49 contratos en 18 años, la mayoría por adjudicación directa: así crecieron las empresas de Xóchitl Gálvez
Las empresas vinculadas a Xóchitl Gálvez obtuvieron 49 contratos en 18 años, la mayoría por adjudicación directa, un esquema de contratación criticado por la candidata durante su campaña presidencial, aunque ante las acusaciones de Morena por su participación en esos negocios ella niega conflicto de interés o alguna otra irregularidad.
Una revisión del Sabueso de Animal Político encontró que la mayoría de los contratos que firmaron las empresas con el gobierno se dieron mientras ella fue funcionaria pública, durante su paso por el gobierno de Vicente Fox, luego como alcaldesa de Miguel Hidalgo y senadora, entre 2005 y 2023.
Justo en 2015 Gálvez dejó de tener cargos en High Tech Services, según datos en el Registro Público de Comercio. Antes, en 2010, había hecho lo mismo respecto a OMEI. Sin embargo, en ambos casos su hija quedó legalmente como administradora de los negocios.
A detalle, los datos de Compranet y Transparencia muestran que entre 2005 y 2023 High Tech Services obtuvo 18 contratos que suman 19 millones 618 mil pesos; mientras que la empresa OMEI registró 31 contratos que alcanzaron más de 40 millones 300 mil pesos.
Es decir, más de 59 millones de pesos en conjunto.
Para entender mejor: Empresas relacionadas con Xóchitl simularon competencia al obtener contratos de gobierno
El pasado 16 de abril, Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo en CDMX y hoy candidato a diputado de Morena, acusó a Xóchitl Gálvez de haber omitido su participación en la empresa OMEI y de haber obtenido con ella 36 contratos de dependencias de gobierno entre 2015 y 2023, por una suma de 400 millones de pesos.
Sin embargo, la revisión de El Sabueso de Animal Político ubicó que en ese periodo OMEI recibió 28 contratos que suman más de 29 millones 700 mil pesos y no 400 millones, como señaló el morenista en la conferencia de prensa.
A continuación te presentamos la cronología de contratos obtenidos por las empresas ligadas a Xóchitl Gálvez, con el detalle de los cargos públicos que tenía al momento de la firma, montos y el esquema de contratación:
Contratos mientras trabajó en el gobierno de Fox
Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) ella tuvo los cargos de titular de la Oficina de Presidencia para la Atención de Pueblos Indígenas (2000-2003) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (2003-2006).
En 2005 se detectaron en Compranet tres contratos de High Tech Services con la Comisión Nacional del Agua, los tres por adjudicación directa y por un monto de 733 mil pesos.
En 2009, ya con Xóchitl sin puesto público, se observaron tres contratos, uno de ellos por adjudicación directa con la Presidencia de la República, por 265 mil pesos. Y otro resultado de un proceso de invitación a tres empresas, por 1 millón 26 mil pesos.
2011
Luego en 2011 también se registraron contratos, ya en el sexenio de Felipe Calderón. En aquel año Xóchitl Gálvez seguía sin ser funcionaría pública, buscaba convertirse en gobernadora de Hidalgo, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.
High Tech Services, donde fungía como representante, obtuvo tres contratos: uno con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 1 millón 190 mil pesos; el segundo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 2 millones 450 mil pesos; y el último con el Fondo de Cultura Económica (FCE) por cerca de 300 mil pesos.
OMEI, por otro lado, obtuvo un contrato con CFE ese año por 1 millón 790 mil pesos.
2012
Xóchitl Gálvez seguía sin tener un cargo público. Obtuvo una candidatura para ser senadora, pero no logró el escaño. En ese año ella fue nombrada administradora única de High Tech Services en el RPC y se quedó con la mayor parte de las acciones de esa empresa.
Con ese rol de Xóchitl, High Tec Services obtuvo un contrato con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -hoy INAI-, por 110 mil pesos.
2014
Gálvez seguía sin ser funcionaria pública, buscaba convertirse en alcaldesa capitalina. Ese año, el entonces IFAI contrató los servicios de OMEI, con montos de 1 millón 220 mil pesos y 7 millones 613 mil pesos, según Compranet, y la ahora candidata fue nombrada apoderada de esta empresa, según consta en el RPC.
2015 a 2018, contratos mientras ella fue alcalde
Xóchitl Gálvez se convirtió en alcaldesa de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, el 1 de octubre del 2015, y el día 14 de ese mes renunció formalmente como administradora única de High Tech Services, quedando como sustituta su hija, Diana Gálvez Vega. Mismo cargo que para ese momento ya tenía en OMEI, según el RPC.
También el 14 de octubre OMEI revocó a la panista como apoderada. El nombre de Xóchitl Gálvez dejó de aparecer en los documentos del RPC de ambos negocios.
Tras haber firmado 7 contratos con dependencias gubernamentales en años anteriores, durante su cargo como alcaldesa, High Tech Services y OMEI obtuvieron más del 42% de las contrataciones registradas entre 2011 y 2023.
En total consiguieron 18 contratos entre 2015 y 2018, de los que 12 fueron por adjudicación directa, 5 por invitación a cuando menos tres personas y uno por licitación pública.
En específico, OMEI recibió 13 contratos de dependencias gubernamentales por 16 millones 507 mil pesos. Mientras que High Tech Services obtuvo 5 contratos en ese mismo periodo con un acumulado de 10 millones 115 mil pesos, según datos de Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia.
En 2016, OMEI recibió un contrato de Senasica y otro del INEE por montos de 454 mil 440 y 2 millones 413 mil pesos.
Un año más tarde, consiguió seis contratos. Cuatro de Mejoredu que suman más de 551 mil 708 pesos, uno de INAI por 3 millones 500 mil y uno más de Senasica por 1 millón 118 mil pesos.
Por su parte, High Tech Services obtuvo en 2017 contrataciones con Mejoredu por 1 millón 566 mil, 34 mil 628 y 371 mil 200 pesos. Aunque también recibió otro de INEE por 1 millón 350 mil pesos.
Para 2018, OMEI fue contratada nuevamente por Mejoredu con 3 contratos de 30 mil 693, 497 mil 292 y más de 1 millón 802 mil pesos. Además de uno del INAI por 4 millones 250 mil pesos y otro del Senasica de 1 millón 890 mil. High Tech Services obtuvo en ese año un sólo contrato con Mejoredu por 7 millones 193 mil pesos
17 contratos de 2019 a 2023, con ella como senadora
El siguiente cargo de Xóchitl Gálvez fue como senadora a partir de 2018 y ocupó ese puesto hasta convertirse en candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”, de la mano del PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Entre 2019 y 2023, las dos empresas a las que está vinculada recibieron 17 contratos. OMEI recibió 15 de ellos y High Tech Services sólo dos. De ellos, 13 fueron por adjudicación directa, dos por invitación a cuando menos tres personas y dos por licitación pública.
En 2019 el INAI firmó dos contratos con OMEI. Uno por 750 mil y otro 3 millones 700 mil pesos, mismos que fueron confirmados por la dependencia el pasado 8 de abril de 2024. Ese mismo año, Senasica y Mejoredu contrataron a esta empresa por 1 millón 301 mil y 399 mil 999 pesos, respectivamente.
Los últimos contratos de High Tech Services se registraron en 2019, cuando Mejoredu pagó 127 mil 500 y 305 mil 370 pesos por sus servicios.
Un año más tarde, y en adelante, Banobras se convertiría en uno de los clientes más frecuentes de OMEI, pues de los 17 contratos que obtuvo mientras Gálvez fue senadora, 10 fueron con esta dependencia.
Ese 2020 la empresa obtuvo dos contratos con esta dependencia por 2 millones 700 mil y 160 mil 145 pesos mexicanos. En 2021 le otorgó otros dos de 406 mil pesos cada uno, además de que la SSa también la contrató por 50 mil 804 pesos.
OMEI firmaría cuatro contratos más con Banobras en 2022 con montos de 254 mil 898, 638 mil, 825 mil 440 y 277 mil 240 pesos. Mientras en 2023 firmó las últimas dos contrataciones registradas en esos años por 672 mil 800 y 694 mil 260 pesos.
El acta constitutiva de OMEI señala que se creó en 1998 con la candidata como accionista mayoritaria. Luego en su perfil curricular se describe como fundadora y directora General de High Tech Services entre 1992 y el 2000, aunque como ya mencionamos, documentos del Registro Público del Comercio (RPC) siguieron nombrándola en varios puestos de la empresa más allá de esos años, hasta el 2015.
El Sabueso buscó las declaraciones patrimoniales de Gálvez tanto en Declaranet como en la Plataforma Nacional de Transparencia, y se localizaron únicamente ocho de 2003 a 2007.
De ellas solo dos contenían datos patrimoniales públicos, aunque sin el detalle de ingresos de ninguna de las empresas, ni tampoco datos de su cónyuge o dependientes.
En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 70, se señala que esos datos sobre bienes se dan a conocer públicamente sólo cuando los servidores públicos “así lo determinen”.
La candidata opositora compartió a Animal Político declaraciones de 2016, 2018 y 2024, en las que sí se leen algunos aspectos sobre las empresas, y de ahí se tomaron datos para esta nota.
Señalamientos de Romo a Gálvez
De los vínculos con estas empresas, Víctor Romo también señaló que la candidata opositora “no declara su participación accionaria en la empresa de su esposo (Rubén Sánchez Manzo) que es director general y dueño de OMEI… (y) resulta que en el Registro Público de la Propiedad Xóchitl tiene el 70% de acciones”.
Sobre ello, Gálvez ha señalado que dejó de ser administradora única de la empresa en el 2010, como señala un documento en el RPC publicado en 2024.
El archivo que cita Romo es el acta de 1998 donde se constituye Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI).
Sobre si la candidata informó sobre OMEI en sus declaraciones patrimoniales, las únicas dos en Declaranet con datos públicos, de 2002 y 2003, no muestran ingresos de ninguna de las empresas.
Sin embargo, entre las declaraciones de Xóchitl Gálvez que fueron compartidas con El Sabueso se encontró que en la de 2016, cuando era alcaldesa de Miguel Hidalgo, sí mencionó ingresos de ambas empresas, aunque el archivo no muestra si pertenecen a ella, su cónyuge o dependientes.
Y en la de 2018 informó sobre la participación de su esposo e hija en OMEI con el 70 y 30% de las acciones, respectivamente, y que ella tenía el 80% de las acciones de High Tech Services. Esto en una Constancia de Recepción de Situación Patrimonial Inicial, con un sello a nombre de la Contraloría Interna del Senado de la República.
Con estos documentos la candidata opositora niega los señalamientos de Romo, de que no reportó su involucramiento con las empresas.
Sin embargo, el 24 de abril, tanto Víctor Romo como Mario Delgado, dirigente Nacional de Morena, anunciaron que pedirán al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue a Xóchitl Gálvez.
“Nosotros estamos asegurando que hubo falsedad en declaración, que hubo remuneraciones ilícitas, que hubo enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias”, dijo Romo en conferencia de prensa.
Nota del Editor: En una primera versión de esta nota solo se habían contabilizado 42 contratos desde 2011, pero luego de los dichos en el segundo debate presidencial se revisó Compranet y también se encontraron contratos entre 2005 y 2010
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Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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