El presidente Andrés Manuel López Obrador presume que la mitad de los egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) “se han quedado a trabajar en las empresas, en los comercios, en los talleres en donde se forman y les dan la capacitación”.
Así lo dijo en su Cuarto Informe de gobierno; sin embargo, no hay indicadores precisos sobre los jóvenes contratados desde 2019, año al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo referencia cuando advirtió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no acreditó contar con métricas e indicadores para determinar en qué medida se incrementó la empleabilidad de las y los jóvenes capacitados en el programa.
Desde el inicio del sexenio, la STPS ha ido cambiando las metas e indicadores del programa, según explicaron funcionarios de Coneval, y en el año del que hay cifras más sólidas, 2021, el dato fue de 35.4% de aprendices egresados que concluyeron su capacitación y que declararon en el cuestionario de salida haber adquirido su “primera experiencia en una actividad productiva”.
Es decir, tres de cada 10, y no la mitad de los aprendices, como planteó el mandatario, sin tener además más detalles sobre qué tipo de empleo pudo significar esta “primera experiencia”, durabilidad y tipo de contratación.
Ante cuestionamientos puntuales vía Transparencia, la Secretaría del Trabajo ha rechazado tener reportes estadísticos propios sobre el número de jóvenes contratados (solicitud 330027122001150), aduciendo que dicha “narrativa” de obtención de empleo no se ajusta al objetivo general del programa, que es “incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan”.
La dependencia sólo remite a un estudio que realizó con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), en el cual, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, se identificó lo ocurrido con 859 personas que participaron en JCF.
Dicho análisis proyectó que “durante los meses en que se levantó la encuesta, salieron del programa 139,353 jóvenes, de los cuales 64,428 encontraron trabajo, es decir, encontraron empleo el 46.2%”.
Los beneficiarios del programa, agrega el estudio, “tuvieron una empleabilidad del doble, si los comparamos con jóvenes que no eran parte del programa. En otras palabras, 5 de cada 10 jóvenes encontraron trabajo después de ser JCF”.
Esto coincide con lo dicho por el presidente. Sin embargo, en el documento de la Comisión se acotaron varios puntos sobre esas cifras.
Por ejemplo, que “la medición de impacto en el empleo tiene varias limitaciones al utilizar los datos de la ENIGH. El primero es que la encuesta sólo tiene información para seis meses durante 2020, es decir, se les pregunta a los hogares si recibieron ingresos por participar en el programa, si reciben ingresos laborales, entre otros tipos de ingresos. Sólo si se observa que en este periodo un joven beneficiario salió del programa (dejó de recibir el ingreso), se puede medir el impacto que pudo tener su participación”.
Y también que “analizar sólo seis meses es una restricción muy fuerte. Puede ocurrir que un beneficiario salga del programa en el mes tres y no encuentre trabajo en los próximos tres meses; si encuentra trabajo en el cuarto mes, no se refleja en el análisis. También existe la otra posibilidad, que un joven encuentra trabajo inmediatamente saliendo del programa y que en meses después sea despedido, esto tampoco se refleja en el análisis. No es posible corregir este sesgo, pero la medición de impacto nos da un panorama indicativo de los efectos del programa”.
En el documento del Cuarto Informe de Gobierno, la Secretaría del Trabajo refirió que entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, el número de jóvenes beneficiados con el programa alcanzó la cifra de 776 mil 656 beneficiarios.
Y en ese mismo periodo, con base en el cuestionario de egreso que responden los aprendices que concluyen satisfactoriamente sus 12 meses de capacitación, se supo que “al menos 32 mil 061 jóvenes egresados se colocaron en un empleo”.
Sin embargo, en el Tercer Informe de Gobierno no se encontró un indicador similar, que permitiera hacer comparaciones.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de aprendices egresados de JCF que adquirieron su primera experiencia en una actividad productiva mediante su participación en el Programa (respecto del total de aprendices egresados) fue de 35.4% en el 2021, de una meta planeada para ese año de 41.03%.
Los resultados se derivan de 69 mil 025 aprendices egresados que concluyeron su capacitación y declararon en el cuestionario de salida haber adquirido su primera experiencia en una actividad productiva mediante su participación en JCF, de 195 mil aprendices egresados que respondieron el cuestionario de salida en el año.
Este indicador estratégico es de reciente creación, pues apenas fue establecido por la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la STPS al haber sido registrado durante el ejercicio fiscal 2021.
El Sabueso consultó a José Manuel Silva Cabrera, director ejecutivo de Monitoreo de Políticas y Programas Sociales, y a Hugo Acuña Cruz, director de Monitoreo de Programas Sociales, ambos del equipo de monitoreo del Coneval, para comprender los indicadores del programa.
“Dentro de las áreas de oportunidad que detectamos para este programa es la claridad, no hay claridad en cuanto a qué significa un aprendiz egresado… ha sido muy dinámico este programa, porque tenía ciertos indicadores en 2019 que ahora ya no existen”, señaló Hugo Acuña Cruz.
En esto coincidió José Manuel Silva, refiriendo que “muy pocos indicadores son los que se han mantenido a lo largo de al menos tres años”.
En el documento de Evaluación de Diseño del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019-2020 se señaló que no existía una “definición operativa de las categorías empleabilidad e inclusión social, su uso en la enunciación del Fin genera incertidumbre sobre las contribuciones que se espera tener con el programa”.
Mientras que en julio de este año el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en la nota informativa Alcances del programa jóvenes construyendo el futuro 2019 – 2022, concluyó: “La pregunta que queda por responder es: qué porcentaje de la población que se ha capacitado a través del programa pudo efectivamente incorporarse a un trabajo formal, es decir, si se logró la inclusión laboral y, por tanto, social reduciendo su fenómeno de marginación”.
La meta planeada para 2022 era originalmente que el 32.4% de los jóvenes que participaran en el programa lograran su primera experiencia en una actividad productiva; sin embargo, hubo un ajuste reciente, para colocar la meta en 46.79%, según la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.
De nuevo, cifra cercana a la planteada por el presidente López Obrador, aunque aún no se difunde el nivel de cumplimiento de dicha meta. El Sabueso pidió esta cifra a la Secretaría del Trabajo, pero hasta la publicación de esta nota no habían respondido.
De acuerdo con el gobierno federal, JCF “vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro”.
El programa JCF dice beneficiar a la población que ha enfrentado dificultades para incorporarse en el mercado del trabajo, dando prioridad a jóvenes que viven en contextos de marginación alta o muy alta.
Sin embargo, de acuerdo con el reporte “Consideraciones para el proceso presupuestario 2023”, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el PJCF cumple “medianamente” con la no discriminación.
De acuerdo con el mismo reporte, JCF resuelve “ligeramente” el derecho a la seguridad social y “fuertemente” el tener un ingreso. Ya que durante la capacitación, de hasta por un año, los jóvenes reciben “un apoyo mensual y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo”.
El monto de la beca mensual otorgada a los jóvenes beneficiarios del programa equivale al salario mínimo y correspondió a 3 mil 600 pesos en el 2019, 3 mil 748 pesos en el 2020, 4 mil 310 en 2021 y 5 mil 258.13 en el 2022.
Del 2019 al 2022, para el PJCF, se ha aprobado un presupuesto de 107 mil millones 253 pesos, mientras que, del 2019 al 2021 se ha ejercido un total de 69 mil 299 millones.
La meta del programa, anunciada a inicios del sexenio, fue la de capacitar 2.3 millones de personas. Este año la STPS ya alcanzó esa meta, con un acumulado de 2 millones 320 mil 569 beneficiarios, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, ha anunciado que la meta se ampliará a más de 3 millones.
La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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