Elección judicial 2025: abogados afines a Morena buscan candidatura para llegar al Tribunal Electoral
Abogados vinculados con Morena, simpatizantes, excandidatos y colaboradores de gobiernos de ese partido y sus aliados están entre los perfiles que se postularon para competir por un lugar como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con una revisión a los perfiles registrados ante los comités de Evaluación de los tres poderes, se encontró que 25 de los 176 distintos aspirantes tienen o han tenido alguna relación con Morena y sus partidos aliados, es decir, el 14.2% de los aspirantes, uno de cada 7.
Además hay casos como el de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, quien es sobrino de la exministra y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero. Esto, con el contexto de que la hija de la ministra en retiro, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, también se registró ante el Poder Judicial, aunque en su caso para ser candidata a ministra de la Corte.
En 2025 se votará para nombrar dos magistraturas faltantes en la Sala Superior del TEPJF. Para ello, cada Poder de la Unión tendrá que formar listas de hasta 10 personas aspirantes. Luego habrá sorteos con los que cada Comité elegirá a sólo tres para cada posición. Con esto, en total habrá 18 personas candidatas.
Los Comités de Evaluación tienen hasta este 15 de diciembre para presentar las listas con las personas elegibles, es decir, aquellas que hayan cumplido los requisitos constitucionales establecidos en la convocatoria y que se registraron antes del 25 de noviembre pasado. Mientras que a partir del 16 de diciembre comenzará la etapa de evaluación de idoneidad, en que los comités de evaluación tendrán que elegir a los perfiles más aptos de cara una candidatura.
Para entender mejor: Guía para la elección judicial: cargos que se votarán en 2025, fechas clave del proceso y qué se permitirá en campaña
Legisladores de oposición argumentaron durante la discusión de las reformas que mecanismos como los Comités de Evaluación a cargo de los Poderes de la Unión restan autonomía al Poder Judicial y abren la puerta a que personas afines a los partidos políticos mayoritarios como Morena, el PT y el PVEM ganen posiciones para juzgar los procesos electorales.
“Con esta reforma los jueces, magistrados, ministros, únicamente van a terminar siendo simples rehenes del poder político de los partidos”, alegó el diputado de MC Tecutli Jose Guadalupe Gomez Villalobos.
La reforma no contempla restricciones para que funcionarios militantes o cercanos a partidos políticos accedan a algún cargo en el Poder Judicial.
Sólo contempla restricciones para quienes desempeñaron cargos de secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, o titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria para la integración del listado de candidaturas, es decir, antes del pasado 16 de octubre.
Con pasado de Morena
Entre los aspirantes está José Juan Arellano Minero, colaborador cercano de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y expresidente nacional de Morena. Arellano Minero trabaja actualmente como consejero jurídico de la SEP, y antes se desempeñó en la coordinación jurídica de Morena, según su cuenta de LinkedIn.
El aspirante Sergio Esteban Guzmán Múzquiz, quien ha trabajado como consejero electoral distrital en Coahuila, apoya abiertamente en sus redes sociales al senador Ricardo Sheffield, de Morena.
“Hoy Felicito 🎊🎉🥳 al Senador más cercano a la gente Ricardo Sheffield, gran líder y dirigente político. Te mando un fuerte abrazo 🫂y te deseo muchos años más rodeado de familia, trabajo y salud”, escribió en su cuenta de Instagram.
Otro ejemplo es Pedro Napoleón Becerra Félix, quien se describe como “presidente del Movimiento Nacional por la 4ta. Transformación en México” en su cuenta de X (Twiter), además de que la mayor parte de su carrera se ha desempeñado como psicólogo, su primera profesión.
Un caso similar es el de José de Jesús García Piedra, quien fue encargado de despacho de asuntos jurídicos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando la encabezaba Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena. En sus redes sociales, el abogado muestra su apoyo al partido guinda
Fabiola Margarita López Moncayo es otro ejemplo de abogados que han integrado Morena. Si bien tiene experiencia como colaboradora en el Instituto Electoral del Estado de México, también fue coordinadora jurídica en el CEN de ese partido.
Otro aspirante, Oscar Francisco Muñoz Barrera, es cercano al Partido Verde Ecologista de México, por el que llegó a Chiapas como colaborador del gobierno de Manuel Velasco Coello. Según medios locales, en específico es cercano a Arturo Escobar, exsenador por el PVEM.
También de los aliados de Morena está Gustavo Adolfo Mora Baizábal, quien en 2024 era director de afiliación del PT en Veracruz.
Del mismo modo, Cecilia Nolasco Espinosa se desempeñó como representante del PES en 2018, partido que en esa elección contendió con Morena. Y al año siguiente fue secretaria particular de la alcaldesa de Morena de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana, sucesora de Claudia Sheinbaum en esa demarcación.
Incluso hay dos casos de exfuncionarios federales que públicamente están relacionados con supuestos delitos. Uno fue Jorge Luis Fuentes Carranza, quien se desempeñó como delegado del Bienestar en la región de Huauchinango, Puebla. Donde públicamente se le acusó de irregularidades en la entrega de becas para estudiantes y apoyos a jóvenes.
Por otro lado, Ana Karen Vilches Domínguez, quien trabajó como promotora del Programa de Discapacidad en la delegación del Bienestar en Guanajuato, donde su hermana, Patricia Viridiana Vilches Domínguez, quien se desempeñaba como coordinadora del Programa de Discapacidad en la Delegación del Bienestar de Guanajuato y es militante de Morena, fue señalada de nepotismo por la contratación de sus hermanas en la dependencia.
También ocurre con aspirantes a salas regionales del TEPJF
Algo similar ocurrió en los registros de los aspirantes a una magistratura en las salas regionales del TEPJF.
Según los registros de aspirantes ante él Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, hay 44 personas que buscarán una candidatura y que tienen alguna relación con Morena y sus partidos aliados.
Entre esos casos están Mayuza Betzabeth Cedillo Medina, quien busca contender por un lugar en la sala regional de Xalapa. Ella es militante de Morena e incluso fue candidata a una diputación federal en 2024.
Otro caso es el de Adrián Azael Ortiz Pecina, quien buscará una candidatura a la sala regional de Monterrey. En el padrón de militantes de Morena aparece con registro desde 2014. En 2018, se desempeñó como integrante de la Comisión de Ética Partidaria de Morena en Nuevo León. Además, actualmente en sus redes sociales difunde publicaciones a favor de Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum.
O Geovanni Jesús Jiménez Márquez, abogado y militante de Morena de 2014, quien aspira a una candidatura para ser magistrado en la Sala Regional de CDMX.
En tanto que Susana Rocío Rojas Rodríguez, quien busca un lugar en la Sala Regional de Toluca, fue consejera estatal de Morena en Querétaro y candidata a diputada federal en la elección pasada.
Mientras que 15 personas que se registraron en busca de una candidatura para llegar a las salas regionales fungieron como representantes de Morena ante alguna de las autoridades electorales.
Tal fue el caso de Karina Contreras Barrera, Paola Pintado Pérez y Santiago Nava Villa, quienes fueron representantes de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM); Paulina González Cuadros fue registrada como representante suplente de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); o Edén Alonso Martínez Méndez y Javier Villa Armendáriz, quienes representaron a Morena en Querétaro y Nuevo León, respectivamente.
Mientras que José de Jesús García Vargas fue representante del PT en Michoacán ante las autoridades electorales.
Otro caso destacado es el de Salma Nazareth Lozano López, quien busca una candidatura para la sala regional de Monterrey vía el comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Actualmente se desempeña como asesora de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en su ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se reconoce como “orgullosa fundadora de Morena”.
Algo similar ocurre con Rosalba Izazaga Sánchez, quien es subconsejera de atención de procedimientos jurídicos del Gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado. Izazaga Sánchez ha acudido a eventos en representación de la gobernadora.
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La cifra de personas asesinadas durante el fin de semana podría alcanzar hasta 184, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
Algunos recibieron disparos, otros puñaladas o machetazos. Todos eran señalados de brujería.
Al menos 110 personas, en su mayoría de edad avanzada, fueron brutalmente asesinadas por miembros de pandillas en la capital de Haití, Puerto Príncipe, según un grupo de derechos humanos.
La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) dijo que un líder de una pandilla local los había atacado después de que su hijo enfermara y posteriormente muriera.
Según se informa, el líder de la pandilla consultó a un sacerdote vudú que culpó de la misteriosa enfermedad del niño a los ancianos locales que practicaban “brujería”
Naciones Unidas afirmó que el número de personas asesinadas en Haití en lo que va del año a causa de la creciente violencia de las pandillas había alcanzado “una asombrosa cifra de 5,000”.
Aunque todavía se están conociendo los detalles de la masacre, el alto responsable para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, elevó el lunes a 184 el número de personas asesinadas durante el fin de semana “en actos de violencia orquestados por el líder de una poderosa banda”.
Prácticas vudú
Los asesinatos ocurrieron en el barrio Cité Soleil de la capital.
Según los informes, los miembros de la banda secuestraron a decenas de residentes mayores de 60 años de sus casas en la zona de Muelle Jérémie, los acorralaron y luego los mataron a tiros o a puñaladas, con cuchillos y machetes.
Los residentes informaron haber visto cuerpos mutilados quemados en las calles.
La RNDDH estimó que el viernes murieron 60 personas, mientras que el sábado se detuvo y asesinó a otras 50, después de que el hijo del líder de la banda muriera a causa de su enfermedad.
Si bien la RNDDH dijo que todas las víctimas tenían más de 60 años, otro grupo de derechos humanos dijo que también habían sido asesinadas algunas personas más jóvenes que habían tratado de proteger a los ancianos.
Los medios locales informaron que las pandillas habían buscado a personas mayores que se cree que practican el vudú porque al líder de la banda le habían dicho que la enfermedad de su hijo había sido causada por ellos.
Los grupos de derechos humanos dijeron que el hombre que había ordenado los asesinatos era Monel Felix, también conocido como Mikano.
Se sabe que Mikano controla Muelle Jérémie, una zona estratégica en el puerto de la capital.
Según Romain Le Cour Grandmaison, un experto en Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), la zona es pequeña pero difícil de penetrar para las fuerzas de seguridad.
Los medios locales dijeron que la banda de Mikano había impedido a los residentes salir de Muelle Jérémie, por lo que la noticia de los asesinatos tardó en difundirse.
El grupo forma parte de la alianza de pandillas Viv Ansanm, que controla gran parte de la capital haitiana.
Repunte de la violencia
Haití se ha visto envuelto en una ola de violencia de pandillas desde el asesinato en 2021 del entonces presidente, Jovenel Moïse.
Los datos recopilados por GI-TOC muestran que hubo un descenso en la tasa de asesinatos entre mayo y septiembre de este año, después de que las bandas rivales alcanzaran una tregua incómoda.
Sin embargo, los intentos de las bandas de expandir su territorio más allá de sus bastiones en la capital han dado lugar a incidentes particularmente sangrientos en los últimos dos meses, en los que los residentes comunes son cada vez más los blancos de los ataques, en lugar de los miembros de bandas rivales.
El 3 de octubre, 115 habitantes locales fueron asesinados en la pequeña ciudad de Pont-Sondé, en el departamento de Artibonite.
Al parecer, la banda Gran Grif llevó a cabo esa masacre en represalia por el hecho de que algunos residentes se unieran a un grupo de vigilantes para resistir los intentos de Gran Grif de extorsionar a los lugareños.
Si se confirma la cifra de muertos que ha dado la ONU por los asesinatos de este fin de semana en Cité Soleil, se trataría del incidente más mortífero de lo que va de año.
Dado que las bandas controlan aproximadamente el 85% de Puerto Príncipe y zonas cada vez más extensas del interior, cientos de miles de haitianos se han visto obligados a huir de sus hogares.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 700.000 personas (la mitad de ellas niños) están desplazadas internamente en todo el país.
Los miembros de las bandas suelen recurrir al abuso sexual, incluida la violación en grupo, para sembrar el terror entre la población local.
En un informe publicado hace dos semanas, la investigadora de Human Rights Watch Nathalye Cotrino escribió que “el estado de derecho en Haití está tan quebrado que los miembros de los grupos criminales violan a niñas o mujeres sin temer ninguna consecuencia”.
Los intentos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, dirigida por Kenia, de sofocar la violencia han fracasado hasta ahora.
La fuerza policial internacional llegó a Haití en junio para reforzar a la Policía Nacional Haitiana, pero no cuenta con los fondos necesarios ni con el equipo necesario para enfrentarse a las bandas fuertemente armadas.
Mientras tanto, el Consejo Presidencial de Transición (TPC, por sus siglas en inglés), el organismo creado para organizar las elecciones y restablecer el orden democrático, parece estar en crisis.
El TPC reemplazó al primer ministro interino el mes pasado y parece haber hecho pocos progresos en la organización de las elecciones.
“Reinan sobre una montaña de cenizas”, escribe Romain Le Cour Grandmaison, de GI-TOC, sobre el consejo en su informe.
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