No hay claridad sobre cifra de Jóvenes Construyendo el Futuro que obtienen empleo
El presidente Andrés Manuel López Obrador presume que la mitad de los egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) “se han quedado a trabajar en las empresas, en los comercios, en los talleres en donde se forman y les dan la capacitación”.
Así lo dijo en su Cuarto Informe de gobierno; sin embargo, no hay indicadores precisos sobre los jóvenes contratados desde 2019, año al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo referencia cuando advirtió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no acreditó contar con métricas e indicadores para determinar en qué medida se incrementó la empleabilidad de las y los jóvenes capacitados en el programa.
Desde el inicio del sexenio, la STPS ha ido cambiando las metas e indicadores del programa, según explicaron funcionarios de Coneval, y en el año del que hay cifras más sólidas, 2021, el dato fue de 35.4% de aprendices egresados que concluyeron su capacitación y que declararon en el cuestionario de salida haber adquirido su “primera experiencia en una actividad productiva”.
Es decir, tres de cada 10, y no la mitad de los aprendices, como planteó el mandatario, sin tener además más detalles sobre qué tipo de empleo pudo significar esta “primera experiencia”, durabilidad y tipo de contratación.
Ante cuestionamientos puntuales vía Transparencia, la Secretaría del Trabajo ha rechazado tener reportes estadísticos propios sobre el número de jóvenes contratados (solicitud 330027122001150), aduciendo que dicha “narrativa” de obtención de empleo no se ajusta al objetivo general del programa, que es “incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan”.
La dependencia sólo remite a un estudio que realizó con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), en el cual, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, se identificó lo ocurrido con 859 personas que participaron en JCF.
Dicho análisis proyectó que “durante los meses en que se levantó la encuesta, salieron del programa 139,353 jóvenes, de los cuales 64,428 encontraron trabajo, es decir, encontraron empleo el 46.2%”.
Los beneficiarios del programa, agrega el estudio, “tuvieron una empleabilidad del doble, si los comparamos con jóvenes que no eran parte del programa. En otras palabras, 5 de cada 10 jóvenes encontraron trabajo después de ser JCF”.
Esto coincide con lo dicho por el presidente. Sin embargo, en el documento de la Comisión se acotaron varios puntos sobre esas cifras.
Por ejemplo, que “la medición de impacto en el empleo tiene varias limitaciones al utilizar los datos de la ENIGH. El primero es que la encuesta sólo tiene información para seis meses durante 2020, es decir, se les pregunta a los hogares si recibieron ingresos por participar en el programa, si reciben ingresos laborales, entre otros tipos de ingresos. Sólo si se observa que en este periodo un joven beneficiario salió del programa (dejó de recibir el ingreso), se puede medir el impacto que pudo tener su participación”.
Y también que “analizar sólo seis meses es una restricción muy fuerte. Puede ocurrir que un beneficiario salga del programa en el mes tres y no encuentre trabajo en los próximos tres meses; si encuentra trabajo en el cuarto mes, no se refleja en el análisis. También existe la otra posibilidad, que un joven encuentra trabajo inmediatamente saliendo del programa y que en meses después sea despedido, esto tampoco se refleja en el análisis. No es posible corregir este sesgo, pero la medición de impacto nos da un panorama indicativo de los efectos del programa”.
En el documento del Cuarto Informe de Gobierno, la Secretaría del Trabajo refirió que entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, el número de jóvenes beneficiados con el programa alcanzó la cifra de 776 mil 656 beneficiarios.
Y en ese mismo periodo, con base en el cuestionario de egreso que responden los aprendices que concluyen satisfactoriamente sus 12 meses de capacitación, se supo que “al menos 32 mil 061 jóvenes egresados se colocaron en un empleo”.
Sin embargo, en el Tercer Informe de Gobierno no se encontró un indicador similar, que permitiera hacer comparaciones.
Indicadores cambiantes
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de aprendices egresados de JCF que adquirieron su primera experiencia en una actividad productiva mediante su participación en el Programa (respecto del total de aprendices egresados) fue de 35.4% en el 2021, de una meta planeada para ese año de 41.03%.
Los resultados se derivan de 69 mil 025 aprendices egresados que concluyeron su capacitación y declararon en el cuestionario de salida haber adquirido su primera experiencia en una actividad productiva mediante su participación en JCF, de 195 mil aprendices egresados que respondieron el cuestionario de salida en el año.
Este indicador estratégico es de reciente creación, pues apenas fue establecido por la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la STPS al haber sido registrado durante el ejercicio fiscal 2021.
El Sabueso consultó a José Manuel Silva Cabrera, director ejecutivo de Monitoreo de Políticas y Programas Sociales, y a Hugo Acuña Cruz, director de Monitoreo de Programas Sociales, ambos del equipo de monitoreo del Coneval, para comprender los indicadores del programa.
“Dentro de las áreas de oportunidad que detectamos para este programa es la claridad, no hay claridad en cuanto a qué significa un aprendiz egresado… ha sido muy dinámico este programa, porque tenía ciertos indicadores en 2019 que ahora ya no existen”, señaló Hugo Acuña Cruz.
En esto coincidió José Manuel Silva, refiriendo que “muy pocos indicadores son los que se han mantenido a lo largo de al menos tres años”.
En el documento de Evaluación de Diseño del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019-2020 se señaló que no existía una “definición operativa de las categorías empleabilidad e inclusión social, su uso en la enunciación del Fin genera incertidumbre sobre las contribuciones que se espera tener con el programa”.
Mientras que en julio de este año el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en la nota informativa Alcances del programa jóvenes construyendo el futuro 2019 – 2022, concluyó: “La pregunta que queda por responder es: qué porcentaje de la población que se ha capacitado a través del programa pudo efectivamente incorporarse a un trabajo formal, es decir, si se logró la inclusión laboral y, por tanto, social reduciendo su fenómeno de marginación”.
La meta planeada para 2022 era originalmente que el 32.4% de los jóvenes que participaran en el programa lograran su primera experiencia en una actividad productiva; sin embargo, hubo un ajuste reciente, para colocar la meta en 46.79%, según la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.
De nuevo, cifra cercana a la planteada por el presidente López Obrador, aunque aún no se difunde el nivel de cumplimiento de dicha meta. El Sabueso pidió esta cifra a la Secretaría del Trabajo, pero hasta la publicación de esta nota no habían respondido.
Objetivos y presupuesto
De acuerdo con el gobierno federal, JCF “vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro”.
El programa JCF dice beneficiar a la población que ha enfrentado dificultades para incorporarse en el mercado del trabajo, dando prioridad a jóvenes que viven en contextos de marginación alta o muy alta.
Sin embargo, de acuerdo con el reporte “Consideraciones para el proceso presupuestario 2023”, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el PJCF cumple “medianamente” con la no discriminación.
De acuerdo con el mismo reporte, JCF resuelve “ligeramente” el derecho a la seguridad social y “fuertemente” el tener un ingreso. Ya que durante la capacitación, de hasta por un año, los jóvenes reciben “un apoyo mensual y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo”.
El monto de la beca mensual otorgada a los jóvenes beneficiarios del programa equivale al salario mínimo y correspondió a 3 mil 600 pesos en el 2019, 3 mil 748 pesos en el 2020, 4 mil 310 en 2021 y 5 mil 258.13 en el 2022.
Del 2019 al 2022, para el PJCF, se ha aprobado un presupuesto de 107 mil millones 253 pesos, mientras que, del 2019 al 2021 se ha ejercido un total de 69 mil 299 millones.
La meta del programa, anunciada a inicios del sexenio, fue la de capacitar 2.3 millones de personas. Este año la STPS ya alcanzó esa meta, con un acumulado de 2 millones 320 mil 569 beneficiarios, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, ha anunciado que la meta se ampliará a más de 3 millones.
Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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