¿Por qué Diego N fue sentenciado por trata de personas, delito distinto a la violencia con IA que denunciaron alumnas del IPN?
Para entender mejor
Diego N fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de material de abuso sexual infantil el 21 de mayo de 2025. Esta sanción penal es independiente del caso de las alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que denunciaron a su compañero de clases por el uso de inteligencia artificial para alterar sus fotografías, y comercializarlas sin su consentimiento.
Estas denuncias presentadas entre el 6 y 7 de octubre de 2023 derivaron en ocho carpetas de investigación por el delito contra la intimidad sexual. El 4 de diciembre de 2024, Diego N fue absuelto de cometer este ilícito contra dos de las ocho estudiantes del IPN, mientras que los otros seis expedientes en su contra continúan abiertos.
Por otro lado, el 9 de marzo de 2024 Diego N fue vinculado a proceso por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de material de abuso sexual de menores de edad. Sólo por ese delito fue sentenciado recientemente y, contrario a lo que se dijo en redes, no es la primera sentencia en su tipo.
En entrevista, la abogada Valeria Martínez Mondragón explicó que son casos diferentes, y delitos distintos. No quiere decir que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México haya apostado por juzgar desde otro marco legal luego de que no hubo una sentencia condenatoria en diciembre pasado.
“Pudiera existir la confusión de que ahora, como la Fiscalía no pudo acreditar la Ley Olimpia, ahora se siguió por otro delito, pero son otras víctimas, es otro delito distinto”, aclara.
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El caso de material de abuso sexual infantil y la sentencia por trata de personas
El 6 de octubre de 2023, las alumnas del lPN detectaron en flagrancia el delito contra la intimidad sexual cometido por Diego N, quien tenía una tableta digital iPad con alrededor de 160 mil imágenes y 2 mil videos, según la abogada Valeria Martínez Mondragón. Eran materiales tanto reales, de sus compañeras de clase, como manipulados con inteligencia artificial que usaba con fines de explotación sexual digital.
“La Fiscalía empieza a indagar en el contenido de este dispositivo. Ahí se da cuenta que no solamente existe material íntimo de las compañeras denunciantes del IPN, sino también de contenido íntimo sexual de menores de edad, lo que conocemos como pornografía”, explica la abogada Valeria Martínez Mondragón.
De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, comete este delito quien promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de 18 años de edad a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, audiograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos.
Los tipos de delitos varían en función de su gravedad, impacto y la forma en que se clasifican en el sistema legal. En este caso, la trata de personas en modalidad de material de abuso sexual infantil está considerada como un delito contra la sociedad, así como la corrupción de menores.
“Para este tipo de delitos no necesitamos tener una víctima que denuncie, porque en realidad la víctima ofendida es la sociedad y la Fiscalía tiene la facultad para iniciar una investigación por su cuenta”, aclara Martínez Mondragón.
Se trata de lo que se conoce como una investigación de oficio, la cual comienza por iniciativa de la autoridad, basándose en información que ha recopilado o que le ha sido proporcionada.
En cualquiera de sus modalidades, y en este caso en la de material de abuso sexual infantil, la trata de personas es un delito grave. Es decir, aquellos que se sancionan con más años de prisión.
“Es un delito grave y cuando se da uno, por ejemplo, si la fiscalía ve un asesinato, un cuerpo sin vida, no hace falta que alguien vaya y denuncie. La fiscalía de inmediato empieza la investigación, así sucede con los delitos de pornografía y, sobre todo, de pornografía infantil”, agrega.
Según datos preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al 20 de mayo de 2025, con corte al 30 de abril de 2025, existen 201 carpetas de investigación iniciadas por el delito de trata de personas en lo que va de este año, aunque no hay un desglose para la modalidad de material de abuso sexual infantil.
Sin embargo esta sentencia tampoco es la primera en su tipo. En un comunicado, la Guardia Nacional dio a conocer una sentencia condenatoria de 5 años, por el delito de trata de personas agravado, en su modalidad de almacenamiento de material de abuso sexual infantil, contra una persona que fue detenida en Querétaro en 2024.
El comunicado menciona otras sentencias logradas en años pasados por el mismo delito y modalidad: una durante junio de 2024 en Chiapas de 180 años, la condena más alta dictada en el país contra una persona por este ilícito; una durante noviembre de 2023 en Guerrero, de 106 años y 8 meses de prisión; y una en junio de 2021 en el Estado de México, de 82 años y 6 meses de prisión.
El caso del IPN y las denuncias por el delito contra la intimidad sexual
Después de que las alumnas del lPN detectaron en flagrancia el delito contra la intimidad sexual cometido por Diego N, se organizaron para ir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Son seis carpetas de investigación que continúan en la etapa de integración de la investigación, pues en dos hubo una sentencia absolutoria.
La abogada del caso IPN, Valeria Martínez Mondragón, enlista algunas diferencias de estas carpetas de investigación con la de trata de personas en la modalidad de material de abuso sexual infantil.
Por ejemplo, que no es un delito nuevo o de reciente creación, como los delitos contra la intimidad; que las estudiantes, al ser mayores de edad, sí tuvieron que denunciar, o que este es un proceso jurídico único en su tipo por tratarse del primer juicio donde se busca castigar el uso de la inteligencia artificial para violentar a las mujeres vía digital.
“Si existe una sentencia por delitos de pornografía en contra de menores de edad, eso quiere decir que las compañeras del IPN no están mintiendo y que, en realidad, más bien fue una falta de perspectiva de género del juzgador para poder sentenciar las carpetas de las dos compañeras en diciembre y no porque no fuera real. La violencia digital es real”, sostiene la abogada.
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Las incautaciones de cocaína con destino a Bélgica procedente de Sudamérica se multiplican. Mientras, la sociedad belga sufre las consecuencias del narcotráfico.
A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda “urgente” al gobierno de su país.
La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).
“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado”, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.
La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una “amenaza organizada que mina las instituciones”.
“Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial”, añadió.
Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.
Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.
Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.
“La acusación es exagerada”
“Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína”, le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
“Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas”, prosigue.
“Pienso que la acusación de ‘narcoestado’ es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda”, añade.
El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.
Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.
Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.
Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.
En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.
La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.
1.977 casos de tráfico de drogas
Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.
En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.
Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.
También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.
Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades.
En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.
De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.
Muertes relacionadas con las drogas
También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.
“Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga”, explica la criminóloga Letizia Paoli.
“Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años”, matiza.
La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.
También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.
La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: “Son peticiones realmente razonables y necesarias”.
Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.
En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.
“Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica”, apunta.
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