
Para las elecciones judiciales el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé instalar hasta 83 mil 997 casillas en la jornada del 1 de junio, pero, a diferencia de otros comicios, esta vez encontrarás múltiples novedades.
En El Sabueso te explicamos cómo va a ser la dinámica para votar desde que te entreguen las boletas; cómo operarán los tres tipos de casillas que instalará el INE —seccionales, seccionales únicas y especiales— y cómo van a contarse los votos.
En el caso de Durango y Veracruz habrá diferentes comicios el mismo día, por lo que se entintarán ambos pulgares de las personas que participen en las elecciones judiciales federales, locales y del poder ejecutivo a nivel municipal.
Una casilla seccional es el lugar físico al que una persona puede acudir para ejercer su derecho al voto, y elegir cargos del Poder Judicial de la Federación.
Su nombre se debe a que se instala al menos una en cada sección electoral. Y, de acuerdo con el glosario del INE, es una subdivisión de los distritos electorales en los que se divide el país para conformar padrones electorales y listas nominales.
Según el modelo aprobado por el INE y la aprobación de las reformas judiciales locales, habrá casillas seccionales en las siguientes 15 entidades: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Yucatán.
Contarán con cinco funcionarios de casilla propietarios: un presidente, dos secretarios y dos escrutador.
Se trata de aquellas que se instalan en las entidades donde habrá elecciones de cargos del Poder Judicial de la Federación y al mismo tiempo del Poder Judicial Local.
Con base en el modelo aprobado por el INE y la aprobación de las reformas judiciales locales, habrá casillas seccionales únicas en 17 entidades: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas.
“Ambos tipos de casillas se instalan, una al menos en cada sección electoral, siempre que tenga un listado nominal de 100 personas electoras o más”, establece el modelo aprobado por el INE.
Contarán con seis funcionarios de casilla propietarios: un presidente, dos secretarios y tres escrutadores.

Las personas electoras que estén en tránsito, es decir, fuera de la casilla seccional en la que les corresponde votar de acuerdo con su domicilio, pueden votar en casillas especiales.
“Se podrá instalar, por lo menos, una de estas casillas por distrito electoral judicial y el número de boletas a dotar en cada una, será de 1,000 (mil) para cada tipo de elección”, se lee en el modelo aprobado por el INE.
Es decir, habrá mil boletas para la elección judicial federal y otras mil para local.
Por entidades como Baja California y Sonora, Coahuila y Durango y Tabasco y Veracruz, que comparten distritos electorales judiciales, el INE estableció las siguientes reglas de votación en las casillas especiales:

Una vez que llega a su casilla, la persona electora pasará una sola vez a la mesa directiva para identificarse y recibir sus boletas. Les marcarán la credencial para votar y les entintarán el dedo pulgar derecho, con líquido indeleble.
El INE se encargará de que las boletas sean suficientes y también de distinguir por colores específicos las de la elección federal, y de los poderes judiciales locales.
Luego de que la persona electora haya votado, depositará sus boletas en una urna única, sin distinguir si es elección federal o local porque para esto ya se usan los colores. El objetivo es facilitar la colocación de los votos y reducir el tiempo en las casillas.
Dependiendo del número de personas electoras, puede haber dos urnas. “El depósito de los votos de los seis cargos federales, y en su caso, también de los cargos a elegir en el ámbito local, se realizará en dos urnas únicas por casillas seccionales únicas, a efecto de agilizar el flujo de votación y evitar cuellos de botella”, dice el modelo aprobado.

Además, en cada casilla el INE dispondrá de la cantidad necesaria de urnas vacías para sustituir la que se encuentre llena de votos durante la jornada del 1 de junio. Aproximadamente les caben mil 500 boletas de tamaño carta y media carta.
Las urnas donde se estén depositando los votos se deben forrar con el siguiente diseño para que las personas electoras puedan identificarlas, mientras que las que estén llenas deben resguardarse.

Luego del cierre de la votación, las personas funcionarias de la mesa directiva de las casillas realizarán únicamente la clasificación y conteo de votos, sin que, por el amplio número de cargos, se haga el escrutinio y cómputo.
Es decir, sólo agruparán los votos de cada cargo a elegir y contarán cuántos votos se emitieron para cada uno, pero no determinarán cuántos sufragios fueron para cada candidatura ni detallarán cuántas ciudadanas y ciudadanos votaron en la casilla, los votos a favor de cada candidatura, los votos nulos o las boletas sobrantes.
Por primera vez desde la creación del INE en 1990, en la elección judicial no serán los funcionarios de casilla los que hagan el cómputo y escrutinio de los votos en la casilla, como había ocurrido en todos los procesos electorales.
El 1 de junio, los votos serán trasladados a los Consejos Distritales, donde se llevará a cabo el cómputo para determinar cuántos votos obtiene cada candidatura. Los resultados no se conocerán horas después del cierre de las casillas, sino hasta 12 días después de las elecciones.
Para saber más: Elección judicial: por primera vez, la ciudadanía no contará los votos en las casillas
¿Qué pasará en estados donde hay otros procesos electorales?
En Durango y Veracruz convergerán las elecciones de los poderes judiciales federal y local, y de presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
Por lo tanto, se contempla instalar las casillas para votar por estos tres procesos electorales en el mismo lugar “siempre que estén en espacios diferentes, ya sea que estén separadas por la estructura del propio inmueble o por una distancia suficiente entre ellas (entre 20 a 50 metros), o en su defecto en un domicilio contiguo”, según el acuerdo aprobado.
Para evitar confusiones entre quienes sean funcionarios de casilla, el INE aprobó marcar con tinta indeleble ambos pulgares de las personas electoras en Durango y Veracruz
“En las casillas seccionales en las que se recibirá lo votación para la elección diversos cargos del PJF y, en su caso, la correspondiente al Poder Judicial Local, se entintará el dedo pulgar derecho de las personas electoras, mientras que en las casillas que se instalen en Durango y Veracruz para recibir la votación para la elección de ayuntamientos, deberá marcarse el dedo pulgar izquierdo de las personas que hayan emitido su voto”, menciona el acuerdo.

Las medidas tienen por objeto aumentar el control israelí sobre la Cisjordania ocupada en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
Los palestinos, varios países árabes, grupos israelíes contra la ocupación y Reino Unido han criticado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, diciendo que equivalen a una anexión de facto.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció las medidas que facilitarían a los colonos judíos la toma de control de tierras palestinas. “Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino”, afirmó.
Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania se consideran ilegales según el derecho internacional.
Las medidas, que se espera que sean aprobadas por el máximo comandante militar israelí en Cisjordania, tienen por objeto aumentar el control de Israel sobre el territorio en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
El anuncio se produjo pocos días antes de la reunión prevista este miércoles entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.
Los asentamientos en Cisjordania se expandieron el año pasado a su ritmo más rápido desde que se inició el seguimiento, según denunció la ONU.
Entre las nuevas medidas israelíes se encuentra la anulación de una prohibición vigente desde hace décadas sobre la venta directa de terrenos en Cisjordania a judíos, así como la desclasificación de los registros catastrales locales. Hasta ahora, los colonos solo podían comprar viviendas a empresas registradas en terrenos controlados por el gobierno de Israel.
Los ministros israelíes presentaron el cambio como “una medida que aumentará la transparencia y facilitará la redención de tierras”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó posteriormente que se trataba de corregir una “distorsión racista” que “discriminaba a los judíos, estadounidenses, europeos y cualquier persona que no fuera árabe en lo que respecta a la compra de bienes inmuebles en Judea y Samaria”.
El gabinete también decidió derogar el requisito legal que exigía la obtención de un permiso de transacción para completar cualquier compra de bienes inmuebles, reduciendo así la supervisión destinada a prevenir el fraude.
Los palestinos temen que estas medidas aumenten la presión entre los habitantes de Cisjordania para que vendan sus tierras, y que se produzcan actos de falsificación y engaño.
El presidente palestino, Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania, calificó las medidas de “peligrosas” y de “intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.
Pidió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran de inmediato.
La ONG israelí Peace Now afirmó que la decisión del gabinete ponía en peligro la Autoridad Palestina e implicaba la cancelación de acuerdos y la imposición de una anexión de facto.
Acusó al gobierno israelí de “romper todas las barreras posibles en el camino hacia el robo masivo de tierras en Cisjordania”.
Reino Unido se sumó a las críticas condenando “enérgicamente” la medida y pidió a Israel que revocara la decisión, afirmando que “cualquier intento unilateral de alterar la composición geográfica o demográfica de Palestina es totalmente inaceptable y sería incompatible con el derecho internacional”.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Qatar calificaron el anuncio como “una aceleración de los intentos de anexión ilegal y desplazamiento del pueblo palestino”.
En su declaración “advirtieron contra las continuas políticas expansionistas y las medidas ilegales aplicadas por el gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región”.
Los derechos sobre la tierra se encuentran en el centro del conflicto entre Israel y Palestina, y la venta de terrenos a colonos es un negocio turbio en el que a menudo intervienen intermediarios.
La Autoridad Palestina lo considera traición y, por lo tanto, técnicamente se castiga con la pena de muerte, aunque a los condenados se les suele imponer penas de cárcel.
Otras medidas controvertidas anunciadas por Smotrich, responsable ministerial de las políticas de asentamientos, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, incluyen la transferencia de la concesión de licencias de construcción exclusivamente a las autoridades israelíes en la Tumba de los Patriarcas y sus alrededores, un importante lugar religioso.
Conocida con este nombre por los judíos y como Mezquita de Ibrahim por los musulmanes, este lugar situado en el corazón de la volátil ciudad palestina de Hebrón es venerado por judíos, musulmanes y cristianos como el lugar de enterramiento de Abraham, Isaac y Jacob. Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo y el cuarto del islam.
Las nuevas medidas también otorgan a los organismos israelíes poderes de supervisión y ejecución en materia medioambiental y arqueológica en las zonas administradas por la Autoridad Palestina.
Además, se reactivaría un comité para permitir al Estado de Israel realizar compras “proactivas” de terrenos en Cisjordania, lo que se presenta como “una medida destinada a garantizar reservas de terreno para los asentamientos de las generaciones venideras”.
A raíz de los históricos Acuerdos de Oslo de 1993, la recién creada Autoridad Palestina recibió el control total sobre las zonas urbanas palestinas —aproximadamente el 20% del territorio— conocidas como Zona A.
En la Zona B, con un porcentaje similar, la Autoridad Palestina solo tenía control administrativo, mientras que Israel mantenía el control sobre la seguridad.
Israel conservaba el control total sobre la seguridad y la administración del 60% de Cisjordania, donde se encuentran los asentamientos, conocida como Zona C.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este (que Israel se ha anexionado), territorios capturados por Israel a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman esas tierras para su futuro Estado independiente, junto con la Franja de Gaza.
La Administración Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel.
En respuesta a la última medida, un funcionario de la Casa Blanca reiteró la oposición de Estados Unidos a la anexión, afirmando que “una Cisjordania estable mantiene la seguridad de Israel y está en consonancia con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”.
Smotrich, un colono que dirige un partido a favor de los asentamientos, ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.
En diciembre, el gabinete de Israel aprobó una propuesta para construir 19 nuevos asentamientos. Israel también se está preparando para iniciar la construcción de un polémico proyecto de asentamientos cerca de Jerusalén, conocido como E1, que dividiría efectivamente el norte y el sur de Cisjordania.
Según la ONU, solo en 2025 se desplazó a más de 37.000 palestinos, una cifra récord, en un año en el que, según la organización, también se registraron niveles sin precedentes de violencia por parte de los colonos israelíes.
La coalición gobernante de Netanyahu incluye a muchos miembros favorables a los colonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, con la que afirman tener vínculos religiosos e históricos.
El primer ministro, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, ha declarado que nunca aceptará la creación de un Estado palestino, ya que, según él, supondría una amenaza para la seguridad de su país.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, emitió un dictamen consultivo no vinculante en el que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos era ilegal y debía terminar.
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