del PES en 2018, partido que en esa elección contendió con Morena. Y al año siguiente fue secretaria particular de la alcaldesa de Morena de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana, sucesora de Claudia Sheinbaum en esa demarcación.
Incluso hay dos casos de exfuncionarios federales que públicamente están relacionados con supuestos delitos. Uno fue Jorge Luis Fuentes Carranza, quien se desempeñó como delegado del Bienestar en la región de Huauchinango, Puebla. Donde públicamente se le acusó de irregularidades en la entrega de becas para estudiantes y apoyos a jóvenes.
Por otro lado, Ana Karen Vilches Domínguez, quien trabajó como promotora del Programa de Discapacidad en la delegación del Bienestar en Guanajuato, donde su hermana, Patricia Viridiana Vilches Domínguez, quien se desempeñaba como coordinadora del Programa de Discapacidad en la Delegación del Bienestar de Guanajuato y es militante de Morena, fue señalada de nepotismo por la contratación de sus hermanas en la dependencia.
Algo similar ocurrió en los registros de los aspirantes a una magistratura en las salas regionales del TEPJF.
Según los registros de aspirantes ante él Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, hay 44 personas que buscarán una candidatura y que tienen alguna relación con Morena y sus partidos aliados.
Entre esos casos están Mayuza Betzabeth Cedillo Medina, quien busca contender por un lugar en la sala regional de Xalapa. Ella es militante de Morena e incluso fue candidata a una diputación federal en 2024.
Otro caso es el de Adrián Azael Ortiz Pecina, quien buscará una candidatura a la sala regional de Monterrey. En el padrón de militantes de Morena aparece con registro desde 2014. En 2018, se desempeñó como integrante de la Comisión de Ética Partidaria de Morena en Nuevo León. Además, actualmente en sus redes sociales difunde publicaciones a favor de Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum.
O Geovanni Jesús Jiménez Márquez, abogado y militante de Morena de 2014, quien aspira a una candidatura para ser magistrado en la Sala Regional de CDMX.
En tanto que Susana Rocío Rojas Rodríguez, quien busca un lugar en la Sala Regional de Toluca, fue consejera estatal de Morena en Querétaro y candidata a diputada federal en la elección pasada.
Mientras que 15 personas que se registraron en busca de una candidatura para llegar a las salas regionales fungieron como representantes de Morena ante alguna de las autoridades electorales.
Tal fue el caso de Karina Contreras Barrera, Paola Pintado Pérez y Santiago Nava Villa, quienes fueron representantes de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM); Paulina González Cuadros fue registrada como representante suplente de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); o Edén Alonso Martínez Méndez y Javier Villa Armendáriz, quienes representaron a Morena en Querétaro y Nuevo León, respectivamente.
Mientras que José de Jesús García Vargas fue representante del PT en Michoacán ante las autoridades electorales.
Otro caso destacado es el de Salma Nazareth Lozano López, quien busca una candidatura para la sala regional de Monterrey vía el comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Actualmente se desempeña como asesora de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en su ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se reconoce como “orgullosa fundadora de Morena”.
Algo similar ocurre con Rosalba Izazaga Sánchez, quien es subconsejera de atención de procedimientos jurídicos del Gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado. Izazaga Sánchez ha acudido a eventos en representación de la gobernadora.
El entonces obispo Robert Prevost fue uno de los jerarcas católicos que tuvo que gestionar la crisis provocada por el escándalo del Sodalicio en la iglesia peruana.
El papa León XIV es recordado en Perú por su tiempo allí como obispo de Chiclayo y por su desempeño en otros cargos eclesiásticos.
Tras conocerse que el elegido para ocupar el trono de San Pedro sería el cardenal Robert Prevost, abundaron los testimonios de personas que lo trataron y destacaban su humildad, cercanía y compromiso.
Pero Prevost tuvo que lidiar con un asunto especialmente incómodo para la comunidad católica peruana: las denuncias de abusos y agresiones en el Sodalicio de Vida Cristiana, un influyente grupo religioso en el centro de un escándalo que la Iglesia trataba de zanjar y que dio lugar a un pulso interno en la jerarquía católica local.
El Sodalicio fue finalmente disuelto por el papa Francisco solo unos días antes de morir.
Según cuentan varias personas que vivieron el asunto desde dentro, el cardenal Prevost jugó un papel fundamental en la eliminación de un movimiento al que muchas de sus presuntas víctimas consideraban tan corrupto como invencible.
El grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana se fundó en 1971 por el laico peruano Luis Fernando Figari y llegó a tener más de 20 mil seguidores en 25 países.
Figari y otros fundadores buscaban crear un movimiento que contrarrestara el auge que en aquella época vivía en América Latina la llamada Teología de la Liberación.
En 1997 el papa Juan Pablo II le dio reconocimiento oficial y quedó integrado en la estructura de la Iglesia.
Según testimonios de quienes formaron parte del Sodalicio, la vida comunitaria estaba regida por una estricta disciplina y se exigía una obediencia total a los líderes.
En 2015, el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, de los periodistas Pedro Salinas y Pao Ugaz, recogió los testimonios de una treintena de antiguos miembros del grupo que decían haber sido víctimas de abusos físicos, sexuales y psicológicos perpetrados por Figari y otros responsables de la organización.
La publicación del libro provocó una gran escándalo en Perú y removió los cimientos del mundo católico allí.
Óscar Osterling, antiguo sodálite que denunció haber sido víctima de Figari y los otros líderes, le dijo a BBC Mundo: “Durante años nadie nos hizo caso y queríamos que alguien adentro de la Iglesia tomara la bandera de la lucha de las víctimas”.
La Fiscalía peruana comenzó a investigar en 2015, pero nunca se produjo ninguna condena y las víctimas protestaban porque tanto la iglesia peruana como el Vaticano ignoraban sus denuncias.
El periodista Pedro Salinas, que ha seguido el tema todos estos años, asegura que “el Sodalicio parecía intocable, pero todo cambió después de un viaje del papa Francisco a Chille en 2018”.
El pontífice se encontró con una respuesta muy fría o incluso hostil.
Gran parte de la sociedad chilena estaba indignada por el escándalo de abusos sexuales a menores por el que había sido condenado el conocido sacerdote Fernando Karadima y que salpicó al obispo emérito de Osorno, Juan Barros, al que se acusaba de encubrir a Karadima.
En medio de la polémica por el destacado papel de Barros en la visita papal, varias iglesias fueron atacadas y en algunas los descontentos escribieron la palabra “pedofilia” y consignas críticas con la jerarquía católica.
Salinas estuvo en ese viaje a Chile y afirma que la actitud de Francisco “cambió radicalmente después de aquel desastre”.
El Papa expulsó del sacerdocio a Karadima y se abrió una crisis en la iglesia chilena que llevó al cese de siete obispos.
El efecto de lo ocurrido en Chile llegó hasta Perú.
“En 2019 Pedro Salinas me avisó de que la Conferencia Episcopal nos iba a atender en una reunión y me pidió que convocara a los antiguos sodálites que pudiera”, recuerda Osterling.
Según cuenta, una veintena de ellos, también de fuera de Perú, participaron en una reunión en la que, recuerda, estuvieron cinco obispos, entre ellos Robert Prevost.
“Era la primera vez que nos escuchaban en años”, asegura Osterling.
Según Salinas y Osterling, de aquella reunión surgió la propuesta de redactar una carta que sería enviada al Papa, pero que nunca se concretó porque el arzobispo Miguel Cabrejos, entonces presidente de la Conferencia Episcopal peruana, se echó atrás después.
BBC Mundo intentó sin éxito contactar con monseñor Cabrejos.
A partir de ahí, las cosas empezaron a moverse.
“Prevost se puso en la piel de las víctimas y comenzó a actuar de manera muy discreta y efectiva”, señala Salinas.
“En una ocasión recibí un mensaje de un sodálite que me decía que se iba a quitar la vida. Se lo hice llegar a Prevost y a Carlos Castillo (hoy arzobispo de Lima) y esa persona finalmente no se suicidó”, asegura Salinas.
En 2023 el papa Francisco llamó a Roma a Prevost, que asumió el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispos.
El nuevo prefecto forzaría la renuncia del obispo emérito de Piura, José Antonio Eguren, uno de los miembros de la élite que fundó el Sodalicio y que fue implicado en investigaciones periodísticas en un presunto caso de tráfico de tierras.
“La caída de Eguren fue un signo de que la cosa estaba girando y se estaba haciendo algo de justicia”, afirma Osterling.
Ese mismo año, el Papa enviaba a Perú al arzobispo de Malta Charles Scicluna y el sacerdote español Jordi Bertomeu con la misión de investigar los abusos en el Sodalicio.
El año siguiente, el Vaticano expulsó del Sodalicio a su fundador, una decisión que fue valorada entonces por la periodista especializada Pao Ugaz como “el anuncio del principio del fin de una organización que hasta ahora había gozado de impunidad”.
El fin se concretó solo días antes de la muerte del papa Francisco y su sucesión por Léon XIV. El 14 de abril de 2025 se firmaba en el Vaticano el decreto de supresión del Sodalicio por “la falta de carisma de origen divino en el fundador (Luis Fernando Figari) así como en los abusos y el comportamiento impropio y abusivo de Figari y de muchos de sus colaboradores”.
“Prevost fue fundamental en los últimos pasos, porque entre 2015 y 2023 no se hizo nada y es a partir de que él llega al Dicasterio para los Obispos que las cosas empiezan a moverse”, asegura Osterling.
El padre Bertomeu lo corroboró en unas recientes declaraciones a El Periódico de Tarragona: “El papel del nuevo papa León XIV en la supresión del Sodalicio es imprescindible: fue él mismo, como Prefecto del Dicasterio para los Obispos, quien estudió y valoró nuestras investigaciones y, en nombre de Francisco, exigió la renuncia del arzobispo José Antonio Eguren”.
Salinas sostiene que las acusaciones de que Prevost no elevó las denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes que recibió en su etapa como obispo de Chiclayo, que volvieron a aparecer en los medios en los días previos al cónclave que lo eligió Papa, responden a “una campaña de sectores conservadores vinculados al Sodalicio que buscaban desprestigiarlo ante la perspectiva de que fuera él quien sucediera a Francisco”.
Osterling cree que “las denuncias volvieron a surgir como venganza del Sodalicio, pero la Diócesis de Chiclayo aseguró que se enviaron al Vaticano y se tramitaron según el manual; otra cosa es que ese manual sea insuficiente y ese sea uno de los lastres que debe sacudirse la Iglesia en los próximos años”.
Ese será uno de los retos del nuevo Papa.
José Enrique Escardó, primer exsodálite que denunció públicamente abusos, mostró en sus redes su confianza en él y compartió el mensaje que le envió a Prevost tras conocer su elección como papa.
“Si bien no soy católico, creí en Francisco y en lo que hizo y creo en usted. Ojalá que pueda escuchar este mensaje. Creo que usted puede hacer muchísimo, muchísimo más. Estoy sumamente emocionado y espero poderlo visitar”.
Escardó también compartió la que dijo era la respuesta de León XIV: “Cuenta conmigo. ¡Fuerza y vamos adelante!”
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