Además de la elección judicial a nivel federal, la Ciudad de México también renovará su Poder Judicial local el próximo 1 de junio de 2025. Esto implica que cada persona electora deberá votar por 133 cargos a nivel entidad, más los correspondientes al Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Va a haber la elección federal y vamos a tener precisamente el desarrollo concurrente, es decir, ese mismo día, de la jornada electoral que se tendrá que votar en el tema local, en la Ciudad de México”, explica a El Sabueso el diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México en la Elección Extraordinaria del 2025.
De acuerdo con la Convocatoria pública para integrar los listados de las personas candidatas que ocuparán los cargos, emitida por el Congreso local en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la ciudadanía debe elegir a cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, de los cuales tres cargos son de mujeres magistradas y dos de hombres magistrados.
Las 33 magistraturas que habitantes de la Ciudad de México elegirán son en materia civil, penal, familiar, de ejecución de sanciones penales y justicia para adolescentes, de las cuales 17 plazas son para mujeres y 16 para hombres.
Y también votarán por 95 plazas para juzgados civiles, mixtos, penales, familiares, laborales, entre otros, de las cuales 49 son para juezas y 46 para jueces.
A nivel federal, la Ciudad de México elegirá 104 magistradas y magistrados de tribunales de circuito y 64 jueces y juezas, además de votar por nueve ministras y ministros de la Corte, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tres de la Sala Regional de la Ciudad de México y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial.
Sin embargo, las boletas electorales tendrían un alto número de candidaturas en las elecciones de las magistraturas de circuito, y de juezas y jueces de distrito a nivel federal. Por lo tanto, el INE acordó que para la Ciudad de México creará 11 Distritos Judiciales Electorales de 2 Distritos Electorales cada uno.
Así, el número de cargos a votar se realiza considerando la Lista Nominal de cada Distrito. Para la especialización penal, los cargos se distribuyeron de tal forma que en todos los Distritos Judiciales Electorales se vote por al menos uno de esta materia.
Para saber más: Guía para la elección judicial: cargos que se votarán en 2025, fechas clave del proceso y qué se permitirá en campaña
Para cada cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, los Comités de Evaluación de la Ciudad de México seleccionarán hasta 10 personas candidatas, y para cada cargo de magistratura o juzgado seleccionarán hasta 6 personas candidatas. Para ello, los comités deben considerar la especialidad por materia y la paridad de género.
Esto implica que si bien la ciudadanía debe votar 133 cargos a nivel local, habrá diferentes personas candidatas a elegir.
Cecilia Hernández, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), advierte que además de las candidaturas evaluadas por los comités están las de las personas juzgadoras que buscan ser electas, lo que incrementará los nombres de quienes aparecen en las boletas.
“Una vez que termine la convocatoria lo que va a suceder es que las personas que ya levantaron la mano para someterse a elección de los que actualmente están ocupando esos cargos, también entrarán a las boleta de forma directa una vez que el Instituto corrobore que los requisitos de elegibilidad también son los idóneos”, explica en entrevista con El Sabueso.
La convocatoria establece que las actuales personas juzgadoras en funciones tienen derecho a participar en la elección judicial local sin que sea necesario someterse al proceso de evaluación. Así que serán incorporadas de manera directa en los listados de candidaturas.
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El artículo 462 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México menciona que las personas juzgadoras del Poder Judicial local serán electas en el ámbito territorial de la capital del país, la cual será considerada como una sola circunscripción. Así que toda la ciudadanía votará por todos los cargos que se someterán a elección.
“¿Esto qué quiere decir? Que no es que por cada alcaldía vamos a elegir a personas diferentes, sino que en toda la Ciudad de México vamos a tener la posibilidad de elegir o de revisar en las boletas a las mismas personas”, precisa Cecilia Hernández.
La consejera del IECM, organismo encargado de organizar la elección judicial local, menciona que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe diseñar los modelos de boletas para que los demás institutos electorales puedan implementarlos. Pero adelanta que sí habrá una identificación específica de las boletas para realizar el cómputo de votos.
Sin embargo, el IECM y el INE aún están teniendo reuniones para coordinarse para que, por primera vez, la ciudadanía elija con su voto a las personas juzgadoras del Poder Judicial. Este proceso será mucho más grande que el de 2024 y deberá ser organizado en un tiempo significativamente menor, de cinco meses.
“Ambos institutos tendrán que ponerse de acuerdo para ayudar a transitar a la ciudadanía en esa elección, porque sí es un buen número de de cargos que se tienen que renovar y entonces tienen que encontrar el método más accesible para la ciudadanía”, sostiene el diputado Alberto Martínez Urincho.
6 de enero de 2025. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México deberán instalar sus respectivos Comités de Evaluación para integrar el listado de candidaturas del Poder Judicial.
7 al 31 de enero de 2025. Plazo para que las personas interesadas se inscriban en el proceso de selección de candidaturas a los cargos de elección popular.
1 de junio de 2025. Elección extraordinaria.
1 de septiembre de 2025. Toma de protesta a quienes resulten electos.
Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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