Guía para la elección judicial: cargos que se votarán en 2025, fechas clave del proceso y qué se permitirá en campaña
Para entender mejor
Al no alcanzar los votos necesarios en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quedó sin efecto uno de los principales recursos en contra de la reforma judicial ya aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Así que sigue en curso el proceso electoral para elegir en 2025 por voto popular a personas juzgadoras en todo el país, aunque la oposición y especialistas alerten sobre los riesgos de que este método puede afectar la independencia del Poder Judicial de la Federación, colocando a perfiles afines al partido Morena, sin la preparación adecuada o que en su campaña tengan financiamiento irregular.
En El Sabueso preparamos esta guía para explicarte qué puestos se votarán, las fechas clave y cuáles son algunos de los principales lineamientos sobre las campañas:
¿Cuántos y qué cargos se aprobó votar en 2025 para la elección judicial?
Para la primera elección de personas juzgadoras, el 1 de junio de 2025, se estableció que la ciudadanía vote para renovar 881 cargos a nivel nacional:
- 464 magistrados y magistradas de tribunales de circuito
- 386 juezas y jueces federales
- 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)
- 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
- En el caso de las salas regionales del TEPJF, se aprobó elegir hasta dos mujeres y un hombre por cada sala. Es decir, 10 magistradas y 5 magistrados:
- 2 y 1 de Sala Regional CDMX
- 2 y 1 de Sala Regional Toluca
- 2 y 1 de Sala Regional Guadalajara
- 2 y 1 de Sala Regional Monterrey
- 2 y 1 de Sala Regional Xalapa
El ejemplo de la CDMX y otros estados
En el caso de la Ciudad de México, se elegirán 104 magistradas y magistrados de tribunales de circuito y 64 jueces y juezas, además de votar por ministros de la Corte, magistrados electorales y del Tribunal de Disciplina Judicial.
Es la entidad que tendrá más candidatas y candidatos, por lo que especialistas cuestionan si la gente podrá emitir un voto informado sobre los perfiles que aparezcan en las boletas.
Captura de pantalla
En segundo lugar se ubica el Estado de México, donde la gente podrá elegir con voto popular a 26 magistradas y magistrados, y 28 juezas y jueces de distrito.
En el estado de Sonora, en tanto, se votará para elegir 16 magistradas y magistrados, y 17 juezas y jueces. Y en Yucatán, por ejemplo, los votos definirán 6 cargos de magistradas y magistrados, y 6 de jueces y juezas.
Además, hay casos de personas juzgadoras que ya han renunciado a sus puestos en el Poder Judicial, y en la reforma no se explica cómo se van a cubrir esos puestos.
El 13 de noviembre, Michoacán se convirtió en la primera entidad en promulgar y publicar la reforma judicial local para elegir personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025, con lo cual se homologa el mandato Constitucional Federal.
Para saber más: Michoacán se convierte en el primer estado en promulgar la reforma al Poder Judicial local
¿Y cuántos cargos en 2027 para la elección judicial?
En 2027, se elegirá la mitad restante de magistrados y jueces federales, así como cinco magistraturas de la Sala Superior del TEPJF.
La renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales estatales podrá coincidir con la elección de 2025 y deberá concluir a más tardar en la elección federal ordinaria del año 2027, según establecen los artículos transitorios de la reforma.
Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF que estén actualmente en funciones permanecerán en su encargo hasta el año 2027, pero no podrán ser elegibles para un nuevo periodo.
¿Cuál es la diferencia entre jueces, magistrados y ministros?
El artículo 96 de la reforma menciona que se elegirá de manera libre y secreta a juezas y jueces de Distrito, que durarán en su encargo nueve años y podrán reelegirse también por voto popular.
Su cargo les da autoridad para resolver juicios de amparo en conflictos civiles, penales, administrativos y laborales. Los juzgados en que laboran son órganos jurisdiccionales de primera instancia.
También se elegirá a magistradas y magistrados, quienes son competentes para conocer juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, y recursos de revisión contra resoluciones de jueces de distrito. Ejercen su función en Tribunales Colegiados de Circuito, órganos de segunda instancia.
Se les llama “colegiados” porque en ellos tres magistradas y magistrados votan cada caso, a diferencia de los juzgados, donde solo una persona decide.
Además se votará a 9 ministras y ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como tercera instancia es el máximo tribunal de justicia del país.
Y con la reforma de Morena se creó un Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), cuyas 5 magistradas y magistrados revisarán los casos en que haya acusaciones por una actuación irregular de integrantes del Poder Judicial federal.
¿Quién organizará la elección judicial?
La elección de los cargos del Poder Judicial será realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Para esto, debe difundir los perfiles de las candidaturas durante las campañas, garantizar accesos equitativos en los tiempos oficiales de radio y televisión, y organizar debates.
También debe efectuar los cómputos de la elección, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres.
También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales.
Esas instancias resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo.
El INE calculó que requerirá 13 mil millones de pesos para organizar las elecciones judiciales en 2025, aunque la presidente Claudia Sheinbaum pide revisar las cifras y que se gaste menos dinero público.
¿Cuáles son las fechas clave en el proceso de la elección judicial?
- 5 de febrero de 2025: Se llevará a cabo una nueva insaculación (tómbola) para determinar las candidaturas postuladas por cada uno de los tres Poderes de la Unión, a partir de las personas seleccionadas por los Comités de Evaluación.
- 12 de febrero de 2025: El Senado envía las listas definitivas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral (INE).
- 30 de marzo de 2025: Dan inicio las campañas de 60 días.
- 28 de mayo de 2025: Fin de las campañas.
- 1 de junio de 2025: Jornada electoral.
¿Qué se permitirá y qué no en las campañas de aspirantes?
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) menciona que para las campañas de 60 días a todos los cargos de elección estará prohibido el financiamiento público o privado, así como la contratación de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos.
Los partidos políticos y las personas servidoras públicas tampoco podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. No habrá precampañas, según los lineamientos.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, las personas candidatas podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales aplicables.
La difusión de propaganda electoral sólo será impresa en papel, la cual deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, atendiendo el periodo legal de las campañas. Deberá suspenderse o retirarse tres días antes de la jornada electoral.
Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también publicada en el DOF, permite a las personas candidatas participar durante el periodo de campañas en entrevistas noticiosas y debates organizados gratuitamente por el sector público, privado o social.
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En estas elecciones que él mismo tildó de “las más importantes de la historia del país”, los expertos coinciden que se jugaba también el desenlace de sus cuentas pendientes con la Justicia.
Este martes Donald Trump no solo competía por la presidencia de Estados Unidos. Los expertos coinciden que se jugaba también el desenlace de sus cuentas pendientes con la Justicia.
Ahora que Trump logró un contundente triunfo ante Kamala Harris que le permite un épico regreso a la presidencia de Estados Unidos, los analistas adelantan que esto probablemente resultará en la desestimación de los dos casos penales federales que enfrenta, el congelamiento de los casos penales estatales hasta que deje el cargo y retrasos adicionales en sus diversos procesos civiles pendientes.
A continuación te explicamos cuál es el panorama de las cuatro causas penales que enfrenta y cuál es su evolución más probable.
1. Caso “Stormy Daniels”
Es un caso estatal y el más urgente.
En mayo un jurado popular declaró a Trump culpable de los 34 delitos que se le imputaban por falsificar registros contables para encubrir el pago de un soborno por US$130.000 a la actriz de cine porno Stephanie Cliffords, conocida como Stormy Daniels, con fines electorales, ante la campaña para las presidenciales de 2016.
Fue por unanimidad, como se requería para alcanzar el veredicto. Y así, Trump se convirtió en el primer expresidente de EE.UU. condenado en un juicio penal.
La sentencia estaba inicialmente prevista para el 11 de julio, pero tras el fallo con el que Tribunal Supremo concedió una amplia inmunidad penal a los presidentes por sus actos oficiales, el juez Juan Merchán, del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, les dio plazo a las partes para presentar alegaciones y fijó una nueva fecha: 18 de septiembre.
Pero Trump pidió que la sentencia se retrasase, alegando que un fallo tan cercano a la cita en las urnas sería una forma de interferencia electoral. Merchán se lo concedió, estableciendo como fecha última el 26 de noviembre.
La falsificación de registros comerciales puede castigarse con hasta cuatro años de cárcel, aunque en el caso de Trump los expertos en leyes no se ponen de acuerdo sobre el desenlace más probable.
Algunos apuntan a que el juez Merchán podría dictar una pena de prisión por las especificidades de su caso, como que Trump fue hallado en desacato 10 veces y el objetivo del pago fue influir en unas elecciones.
Otros aseguran que lo más probable es que imponga una condena leve o vuelva a retrasar la fecha de la sentencia hasta después de que Trump dejase la Casa Blanca.
“Si gana las elecciones, no habrá una sentencia significativa”, le dijo hace unas semanas Karen Friedman Agnifilo, quien fue jefa de la división de juicios del fiscal de distrito de Manhattan, a la cadena estadounidense ABC.
“Un presidente en ejercicio no se vería obligado a ingresar en la cárcel, por lo que en teoría, si es condenado a prisión, podría cumplirlo una vez dejado el cargo”, le dijo a ese mismo medio Jeffrey Cohen, profesor de Derecho del Boston College.
2. Caso federal por presunta interferencia electoral
Es un caso federal. Lo está llevando el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Washington.
Desde 2020 Trump sostiene que le robaron aquellas elecciones ganadas por Joe Biden, pero el fiscal especial Jack Smith, nombrado específicamente por el Departamento de Justicia, no lo acusa por esa afirmación que se ha probado sin fundamento.
La acusación se centra en sus presuntos esfuerzos para alterar el resultado e impedir la certificación de la victoria de Biden.
Según el acta judicial que se hizo público en octubre, Smith acusa a Trump de cuatro delitos: conspiración para defraudar al gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.
Si bien la “conspiración de Trump para permanecer en el cargo” comenzó el 13 de noviembre de 2020, dice el documento, él ya la venía preparando desde antes.
De acuerdo a la acusación, los esfuerzos de Trump para revertir el desenlace electoral de hace cuatro años incluyeron mentir a funcionarios estatales para inducirlos a ignorar los recuentos de votos y fabricar votos en siete estados en los que quiso cambiar el resultado: Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin y Nuevo México.
También lo señalan de intentar reclutar al entonces vicepresidente, Mike Pence, en su papel de presidente del Senado, para obstruir la certificación de la elección.
Además, la acusación responsabiliza al entonces presidente del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
“El acusado también sabía que solo le quedaba una última esperanza para impedir la certificación de Biden como presidente: la gran multitud enfurecida que tenía delante. Así que durante más de una hora, el acusado pronunció un discurso diseñado para enardecer a sus partidarios y motivarlos a marchar hacia el Capitolio”, se lee en el acta publicada en octubre.
Trump se declaró inocente de los cargos.
Han pasado 15 meses de ello y, tras múltiples retrasos por las maniobras dilatorias de la defensa, no hay una fecha fijada para el juicio.
La jueza de distrito Tanya Chutkan está considerando cómo debe proceder el caso a la luz del fallo de julio del Supremo sobre la inmunidad de Trump. Mientras, ha establecido fechas clave del procedimiento que van más allá de las elecciones. La siguiente es el 19 de diciembre.
¿Pero qué puede pasar ahora que Trump se declaró ganador?
El republicano prometió quitar del cargo al fiscal Smith si se alzaba con la victoria, aunque podría no tener que echar mano de esa carta, logrando que el Departamento de Justicia retire los cargos.
Y es que una antigua política de este departamento impide el procesamiento de un presidente en ejercicio, con lo que los casos federales en su contra podrían quedar en nada una vez asuma el cargo.
Si bien el fiscal Smith podría tratar de avanzar con el procesamiento en los dos meses que hay de las elecciones a la toma de posesión, los expertos creen que tiene pocas probabilidades de revivir el caso.
Los expertos concuerdan, pues, en que el caso terminaría diluyéndose. Lo que no está tan claro es la forma exacta en la que eso ocurriría.
3. Los documentos clasificados de Mar-a-Lago
Es el segundo caso penal federal que enfrenta Trump.
Trump está imputado por los documentos confidenciales que se llevó a Mar-a-Lago, su mansión de Palm Beach (Florida), y que retuvo allí tras dejar la presidencia, en enero de 2021.
El 8 de agosto de 2022 agentes del FBI recolectaron en la residencia más de 20 cajas que incluían más de un centenar de documentos marcados con distintos grados de clasificación: desde “confidencial” hasta “top secret“.
En total son más de 10.000 documentos que por ley pertenecen al gobierno de EE.UU., así como unas 90 carpetas vacías con marcas que indicaban que contenían material clasificado o que debían ser devueltas al personal de secretaría de la Casa Blanca o a un asistente militar.
Por ello, el republicano enfrenta siete cargos: uno en virtud de la Ley de Espionaje, así como cargos de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas.
Sin embargo, desde que la jueza de distrito Aileen Cannon asumió el control del caso en junio de 2023, muchas de sus decisiones se han salido tanto de la norma que han avivado las preguntas sobre su favoritismo hacia Trump.
“Tenemos una jueza excelente en Florida. Es una jueza brillante. No la conozco. Nunca hablé con ella. Pero es valiente y brillante”, ha dicho de ella el propio acusado.
El 15 de julio la jueza Cannon dictaminó que el fiscal Smith fue nombrado de forma inconstitucional para el cargo y, tras desestimar los cargos, decidió archivar y dar por cerrado el procedimiento.
Ante ello, el fiscal Smith presentó un recurso ante un tribunal de apelaciones, argumentando que la jueza “pone en peligro la forma en la que el Departamento de Justicia funciona desde hace tiempo y pone en duda cientos de nombramientos en todo el Poder Ejecutivo”.
Sin embargo, los expertos adelantan que con Trump en la Casa Blanca, lo más probable es que el fiscal no tenga más remedio que retirar la apelación.
En caso de que decidiera proseguir, Smith tendría que lograr convencer al tribunal de Apelaciones de que revoque la decisión de la jueza Cannon y el equipo de Trump ya ha planteado una defensa construida sobre la inmunidad presidencial, que podría convertirse en la base de una futura apelación.
Como en el otro caso federal ya mencionado, Trump también podría conseguir que el Departamento de Justicia retire los cargos.
4. Caso por presunta interferencia electoral en el condado de Fulton (Georgia)
En este caso estatal Trump enfrenta —junto con otros acusados— cargos por conspirar para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, como parte de una trama mayor para mantenerse en la Casa Blanca.
Los fiscales presentaron originalmente 41 cargos contra 19 acusados en agosto de 2023.
Desde entonces, cuatro acusados se declararon culpables y el juez que está al frente del caso, Scott McAfee, del Tribunal Superior del condado de Fulton, anuló nueve de los cargos, aunque la mayor parte del auto de procesamiento sigue intacto.
La evidencia clave es la conversación telefónica de Trump con el secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el republicano le pidió que “encontrara” los votos que necesitaba para imponerse en el estado.
El caso está en suspenso hasta diciembre, cuando un tribunal de apelaciones sopesará si se debe permitir a la fiscal de distrito Fani Willis y su equipo sigan liderando el caso.
Y es que Trump y otros acusados alegan que la relación personal de Willis con el fiscal especial Nathan Wade, a quien ella contrató para ayudar a llevar el caso, crea un conflicto de intereses. El juez McAfee optó por no descalificarla, pero el equipo de Trump apeló la decisión.
Los argumentos orales está programados para el 6 de diciembre.
Si el tribunal de apelaciones desestima la impugnación, esto podría allanar el camino para que el juez McAfee fije una fecha para el juicio. Aunque los expertos apuntan a que lo más probable es que el equipo de defensa lo apele en otras instancias, generando más retrasos.
Si, por el contrario, el tribunal decide que hay que retirar a la fiscal y su oficina del caso, eso también traería retrasos. Es que, para empezar, habría que buscar otro fiscal.
Los expertos aseguran que, a diferencia de los cargos de subversión electoral presentados por el fiscal especial Jack Smith, el caso de Willis estará aislado de cualquier posible intromisión de Trump.
Así, no podría perdonarse a sí mismo ni a sus aliados ante una condena a nivel estatal, ni quitar del cargo a los fiscales del condado de Fulton que presentaron los cargos.
En cualquier caso, los expertos prevén que el caso quedaría congelado mientras Trump sea presidente.
Durante una audiencia en diciembre del año pasado, cuando el juez McAfee le preguntó al abogado de Trump, Steve Sadow, cuándo podría enfrentar un juicio su cliente, este le respondió: “La respuesta a eso es que creo que bajo la cláusula de la supremacía y sus deberes como presidente de Estados Unidos, el juicio no podría tener lugar hasta después del fin de su mandato”.
“Lo más probable es que ambos casos penales estatales (el de Georgia y el de Stormy) se suspendan y se reanuden cuando expire su mandato”, le dijo Barbara McQuade, ex fiscal federal, al medio NBC News.
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