No hay claridad sobre cifra de Jóvenes Construyendo el Futuro que obtienen empleo
El presidente Andrés Manuel López Obrador presume que la mitad de los egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) “se han quedado a trabajar en las empresas, en los comercios, en los talleres en donde se forman y les dan la capacitación”.
Así lo dijo en su Cuarto Informe de gobierno; sin embargo, no hay indicadores precisos sobre los jóvenes contratados desde 2019, año al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo referencia cuando advirtió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no acreditó contar con métricas e indicadores para determinar en qué medida se incrementó la empleabilidad de las y los jóvenes capacitados en el programa.
Desde el inicio del sexenio, la STPS ha ido cambiando las metas e indicadores del programa, según explicaron funcionarios de Coneval, y en el año del que hay cifras más sólidas, 2021, el dato fue de 35.4% de aprendices egresados que concluyeron su capacitación y que declararon en el cuestionario de salida haber adquirido su “primera experiencia en una actividad productiva”.
Es decir, tres de cada 10, y no la mitad de los aprendices, como planteó el mandatario, sin tener además más detalles sobre qué tipo de empleo pudo significar esta “primera experiencia”, durabilidad y tipo de contratación.
Ante cuestionamientos puntuales vía Transparencia, la Secretaría del Trabajo ha rechazado tener reportes estadísticos propios sobre el número de jóvenes contratados (solicitud 330027122001150), aduciendo que dicha “narrativa” de obtención de empleo no se ajusta al objetivo general del programa, que es “incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan”.
La dependencia sólo remite a un estudio que realizó con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), en el cual, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, se identificó lo ocurrido con 859 personas que participaron en JCF.
Dicho análisis proyectó que “durante los meses en que se levantó la encuesta, salieron del programa 139,353 jóvenes, de los cuales 64,428 encontraron trabajo, es decir, encontraron empleo el 46.2%”.
Los beneficiarios del programa, agrega el estudio, “tuvieron una empleabilidad del doble, si los comparamos con jóvenes que no eran parte del programa. En otras palabras, 5 de cada 10 jóvenes encontraron trabajo después de ser JCF”.
Esto coincide con lo dicho por el presidente. Sin embargo, en el documento de la Comisión se acotaron varios puntos sobre esas cifras.
Por ejemplo, que “la medición de impacto en el empleo tiene varias limitaciones al utilizar los datos de la ENIGH. El primero es que la encuesta sólo tiene información para seis meses durante 2020, es decir, se les pregunta a los hogares si recibieron ingresos por participar en el programa, si reciben ingresos laborales, entre otros tipos de ingresos. Sólo si se observa que en este periodo un joven beneficiario salió del programa (dejó de recibir el ingreso), se puede medir el impacto que pudo tener su participación”.
Y también que “analizar sólo seis meses es una restricción muy fuerte. Puede ocurrir que un beneficiario salga del programa en el mes tres y no encuentre trabajo en los próximos tres meses; si encuentra trabajo en el cuarto mes, no se refleja en el análisis. También existe la otra posibilidad, que un joven encuentra trabajo inmediatamente saliendo del programa y que en meses después sea despedido, esto tampoco se refleja en el análisis. No es posible corregir este sesgo, pero la medición de impacto nos da un panorama indicativo de los efectos del programa”.
En el documento del Cuarto Informe de Gobierno, la Secretaría del Trabajo refirió que entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, el número de jóvenes beneficiados con el programa alcanzó la cifra de 776 mil 656 beneficiarios.
Y en ese mismo periodo, con base en el cuestionario de egreso que responden los aprendices que concluyen satisfactoriamente sus 12 meses de capacitación, se supo que “al menos 32 mil 061 jóvenes egresados se colocaron en un empleo”.
Sin embargo, en el Tercer Informe de Gobierno no se encontró un indicador similar, que permitiera hacer comparaciones.
Indicadores cambiantes
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de aprendices egresados de JCF que adquirieron su primera experiencia en una actividad productiva mediante su participación en el Programa (respecto del total de aprendices egresados) fue de 35.4% en el 2021, de una meta planeada para ese año de 41.03%.
Los resultados se derivan de 69 mil 025 aprendices egresados que concluyeron su capacitación y declararon en el cuestionario de salida haber adquirido su primera experiencia en una actividad productiva mediante su participación en JCF, de 195 mil aprendices egresados que respondieron el cuestionario de salida en el año.
Este indicador estratégico es de reciente creación, pues apenas fue establecido por la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la STPS al haber sido registrado durante el ejercicio fiscal 2021.
El Sabueso consultó a José Manuel Silva Cabrera, director ejecutivo de Monitoreo de Políticas y Programas Sociales, y a Hugo Acuña Cruz, director de Monitoreo de Programas Sociales, ambos del equipo de monitoreo del Coneval, para comprender los indicadores del programa.
“Dentro de las áreas de oportunidad que detectamos para este programa es la claridad, no hay claridad en cuanto a qué significa un aprendiz egresado… ha sido muy dinámico este programa, porque tenía ciertos indicadores en 2019 que ahora ya no existen”, señaló Hugo Acuña Cruz.
En esto coincidió José Manuel Silva, refiriendo que “muy pocos indicadores son los que se han mantenido a lo largo de al menos tres años”.
En el documento de Evaluación de Diseño del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019-2020 se señaló que no existía una “definición operativa de las categorías empleabilidad e inclusión social, su uso en la enunciación del Fin genera incertidumbre sobre las contribuciones que se espera tener con el programa”.
Mientras que en julio de este año el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en la nota informativa Alcances del programa jóvenes construyendo el futuro 2019 – 2022, concluyó: “La pregunta que queda por responder es: qué porcentaje de la población que se ha capacitado a través del programa pudo efectivamente incorporarse a un trabajo formal, es decir, si se logró la inclusión laboral y, por tanto, social reduciendo su fenómeno de marginación”.
La meta planeada para 2022 era originalmente que el 32.4% de los jóvenes que participaran en el programa lograran su primera experiencia en una actividad productiva; sin embargo, hubo un ajuste reciente, para colocar la meta en 46.79%, según la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.
De nuevo, cifra cercana a la planteada por el presidente López Obrador, aunque aún no se difunde el nivel de cumplimiento de dicha meta. El Sabueso pidió esta cifra a la Secretaría del Trabajo, pero hasta la publicación de esta nota no habían respondido.
Objetivos y presupuesto
De acuerdo con el gobierno federal, JCF “vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro”.
El programa JCF dice beneficiar a la población que ha enfrentado dificultades para incorporarse en el mercado del trabajo, dando prioridad a jóvenes que viven en contextos de marginación alta o muy alta.
Sin embargo, de acuerdo con el reporte “Consideraciones para el proceso presupuestario 2023”, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el PJCF cumple “medianamente” con la no discriminación.
De acuerdo con el mismo reporte, JCF resuelve “ligeramente” el derecho a la seguridad social y “fuertemente” el tener un ingreso. Ya que durante la capacitación, de hasta por un año, los jóvenes reciben “un apoyo mensual y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo”.
El monto de la beca mensual otorgada a los jóvenes beneficiarios del programa equivale al salario mínimo y correspondió a 3 mil 600 pesos en el 2019, 3 mil 748 pesos en el 2020, 4 mil 310 en 2021 y 5 mil 258.13 en el 2022.
Del 2019 al 2022, para el PJCF, se ha aprobado un presupuesto de 107 mil millones 253 pesos, mientras que, del 2019 al 2021 se ha ejercido un total de 69 mil 299 millones.
La meta del programa, anunciada a inicios del sexenio, fue la de capacitar 2.3 millones de personas. Este año la STPS ya alcanzó esa meta, con un acumulado de 2 millones 320 mil 569 beneficiarios, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, ha anunciado que la meta se ampliará a más de 3 millones.
El número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha cuadruplicado en ocho años, según datos del gobierno.
Advertencia: Este artículo contiene detalles explícitos de violencia.
Un grupo de niños vio el cuerpo de Adel camino a la escuela, justo cuando sus padres se dirigían a la comisaría para denunciar su desaparición.
Se reducía a una silueta grotesca y carbonizada, reclinada, con una rodilla en alto, como si estuviera tumbado, en una de las playas cercanas de Marsella.
Tenía 15 años cuando murió de una forma que aquí es habitual: un disparo en la cabeza, su delgado cuerpo rociado con gasolina y prendido fuego.
Alguien incluso filmó la escena en la playa, en la última de una escalofriante serie de asesinatos a tiros vinculados a la rápida evolución del narcotráfico en esta ciudad portuaria, cada vez más alimentado por las redes sociales y ahora marcado por actos de violencia aparentemente aleatorios y el creciente papel de los menores, a menudo obligados a participar en la venta de drogas.
Marsella, en estado de “psicosis”
“Ahora es un caos “, afirmó un pandillero escuálido, levantándose la camisa en un parque cercano para mostrarnos un torso marcado por las cicatrices de al menos cuatro balazos como resultado de un intento de asesinato por parte de una banda rival.
El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años.
“He estado en una pandilla desde los 15 años. Pero todo ha cambiado ahora. Los códigos, las reglas… ya no hay reglas. Nadie respeta nada hoy en día. Los jefes empiezan… a usar a los jóvenes. Les pagan miserias. Y terminan matando a otros sin ningún motivo aparente. Reina la anarquía en toda la ciudad”, aseguró el hombre, ahora de veintipocos años, quien nos pidió que usáramos su apodo, El Inmortal.
Policías, abogados, políticos y organizadores comunitarios en Marsella hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza.
“Hay un ambiente de miedo. Es evidente que los narcotraficantes dominan y ganan terreno cada día”, declaró una abogada local, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ella o su familia.
“El Estado de derecho está ahora subordinado a las bandas. Hasta que no tengamos un Estado fuerte de nuevo, debemos tomar precauciones”, puntualizó, sobre su reciente decisión de dejar de representar a las víctimas de la violencia de las bandas.
“Ya no hay reglas”
Durante el verano, varias ciudades francesas impusieron toques de queda nocturnos a los adolescentes tras una oleada de violencia relacionada con el narcotráfico.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo conversaciones el jueves para intentar responder a la crisis.
“Hay tanta competencia en el narcotráfico que la gente está dispuesta a todo”, aseveró el organizador comunitario Mohamed Benmeddour.
Y agregó: “Tenemos chicos de 13 o 14 años que vienen como vigías o traficantes. Los jóvenes ven cadáveres, oyen hablar de ellos, todos los días. Y ya no tienen miedo de matar ni de que los maten”.
El detonante de la actual psicosis en Marsella fue el asesinato, el mes pasado, de Mehdi Kessaci, un policía en prácticas de 20 años sin vínculos con el narcotráfico.
Se cree que su muerte pretendía ser una advertencia para su hermano, un destacado activista antipandillas de 22 años y aspirante a político llamado Amine Kessaci.
Bajo estrecha protección policial, Kessaci habló con la BBC sobre la muerte de Mehdi y la culpa que siente.
“¿Debería haber obligado a mi familia a irse de Marsella? La lucha de mi vida será esta lucha contra la culpa”, lamentó.
Amine Kessaci saltó a la fama en Francia en 2020 tras el asesinato de su hermano mayor, un pandillero llamado Brahim.
“Llevamos años con esta psicosis. Sabíamos que nuestras vidas pendían de un solo hilo. Pero todo cambió desde el covid-19. Los agresores son cada vez más jóvenes. Las víctimas son cada vez más jóvenes”, afirmó.
“Mi hermano pequeño fue una víctima inocente. Hubo una época en que los verdaderos matones tenían un código moral. No se mata de día. No delante de todos. No se queman cadáveres. Primero se amenaza con un tiro en la pierna. Hoy en día, todas estas reglas han desaparecido”.
La acción policial
Ante los actuales niveles de violencia sin precedentes, la policía francesa está respondiendo con lo que denominan “bombardeos” de seguridad en zonas de alta criminalidad de Marsella.
Aunque una banda, la DZ Mafia, parece dominar el negocio, opera una especie de sistema de franquicias con una red fragmentada de pequeños distribuidores, a menudo compuestos por adolescentes e inmigrantes indocumentados, que se enfrentan violentamente por territorio.
Según una estimación, hasta 20.000 personas podrían estar involucradas en el negocio de la droga en la ciudad.
El año pasado, las autoridades confiscaron a las bandas 42 millones de euros (unos US$49 millones) en bienes de origen delictivo.
Videos compartidos en redes sociales muestran habitualmente a miembros de las pandillas armados con rifles automáticos disparándose entre sí en las diversas cités de Marsella: barrios pobres caracterizados por edificios de gran altura y una gran concentración de viviendas sociales.
En una fría tarde de la semana pasada acompañamos a un grupo de policías antidisturbios armados en una de sus misiones habituales de “bombardeo”.
Los agentes se dirigieron a toda velocidad a un bloque de pisos en ruinas en sus furgonetas, mientras un joven pandillero que vigilaba la entrada huía a pie. Divididos en dos grupos, los policías corrieron por ambos lados del edificio intentando atrapar a los traficantes en las escaleras.
“El objetivo es desmantelar los puntos de venta de droga. Hemos clausurado más de 40… y hemos encerrado a mucha gente”, explicó Sébastien Lautard, jefe de la policía regional.
“Denle la vuelta”, ordenó un agente bruscamente, mientras su equipo acorralaba a un joven de 18 años contra una puerta.
En un sucio sótano cercano, la policía encontró docenas de viales y pequeñas bolsas de plástico utilizadas para distribuir cocaína.
Más tarde, un policía explicó que el joven detenido pedía ser arrestado, alegando que había llegado a Marsella desde otra ciudad y que ahora estaba retenido contra su voluntad y obligado a trabajar para una banda de narcotraficantes.
Los agentes se lo llevaron en una furgoneta.
Reclutamiento infantil
“Esto no es El Dorado. Tenemos muchos jóvenes reclutados en redes sociales. Vienen a Marsella pensando que ganarán dinero fácil. Les prometen 200 euros (US$233) al día. Pero a menudo terminan en miseria, violencia y, a veces, la muerte”, declaró el fiscal jefe de la ciudad, Nicolas Bessone.
En su oficina, cerca del antiguo puerto de la ciudad, Bessone describió una industria que alcanza un estimado de 7.000 millones de euros a nivel nacional (unos US$8.200 millones) y se caracteriza por dos novedades: un creciente énfasis en el reclutamiento, la venta y la entrega a domicilio en línea; y un número cada vez mayor de adolescentes obligados a participar en el negocio.
“Ahora vemos cómo los traficantes esclavizan a estos pequeños soldados. Crean deudas ficticias para que trabajen gratis. Los torturan si roban 20 euros para comprar un sándwich. Es ultraviolencia. La edad promedio de los agresores y las víctimas es cada vez menor”, afirmó Bessone.
Instó a la población local a no sucumbir a la psicosis, sino a “reaccionar, a rebelarse”.
La abogada, que nos pidió que ocultáramos su identidad, describió un caso que ella había llevado.
“Un joven, que se negaba rotundamente a formar parte de una red, fue recogido después de la escuela, obligado a participar en el tráfico de drogas, violado, amenazado y su familia también fue amenazada. Se utilizan todos los medios para crear una fuerza laboral”, declaró.
En TikTok decenas de vídeos con música anuncian la venta de drogas en las cités de Marsella “de 10:00 a medianoche”, cada producto con su propio emoji: cocaína, hachís y marihuana.
Otros anuncios buscan reclutar nuevos miembros de bandas con mensajes como “se busca trabajador”, “250€ para vigilantes”, “500€ para transportar drogas”.
¿Soluciones?
Para algunos políticos locales, la solución a los problemas de Marsella es el estado de emergencia y normas de inmigración mucho más estrictas.
“Hay que restaurar la autoridad. Necesitamos acabar con la cultura de la permisividad en nuestro país. Necesitamos dar más libertad y más poder a la policía y al poder judicial”, sentencia Franck Alissio, diputado local del partido populista de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y posible candidato a la alcaldía.
Aunque la antigua ciudad mediterránea de Marsella ha sido conocida durante siglos por su numerosa comunidad inmigrante, Alissio argumenta que “hoy en día, el problema es que ya no somos capaces de integrarnos económicamente ni asimilarnos. Hay demasiada inmigración. El problema es la cantidad (de inmigrantes). Y, de hecho, los narcotraficantes, los traficantes, los vigilantes, los líderes de estas mafias, son casi todos inmigrantes o extranjeros con doble nacionalidad”.
Es una afirmación controvertida y difícil de verificar en un país que se esfuerza por evitar incluir ese tipo de detalles en las cifras oficiales.
Alissio sostiene que los sucesivos gobiernos invirtieron miles de millones de euros en los barrios más pobres de Marsella sin ningún resultado. Culpa a los padres y a las escuelas por permitir que los niños se involucren en el narcotráfico, pero añade que su objetivo era “resolver el problema, no hacer sociología”.
Los partidos de extrema derecha han gozado durante mucho tiempo de un fuerte apoyo en el sur de Francia, pero no tanto en la diversa ciudad de Marsella. Críticos de RN, como la abogada cuya identidad hemos ocultado, acusaron al partido de “explotar la miseria y el miedo” y de culpar erróneamente a los inmigrantes de una “gangrena” generalizada en todas las comunidades de Francia.
Philippe Pujol, escritor local y experto en el narcotráfico en Marsella, también recibió protección policial tras el asesinato de Mehdi Kessaci el mes pasado.
“No estoy seguro de que haya una buena razón para este terror. Pero… el terror se está extendiendo. Prefiero tener miedo y ser precavido que correr riesgos innecesarios”, declaró.
Pero refutó las peticiones de una acción policial más contundente, argumentando que solo aliviaba los síntomas de una sociedad en crisis, en lugar de abordar las causas del problema.
Al describir la pobreza arraigada como un “monstruo”, Pujol pintó una imagen de una sociedad radicalizada por décadas de abandono.
“El monstruo es una mezcla de clientelismo, corrupción y decisiones políticas y económicas tomadas en contra del interés público”, opinó Pujol.
“Estos chicos pueden ser unos imbéciles cuando están en grupo, pero cuando estás a solas con ellos, siguen siendo niños, con sueños, que no quieren esta violencia”, aseguró.
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