Elección judicial 2025: abogados afines a Morena buscan candidatura para llegar al Tribunal Electoral
Abogados vinculados con Morena, simpatizantes, excandidatos y colaboradores de gobiernos de ese partido y sus aliados están entre los perfiles que se postularon para competir por un lugar como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con una revisión a los perfiles registrados ante los comités de Evaluación de los tres poderes, se encontró que 25 de los 176 distintos aspirantes tienen o han tenido alguna relación con Morena y sus partidos aliados, es decir, el 14.2% de los aspirantes, uno de cada 7.
Además hay casos como el de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, quien es sobrino de la exministra y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero. Esto, con el contexto de que la hija de la ministra en retiro, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, también se registró ante el Poder Judicial, aunque en su caso para ser candidata a ministra de la Corte.
En 2025 se votará para nombrar dos magistraturas faltantes en la Sala Superior del TEPJF. Para ello, cada Poder de la Unión tendrá que formar listas de hasta 10 personas aspirantes. Luego habrá sorteos con los que cada Comité elegirá a sólo tres para cada posición. Con esto, en total habrá 18 personas candidatas.
Los Comités de Evaluación tienen hasta este 15 de diciembre para presentar las listas con las personas elegibles, es decir, aquellas que hayan cumplido los requisitos constitucionales establecidos en la convocatoria y que se registraron antes del 25 de noviembre pasado. Mientras que a partir del 16 de diciembre comenzará la etapa de evaluación de idoneidad, en que los comités de evaluación tendrán que elegir a los perfiles más aptos de cara una candidatura.
Para entender mejor: Guía para la elección judicial: cargos que se votarán en 2025, fechas clave del proceso y qué se permitirá en campaña
Legisladores de oposición argumentaron durante la discusión de las reformas que mecanismos como los Comités de Evaluación a cargo de los Poderes de la Unión restan autonomía al Poder Judicial y abren la puerta a que personas afines a los partidos políticos mayoritarios como Morena, el PT y el PVEM ganen posiciones para juzgar los procesos electorales.
“Con esta reforma los jueces, magistrados, ministros, únicamente van a terminar siendo simples rehenes del poder político de los partidos”, alegó el diputado de MC Tecutli Jose Guadalupe Gomez Villalobos.
La reforma no contempla restricciones para que funcionarios militantes o cercanos a partidos políticos accedan a algún cargo en el Poder Judicial.
Sólo contempla restricciones para quienes desempeñaron cargos de secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, o titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria para la integración del listado de candidaturas, es decir, antes del pasado 16 de octubre.
Con pasado de Morena
Entre los aspirantes está José Juan Arellano Minero, colaborador cercano de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y expresidente nacional de Morena. Arellano Minero trabaja actualmente como consejero jurídico de la SEP, y antes se desempeñó en la coordinación jurídica de Morena, según su cuenta de LinkedIn.
El aspirante Sergio Esteban Guzmán Múzquiz, quien ha trabajado como consejero electoral distrital en Coahuila, apoya abiertamente en sus redes sociales al senador Ricardo Sheffield, de Morena.
“Hoy Felicito 🎊🎉🥳 al Senador más cercano a la gente Ricardo Sheffield, gran líder y dirigente político. Te mando un fuerte abrazo 🫂y te deseo muchos años más rodeado de familia, trabajo y salud”, escribió en su cuenta de Instagram.
Otro ejemplo es Pedro Napoleón Becerra Félix, quien se describe como “presidente del Movimiento Nacional por la 4ta. Transformación en México” en su cuenta de X (Twiter), además de que la mayor parte de su carrera se ha desempeñado como psicólogo, su primera profesión.
Un caso similar es el de José de Jesús García Piedra, quien fue encargado de despacho de asuntos jurídicos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando la encabezaba Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena. En sus redes sociales, el abogado muestra su apoyo al partido guinda
Fabiola Margarita López Moncayo es otro ejemplo de abogados que han integrado Morena. Si bien tiene experiencia como colaboradora en el Instituto Electoral del Estado de México, también fue coordinadora jurídica en el CEN de ese partido.
Otro aspirante, Oscar Francisco Muñoz Barrera, es cercano al Partido Verde Ecologista de México, por el que llegó a Chiapas como colaborador del gobierno de Manuel Velasco Coello. Según medios locales, en específico es cercano a Arturo Escobar, exsenador por el PVEM.
También de los aliados de Morena está Gustavo Adolfo Mora Baizábal, quien en 2024 era director de afiliación del PT en Veracruz.
Del mismo modo, Cecilia Nolasco Espinosa se desempeñó como representante del PES en 2018, partido que en esa elección contendió con Morena. Y al año siguiente fue secretaria particular de la alcaldesa de Morena de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana, sucesora de Claudia Sheinbaum en esa demarcación.
Incluso hay dos casos de exfuncionarios federales que públicamente están relacionados con supuestos delitos. Uno fue Jorge Luis Fuentes Carranza, quien se desempeñó como delegado del Bienestar en la región de Huauchinango, Puebla. Donde públicamente se le acusó de irregularidades en la entrega de becas para estudiantes y apoyos a jóvenes.
Por otro lado, Ana Karen Vilches Domínguez, quien trabajó como promotora del Programa de Discapacidad en la delegación del Bienestar en Guanajuato, donde su hermana, Patricia Viridiana Vilches Domínguez, quien se desempeñaba como coordinadora del Programa de Discapacidad en la Delegación del Bienestar de Guanajuato y es militante de Morena, fue señalada de nepotismo por la contratación de sus hermanas en la dependencia.
También ocurre con aspirantes a salas regionales del TEPJF
Algo similar ocurrió en los registros de los aspirantes a una magistratura en las salas regionales del TEPJF.
Según los registros de aspirantes ante él Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, hay 44 personas que buscarán una candidatura y que tienen alguna relación con Morena y sus partidos aliados.
Entre esos casos están Mayuza Betzabeth Cedillo Medina, quien busca contender por un lugar en la sala regional de Xalapa. Ella es militante de Morena e incluso fue candidata a una diputación federal en 2024.
Otro caso es el de Adrián Azael Ortiz Pecina, quien buscará una candidatura a la sala regional de Monterrey. En el padrón de militantes de Morena aparece con registro desde 2014. En 2018, se desempeñó como integrante de la Comisión de Ética Partidaria de Morena en Nuevo León. Además, actualmente en sus redes sociales difunde publicaciones a favor de Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum.
O Geovanni Jesús Jiménez Márquez, abogado y militante de Morena de 2014, quien aspira a una candidatura para ser magistrado en la Sala Regional de CDMX.
En tanto que Susana Rocío Rojas Rodríguez, quien busca un lugar en la Sala Regional de Toluca, fue consejera estatal de Morena en Querétaro y candidata a diputada federal en la elección pasada.
Mientras que 15 personas que se registraron en busca de una candidatura para llegar a las salas regionales fungieron como representantes de Morena ante alguna de las autoridades electorales.
Tal fue el caso de Karina Contreras Barrera, Paola Pintado Pérez y Santiago Nava Villa, quienes fueron representantes de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM); Paulina González Cuadros fue registrada como representante suplente de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); o Edén Alonso Martínez Méndez y Javier Villa Armendáriz, quienes representaron a Morena en Querétaro y Nuevo León, respectivamente.
Mientras que José de Jesús García Vargas fue representante del PT en Michoacán ante las autoridades electorales.
Otro caso destacado es el de Salma Nazareth Lozano López, quien busca una candidatura para la sala regional de Monterrey vía el comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Actualmente se desempeña como asesora de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en su ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se reconoce como “orgullosa fundadora de Morena”.
Algo similar ocurre con Rosalba Izazaga Sánchez, quien es subconsejera de atención de procedimientos jurídicos del Gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado. Izazaga Sánchez ha acudido a eventos en representación de la gobernadora.
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El gobierno de Donald Trump planea vender visas doradas a inversionistas extranjeros por un precio de US$5 millones.
“Se va a vender como loco, es una ganga”.
Eso declaró la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar que su gobierno lanzará una “visa dorada” para extranjeros adinerados que les otorgará el derecho a vivir y trabajar en el país, así como un camino a la ciudadanía, por un precio de US$5 millones.
El plan para atraer a extranjeros millonarios al país llega en medio de la campaña gubernamental contra los migrantes indocumentados.
Trump dijo que estas “tarjetas doradas” funcionarían de manera similar a las “tarjetas verdes” que le permiten a ciudadanos extranjeros vivir y trabajar de forma permanente en EE.UU.
Sin embargo, las visas doradas, explicó, están dirigidas a “gente de alto nivel”.
El nuevo programa reemplazaría al que existe en la actualidad para inversores extranjeros (EB-5), que otorga residencia permanente a quienes invierten alrededor de US$1 millón y crean al menos 10 empleos de tiempo completo en Estados Unidos.
La visa EB-5 fue diseñada para alentar a los extranjeros a invertir en áreas con problemas económicos, aunque sus críticos señalan que se ha convertido en un riesgo para la seguridad nacional y una vía para el fraude.
Hasta ahora no se han entregado más detalles sobre cómo funcionaría la nueva visa anunciada por Trump.
La situación en otros países
Docenas de países en todo el mundo ofrecen algún tipo de programa de residencia o ciudadanía a cambio de dinero.
En los últimos años, sin embargo, algunos países europeos han comenzado a dar marcha atrás en este tipo de visas ante los temores de que pudiesen estar siendo utilizadas con fines delictivos o por el descontento de la población local que reclama contra el aumento en el precio de las propiedades.
Reino Unido, Irlanda, Chipre, son algunos de los países que han puesto fin a sus programas. España dejará de ofrecer nuevas visas doradas en abril. Y Grecia y Portugal han modificado sus ofertas.
En 2019, la Comisión Europea advirtió que los programas podrían utilizarse para el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción.
Y, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, miembros de la Unión Europea instaron a los gobiernos a poner fin a ese tipo de programas.
La organización no gubernamental alemana Transparencia Internacional ha pedido que se prohíban o se regulen estos esquemas con “controles adecuados”.
Habitualmente la visa dorada se puede comprar realizando inversiones en propiedades, fondos de capital de riesgo o, por ejemplo, donaciones a proyectos filantrópicos aprobados por los gobiernos.
Una ventaja adicional para los que consiguen visas doradas en la Unión Europea es que pueden viajar libremente por varios otros países del bloque.
Y otro beneficios es que algunos programas permiten que el inversor solicite la ciudadanía después de un número de años de residencia.
La empresa Henley & Partners, cuyo negocio es gestionar estas visas asesorando a individuos y a gobiernos, publica anualmente dos ranking: uno sobre las mejores visas para inversores con el fin de conseguir ciudadanía en un país, y otro sobre las mejores visas para obtener la residencia.
Malta ocupa el primer lugar del ranking de visas doradas con derecho a ciudadanía
Según el Índice de Programas de Ciudadanía Global 2025 de la empresa Henley & Partners, la isla europea de Malta, estratégicamente ubicada en el Mediterráneo, obtuvo el primer lugar del ránking por décimo año consecutivo.
El segundo puesto lo ocupa Austria, con su oferta de ciudadanía premium por inversión, que exige que los solicitantes realicen una contribución sustancial a la economía del país.
Los dos puestos siguientes están ocupados por naciones insulares del Caribe: Granada, en tercer lugar, y Antigua y Barbuda, en cuarto lugar.
La quinta ubicación la comparten tres pequeñas islas: Nauru, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
Dominica, otro país caribeño, ocupa el sexto lugar en la lista y Turquía se ubica en la séptima posición.
Al otro lado del Mediterráneo, Egipto, la única opción de visa dorada en África, ocupa el octavo lugar, una posición que comparte con Jordania y Macedonia del Norte.
Los dos últimos puestos están ocupados por Vanuatu, en noveno lugar, y Camboya en el décimo.
Grecia lidera el ranking de visas doradas con derecho a residencia
La empresa también publica otro ránking: el Índice de Programas de Residencia Global 2025, que clasifica 26 iniciativas de este tipo alrededor del mundo.
La visa dorada que se ha vuelto cada vez más popular y que lidera el ranking, según el análisis, es la de Grecia.
El anuncio del fin del programa de visa dorada en España ha motivado a muchos inversores, especialmente de EE.UU., a mirar hacia Grecia.
Según un estudio de la consultora Astons, Grecia se ha convertido en los últimos meses en el destino más atractivo para los que buscan una visa dorada.
Además del fin del programa español, Grecia ofrece requisitos de inversión más accesibles y tiempos de procesamiento más rápidos para quienes buscan establecerse en otros países de Europa y tienen una abultada cuenta bancaria.
Esta visa opera principalmente sobre la base de inversiones inmobiliarias. El monto mínimo de inversión requerida en una propiedad es de 250.000 euros (unos US$260.000), pero en zonas como Atenas sube a un mínimo de 800.000 euros (unos US$830.000).
El segundo lugar del ranking lo ocupa Suiza, mientras que la tercera posición la comparten Portugal, Italia y Reino Unido.
Australia, que recientemente lanzó su Programa Nacional de Visas de Innovación para atraer habilidades tecnológicas de alto nivel; Canadá, que introdujo cambios en su Programa de Visas para Empresas Emergentes; y España (que pondrá fin a su visa dorada vinculada a la compra de viviendas en abril de este año) ocupan el cuarto puesto.
Emiratos Árabes Unidos, que expandió su programa de visas doradas el año pasado, se ubica en el quinto lugar entre los programas de residencia.
Uno de los nuevos participantes en el ranking es Hungría, que este año ocupa el sexto lugar. En este país europeo, los extranjeros pueden obtener un permiso de residencia al invertir en un fondo inmobiliario o donando a una institución de educación superior.
Pequeños pero poderosos centros de riqueza, Luxemburgo y Singapur, ocupan los puestos 7 y 8, mientras que otros dos países comparten la novena posición: el país insular de Jersey en el noroeste de Europa y Panamá.
Costa Rica, el segundo país recién llegado al ranking, completa el Top 10. El país latinoamericano, señala la firma Henley & Partners, ofrece un “panorama favorable para los negocios, un régimen fiscal favorable y un entorno seguro”.
¿Qué consideran estos rankings de visas doradas? Los dos índices, tanto el de ciudadanía como el de residencia, analizan factores como requisitos de inversión, impuestos, calidad de vida, tiempo de procesamiento y calidad de procesamiento, o la reputación del país.
Costa Rica y Panamá
En Panamá las personas de alto patrimonio pueden convertirse en residentes panameños con posibilidad de adquirir la ciudadanía luego de cinco años.
Hay muchas vías y condiciones para postular al programa. Por ejemplo, hacer una inversión inmobiliaria de US$300.000, una inversión en bolsa de al menos US$500.000 o un depósito a plazo fijo en el banco de US$750.000.
También existen otros mecanismos para ciudadanos provenientes de países considerados como “naciones amigas” de Panamá, como hacer una inversión inmobiliaria de US$200.000 o invertir al menos US$100.000 en una empresa que tenga un registro forestal en el Ministerio de Ambiente, según informa Henley & Partners.
En el caso de Costa Rica, la firma que elabora el ranking le entrega una buena calificación al país por considerar que tiene un entorno comercial y un régimen fiscal favorable para los negocios.
Existen varios caminos para conseguir la visa dorada costarricense. Uno de ellos es invertir al menos US$150.000 en bienes raíces, en acciones de una empresa local, o en la bolsa de valores del país.
También pueden postular aquellas personas jubiladas que reciben una pensión vitalicia mensual de al menos US$1.000, o personas que reciben un ingreso mensual de al menos US$2.500 proveniente de inversiones o negocios.
Las dudas sobre las visas doradas
La idea de vender visas doradas surgió principalmente en Europa alrededor de 2012, cuando estaba pasando por una fuerte crisis económica.
Muchos gobiernos necesitaban ingresar más fondos a las arcas fiscales y aquellos países más afectados, como España, Irlanda, Portugal y Grecia, vieron en esta visas una oportunidad para atraer inversión extranjera.
Mientras los analistas discuten si estas visas han generado más beneficios que costos, debido a escándalos de corrupción y la creación de burbujas en el mercado inmobiliario, los programas parecen estar más sujetos al escrutinio público.
“Este tipo de visa puede ayudar a estimular el crecimiento económico a través de la inversión extranjera directa, pero también es atractiva para criminales y funcionarios corruptos que buscan evadir la justicia y lavar dinero”, señala un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado en 2023.
Un estudio de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, también cuestionó la lógica económica de este tipo de visas, concluyendo que representan sólo una proporción “minúscula” de la inversión extranjera, aunque otras investigaciones consideran que el aporte no ha sido tan bajo como se cree.
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