Darle prioridad a CFE, ¿pero aumentando subsidios? Los puntos clave de la nueva reforma energética
Cambiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de empresas productivas del Estado a públicas, así como darle ventaja a la segunda en el mercado eléctrico son dos de los principales puntos de la reforma energética aprobada esta semana en el Senado, según explicaron especialistas a El Sabueso.
La reforma que modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y revirtió algunas disposiciones de la reforma energética de 2013 impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, es la continuación de los intentos del expresidente Andrés Manuel López Obrador de darle mayor control estatal a la industria eléctrica.
A mediados del sexenio pasado, López Obrador impulsó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que trató que la CFE tuviera preferencia en el despacho de energía eléctrica. Pero la reforma fue suspendida primero por jueces federales y finalmente la Suprema Corte la declaró inconstitucional en enero de 2024.
La actual reforma constitucional aún requiere de la aprobación de al menos 17 congresos estatales, aunque Morena y sus aliados son mayoría en 25 de las 32 legislaturas locales.
Legisladores federales que en 2013 eran del PRI, PAN, Partido Nueva Alianza (Panal) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y entonces votaron a favor de la reforma de Peña Nieto, actualmente, ya del lado de Morena y sus aliados, respaldaron el proyecto promovido por López Obrador. Además, las senadoras del PAN Gina Campuzano y Mayuli Martínez no participaron en la votación.
Pero, qué implica esto, cómo se traduce y qué impacto tendrá en el precio de la energía en el país. En El Sabueso consultamos especialistas para despejar las dudas:
De empresas productivas a empresas públicas
En la redacción del artículo 25 se cambiará la definición de Pemex y CFE de “empresas productivas del estado” a “empresas públicas”.
Con este cambio, según la exposición de motivos de la iniciativa impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, se busca destacar el objetivo social de estas empresas, que enfrentan problemas de deuda y pérdidas financieras.
“Se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado incorporado al texto constitucional por recomendaciones de organismos internacionales financieros de corte neoliberal, desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y reduciendo su finalidad a la mera obtención de utilidades y sin ninguna función social”, dice.
Fernando Zendejas, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que con ello se busca cambiar el enfoque de la empresa.
“Se le establece que la finalidad ya no es generar rentabilidad, sino proveer de servicios públicos. Y está muy centrada en CFE”, explicó.
Al respecto, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, detalló que esto no significa que la Constitución permita que estas empresas pueden operar con pérdidas y recurriendo a deuda, cosa que ya ocurre actualmente.
Aunque especialistas han advertido que los costos de generación eléctrica son más altos si por ley se da prioridad a la CFE, en lugar de apostar a la competencia en el mercado o generar mecanismos como subastas a largo plazo, que consideren también la compra de electricidad a privados.
“Lo que podemos leer en la exposición de motivos es que (para el expresidente), el tener que generar rentabilidad planteaba un estorbo en la planeación del modelo de negocios (de CFE). Ahora bien, históricamente estas dos empresas han generado pérdidas y han requerido subsidios, no han cumplido con la rentabilidad”, mencionó Moreno.
La reforma establece nuevos objetivos y orientación para el Estado en la planeación del sistema eléctrico nacional, como los de “preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía”.
En este sentido, los especialistas consultados por El Sabueso explicaron que la meta de reducir el precio de las tarifas eléctricas requiere de inversión de recursos financieros y se puede lograr por dos vías: con la renovación de las plantas de generación eléctrica y creación de nuevas instalaciones, o con subsidios para los usuarios.
Al respecto, en su conferencia del 9 de octubre Sheinbaum prometió que mantendrá los subsidios a las tarifas eléctricas, calculados en 83 mil millones de pesos para 2024. Del mismo modo, prometió que no habrá “gasolinazos”.
Sobre el gasto para mantener las tarifas sin alzas, la oposición acusó que se “subsidie la ineficiencia”, y que se margine la participación privada para obtener mejores costos energéticos.
La reforma, dijo la senadora de Acción Nacional Imelda Sanmiguel Sánchez, pretende “endosarle” a las y los mexicanos el déficit bajo el que operan Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Con esto, agregó, “se comprometerá el futuro de las siguientes generaciones, bajo el argumento nacionalista de la soberanía energética”.
Moreno explicó que otro de los cambios que contempla la reforma es que se elimina la obligación de operar con las mejores prácticas, aunque sea un requerimiento establecido en acuerdos comerciales como el T-MEC, o con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Al quitarle la obligación de seguir las mejores prácticas internacionales… y que su mandato sea la responsabilidad social por encima de la rentabilidad, y que no deben lucrar, entonces esto implica que sí tengan una sobrecarga de responsabilidades”, explicó.
Entre esas responsabilidades, la especialista de México Evalúa mencionó la participación en actividades humanitarias, o atender a la población ante desastres naturales.
CFE tendrá prevalencia
Otro de los cambios de la reforma es que la CFE tendrá prevalencia sobre los generadores privados de electricidad en el sistema eléctrico nacional.
“Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado”, dice el nuevo texto del artículo 27 constitucional.
Sobre este concepto, Moreno advirtió que como tal no se define claramente qué implica la prevalencia. Por lo que pidió esperar a lo que se establezca en las leyes secundarias.
Al respecto, Fernando Zendejas mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Energía, Luz Elena González, mencionaron en la conferencia mañanera del 9 de octubre que el objetivo de esta reforma es que la CFE mantenga al menos el 54% de la generación eléctrica del país, mientras que el sector privado represente máximo 46%.
“Ahí es donde le dan mucho margen a la ley secundaria para definir a qué se refiere con prevalecer”, advirtió Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Los tres especialistas consultados coincidieron en que esto puede comprometer los compromisos establecidos en el T-MEC, respecto a la neutralidad competitiva.
En el Capítulo 22 del acuerdo se establece que los países miembros del acuerdo deben permitir la competencia en igualdad de condiciones a las empresas de su país o de otras naciones, incluidas las empresas del Estado.
Por lo que establecer una proporción como la que ha mencionado la presidenta en las leyes secundarias iría en contra de este compromiso, así como de promesas similares en otros tratados comerciales, como el acuerdo con la Unión Europea.
“Una cosa que pudieran reclamar después es que en generación de electricidad, cuando firmamos estos tratados, no tenías un monopolio estatal y ahora lo estás queriendo establecer, estás cerrando un sector. Entonces pueden venir reclamaciones por ese lado”, ejemplificó Zendejas.
Además de la competencia, otra preocupación señalada por especialistas y la oposición es que con estas reformas se pueda afectar la generación de electricidad de energía limpia, al limitar la participación de privados que inviertan en producción eólica o solar, para darle prioridad a la CFE.
Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “regresiva, contaminante y obsoleta”.
Esto, dijo, por omitir la transición a combustibles limpios, aunque en ese sentido la presidenta Sheinbaum ha refutado que su gobierno hará inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía, que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero.
Se anulan los transitorios de la reforma de Peña
En el artículo tercero transitorio de la reforma aprobada por el Senado se establece además que se derogan todos los artículos transitorios de la reforma aprobada en 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Entre ellos están los referentes a las condiciones de las rondas petroleras o las subastas eléctricas, así como lo relacionado con la remoción de los funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, y las reglas de operación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Para Zendejas, esta decisión se hizo de manera preventiva para evitar que a través de juicios de amparo se pueda interferir con la aplicación de la nueva reforma.
“¿Qué es lo que buscan derogando todos esos transitorios? Pues que ya no hay argumento de que se esté incumpliendo el transitorio, ya no existe. Entonces, ya no hay agravio, no hay concepto de violación en un juicio de amparo y con eso, pues ya dejan sin la protección constitucional”, sostuvo.
Legisladores respaldaron antes la reforma energética de EPN
El Sabueso identificó que 11 legisladores que apoyaron la reforma energética de Enrique Peña Nieto, para abrir el sector energético a privados, ahora respaldaron la iniciativa morenista que revierte cambios de 2013.
Ellos son los diputados Roberto Armando Albores Gleason, entonces con el PRI, hoy del PT; Carlos Alberto Puente Salas, Ricardo Astudillo Suárez y Ernesto Núñez Aguilar del PVEM en ambas votaciones; Rocío Adriana Abreu Artiñano y Alma Marina Vitela Rodríguez, con el PRI en 2013, y Rincón Chanona Sonia, otrora del Partido Nueva Alianza; hoy las tres están con Morena.
También se ubicó a los senadores Luis Armando Melgar Bravo del PVEM en ambas votaciones; Maki Esther Ortiz Domínguez –en 2013 con el PAN– y María Del Rocío Corona Nakamura –antes del PRI– del PVEM; y Luis Fernando Salazar Fernández –con el PAN en 2013–, hoy de Morena.
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