Al menos 10 cuentas en Meta que se hacen pasar por medios de comunicación y una agencia de marketing en YouTube registraron pagos de 561 mil pesos para promover videos e imágenes con violencia política de género contra Andrea Chávez, mientras la senadora morenista mantiene su campaña adelantada y con promoción personalizada en unidades médicas en Chihuahua.
En el caso de YouTube, el pago de 105 mil pesos para promover cuatro videos en contra de Chávez (con los mismos nombres de canales con que fueron promovidos en Meta) fue registrado por la agencia ARIS SIGN SA DE CV, con domicilio en Cancún, Quintana Roo, y que en la PNT aparece con 14 contratos en 2024 con el gobierno de Chihuahua, para servicios de difusión y publicidad oficial.
Las cuentas en Meta contra Chávez se presentan como medios de comunicación, pero todas ellas fueron creadas entre julio y septiembre de 2024 con direcciones de estados como Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Baja California, Yucatán y Chihuahua. De las 10, siete tienen números telefónicos con identificadores de Durango y tres de Morelos, lo que no coincide con sus supuestas ubicaciones.
“La chihuahuense más odiada está en el ojo del huracán”, dice un hombre en uno de los videos, de un canal denominado “Eco de Oaxaca”. “ANDREA CHÁVEZ sigue ganando el ODIO DE LOS CHIHUAHUENSES”, se refiere en otra publicación, del canal “Noticias Tropicales”.
En los videos aparecen presentadores, pero no se indica el nombre de qué organización o particular orquesta la campaña
Sólo siete de estos supuestos medios de comunicación tienen páginas web, las cuales no cuentan con directorio o apartado de “quiénes somos” y en su mayoría repiten las secciones “local”, “nacional”, “mundo”, “espectáculos” y “deportes”.
Además de cuestionar las acciones políticas de la senadora, en dichos videos también se utilizan imágenes manipuladas que sexualizan a la morenista y frases que la descalifican, señalando supuestos vínculos más allá de lo profesional.
“Ninguna mujer está exenta a que la critiquemos por su trabajo. En cualquier decisión de poder que esté, se puede y habrá que revisar y criticar su trabajo, pero no que tenga que ver en relación a su persona, a su vestimenta, a su comportamiento, a sus relaciones, etcétera”, explicó sobre este tipo de materiales María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora en México del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres.
Andrea Chávez anunció que cuenta con cuatro unidades móviles en Chihuahua que ofrecen servicios de salud en la entidad desde enero de 2023, sin que hasta ahora se hayan publicado documentos sobre el patrocinio de los vehículos rotulados con su rostro y cargo.
Captura de pantalla de uno de los videos en el canal “El alfarero Noticias”
En lo que va de 2025, se identificaron al menos 10 cuentas de supuestos medios de comunicación que promovieron en Meta más de 30 videos e imágenes con un pago promedio de al menos 14 mil 710 pesos cada uno para aumentar el alcance de cada contenido.
La mayoría de ellos no sólo critican a la senadora, sino que incluyen imágenes manipuladas digitalmente, adjetivos negativos y descalificaciones.
Estos elementos coinciden con la definición de violencia política de género estipulada en el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también incluye a los particulares entre los agentes que pueden ejercer este tipo de acciones.
“Si es una violencia de género, la catalogamos como violencia política cuando tiene que ver con el ejercicio de estas mujeres en los ámbitos de decisión de poder y lo catalogamos también como violencia política digital cuando se utiliza cualquiera de estos medios para desacreditar cualquier trabajo que ella realiza, a su persona o a su familia”, destacó la especialista Ramos Ponce.
“El Péndulo Noticias” y “Piedra y Cal Noticias” fueron las cuentas que más dinero invirtieron en anuncios contra Andrea Chávez, cuyos montos alcanzaron los 98 y 94 mil pesos por estas promociones. Sin embargo, otras páginas como “El Alfarero Noticias” y “Ensenada al Momento” también pagaron cantidades de por lo menos 64 a 70 mil pesos en anuncios.
“Es muy fácil crear un perfil, una identidad como cibernauta en donde no se identifica quién es esa persona. En un momento dado sí se puede generar esa violencia política de género en términos técnicos, pero estamos cayendo aquí en una actitud, hasta oportunista, que recurre al procedimiento más sencillo del insulto”, señaló José Luis Chavarría, director del seminario de Derecho Electoral en la UNAM.
Ambos especialistas coincidieron en que existe la necesidad de regular los contenidos y cuentas en redes sociales, ya que estas prácticas afectan personal y profesionalmente a las víctimas con secuelas económicas, patrimoniales, emocionales y psicológicas.
Andrea Chávez dijo, durante un programa de Azucena Uresti en Radio Fórmula, que las unidades móviles con su imagen en Chihuahua eran “donativos” de la clase empresarial, pero más adelante atribuyó el financiamiento a un “convenio de colaboración” que no ha sido transparentado.
Para responder a los señalamientos, Andrea Chávez ha pagado por lo menos 52 mil 200 pesos hasta el 2 de abril en siete anuncios en Facebook que van de los 200 a los 25 mil pesos. El más costoso de ellos, para promover el video donde acusa al Gobierno de Chihuahua y al periodista Carlos Loret de Mola de ejercer una persecución política en su contra.
Como te contamos en esta nota, a pesar de que las unidades médicas circulan desde hace más de un año —y actualizaron la imagen de Chávez tras su toma protesta en el Senado— no forman parte de su última declaración de intereses, fechada el pasado 30 de octubre de 2024.
Los videos con violencia política de género no son los primeros contenidos que circulan con este tipo de agresiones contra la senadora. De hecho, varios de ellos usan una imagen manipulada digitalmente que fue publicada por el caricaturista Antonio Garcí Nieto en octubre de 2024.
Un relator especial de la ONU dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente”.
Tras un terremoto de magnitud que mató a más de 2.000 personas, según cifras oficiales, la junta militar de Myanmar continúa bombardeando partes del país devastado por la guerra.
La ONU calificó los ataques como “totalmente indignantes e inaceptables”.
El relator especial Tom Andrews dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente” después del terremoto.
Exhortó al régimen militar, que tomó el poder en un golpe de Estado hace casi cuatro años, a detener todas las operaciones militares.
“Cualquiera que tenga influencia sobre los militares debe aumentar la presión y dejar muy claro que esto no es aceptable”, expresó.
“Hago un llamado a la junta para que simplemente detenga todas sus operaciones militares”, añadió.
El Servicio Birmano de la BBC confirmó que siete personas murieron en un ataque aéreo en Naungcho, en el norte del estado de Shan. Este ataque ocurrió alrededor de las 15:30 hora local del viernes, menos de tres horas después del terremoto.
El lunes, el ejército de Myanmar también llevó a cabo ataques terrestres en la región de Sagaing, afectada por el terremoto, aseguran los rebeldes.
Un portavoz de la Fuerza de Defensa Popular de Chaung U -un grupo insurgente- contó a la BBC que fueron objeto de un intenso fuego de mortero. Los rebeldes informaron de cinco convoyes militares en la zona.
Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que representa a la administración civil derrocada, indicó en un comunicado que sus fuerzas comenzarían una pausa de dos semanas en “operaciones militares ofensivas, a excepción de acciones defensivas” en las zonas afectadas por el terremoto a partir del domingo.
Esto ocurre en un momento en que los trabajadores de rescate y socorro a los afectados del terremoto en la región enfrentan una grave falta de recursos.
Los grupos rebeldes prodemocracia que combaten para destituir a los militares también informaron de bombardeos aéreos en el municipio de Chang-U, en la región noroccidental de Sagaing, durante el fin de semana, el epicentro del terremoto.
También hay informes de ataques aéreos en zonas cercanas a la frontera tailandesa.
Los militares también continuaron realizando ataques aéreos el lunes en otras partes del país en su intento de aplastar el levantamiento nacional que lucha por despojarlos del poder.
El terremoto de magnitud 7,7 que afectó a Sagaing, también se sintió en los países vecinos. Luego vinieron informes de destrucción en Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, así como en la capital, Nay Pyi Taw, que está a más de 240 kilómetros de distancia.
La junta afirma que 2.056 personas han muerto, más de 3.900 han resultado heridas y 270 siguen desaparecidas.
La BBC no puede verificar estas cifras de forma independiente, pero ha escuchado que un fuerte olor a cadáveres bajo los escombros está impregnando las calles mientras las temperaturas alcanzan los 40 °C en Mandalay.
El Servicio Geológico de Estados Unidos declaró el viernes que “una cifra de muertos superior a 10.000 es una gran posibilidad” basándose en la ubicación y magnitud del terremoto.
El sismo se produce después de cuatro años de guerra civil en Myanmar, tras un golpe militar en 2021. El golpe provocó enormes protestas, con miles de personas saliendo a las calles diariamente para exigir la restauración del gobierno civil.
Lo que inicialmente comenzó como una campaña de desobediencia civil pronto evolucionó hacia una insurgencia generalizada que involucró a grupos rebeldes étnicos y prodemocráticos, desencadenando finalmente una guerra civil total.
Cuatro años después, continúan los feroces combates entre los militares, por un lado, y los grupos de resistencia armada, por el otro.
La junta militar, que ha sufrido continuas derrotas humillantes y ha perdido amplias áreas de territorio, recurre cada vez más a los ataques aéreos para aplastar la resistencia a su régimen.
Grandes partes de la región de Sagaing, epicentro del terremoto, están ahora bajo el control de grupos rebeldes.
Una investigación de la BBC reveló que, casi cuatro años después de tomar el poder en un golpe de estado, los militares ahora controlan menos de una cuarta parte del país.
La investigación mostró que los ejércitos étnicos y una mezcla de grupos de resistencia controlan ahora el 42% del territorio, mientras que gran parte del área restante sigue en disputa.
Es en el combate aéreo donde el régimen militar tiene la ventaja. Los grupos de resistencia no tienen la capacidad de contraatacar en el aire.
El ejército tiene antecedentes de realizar bombardeos aéreos indiscriminados que han destruido escuelas, monasterios, iglesias y hospitales. En uno de los ataques aéreos más letales, murieron más de 170 personas, incluidas muchas mujeres y niños.
El organismo de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en el país ha advertido que la junta militar está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.
La guerra aérea militar se sostiene gracias al apoyo continuo de Rusia y China. A pesar de los llamados de la ONU a un embargo de armas en respuesta al golpe, tanto China como Rusia han vendido a la junta sofisticados aviones de ataque y le han brindado entrenamiento sobre cómo utilizarlos.
Rusia y China también han enviado equipos de ayuda y rescate a Myanmar. Pero la activista de derechos humanos birmana radicada en el Reino Unido, Julie Khine, expresó: “Es difícil confiar en la compasión ahora cuando también son los mismos países que suministran a la junta militar armas letales utilizadas para matar a nuestros civiles inocentes”.
También hay una preocupación generalizada de que los militares utilicen la ayuda como arma en la guerra civil.
El ejército de Myanmar tiene una práctica de larga data de negar ayuda a las zonas donde hay grupos de resistencia activos.
Tom Andrews, de la ONU, resaltó a la BBC que durante las labores de socorro anteriores, los militares habían bloqueado la ayuda y arrestado a los trabajadores humanitarios.
“Lo que sabemos de desastres humanitarios y naturales anteriores es que la junta no dice la verdad. Además, tiene la costumbre de impedir que la ayuda humanitaria llegue a donde más se necesita”, afirmó.
“Utilizan esta ayuda como arma. La envían a las zonas que controlan y la niegan a las que no controlan”.
“Así que hay zonas donde existen las necesidades más apremiantes y literalmente la ayuda está intentando entrar, hay camiones bloqueando el paso, la gente atrapada; ese ha sido el patrón de su respuesta a desastres naturales en el pasado”.
“Me temo que supongo completamente que ese sea el caso con este desastre”.
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