Guía para la elección judicial: cargos que se votarán en 2025, fechas clave del proceso y qué se permitirá en campaña
Para entender mejor
Al no alcanzar los votos necesarios en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quedó sin efecto uno de los principales recursos en contra de la reforma judicial ya aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Así que sigue en curso el proceso electoral para elegir en 2025 por voto popular a personas juzgadoras en todo el país, aunque la oposición y especialistas alerten sobre los riesgos de que este método puede afectar la independencia del Poder Judicial de la Federación, colocando a perfiles afines al partido Morena, sin la preparación adecuada o que en su campaña tengan financiamiento irregular.
En El Sabueso preparamos esta guía para explicarte qué puestos se votarán, las fechas clave y cuáles son algunos de los principales lineamientos sobre las campañas:
¿Cuántos y qué cargos se aprobó votar en 2025 para la elección judicial?
Para la primera elección de personas juzgadoras, el 1 de junio de 2025, se estableció que la ciudadanía vote para renovar 881 cargos a nivel nacional:
- 464 magistrados y magistradas de tribunales de circuito
- 386 juezas y jueces federales
- 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)
- 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
- En el caso de las salas regionales del TEPJF, se aprobó elegir hasta dos mujeres y un hombre por cada sala. Es decir, 10 magistradas y 5 magistrados:
- 2 y 1 de Sala Regional CDMX
- 2 y 1 de Sala Regional Toluca
- 2 y 1 de Sala Regional Guadalajara
- 2 y 1 de Sala Regional Monterrey
- 2 y 1 de Sala Regional Xalapa
¿Cuántas candidaturas habrá en las boletas?
Las candidaturas previstas en la elección judicial serán más que el número de vacantes en cada cargo, considerando a las y los aspirantes que postulen los Comités de Evaluación.
Sin embargo, se prevén alrededor de 5 mil 379 candidaturas: 81 de ministras y ministros, 45 de magistrados del TDJ, 18 de la Sala Superior del TEPJF y 135 de las Salas Regionales, 2 mil 784 magistraturas de circuito y 2 mil 316 candidaturas para ocupar las vacantes en los juzgados de distrito.
Además, las actuales personas juzgadoras en funciones tienen derecho a participar en la elección judicial federal sin que sea necesario someterse al proceso de evaluación.
Así que, si así lo quieren, su candidatura será incorporada de manera directa, salvo la de 828 potenciales aspirantes que declinaron (ocho ministras y ministros; 333 juezas y jueces y 487 magistradas y magistrados).
El ejemplo de la CDMX y otros estados
En el caso de la Ciudad de México, se elegirán 104 magistradas y magistrados de tribunales de circuito y 64 jueces y juezas, además de votar por ministros de la Corte, magistrados electorales y del Tribunal de Disciplina Judicial.
Es la entidad que tendrá más candidatas y candidatos, por lo que especialistas cuestionan si la gente podrá emitir un voto informado sobre los perfiles que aparezcan en las boletas.
Captura de pantalla
En segundo lugar se ubica el Estado de México, donde la gente podrá elegir con voto popular a 26 magistradas y magistrados, y 28 juezas y jueces de distrito.
En el estado de Sonora, en tanto, se votará para elegir 16 magistradas y magistrados, y 17 juezas y jueces. Y en Yucatán, por ejemplo, los votos definirán 6 cargos de magistradas y magistrados, y 6 de jueces y juezas.
Además, hay casos de personas juzgadoras que ya han renunciado a sus puestos en el Poder Judicial, y en la reforma no se explica cómo se van a cubrir esos puestos.
El 13 de noviembre, Michoacán se convirtió en la primera entidad en promulgar y publicar la reforma judicial local para elegir personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025, con lo cual se homologa el mandato Constitucional Federal.
Para saber más: Michoacán se convierte en el primer estado en promulgar la reforma al Poder Judicial local
¿Y cuántos cargos en 2027 para la elección judicial?
En 2027, se elegirá la mitad restante de magistrados y jueces federales, así como cinco magistraturas de la Sala Superior del TEPJF.
La renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales estatales podrá coincidir con la elección de 2025 y deberá concluir a más tardar en la elección federal ordinaria del año 2027, según establecen los artículos transitorios de la reforma.
Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF que estén actualmente en funciones permanecerán en su encargo hasta el año 2027, pero no podrán ser elegibles para un nuevo periodo.
¿Cuál es la diferencia entre jueces, magistrados y ministros?
El artículo 96 de la reforma menciona que se elegirá de manera libre y secreta a juezas y jueces de Distrito, que durarán en su encargo nueve años y podrán reelegirse también por voto popular.
Su cargo les da autoridad para resolver juicios de amparo en conflictos civiles, penales, administrativos y laborales. Los juzgados en que laboran son órganos jurisdiccionales de primera instancia.
También se elegirá a magistradas y magistrados, quienes son competentes para conocer juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, y recursos de revisión contra resoluciones de jueces de distrito. Ejercen su función en Tribunales Colegiados de Circuito, órganos de segunda instancia.
Se les llama “colegiados” porque en ellos tres magistradas y magistrados votan cada caso, a diferencia de los juzgados, donde solo una persona decide.
Además se votará a 9 ministras y ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como tercera instancia es el máximo tribunal de justicia del país.
Y con la reforma de Morena se creó un Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), cuyas 5 magistradas y magistrados revisarán los casos en que haya acusaciones por una actuación irregular de integrantes del Poder Judicial federal.
¿Quién organizará la elección judicial?
La elección de los cargos del Poder Judicial será realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Para esto, debe difundir los perfiles de las candidaturas durante las campañas, garantizar accesos equitativos en los tiempos oficiales de radio y televisión, y organizar debates.
También debe efectuar los cómputos de la elección, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres.
También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales.
Esas instancias resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo.
El INE calculó que requerirá 13 mil millones de pesos para organizar las elecciones judiciales en 2025, aunque la presidente Claudia Sheinbaum pide revisar las cifras y que se gaste menos dinero público.
¿Cuáles son las fechas clave en el proceso de la elección judicial?
- 4 de febrero de 2025: Los listados deben estar depurados o aprobados a más tardar este día por los Comités de Evaluación.
- 12 de febrero de 2025: El Senado envía las listas definitivas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral (INE).
- 30 de marzo de 2025: Dan inicio las campañas de 60 días.
- 28 de mayo de 2025: Fin de las campañas.
- 1 de junio de 2025: Jornada electoral.
¿Qué se permitirá y qué no en las campañas de aspirantes?
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) menciona que para las campañas de 60 días a todos los cargos de elección estará prohibido el financiamiento público o privado, así como la contratación de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos.
Los partidos políticos y las personas servidoras públicas tampoco podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. No habrá precampañas, según los lineamientos.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, las personas candidatas podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales aplicables.
La difusión de propaganda electoral sólo será impresa en papel, la cual deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, atendiendo el periodo legal de las campañas. Deberá suspenderse o retirarse tres días antes de la jornada electoral.
Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también publicada en el DOF, permite a las personas candidatas participar durante el periodo de campañas en entrevistas noticiosas y debates organizados gratuitamente por el sector público, privado o social.
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Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
De Monroe a Trump
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
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Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
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Intereses en la región
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
Represalias y recompensas
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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