En México la mayoría de los delitos no se denuncian. Las razones son múltiples: miedo, desconfianza en las autoridades, desconocimiento del proceso, revictimización, falta de acompañamiento o experiencias previas negativas.

Se estima que durante 2024 ocurrieron alrededor de 33.5 millones de delitos en el país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, la organización Impunidad Cero destaca que, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian. En tanto, de cada 100 que se denuncian, solo 14 se resuelven.

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¿Qué hacer en las primeras horas después del delito?

Aunque cada situación cambia dependiendo del delito al que se enfrentó la víctima, en la mayoría de los sucesos lo recomendable es no modificar la escena del crimen: no mover ni limpiar las cosas que la rodean. “En el caso de los abusos sexuales, la víctima no debe bañarse ni cambiarse de ropa aunque esté sucia o rota, ya que para efectuar la denuncia las autoridades realizarán una valoración médica”, ejemplifica el abogado. 

Al momento de denunciar un delito ante autoridades, estas solicitarán evidencias de lo ocurrido, por lo que Lisandro Morales recomienda guardar las pruebas (objetos, prendas, incluso comida) en un sobre de papel manila para que no sufra ninguna alteración. 

Con el fin de atender estas situaciones, el gobierno de México habilitó números telefónicos para que, en el caso de una emergencia, la asistencia de autoridades sea pronta y efectiva. Entre estos destacan el 911, que atiende emergencias de manera general, y el 088, que canaliza directamente con la policía federal. 

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La denuncia de un delito se realiza ante el Ministerio Público —autoridad encargada de investigar los hechos—, el cual tiene diversas unidades dentro de su estructura, entre ellas, las fiscalías especializadas que se enfocan en un tipo de delito específico, como los electorales y las desapariciones de personas. 

Al momento de realizar una denuncia, la persona debe dirigirse a la autoridad correspondiente de acuerdo con la entidad en la que reside y al tipo de delito del que fue víctima—de fuero común o federal. 

Para denunciar delitos del fuero común como robos, fraudes, lesiones y homicidios, la víctima debe acudir a la Fiscalía General de Justicia Estatal o a la procuraduría de la entidad. Mientras, los delitos como narcotráfico y delincuencia organizada —considerados federales— se denuncian ante delegaciones u oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR). 

Para fomentar la cultura de denuncia en México se crearon las modalidades anónima y en línea. Si la denuncia se realiza vía internet, la víctima debe proporcionar su nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. Y si acude presencialmente, es necesario presentar una identificación oficial con fotografía. 

En cambio, si la denuncia es anónima, la víctima solo deberá narrar detalles sobre los hechos. No es necesario proporcionar su nombre ni datos de contacto; incluso, puede realizarla a través de la línea telefónica 089 o en portales en internet que garantizan el anonimato. 

“En todos los tipos de denuncia es importante describir lo ocurrido lo más detallado posible: cuándo, dónde, quién y qué ocurrió. La víctima también debe especificar la fecha y hora del suceso o si se utilizó un arma blanca”, detalla Lisandro Morales. 

Pero también existen casos en los que el Ministerio Público se niega a abrir una carpeta de investigación. Para facilitar el reporte de estas irregularidades, Impunidad Cero pone al servicio de la ciudadanía un directorio que acumula los contactos de las visitadurías de cada fiscalía de la república mexicana y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de cada entidad. 

Las visitadurías son los órganos internos de cada fiscalía que se encargan de vigilar, recibir quejas y sancionar el actuar de las y los funcionarios que trabajan en instituciones como el Ministerio Público, explica Claudia Morales, coordinadora de Impunidad Cero, y añade que “son muy útiles porque regulan a las y los agentes frente a las autoridades”. 

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Protección de las víctimas en México 

El artículo 7 del Código Penal Federal determina que un delito es cualquier acción o inacción que está prohibida y castigada por la ley penal mexicana. Y, en consecuencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) considera como víctima a la persona física o colectiva que ha sufrido un daño por un delito o una violación de derechos humanos.

Para proteger la seguridad, integridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas, el gobierno federal publicó el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Víctimas. 

“En su momento, esta ley fue muy paradigmática para efectos de acompañamiento durante los procesos de denuncia y se complementó con el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando integró y desarrolló una serie de derechos para las víctimas en su artículo 108: víctima u ofendido”, recuerda en entrevista Leslie Jiménez, abogada penal. 

Impulsada por la crisis de violencia en el país y el movimiento social que exigía el reconocimiento de las víctimas, esta ley destaca que la reparación del daño no es solo económica, sino que incluye medidas de restitución, crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y garantiza el acceso gratuito a un abogado o abogada desde el primer momento de la denuncia. 

Gracias a esta norma, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de proporcionar recursos prácticos como asesorías gratuitas, acompañamiento psicológico, atención jurídica y líneas de emergencia para las víctimas. 

Sin embargo, denuncia Claudia Morales, “las autoridades deberían enfocarse en salvaguardar la reparación del daño de las víctimas, priorizando cuestiones de asesoría jurídica o atención psicoemocional, además de preservar el presupuesto asignado para las CEAV”. 

“Aunque existen estas normas, en la práctica no son muy evocadas; cuando las personas acuden a denunciar un delito no es común que les mencionen que la Ley General de Víctimas las protege. Existe desde hace años y es poco conocida por operadores y víctimas”, destaca Leslie Jiménez. 

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La importancia de denunciar para buscar justicia 

Leslie Jiménez, Lisandro Morales y Claudia Morales coinciden en que el sistema de denuncia en México funciona, pero no es eficaz. Factores como la poca participación de la ciudadanía, el rebasamiento de trabajo de las autoridades investigadoras, el poco personal y la escasa capacitación con enfoque de derechos humanos entorpecen este proceso.

Destacan que, aunque se han dado pasos grandes para fomentar la cultura de denuncia como la modalidad en línea, el proceso presencial continúa siendo muy lento e incluso las autoridades carecen de insumos para realizar investigaciones. Pese a ello, llaman a la ciudadanía a denunciar si fueron o son víctimas de un delito.

“Nadie va a perseguir un delito del que no se tiene conocimiento”, afirma Lisandro Morales. “Más allá de qué tan eficaz es la justicia en el país, no denunciar significa fomentar la impunidad y, de cierta forma, volverse cómplice”.

Claudia Morales asegura por su parte que la denuncia tiene dos grandes efectos, además de la justicia para la víctima: la detección de patrones respecto a los delitos para generar políticas de prevención y la identificación de los ministerios públicos que tienen más incidencia delictiva para destinar mayor presupuesto a estas agencias. 

“Denunciar es importante porque no solo permite a las víctimas tomar poder y decisión sobre lo que les ocurrió, sino que también ayuda a aspectos de estadística en el país. Es recomendable hacerlo para efectos de iniciativa, combatir la ‘cifra negra’ de impunidad y, en los casos en los que la persona imputada es ubicada, que la víctima acceda a la justicia y a la reparación del daño”, concluye la abogada penal Leslie Jiménez. 

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