El Pleno de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco el pasado 25 de marzo, denunciado por el delito de violación en grado de tentativa. Ante esto, se abrió la discusión de si el fuero constitucional debería reformarse o incluso eliminarse.
Un día después de esta votación, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar —quien votó a favor de que Blanco mantuviera el fuero— subió a la tribuna de la Cámara de Diputados para presentar la propuesta para eliminar el fuero político en México.
En la mañanera del 27 de marzo, Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto: “Sí creo que se debe discutir, hay que ponerlo a debate creo que sí, siempre estuvimos en contra del fuero y es algo que se tiene que poner a debate”.
Hablamos con los abogados Daniel Torres Checa, Bernardino Esparza y Carlos Prado, especialistas en derecho constitucional. Nos explicaron que el fuero es importante para proteger a los funcionarios de la persecución política, pero que se podría acotar para garantizar que no se use como escudo o garantía de impunidad ante el abuso de poder.
Por ejemplo, el abogado Prado nos explicó que se podría definir mejor si el fuero da protección en los casos de delitos cometidos antes de que alguien ocupe un cargo; además de especificar qué tipos de delitos no deberían estar cubiertos y dejar claro en qué casos el fuero puede evitar un juicio, y en cuáles no.
En el 2021 se publicó en el Diario de la Federación una reforma constitucional para modificar el fuero presidencial y ampliar el catálogo de delitos por los que se puede ser juzgado. Pero para que esto suceda la acusación deberá hacerse ante el Senado, donde se votaría si se acepta dicho proceso.
En esta nueva propuesta, el diputado Cuéllar aseguró que se busca proteger a los diputados, senadores y otros servidores locales en su derecho libre a opinar, el voto legislativo y la actividad parlamentaria. Pero sin que se les dé inmunidad ante denuncias presentadas en las fiscalías, el Ministerio Público o los poderes judiciales.
La última actualización que dio el diputado Ramírez sobre el estado de la propuesta, el 1 de abril, es que fue entregada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictaminación.
El fuero constitucional protege a algunos servidores públicos de ser procesados penalmente mientras están en su cargo, esto con el fin de evitar que se utilice la justicia como herramienta de presión política.
Hay dos formas principales de protección del fuero:
Este último punto es el que protege a algunos funcionarios de ser detenidos o procesados penalmente mientras ejercen su cargo. Los especialistas nos explicaron que además hay diversas discusiones e interpretaciones sobre qué conlleva esta inmunidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum, así como la dirigente de Morena Luisa Alcalde y diputados de Morena han argumentado que el que Blanco siga con fuero no afecta la investigación por parte de la Fiscalía de Morelos.
Además, el diputado se presentó el jueves pasado en las instalaciones de la Fiscalía de Morelos, para comparecer.
Los especialistas que consultamos coinciden en que, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, el fuero no impide que continúe la investigación. Pero algunos interpretan que no se le puede acusar penalmente mientras siga con esta inmunidad.
De acuerdo con el doctor Bernardino Esparza, el fuero sólo protege a los funcionarios por hechos cometidos durante su cargo. En el caso de Blanco, apunta el abogado, el delito ocurrió antes de ser diputado y no aplica la inmunidad, por lo que podría ser procesado aunque siga teniendo fuero.
Aunque por otro lado el maestro Daniel Torres Checa sostiene que, en la práctica, es necesario primero el desafuero para que haya un proceso penal.
El maestro Carlos Prado coincide en que si se quisiera proceder penalmente contra el diputado se tendría que iniciar primero un proceso de desafuero. Esto ya que, de acuerdo al especialista, la Constitución no especifica una temporalidad respecto a la inmunidad procesal.
Estas diferentes interpretaciones son las que se podrían debatir en una posible reforma al fuero, con el objetivo de definir mejor cómo debe ser utilizada esta figura, y así evitar abusos e impunidad.
Además de la prohibición de presentarse a cargos públicos, Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de los cuales serán suspendidos.
Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de Francia, fue declarada culpable de malversación de fondos europeos para financiar su partido.
El tribunal francés decidió inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante cinco años, con efecto inmediato, lo que significa que no puede presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027.
Además de la prohibición de presentarse a cargos públicos, Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de los cuales serán suspendidos.
Pero no se sabe si pasará tiempo en prisión o si tendrá otras restricciones, como el uso de un dispositivo electrónico.
Le Pen también recibió una multa de 100.000 euros (US$108.000).
Durante la lectura del veredicto, mientras el juez aún estaba dando los detalles de la sentencia, la líder de RN abandonó la sala.
El veredicto es un duro golpe para las ambiciones presidenciales de Le Pen, una política nacionalista y antiinmigrante que muchos veían como favorita en la carrera de 2027, a pesar de tres intentos fallidos anteriores.
El año pasado, la fiscalía declaró que el castigo para Le Pen no debería ser solo una multa de 300.000 euros (US$324.000) y una pena de prisión, sino también la inhabilitación para presentarse a cargos públicos durante cinco años.
Y lo más importante, el organismo afirmó que la inhabilitación debería entrar en vigor de inmediato y no suspenderse a la espera de la apelación que Le Pen previsiblemente presentaría si es declarada culpable.
Le Pen fue acusada, junto con más de 20 figuras importantes del partido, de contratar asistentes que trabajaban en asuntos del RN, y no para el Parlamento Europeo, que les pagaba.
Durante el juicio del año pasado, Le Pen negó haber cometido “la más mínima irregularidad”.
Hace un mes volvió a reiterar su inocencia: “No tengo absolutamente ninguna sensación de haber cometido la más mínima irregularidad o el más mínimo acto ilegal”.
Tanto ella como 24 miembros de su partido, incluidos nueve exdiputados del Parlamento Europeo y sus 12 asistentes parlamentarios, fueron declarados culpables de una vasta trama entre 2004 y 2016 para malversar fondos del Parlamento Europeo.
El llamado sistema de empleos falsos abarcó los contratos de asistentes tuvo una magnitud y duración sin precedentes, causando pérdidas de 4,5 millones de euros (US$4,8 millones) a los fondos públicos europeos.
Los asistentes pagados por el Parlamento Europeo deben trabajar directamente en asuntos parlamentarios de Estrasburgo, algo que, según los jueces, no había sido el caso.
Le Pen se ha postulado a la presidencia de Francia en tres ocasiones. En dos de éstas llegó a la segunda vuelta contra Emmanuel Macron.
Posteriormente Agrupación Nacional se ubicó como el partido con mayor número de votos en el parlamento tras las elecciones parlamentarias anticipadas, convocadas por Macron, en 2024.
Muchos pensaban que Le Pen tendría en 2027 su mayor oportunidad de ganar la presidencia con una plataforma contra la inmigración.
El partido ahora tendrá que decidir quién la sustituirá en la próxima carrera presidencial francesa.
Algunos creen que Jordan Bardella, de 29 años, el joven presidente del partido y miembro del Parlamento Europeo sería la principal alternativa.
Pero aunque goza de popularidad entre los votantes, se considera que tiene poca experiencia política.
Tras conocer el veredicto Bardella escribió en X:
“No solo Marine Le Pen ha sido condenada injustamente: es la democracia francesa la que ha sido ejecutada”.
Le Pen podrá conservar su puesto actual como diputada del Parlamento francés por Pas-de-Calais, pero no podrá presentarse de nuevo a futuras elecciones parlamentarias mientras dure su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Tras unas horas de tensión, tenemos un veredicto y una sentencia definitivos, y es lo peor que Marine Le Pen podría haber esperado.
Su inhabilitación de cinco años es, por supuesto, un terremoto. Tiene enormes implicaciones para ella, su partido y la democracia francesa.
Para ser justos, no fue solo ella quien no esperaba este veredicto. Muchos comentaristas declararon que sería una parodia de la democracia si la política más popular del país no pudiera presentarse a las elecciones presidenciales.
Incluso los peores enemigos de Marine Le Pen, como el líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon y el primer ministro François Bayrou, dejaron claro que consideraban que una inhabilitación inmediata sería injusta e imprudente.
Pero ha sucedido. Y ahora Agrupación Nacional tendrá que empezar a pensar en un Plan B para 2027.
B como en Bardella.
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