Desabasto de medicinas: IMSS falla en surtir entre 28 mil y 70 mil recetas al día
Funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum reconocen un problema de desabasto de medicinas que se agravó con el cambio de sexenio, y aunque prometen que en marzo habrá una “mejoría notable”, ahora mismo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra un nivel de desabasto de entre 4 y 10%, según el reporte de funcionarios federales de Salud.
Esas cifras representan un retroceso a los niveles de 2021 y 2022, cuando el país aún seguía recuperándose de los efectos de la pandemia. Considerando que a diario el IMSS debe surtir un promedio de 700 mil recetas, esos porcentajes significan que la institución pública está fallando a diario con los medicamentos de entre 28 mil y 70 mil recetas, vulnerando el derecho a la salud de miles de personas.
En el caso del IMSS-Bienestar, principal programa del gobierno destinado a quienes no tienen seguridad social, el nivel de desabasto es aún mayor, de hasta 35% de las recetas sin surtir adecuadamente, de acuerdo con lo dicho por el subsecretario de Integración y desarrollo del sector salud en el Gobierno de México, Eduardo Clark.
“A partir de mediados de noviembre empezamos a registrar un aumento de reportes por falta de medicinas”, comentó en entrevista Frida Romay Hidalgo, Coordinadora del Colectivo Cero Desabasto que documenta la falta de medicamentos, solicitando datos oficiales y además recibiendo reportes de la gente.
“Se nota un aumento en reportes sobre medicamentos oncológicos. El tema de oncológicos está preocupante. También para diabetes. Nos reportan que no hay sobre todo dos tipos de insulina, que ahorita no recuerdo el nombre específico, pero son dos tipos de insulina. También están empezando a faltar medicamentos para la salud mental, en especial el metilfenidato… me han reportado que no hay paracetamol”, agregó.
Reconocen desabasto, aunque con distintas cifras
El subsecretario Eduardo Clark corroboró a El Sabueso el reporte que recibió sobre el IMSS, de que ese servicio de salud tiene un abasto estimado del 90% de recetas, es decir, un 10% de desabasto.
Aunque en una entrevista con Televisa este jueves, el director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que esa institución tenía un nivel de abasto superior, del 96%. Es decir, un 4% de recetas que no se surten adecuadamente.
“No significa que es un 4% que se distribuye igual en todo el país, es en ciertos lugares, en ciertos momentos, y en ciertos medicamentos que tenemos que resolver todo el tiempo”, dijo.
Se preguntó al subsecretario Clark sobre la discrepancia en las cifras con Robledo, y dijo que el IMSS podía tener su forma de medición, y que él se refería a un estimado. También se contactó al Instituto, para corroborar las cifras, pero no habían respondido.
“Ese es otro gran tema, la falta de datos en salud, ninguno tiene bien indicadores que se puedan comparar, cada quién presenta la información como quiere, no hay un sistema nacional donde el secretario de Salud pueda entrar y ver cómo van las cosas en todo el su sistema público, donde sí hay, dónde no hay medicinas”, criticó Frida Romay Hidalgo.
Ya sea 90 o 96% de abasto, ese nivel de entrega de medicinas está por debajo del registro de 2023, cuando el IMSS alcanzó un cumplimiento del 98% y con ello no surtió correctamente más de 5 millones de recetas, según los datos recabados por el Colectivo Cero Desabasto, que aún está procesando cifras de 2024.
En 2021, al encarar la pandemia de COVID, el IMSS registró un 89.6% de surtimiento, el Instituto falló en surtir más de 22 millones de recetas. Y en 2022, el abasto fue de 94.7%.
Más atrás, en 2017 y 2018, se tuvo un nivel de cumplimiento superior al 99%.
En cuanto al sistema IMSS-Bienestar, que ahora mismo opera en 23 estados, en más de 635 hospitales y más de 11 mil centros de salud, el subsecretario Clark dijo que se tenía un nivel de abasto de entre el 65 y el 70%.
Es decir, se están dejando de surtir cerca de un tercio de las medicinas o recetas que requieren las y los pacientes, aunque el propio subsecretario acotó que en el IMSS-Bienestar no hay un esquema centralizado de abasto, y eso dificulta el conteo de recetas surtidas, ya que se tiene un “sistema más incipiente” de registro.
“Estamos hablando de millones de recetas no surtidas, porque ya no es una población como la tenían como programa, hoy ya son 57 millones a las que les tienen que garantizar servicios de salud (con IMSS-Bienestar)”, apuntó Romay Hidalgo, de Cero Desabasto.
“No solamente es reconocer el problema, esta inacción, esta falta de planeación o lo que te heredó la administración pasada. Esto tiene consecuencias fatales, entonces hay responsables. ¿Y qué va a pasar con esos responsables? ¿Quiénes son? Ya los tienen identificados, ¿qué se va a hacer?”, agregó.
A finales de 2023, para ponerlo en perspectiva, Zoé Robledo presumió que en los hospitales del IMSS-Bienestar operando en 23 estados se tenía un nivel de abasto de entre 94 y 97%.
¿Por qué se agudizó el desabasto en el cambio de sexenio?
El subsecretario Clark explicó en una entrevista con Radio Fórmula que las medicinas que adquirió el gobierno de López Obrador en 2022 comenzaron a agotarse durante 2024, y esa administración decidió esperar a que Sheinbaum decidiera la próxima compra. Pero mientras se reciben esos medicamentos, se agudizó la carencia entre finales del año pasado y el inicio de 2025.
“Lo que nos pegó mucho fue el cambio de administración, donde la administración pasada nos dejó la batuta de decidir la compra de los siguientes años, entendemos por qué lo hizo, también porque es una compra muy considerable, y querían que nosotros decidiéramos”, dijo Clark a Joaquín López Dóriga.
“En los próximos años lo que nos gustaría es que no haya nunca esta especie de hoyo entre contratos”, agregó.
Como te contamos en esta nota, el gobierno de Sheinbaum regresó el modelo de compras consolidadas para adquirir medicinas que había funcionado en los últimos sexenios, pero que Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar.
Según el subsecretario Clark, ya se realizó una compra consolidada para adquirir cerca del 95% de las claves que requiere el sector salud, pero esos medicamentos llegarán hasta marzo.
“Nos hemos metido prioritariamente en las últimas semanas a resolver algunas de las cosas más dolorosas, que eso significa oncológicos, principalmente para niños, pero en algunas claves de mayor volumen, que tal vez no son soporte de vida tan inmediato, estamos teniendo sí algunas problemáticas, porque en muchos lugares tenemos justas las piezas y hacer las transferencias de un lado al otro ha sido complejo”, dijo el funcionario federal.
Frida Romay, de Cero Desabasto, señaló que hubo una falla en la planeación desde el sexenio anterior, sobre la compra de medicinas, y ya en el de Sheinbaum “subestimaron la complejidad que tiene toda la parte de adjudicación, de licitación. Como que fueron demasiado optimistas y dijeron: ‘en 3 meses sale’. Cuando no es así, se requiere más tiempo”.
Los equipos de Claudia Sheinbaum, insistió también la activista, pudieron adelantar el proceso de búsqueda y adjudicación.
“Para que cuando llegaran ya estuvieran viendo los últimos detalles. Pero hubo una falta de comunicación, y todo esto se deriva, y ahí va una de nuestras principales recomendaciones, de que no hay una política farmacéutica, como la hay en muchos países”, señaló.
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Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
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