¿Ya somos Dinamarca? Así es el sistema de salud en aquel país
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido al menos 70 veces –según el conteo hasta la fecha de El Sabueso– que el sistema de salud de México será mejor que el de Dinamarca, y puso como plazo marzo de 2024 para lograrlo. Pero, ¿cómo funciona el sistema de ese país nórdico?
La Cámara de Diputados sostuvo un conversatorio con Mikael Ostergren, exministro de Salud de Dinamarca, y la doctora Kristen Wisborg, para explicarlo. Además de revisar dicho foro, El Sabueso investigó más datos para contarte los puntos clave de su sistema:
Operación en tres niveles
El sistema de salud en Dinamarca opera dentro de tres niveles: Nacional/Estado, Regional y Municipal, que se dividen las responsabilidades para proveer servicios de salud a la población de 5.8 millones de personas (su población es 96% menor a la de México).
El rol del estado es la regulación, supervisión y funciones fiscales. A nivel nacional se encargan de autorizar el presupuesto de salud y planear el sistema de especialidad.
De manera regional, son responsables de servicios hospitalarios, cuidados primarios y psiquiátricos.
Dinamarca se divide en cinco regiones, que operan con consejos políticos y son sometidos a elecciones dentro del territorio. Las operaciones son financiadas en un 75% por el estado y en un 25% por el municipio donde se encuentren los servicios que proveen.
Finalmente se encuentra el nivel municipal, con 98 municipios, que se encarga de temas como el cuidado dental, servicios de rehabilitación y tratamiento de adicciones. También operan con consejos políticos que se eligen de manera local, y reciben financiamiento del estado y de los impuestos recaudados dentro del municipio.
¿Cómo reciben atención los pacientes?
De acuerdo con el Fondo Commonwealth, todos los residentes de Dinamarca pueden elegir entre dos modalidades de servicios de salud.
El 98% de los residentes está registrado bajo la modalidad 1, que indica que tienen que estar inscritos con un médico general, quienes trabajan de manera autónoma y operan conforme un acuerdo nacional con el gobierno, para obtener su pago.
El médico general provee cuidados primarios y son el primer punto de contacto. Además cumplen la función de determinar si el paciente necesita o no servicios especializados. De ser así, el médico general provee una referencia al servicio especializado que determinen necesario, y sólo así pueden acceder los pacientes con un especialista.
Aquellos que optan por la modalidad 2, el 2% de la población, puede acceder a los servicios de especialistas sin tener que consultar un médico general, pero tienen que realizar pagos adicionales.
El acceso a los hospitales, a excepción de urgencias, está regulado al 100% con una referencia de un médico obligatorio, sin importar si pertenecen a la modalidad 1 o 2. Los hospitales proveen cuidados de emergencia sin referencias, y con referencias programan y proveen atención completa en temas como cirugías, estudios especializados, y cuidados postoperatorios.
Cada región maneja y es dueña de los hospitales, y se encargan de cumplir con los tiempos de espera mínimos requeridos. Si un hospital público no puede cumplir con esos tiempos de espera, es responsabilidad del gobierno de la región transferir a los pacientes a hospitales privados y cubrir los costos.
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Es importante resaltar que el 97% de los hospitales son públicos, y sólo el 3% es privado. Estas son clínicas pequeñas que proveen atención especializada y procedimientos quirúrgicos voluntarios, como cirugía plástica y procedimientos estéticos.
En clínicas y hospitales, cualquier medicamento administrado es gratuito, y para medicamentos adquiridos en farmacia, el subsidio se determina con base en el costo anual del medicamento y varía para adultos y niños. Además está cubierto al cien por ciento para enfermos terminales.
Según explicaron los especialistas daneses, el 85% de los gastos de salud en 2021 fue cubierto por el gobierno con dinero proveniente de impuestos, mientras que el otro 15% vino de fondos privados, con el 12% pagado de contado directamente por los ciudadanos y el 3% por parte de aseguradoras privadas voluntarias.
La mayoría de los gastos que se realizan de manera privada es en farmacéuticos y cuidado dental, así se protege a los grupos vulnerables de gastos altos.
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La educación médica es gratuita, es decir que los estudiantes de medicina en Dinamarca no tienen que pagar colegiaturas durante su formación. Hay cuatro escuelas de medicina, todas públicas, que ofrecen programas de 6 años para formar a los jóvenes médicos.
Aproximadamente el 22% de los médicos son médicos generales y la mayoría son autónomos, remunerados por las regiones a través de capacitación, que significa el 30% de sus ingresos, y la tarifa por servicio, que es el 70% de los ingresos.
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El candidato del Partido Republicano se reunió esta semana en privado con el ministro de Seguridad de El Salvador. Ya antes ha reivindicado la fórmula del país centroamericano para combatir el crimen: “Necesitamos más Bukele y menos Boric”.
Sabiendo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, José Antonio Kast reivindica la fórmula para combatir la criminalidad más conocida del continente: el llamado “modelo Bukele”.
“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, ha dicho el candidato del Partido Republicano, quien se juega la presidencia del país sudamericano en segunda vuelta el 14 de diciembre, en referencia a las políticas del mandatario de El Salvador frente a las de su homólogo chileno.
Tras una campaña plagada de mensajes como ese, en el balotaje del pasado 16 de noviembre Kast obtuvo el 24% de los votos y ahora pretende aglutinar el apoyo de los votantes de oposición para imponerse a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 26%.
Ya el año pasado visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador convertida en la piedra angular de las políticas de seguridad de Bukele, para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos que la envuelven.
Tras el recorrido, rechazó la posibilidad de enviar presos cárceles chilenas a cumplir su pena en prisiones salvadoreñas: “Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria”.
Y aunque no se reunió con el popular mandatario, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.
En ese contexto, a nadie sorprendió que esta semana se volviera a juntar en privado con Villatoro, el hombre al frente de la llamada “guerra contra las pandillas” de Bukele, cuando este viajó a Chile para participar en un seminario sobre seguridad.
Ni que describiera la reunión como “más que positiva”.
“Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, le dijo a los medios locales -sin querer ahondar en los detalles de la conversación- este abogado católico y conservador que ya contribuyó a transformar la derecha tradicional chilena.
Supervisor de la “guerra contra las pandillas”
Para cuando el 26 de marzo de 2021 Bukele nombró a Villatoro ministro de Justicia y Seguridad Pública, este veterano funcionario llevaba ya décadas de carrera en la esfera pública.
Fue director de Aduanas de 2004 a 2009 bajo la presidencia de Antonio Saca (Arena, derecha), cargo en el que repetiría bajo el mandato de Bukele en 2019.
A finales de julio de 2020, fue nombrado titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Y ese mismo año, con la promesa de reducir los homicidios y la extorsión, aspiró a convertirse en fiscal general del país, puesto con el que finalmente se hizo Raúl Melara.
Desde que asumiera la cartera de Seguridad hace más de cuatro años, Villatoro ha supervisado la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, con la que el gobierno del presidente Bukele ha logrado desarticular dichas organizaciones y reducir drásticamente los homicidios.
Sus críticos, así como organizaciones nacionales e internacionales, lo acusan de hacerlo a costa de convertir a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta, con un régimen que coarta derechos constitucionales y enviando a cientos a prisión tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso.
Esas políticas han llevado a la detención de más de 85.000 personas –según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025– y a mantener al país bajo un régimen de excepción permanente desde que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, lo aprobara por primera vez en marzo de 2022.
“Mantener el régimen de excepción a la fecha es justamente por el mismo respeto y seriedad que hay que tenerle al fenómeno de las maras, porque no son una organización criminal cualquiera”, le dijo Villatoro al respecto en abril, cuando el periodista Roberto Valencia lo entrevistó para un reportaje en BBC Mundo.
“Esto es como que una religión negra y mantener el régimen va en el sentido de mantener siempre esa guerra permanente”, agregó.
—¿A corto o medio plazo no vislumbra razones para dejar de prorrogarlo?
— No, aunque es algo que analizamos día con día. Es cierto que se ha dicho que acabará cuando agarremos al último homeboy (pandillero) en territorio salvadoreño, pero como ministerio tenemos que estar preparados para cualquier decisión del presidente.
También se había mostrado tajante en su rechazo a las críticas sobre el Cecot en una entrevista anterior con la BBC.
“Tenemos con los salvadoreños el compromiso de que (los presos del Cecot) nunca volverán a las comunidades. Y vamos a asegurarnos de construir los casos necesarios (contra ellos) para garantizar que nunca regresen”, le dijo en mayo de 2023 al periodista Will Grant.
“Para nosotros, el Cecot representa el monumento más grande a la justicia que hemos construido jamás. No tenemos nada que ocultar”.
Visitas de aliados
Sea como fuere, los resultados en seguridad de su modelo han brindado a Bukele una popularidad sin precedentes para un presidente salvadoreño, lo que a su vez ha inspirado a gobiernos y políticos de todo el continente.
Y es Villatoro el que se ha encargado de reunirse con unos y otros, enarbolando siempre la bandera de la “mano dura” contra la criminalidad.
Así, el 9 de diciembre de 2023 se encontró con la ministra argentina de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en Buenos Aires, y al día siguiente asistió en lugar de Bukele a la toma de posesión de Javier Milei como presidente.
A los seis meses, en junio de 2024, acompañó a Bullrich en un recorrido por el Cecot, similar al que le ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo de este año.
Y al día siguiente escoltó por esos pasillos y frente a las mismas celdas al ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde.
El salvadoreño llegó a Santiago de Chile este lunes para participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián sobre los desafíos actuales de los sistemas penitenciarios, viaje que aprovechó para reunirse en privado con el candidato presidencial Kast.
Durante la ponencia, volvió a repetir que El Salvador, en su día “capital de los homicidios”, se volvió bajo el mandato del actual presidente “el país más seguro del hemisferio”.
Desde 2015, el año más mortífero de su historia reciente (106,3 por cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios ha ido bajando año con año.
El año que Bukele llegó a la presidencia, 2019, la tasa era ya de 36 por cada 100.000 habitantes, en 2020, con el Plan Control Territorial ya en marcha, cayó a casi la mitad (19,7), y 2024 cerró con 1,9, según cifras oficiales.
Sobre la presencia del crimen organizado en Chile, durante el seminario el ministro planteó que cualquier país que busque enfrentar mafias o bandas debe “ordenar su sistema penitenciario para impedir que los delincuentes comunes se mezclen con quienes responden a una organización criminal”.
Y agregó que otra de las claves del éxito de su modelo es impedir que los líderes criminales sigan operando desde prisión, mientras defendió el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia.
En entrevistas con medios locales, volvió a hacer hincapié en los mismos puntos y mostró una vez más una defensa férrea de las políticas del gobierno salvadoreño frente a las críticas de organismos de derechos humanos.
“No tenemos empatía con terroristas. Les respetamos la vida y les damos comida, pero si las críticas vienen hacia nuestras cárceles de terroristas, no nos importa lo que digan”, le dijo a Radio Pauta.
“La democracia es hacer lo que el pueblo manda”, señaló, y destacó la alta popularidad sin precedentes para un mandatario que las encuestas le siguen otorgando a Bukele.
Con ello se hizo eco de las palabras del propio jefe de Estado, quien en un discurso en junio por motivo del primer año de su segundo mandato, dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
La seguridad, clave en campaña chilena
Kast se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.
Volvió a intentarlo en 2021, tras el estallido social, y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual presidente de izquierda Gabriel Boric, quien obtuvo 56%.
Y aunque sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su paso al balotaje del 14 de diciembre muestra la vigencia de su movimiento político.
“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, le dijo a BBC Mundo Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.
Y añadió que el candidato “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Esta vez, a diferencia de las dos campañas anteriores, Kast puso en el centro de su agenda conservadora la economía, la migración y la seguridad, las principales preocupaciones ciudadanas.
Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos divulgada en octubre.
Se trata de un nivel inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores.
De hecho, Chile figura con el segundo mayor porcentaje de preocupación por el crimen y la violencia entre 30 naciones de distintos continentes incluidas en la encuesta, apenas tres puntos abajo de Perú, que también tiene mayores tasas de homicidios.
“Chile es un país que está extremadamente atemorizado”, dijo en entrevista con BBC Mundo Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que evalúa políticas públicas en justicia y seguridad en este país
Y eso, los candidatos que se enfrentarán en las urnas el 14 de diciembre lo saben.
*Con el reporteo adicional de los periodistas de la BBC Gerardo Lissardy y Will Grant, y el colaborador Roberto Valencia.
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