El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió eliminar el principal órgano de transparencia del país, que es autónomo, y que se hagan cargo de esa tarea del INAI incluso funcionarios de la Función Pública. Es decir, de su propio gobierno, o de la Auditoría Superior de la Federación. Algo que, según nos mencionaron especialistas consultados, terminaría convirtiendo al poder público en juez y parte a la hora de decidir qué información debe darse a los ciudadanos.
“¿Qué?, ¿no puede la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso? Ah, se quiere un organismo independiente, un organismo autónomo. ¿Qué?, ¿no está para eso la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación?”, preguntó López Obrador en su conferencia matutina del 4 de enero.
Este viernes, el mandatario aseguró que si desaparece el INAI se garantizará el acceso a la información en “fast track”, es decir, se buscará que se entregue la información en 72 horas, y quien no la proporcione sería sancionado.“Se buscará un mecanismo para que de manera rápida se sancione al funcionario que no entregue la información”, aseguró.
El presidente, @lopezobrador_ afirma que el INAI sirvió como cortina de humo para que se cometieran 'ilícitos' y se ocultara información.
Aquí te contamos qué hace el INAI: 👉https://t.co/FfVRvu00yV pic.twitter.com/tra7hoRFJu— Animal Político (@Pajaropolitico) January 8, 2021
Si bien el INAI aún tiene deficiencias en su labor, aspectos por mejorar y limitantes en cuanto a su capacidad de garantizar el acceso a la transparencia, expertos explicaron que tomar la decisión de desmantelar al Instituto y sustituirlo en la forma en que plantea el presidente, en lugar de trabajar para perfeccionar o fortalecer su función, aprovechando la experiencia acumulada, apuntaría más a la ruta de la opacidad.
“El INAI no es perfecto. Tiene áreas de mejoras, bastantes… Necesitamos más apertura de información y más accesibilidad para que no tengas que contar con demasiados conocimientos para acceder a la información, y cualquier ciudadano lo pueda hacer”, comentó Lourdes Morales, directora de la organización Red por la Rendición de Cuentas.
“Pero de ahí a decir que es inútil, que es muy caro, que mejor lo haga la ASF, que es incapaz de cumplir con el plan anual de auditoría… es mezclar labores que nada que ver”, agregó.
López Obrador dijo que a los organismos autónomos los crearon en el pasado “para simular que se combatía la corrupción, para simular que había transparencia, que no había impunidad. Todo fue una farsa”. En su opinión, podrían simplemente eliminarse, para lograr ahorros. Para 2021, al INAI le asignaron 905 millones de pesos. Dentro del listado de órganos autónomos, está entre los que menos recursos reciben, solo por encima de la Comisión Federal de Competencia, y por debajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la CNDH y el Inegi, entre otros.
“La intencionalidad no es ahorro sino control de la información. Esta expresión no tiene nada de reforma administrativa y tiene todo de intentos por el control político de la información en un contexto electoral. Sería un retroceso enorme para México”, comentó Morales.
El INAI respondió a la declaración de López Obrador con un comunicado, en el que afirmó que es uno de los “principales contrapesos del Poder Público” y que en lugar de plantear su eliminación, el gobierno debería reforzarlo e impulsarlo.
🔶La función constitucional del INAI es intransferible e irrenunciable.#INAIInforma https://t.co/saHjTriWdk pic.twitter.com/SfEEX0FBMN
— INAI (@INAImexico) January 5, 2021
La eliminación del INAI requeriría de una reforma constitucional y, según la propuesta de AMLO, su labor de garantizar el acceso a la información pública quedaría en manos del mismo gobierno, en este caso en entes sujetos de revisión (poder Ejecutivo y Legislativo).
Pero, ¿qué hace el INAI? ¿qué implicaría que Función Pública o la ASF hicieran su labor? Te explicamos:
La tarea del INAI y la importancia de la información pública
El INAI es un organismo autónomo constitucional cuya labor es garantizar el acceso a la información pública, un derecho constitucional. En este sentido, se encarga de que el Poder Ejecutivo (el presidente y las secretarías), el Legislativo y el Judicial, además de cualquier otra autoridad federal, cumplan con entregar la información pública que le soliciten los ciudadanos.
Otros sujetos obligados a dar información a través del instituto son los propios órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos, los fondos públicos y sindicatos o cualquier persona (física o moral) que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
Cualquier persona puede solicitar información pública a las autoridades –como salarios, documentos oficiales o el manejo de recursos– sin justificar por qué la requiere. En caso de que las unidades de transparencia de los sujetos obligados se nieguen a entregarla o se proporcione incompleta, el INAI puede intervenir a favor de la persona, si se presenta un recurso de revisión.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explica en entrevista con Animal Político que el INAI funciona como una instancia dedicada a resolver controversias y conflictos, y que instruye a las autoridades a cumplir con sus obligaciones de transparencia.
De acuerdo con el Instituto, desde su creación en 2003 se han presentado 2 millones 703 mil solicitudes ante instituciones y dependencias públicas, de las cuales 2 millones 236 mil son de acceso a la información y 467 mil de protección de datos personales.
Además, en ese lapso se han interpuesto 133 mil 721 recursos de revisión ante el INAI, por inconformidad a la atención de las solicitudes por parte de las autoridades.
Las solicitudes de información son una forma de vigilar o mantener el escrutinio sobre el Poder Público, nuestros gobernantes, con plazos definidos para obtener una respuesta y mecanismos para reclamar, por medio del INAI, ante respuestas insatisfactorias.
Por ejemplo para la investigación sobre “La Estafa Maestra”, que evidenció un esquema para eludir la Ley de Adquisiciones, se contó con información de más de 500 solicitudes y 200 recursos de revisión interpuestos ante el INAI, resueltos por el organismo.
En el caso Odebrecht, el INAI puso a disposición la información pública relacionada con las investigaciones que se siguen en torno a posibles hechos de corrupción, que involucran a la empresa brasileña Odebrecht y autoridades de distintos países de América Latina.
Para Carlos Dorantes, oficial del programa de Derecho a la Información de la organización Artículo 19, las funciones del INAI no pueden ser reemplazadas. Desde su perspectiva, aunque tiene aspectos que aún deben mejorarse en su funcionamiento, su creación no fue para simular combate a la corrupción.
Por el contrario, explica, surgió del proceso de democratización, “es el resultado de años de trabajo desde la sociedad civil para generar este espacio y este contrapeso de apertura gubernamental y transparencia del Estado”, independientemente del gobierno en turno.
Fallas del INAI, aspectos por mejorar
Entre los claroscuros o aspectos por mejorar del INAI, está la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que se lanzó en mayo del 2016 con el objetivo de integrar a todos los sujetos obligados a dar información pública, pero que no mejoró la experiencia de los usuarios, para hacer más sencillo a la gente hacer consultas.
La Plataforma fue diseñada por la empresa Intellego S.C., que ganó la licitación del Instituto, y cobró 19 millones 663 mil pesos por el proyecto.
Desde su lanzamiento, hace casi 5 años, organizaciones de la sociedad civil detectaron errores. En 2017, la asociación civil Iniciativas Humanas y Sociales dijo que más que una ayuda era un “lastre” en materia de transparencia gubernamental.
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Actualmente, la Plataforma sigue actualizándose. En un comunicado del 6 de diciembre, el INAI informó que habrán nuevos buscadores temáticos y que en enero estarían en operación los “Agregados Nacionales o Estatales” para obtener información de hasta 33 dependencias distintas en una sola búsqueda.
Otro punto, señalado por Morales de la Red por la Rendición de Cuentas, es que hasta ahora las herramientas de transparencia a cargo del INAI son primordialmente utilizadas por una “élite”, periodistas, investigadores, organizaciones y empresarios, y no el ciudadano común.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019, el 54.8% de los mexicanos dijeron que conocían o habían escuchado sobre la existencia de una institución que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública. En este grupo, apenas el 46.2% mencionó al INAI.
Además, de las personas consultadas en la ENAID, el 16.1% dijo que habían realizado una solicitud de transparencia.
Aunque es un instituto de transparencia, el INAI tiene limitaciones en cuanto a la información a la que pueden acceder los ciudadanos. Las autoridades pueden reservar la información argumentando, por ejemplo, que puede comprometer la seguridad nacional o que puede menoscabar la conducción de negociaciones y relaciones internacionales.
Un ejemplo de esto sucedió en 2017, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó una de sus resoluciones, al determinar que la información relativa a las actividades de los aviones del Estado Mayor Presidencial “es de carácter reservado por razones de seguridad nacional”.
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SFP y ASF, funciones distintas y conflicto de interés
La Secretaría de la Función Pública (SFP) es un órgano subordinado al poder ejecutivo que se creó en 1983 y tiene una tarea distinta a la del INAI: su labor es la fiscalización, evaluación, control interno, auditoría y vigilancia únicamente de administración pública federal. Es decir, se encarga de vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones y sanciona a quienes no lo hagan así.
Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, a quien entrega información. Se encarga de fiscalizar a los tres poderes de la unión, órganos constitucionales autónomos, estados y municipios, o cualquier entidad, persona física o moral, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
Entregarle a otra instancia la labor de garantizar el derecho a la información sin autonomía, insiste Bohórquez, desvirtúa el esquema de contrapesos.
“Cuando el ejecutivo federal no te entrega la información, apelas ante el INAI. ¿Si se elimina, entonces ante quién apelarías? ¿ante el mismo gobierno?, sería una situación perfecta de conflicto de intereses”.
“¿El gobierno no te entrega la información y le tienes que pedir al mismo gobierno que revise la decisión? No tiene sentido”, señala.
Al respecto, el INAI dice en respuesta a los dichos del mandatario que cualquier acción para restarle autonomía “atentaría contra el origen social y democrático de la institución y los logros alcanzados a la fecha”.
Reemplazar su función “representa a la vez un grave atentado y una violación a los derechos humanos en su conjunto, pues se estaría obligando a las personas a renunciar a dos derechos fundamentales”.
“El INAI es uno de los principales contrapesos del Poder Público; su autonomía constitucional, además de dotarlo de independencia de los tres Poderes del Estado, fortalece su facultad para evitar que algún poder impida o limite el derecho a saber de la sociedad”.
El especialista de Artículo 19 considera que ni la SFP ni la ASF pueden sustituir al INAI, dado que por su propia naturaleza necesita autonomía “para que como ciudadanía tengamos certeza de que sus decisiones son independientes al poder político, que son técnicas”.
Una ley reconocida internacionalmente
Actualmente, el marco legal de acceso a la información en México está calificado como el segundo mejor en todo el mundo, según el Ranking de Derecho a la Información (RTI, por sus siglas en inglés) elaborado por Access Info Europe (AIE) y Centre for Law and Democracy (CLD).
La organización Human Rights Watch dijo en 2006 que la ley de transparencia de 2002, que estableció la creación del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Oficial (IFAI), fue “el siguiente gran paso en la transición del país a la democracia” que dio un golpe a la “cultura del secretismo” en México.
El Índice de Percepción de Corrupción 2019 (IPC) de Transparencia Internacional dio a México 29 de 100 puntos (donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción), con lo que el país se ubicó en el lugar 130 de 180.
Es evidente que el país aún tiene un problema corrupción, por lo que justo el país requiere fortalecer los mecanismos de transparencia, aprovechar el aprendizaje que ya se tiene en la materia, en lugar de apostar por un debilitamiento, según los especialistas consultados.
En la opinión de Dorantes, el Instituto no funciona a la perfección y hay aspectos que se deben mejorar, pero no debe ser sustituido ni eliminado.
“Se trata de un organismo que defiende derechos humanos y es fundamental garantizar su autonomía, su independencia, su imparcialidad, e incluso su capacidad presupuestal. Eliminarlo implicaría un retroceso bastante grave en término de ejercicio de derechos humanos”, comenta.
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El acuerdo se ha alcanzado prácticamente en el tiempo de descuento. Cuando apenas quedan dos días para que España tenga que enfrentarse a Suecia en la Liga de las Naciones, la mayor parte de la selección femenina de futbol ha aceptado poner fin al boicot, según ha anunciado el secretario de Estado de Deportes, Víctor Francos.
Tras siete horas de reuniones, el acuerdo por fin se alcanzó a las 05:00 hora local del miércoles.
Francos aseguró que la Federación Española de Fútbol (RFEF) se había comprometido a realizar “cambios inmediatos y profundos”.
Las jugadoras iniciaron el boicot después de que el entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, besó a la delantera Jenni Hermoso tras el triunfo de España sobre Inglaterra en la final del Mundial femenil el mes pasado.
El beso, que Hermoso asegura no fue consensuado, provocó la dimisión de Rubiales, mientras que el técnico español Jorge Vilda fue despedido.
Dos de las 23 jugadoras convocadas para los partidos de la Liga de Naciones de este mes, Mapi León y Patri Guijarro, han optado por retirarse de la plantilla.
Francos agregó que las jugadoras que han decidido no jugar no se enfrentarán a sanciones, y que su decisión era “absolutamente respetable”.
Las jugadoras podrían haber recibido multas o una sanción por parte de la selección nacional por no presentarse a la convocatoria internacional.
España jugará contra Suecia el viernes y contra Suiza el martes en la Liga de las Naciones.
“Es una buena noticia poder decir que el equipo jugará los dos próximos partidos con garantías”, afirmó Francos, presidente del Consejo Nacional de Deportes (CSD).
El acuerdo se alcanzó, aseguró, tras mantener conversaciones “amistosas” en Valencia en las que participaron las jugadoras, dirigentes de la RFEF, el CSD y el sindicato de jugadoras Futpro.
“Se creará una comisión mixta entre la RFEF, el CSD y las jugadoras para hacer el seguimiento de los acuerdos, que se firmarán mañana”, afirmó Francos. “Las jugadoras han manifestado su preocupación por la necesidad de llevar a cabo cambios profundos en la RFEF, que se ha comprometido a realizar estos cambios de forma inmediata”.
Acercamiento
El lunes, la nueva entrenadora, Montse Tomé, seleccionó a 15 jugadoras que ya formaron parte del equipo de la Copa del Mundo para el combinado que jugará la Liga de Naciones.
Tras el anuncio de la convocatoria el lunes, las jugadoras publicaron un comunicado diciendo que el boicot seguía vigente, y que habían sido puestas “en una posición en la que nunca quisimos estar”.
Aseguraron, asimismo, que tenían la intención de explorar las posibles implicaciones legales de ser convocadas en contra de sus deseos.
Tome dejó fuera de la plantilla a Hermoso para, según ella, “protegerla”.
Pero Jenni Hermoso aseguró que el hecho de seleccionar a jugadoras que estaban haciendo el boicot al equipo demostraba que “nada ha cambiado” en la RFEF.
Según ha explicado ahora el CSD, se va a establecer una comisión para monitorear los cambios acordados, que se centrará en políticas de igualdad, avances en la equiparación salarial y la mejora de la infraestructura del deporte femenino.
“Las jugadoras lo ven como un acercamiento de posiciones. La gran mayoría ha decidido quedarse por el bien de este acuerdo”, afirmó la presidenta de Futpro, Amanda Gutiérrez. “Es el comienzo de un largo camino por delante”.
Las jugadoras españolas viajaron el martes a la concentración en Valencia.
Cuando los periodistas en el aeropuerto de Barcelona le preguntaron cómo se sentía acerca de la situación, la centrocampista y dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, fue tajante: “Bueno, mal”.
A Rubiales se le ha prohibido acercarse a menos de 200 metros de Hermoso después de que ella presentara una demanda judicial.
Al comparecer ante el tribunal por primera vez el viernes, Rubiales negó haber agredido sexualmente a Hermoso.
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