¿Por qué Diego N fue sentenciado por trata de personas, delito distinto a la violencia con IA que denunciaron alumnas del IPN?
Para entender mejor
Diego N fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de material de abuso sexual infantil el 21 de mayo de 2025. Esta sanción penal es independiente del caso de las alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que denunciaron a su compañero de clases por el uso de inteligencia artificial para alterar sus fotografías, y comercializarlas sin su consentimiento.
Estas denuncias presentadas entre el 6 y 7 de octubre de 2023 derivaron en ocho carpetas de investigación por el delito contra la intimidad sexual. El 4 de diciembre de 2024, Diego N fue absuelto de cometer este ilícito contra dos de las ocho estudiantes del IPN, mientras que los otros seis expedientes en su contra continúan abiertos.
Por otro lado, el 9 de marzo de 2024 Diego N fue vinculado a proceso por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de material de abuso sexual de menores de edad. Sólo por ese delito fue sentenciado recientemente y, contrario a lo que se dijo en redes, no es la primera sentencia en su tipo.
En entrevista, la abogada Valeria Martínez Mondragón explicó que son casos diferentes, y delitos distintos. No quiere decir que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México haya apostado por juzgar desde otro marco legal luego de que no hubo una sentencia condenatoria en diciembre pasado.
“Pudiera existir la confusión de que ahora, como la Fiscalía no pudo acreditar la Ley Olimpia, ahora se siguió por otro delito, pero son otras víctimas, es otro delito distinto”, aclara.
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El caso de material de abuso sexual infantil y la sentencia por trata de personas
El 6 de octubre de 2023, las alumnas del lPN detectaron en flagrancia el delito contra la intimidad sexual cometido por Diego N, quien tenía una tableta digital iPad con alrededor de 160 mil imágenes y 2 mil videos, según la abogada Valeria Martínez Mondragón. Eran materiales tanto reales, de sus compañeras de clase, como manipulados con inteligencia artificial que usaba con fines de explotación sexual digital.
“La Fiscalía empieza a indagar en el contenido de este dispositivo. Ahí se da cuenta que no solamente existe material íntimo de las compañeras denunciantes del IPN, sino también de contenido íntimo sexual de menores de edad, lo que conocemos como pornografía”, explica la abogada Valeria Martínez Mondragón.
De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, comete este delito quien promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de 18 años de edad a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, audiograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos.
Los tipos de delitos varían en función de su gravedad, impacto y la forma en que se clasifican en el sistema legal. En este caso, la trata de personas en modalidad de material de abuso sexual infantil está considerada como un delito contra la sociedad, así como la corrupción de menores.
“Para este tipo de delitos no necesitamos tener una víctima que denuncie, porque en realidad la víctima ofendida es la sociedad y la Fiscalía tiene la facultad para iniciar una investigación por su cuenta”, aclara Martínez Mondragón.
Se trata de lo que se conoce como una investigación de oficio, la cual comienza por iniciativa de la autoridad, basándose en información que ha recopilado o que le ha sido proporcionada.
En cualquiera de sus modalidades, y en este caso en la de material de abuso sexual infantil, la trata de personas es un delito grave. Es decir, aquellos que se sancionan con más años de prisión.
“Es un delito grave y cuando se da uno, por ejemplo, si la fiscalía ve un asesinato, un cuerpo sin vida, no hace falta que alguien vaya y denuncie. La fiscalía de inmediato empieza la investigación, así sucede con los delitos de pornografía y, sobre todo, de pornografía infantil”, agrega.
Según datos preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al 20 de mayo de 2025, con corte al 30 de abril de 2025, existen 201 carpetas de investigación iniciadas por el delito de trata de personas en lo que va de este año, aunque no hay un desglose para la modalidad de material de abuso sexual infantil.
Sin embargo esta sentencia tampoco es la primera en su tipo. En un comunicado, la Guardia Nacional dio a conocer una sentencia condenatoria de 5 años, por el delito de trata de personas agravado, en su modalidad de almacenamiento de material de abuso sexual infantil, contra una persona que fue detenida en Querétaro en 2024.
El comunicado menciona otras sentencias logradas en años pasados por el mismo delito y modalidad: una durante junio de 2024 en Chiapas de 180 años, la condena más alta dictada en el país contra una persona por este ilícito; una durante noviembre de 2023 en Guerrero, de 106 años y 8 meses de prisión; y una en junio de 2021 en el Estado de México, de 82 años y 6 meses de prisión.
El caso del IPN y las denuncias por el delito contra la intimidad sexual
Después de que las alumnas del lPN detectaron en flagrancia el delito contra la intimidad sexual cometido por Diego N, se organizaron para ir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Son seis carpetas de investigación que continúan en la etapa de integración de la investigación, pues en dos hubo una sentencia absolutoria.
La abogada del caso IPN, Valeria Martínez Mondragón, enlista algunas diferencias de estas carpetas de investigación con la de trata de personas en la modalidad de material de abuso sexual infantil.
Por ejemplo, que no es un delito nuevo o de reciente creación, como los delitos contra la intimidad; que las estudiantes, al ser mayores de edad, sí tuvieron que denunciar, o que este es un proceso jurídico único en su tipo por tratarse del primer juicio donde se busca castigar el uso de la inteligencia artificial para violentar a las mujeres vía digital.
“Si existe una sentencia por delitos de pornografía en contra de menores de edad, eso quiere decir que las compañeras del IPN no están mintiendo y que, en realidad, más bien fue una falta de perspectiva de género del juzgador para poder sentenciar las carpetas de las dos compañeras en diciembre y no porque no fuera real. La violencia digital es real”, sostiene la abogada.
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Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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