
Funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum reconocen un problema de desabasto de medicinas que se agravó con el cambio de sexenio, y aunque prometen que en marzo habrá una “mejoría notable”, ahora mismo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra un nivel de desabasto de entre 4 y 10%, según el reporte de funcionarios federales de Salud.
Esas cifras representan un retroceso a los niveles de 2021 y 2022, cuando el país aún seguía recuperándose de los efectos de la pandemia. Considerando que a diario el IMSS debe surtir un promedio de 700 mil recetas, esos porcentajes significan que la institución pública está fallando a diario con los medicamentos de entre 28 mil y 70 mil recetas, vulnerando el derecho a la salud de miles de personas.
En el caso del IMSS-Bienestar, principal programa del gobierno destinado a quienes no tienen seguridad social, el nivel de desabasto es aún mayor, de hasta 35% de las recetas sin surtir adecuadamente, de acuerdo con lo dicho por el subsecretario de Integración y desarrollo del sector salud en el Gobierno de México, Eduardo Clark.
“A partir de mediados de noviembre empezamos a registrar un aumento de reportes por falta de medicinas”, comentó en entrevista Frida Romay Hidalgo, Coordinadora del Colectivo Cero Desabasto que documenta la falta de medicamentos, solicitando datos oficiales y además recibiendo reportes de la gente.
“Se nota un aumento en reportes sobre medicamentos oncológicos. El tema de oncológicos está preocupante. También para diabetes. Nos reportan que no hay sobre todo dos tipos de insulina, que ahorita no recuerdo el nombre específico, pero son dos tipos de insulina. También están empezando a faltar medicamentos para la salud mental, en especial el metilfenidato… me han reportado que no hay paracetamol”, agregó.
Reconocen desabasto, aunque con distintas cifras
El subsecretario Eduardo Clark corroboró a El Sabueso el reporte que recibió sobre el IMSS, de que ese servicio de salud tiene un abasto estimado del 90% de recetas, es decir, un 10% de desabasto.
Aunque en una entrevista con Televisa este jueves, el director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que esa institución tenía un nivel de abasto superior, del 96%. Es decir, un 4% de recetas que no se surten adecuadamente.
“No significa que es un 4% que se distribuye igual en todo el país, es en ciertos lugares, en ciertos momentos, y en ciertos medicamentos que tenemos que resolver todo el tiempo”, dijo.
Se preguntó al subsecretario Clark sobre la discrepancia en las cifras con Robledo, y dijo que el IMSS podía tener su forma de medición, y que él se refería a un estimado. También se contactó al Instituto, para corroborar las cifras, pero no habían respondido.
“Ese es otro gran tema, la falta de datos en salud, ninguno tiene bien indicadores que se puedan comparar, cada quién presenta la información como quiere, no hay un sistema nacional donde el secretario de Salud pueda entrar y ver cómo van las cosas en todo el su sistema público, donde sí hay, dónde no hay medicinas”, criticó Frida Romay Hidalgo.
Ya sea 90 o 96% de abasto, ese nivel de entrega de medicinas está por debajo del registro de 2023, cuando el IMSS alcanzó un cumplimiento del 98% y con ello no surtió correctamente más de 5 millones de recetas, según los datos recabados por el Colectivo Cero Desabasto, que aún está procesando cifras de 2024.
En 2021, al encarar la pandemia de COVID, el IMSS registró un 89.6% de surtimiento, el Instituto falló en surtir más de 22 millones de recetas. Y en 2022, el abasto fue de 94.7%.
Más atrás, en 2017 y 2018, se tuvo un nivel de cumplimiento superior al 99%.

En cuanto al sistema IMSS-Bienestar, que ahora mismo opera en 23 estados, en más de 635 hospitales y más de 11 mil centros de salud, el subsecretario Clark dijo que se tenía un nivel de abasto de entre el 65 y el 70%.
Es decir, se están dejando de surtir cerca de un tercio de las medicinas o recetas que requieren las y los pacientes, aunque el propio subsecretario acotó que en el IMSS-Bienestar no hay un esquema centralizado de abasto, y eso dificulta el conteo de recetas surtidas, ya que se tiene un “sistema más incipiente” de registro.
“Estamos hablando de millones de recetas no surtidas, porque ya no es una población como la tenían como programa, hoy ya son 57 millones a las que les tienen que garantizar servicios de salud (con IMSS-Bienestar)”, apuntó Romay Hidalgo, de Cero Desabasto.
“No solamente es reconocer el problema, esta inacción, esta falta de planeación o lo que te heredó la administración pasada. Esto tiene consecuencias fatales, entonces hay responsables. ¿Y qué va a pasar con esos responsables? ¿Quiénes son? Ya los tienen identificados, ¿qué se va a hacer?”, agregó.
A finales de 2023, para ponerlo en perspectiva, Zoé Robledo presumió que en los hospitales del IMSS-Bienestar operando en 23 estados se tenía un nivel de abasto de entre 94 y 97%.
¿Por qué se agudizó el desabasto en el cambio de sexenio?
El subsecretario Clark explicó en una entrevista con Radio Fórmula que las medicinas que adquirió el gobierno de López Obrador en 2022 comenzaron a agotarse durante 2024, y esa administración decidió esperar a que Sheinbaum decidiera la próxima compra. Pero mientras se reciben esos medicamentos, se agudizó la carencia entre finales del año pasado y el inicio de 2025.
“Lo que nos pegó mucho fue el cambio de administración, donde la administración pasada nos dejó la batuta de decidir la compra de los siguientes años, entendemos por qué lo hizo, también porque es una compra muy considerable, y querían que nosotros decidiéramos”, dijo Clark a Joaquín López Dóriga.
“En los próximos años lo que nos gustaría es que no haya nunca esta especie de hoyo entre contratos”, agregó.
Como te contamos en esta nota, el gobierno de Sheinbaum regresó el modelo de compras consolidadas para adquirir medicinas que había funcionado en los últimos sexenios, pero que Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar.
Según el subsecretario Clark, ya se realizó una compra consolidada para adquirir cerca del 95% de las claves que requiere el sector salud, pero esos medicamentos llegarán hasta marzo.
“Nos hemos metido prioritariamente en las últimas semanas a resolver algunas de las cosas más dolorosas, que eso significa oncológicos, principalmente para niños, pero en algunas claves de mayor volumen, que tal vez no son soporte de vida tan inmediato, estamos teniendo sí algunas problemáticas, porque en muchos lugares tenemos justas las piezas y hacer las transferencias de un lado al otro ha sido complejo”, dijo el funcionario federal.
Frida Romay, de Cero Desabasto, señaló que hubo una falla en la planeación desde el sexenio anterior, sobre la compra de medicinas, y ya en el de Sheinbaum “subestimaron la complejidad que tiene toda la parte de adjudicación, de licitación. Como que fueron demasiado optimistas y dijeron: ‘en 3 meses sale’. Cuando no es así, se requiere más tiempo”.
Los equipos de Claudia Sheinbaum, insistió también la activista, pudieron adelantar el proceso de búsqueda y adjudicación.
“Para que cuando llegaran ya estuvieran viendo los últimos detalles. Pero hubo una falta de comunicación, y todo esto se deriva, y ahí va una de nuestras principales recomendaciones, de que no hay una política farmacéutica, como la hay en muchos países”, señaló.

La decisión de la Corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de Trump. Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que siga adelante con su agenda, en particular en materia de migración y reestructuración del gobierno federal.
Donald Trump llevaba meses advirtiendo que una decisión de la Corte Suprema como esta sería catastrófica.
Si la corte restringía su capacidad para imponer estos aranceles, había dicho, sería un “desastre económico y de seguridad nacional”.
La mayoría de seis jueces de la Corte Suprema, al fallar en contra del presidente el viernes, hizo caso omiso de sus preocupaciones.
El Congreso, no el presidente, tiene la facultad de imponer aranceles, dictaminaron los jueces. Y nada en la ley en la que el presidente basó sus aranceles, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977, dio poderes tan amplios a Trump.
En una conferencia de prensa organizada apresuradamente el viernes por la tarde, Trump arremetió contra los jueces que fallaron en su contra. Dijo estar “avergonzado” de los tres conservadores que anularon sus aranceles y se refirió a los tres liberales de la corte como una “desgracia”.
Trump prometió entonces reimponer aranceles utilizando la autoridad presidencial disponible bajo otras leyes, incluyendo un nuevo arancel global temporal del 10%.
La decisión de la corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de este presidente.
Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que Trump siga adelante con su agenda, en particular en materia de inmigración y la reestructuración del gobierno federal, incluso aunque los recursos legales van escalando en el sistema judicial.
Este caso, tramitado con urgencia, cierra la puerta a uno de esos usos expansivos de la autoridad presidencial.
Con varios otros casos importantes que involucran usos controvertidos del poder ejecutivo, como los intentos de eliminar la ciudadanía por nacimiento y destituir a un gobernador de la Reserva Federal por presuntas irregularidades, este podría no ser el único revés de Trump en los próximos meses.
Como mínimo, esta decisión debilita la posición de Trump al intentar obligar a otras naciones a hacer concesiones a Estados Unidos y empaña su fachada de invencibilidad.
La debilidad engendra debilidad, y los socios comerciales de EU podrían verse envalentonados a adoptar una línea más dura con EU ahora que se han restringido las facultades arancelarias del presidente.
También abre la posibilidad de que el gobierno de Trump tenga que devolver gran parte de los ingresos arancelarios que recaudó durante el último año.
Aunque los jueces dejaron que esta espinosa cuestión fuera decidida por un tribunal inferior, Brett Kavanaugh, en su opinión disidente, advirtió que el proceso probablemente será un “desastre”.
El gobierno de Trump tuvo tiempo de sobra para prepararse para la decisión del viernes.
El precedente de la Corte Suprema y la actitud de muchos jueces cuando el caso se presentó en los tribunales el pasado noviembre indicaban que era muy posible un resultado adverso para él.
Jamieson Greer, principal asesor comercial de Trump, declaró el mes pasado que la Casa Blanca tiene “muchas opciones diferentes” sobre cómo proceder si se eliminan los aranceles.
“La realidad”, afirmó, “el presidente va a tener aranceles como parte de su política comercial de ahora en adelante”.
Sin embargo, las otras opciones que Trump podría tener a su disposición son más limitadas.
Estas requieren que las agencias gubernamentales elaboren informes detallados para justificar la imposición de aranceles, y tienen límites en su alcance y duración.
Atrás quedaron los días en que el presidente podía amenazar o promulgar aranceles de tres dígitos con un simple gesto de la mano o un clic en una publicación en Truth Social.
Los nuevos aranceles requerirán un mayor plazo antes de que puedan imponerse.
Esto podría limitar el tipo de perturbación económica que se produjo cuando el presidente anunció sus expansivos aranceles del “Día de la Liberación” el año pasado y daría a otras naciones más tiempo para preparar sus respuestas.
Si Trump quiere recuperar su margen de maniobra para imponer nuevos aranceles, siempre podría solicitar al Congreso la autorización explícita que la Corte Suprema ha declarado necesaria.
Sin embargo, con las estrechas mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado, y las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, el éxito de tal medida parece improbable.
De hecho, algunos de los aliados conservadores de Trump en el Congreso podrían estar más tranquilos con esta decisión.
Los aranceles del presidente, y los costos que han impuesto a los consumidores, han sido impopulares entre muchos estadounidenses. Los candidatos republicanos en estados clave y distritos electorales habrían estado expuestos a los ataques demócratas por apoyar las políticas de Trump.
Esa área de vulnerabilidad se ha reducido por ahora.
La decisión del viernes generará un momento incómodo el martes, cuando Trump pronuncie su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso. Tradicionalmente, muchos de los jueces de la Corte Suprema se sientan en la primera fila de la cámara.
El presidente, después de pasar meses emitiendo duras advertencias contra la corte, podría verse frente a frente con los jueces que erosionaron uno de los pilares clave de la agenda del segundo mandato de Trump.
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