Playeras, chetos y peluches: ¿Qué sí y qué no pueden regalar las y los candidatos en campaña?
Gorras, mochilas, playeras y hasta naranjas. Las personas candidatas dan de todo para ganar el voto, pero, ¿qué es legal que ‘regalen’ y qué no?
En El Sabueso investigamos y encontramos que existe una legislación que establece lineamientos para la propaganda impresa y delimita cómo pueden ser los artículos promocionales utilitarios que entreguen las candidaturas.
Te contamos:
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La última modificación a la Ley fue en 2014
Actualmente, el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece lineamientos de qué se puede obsequiar a la ciudadanía.
Para los impresos, detalla que se tienen que hacer:
- Con materiales no nocivos para la salud
- Que no dañen el ambiente
- O con material reciclable o biodegradable.
Además de que los partidos y candidaturas tienen que presentar un plan para reciclarlos.
Por otro lado, sobre los artículos promocionales utilitarios se detalla que son:
“Aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye”.
Además, el mismo artículo de la LGIPE advierte que la entrega de un objeto diferente que ofrezca un beneficio en efectivo o en especie a las personas puede ser causa de sanción.
¿Qué SÍ pueden entregar las y los candidatos?
A partir de la LGIPE, el INE planteó un reglamento de fiscalización donde enlista de manera enunciativa lo que se puede entregar a la ciudadanía durante las campañas electorales:
- Gorras
- Playeras
- Camisas
- Chalecos
- Chamarras
- Banderas y banderines
- Sombrillas y paraguas
- Otros similares elaborados con material textil
Otros artículos que también se regalan en campañas son bolsas reutilizables, como las que obsequia Santiago Taboada, candidato al gobierno de la CDMX, así como peluches, como los que regaló Sandra Cuevas a principios de marzo.
Según Jesika Velázquez, especialista en derecho electoral, estos artículos cumplen con lo mencionado en la Ley por estar fabricados con textiles.
A ellos se suman los artículos de propaganda impresa que cumplan con las características establecidas en la LGIPE, como volantes, tarjetas, estampas o folletos.
¿Qué NO pueden entregar las y los candidatos?
De acuerdo con la Ley, cualquier tipo de material que ofrezca o entregue beneficios directos, indirectos, mediatos o inmediatos, en especie o efectivo, a través de cualquier vía que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por la o el candidato o por una tercera persona está prohibida.
Es decir, todo aquello que no cumpla con las definiciones de los impresos o los artículos utilitarios. Sin embargo, se tiene que analizar caso por caso, detallaron las especialistas consultadas.
Por ejemplo, en 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la entrega de despensas es violatoria de lo que marca la LGIPE por representar “entrega de un beneficio en especie”.
En contraste, en 2018, el mismo Tribunal resolvió que la entrega de una botella de agua con propaganda impresa de una candidatura no se puede considerar contra la Ley. Ello porque la botella de agua con propaganda impresa no corresponde a un artículo utilitario por ser desechable.
“En el caso de las botellas de agua con propaganda electoral, se consideraron que no son artículos promocionales utilitarios porque son consumibles en el instante, como los dulces o algún producto de naturaleza similar. Entonces, a grandes rasgos, caso por caso se tiene que llevar ante el Instituto Nacional Electoral”, explicó Velázquez a El Sabueso.
Mientras que en 2021, candidatos a los gobiernos de San Luis Potosí y Nuevo León como Ricardo Gallardo y Adrián de la Garza entregaron a la ciudadanía tarjetas de cartón o plástico como parte de la promesa de recibir un programa social o un beneficio económico.
Tras esos hechos, abogados solicitaron a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE investigar la entrega de estas tarjetas como una forma de compra de votos.
Y si bien en la LGIPE la entrega de materiales que representen un beneficio mediato o inmediato se interpretará como presión para la obtención del voto, ante estas denuncias, el entonces consejero electoral Ciro Murayama aclaró que al tratarse de una promesa de campaña, no puede considerarse como tal.
“Lo que está prohibido es entregar dádivas o condicionar el voto a que se entregue dinero, algún servicio”, explicó. “Hay quien hace propaganda entregando cartoncillos o plásticos pero si no se entrega dinero, esto en sí mismo no constituye una infracción. El mero hecho de usar las tarjetas como propaganda, el propio Tribunal lo ha avalado”, comentó.
Entonces ¿se pueden obsequiar chetos o hot dogs?
En su primera semana de campaña, la aspirante al Senado de Movimiento Ciudadano (MC) Sandra Cuevas regaló naranjas acompañadas de un mensaje con su nombre y su partido.
Dicha acción la hizo, según sus palabras, para evitar la producción de propaganda que terminaría generando contaminación.
“Hoy iniciamos una nueva actividad, el naranjeo. En lugar de estar llenando las calles de basura electoral, pendones, lonas, posters, lo que vamos a hacer es entregar estas naranjas. Mejor disfruten una naranja, tengan alegría, no contaminamos y cuidamos tu salud”, dijo en un video difundido el 6 de marzo.
Al respecto, El Sabueso consultó a especialistas en temas electorales, quienes explicaron que esta práctica está fuera de la Ley, por tratarse de un artículo que no corresponde con la propaganda que se puede entregar.
“El numeral 5 dice que la entrega de cualquier tipo de material diferente al textil está prohibida. Estas actividades promocionales son conductas que pueden ser sancionadas. Se pueden presumir como un indicio de presión para obtener el voto “, comentó Luz María Puig, especialista en temas electorales.
Entre las sanciones se contemplan la amonestación pública, una multa económica o el retiro del registro de la candidatura.
Sin embargo, para ello se requiere una queja por alguno de los partidos o coaliciones rivales ante el órgano electoral. Y por separado una denuncia ante el Tribunal Electoral, el cual podrá sancionar.
El Sabueso consultó al INE para saber si se había presentado algún recurso contra la candidata de MC y hasta ahora no se registra ningún recurso.
Durante mítines realizados en marzo de Sandra Cuevas, se obsequiaron peluches y la propia candidata repartió hot dogs.
Entre el 26 y 27 de marzo se viralizaron imágenes de bolsas de chetos con estampas que promovían a los candidatos Sandra Cuevas y Salomón Chertorivski.
De acuerdo con Velázquez, este tipo de obsequios lo más probable es que se considere que no violen la ley por ser productos que representan un bien pasajero, como pasó con las botellas de agua en 2018.
“La naturaleza de una botella de plástico era que su uso y el goce y la tenencia del producto se iba a agotar en el momento en el que tomaras el agua. Es decir, un dulce, alguna comida, por ejemplo de los chetos, un caramelo, etcétera, así como el agua, se consumen en el momento”, comentó.
El Sabueso consultó con el equipo de ambos aspirantes de MC respecto de estas bolsas de frituras y respondieron que no se repartieron por parte de la campaña y que no conocían su origen.
No obstante, representan aportaciones. En estos casos, explicó Puig, si se trata de donativos en especie de parte de simpatizantes, se tendrían que identificar y registrar ante el INE.
“Hay modalidades de apoyo, económicas o en especie, estas se pueden hacer pero no deben ser anónimas. Deben ser identificables y no deben de provenir de fuentes ilícitas. Sí las pueden hacer pero ellos deben saber de dónde provienen”, dijo la especialista.
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El nuevo gobierno de Donald Trump ha lanzado una serie de operaciones para la detención migrantes. Entre sus objetivos están las “ciudades santuario”, ¿qué son?
Hay ciudades a lo largo de Estados Unidos que se autodenominan “santuario”.
Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago o Atlanta son algunas de las urbes con una alta presencia de migrantes indocumentados que tienen políticas locales más amigables hacia la migración que otras partes del país.
Pero, al igual que sucedió durante su primer gobierno, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca presenta un desafío a eso.
El presidente ha prometido implementar una dura política de deportación de indocumentados con el objetivo de expulsar del país a un millón de personas. Y tanto él como sus altos funcionarios han puesto en la mira a tales ciudades santuario.
Chicago es una de las primeras. El gobierno de Trump activó los primeros operativos y redadas para detener y deportar a indocumentados en esa ciudad del norte del país. Pero también durante el fin de semana se vieron en Atlanta, Denver, Miami y San Antonio.
¿Qué implica que una ciudad se autodenomine “santuario” y en qué puede beneficiar a los indocumentados realmente?
La cuestión de la colaboración
El término de “santuario” de estas ciudades viene de la Edad Media, cuando los monasterios eran un santuario o protección a caminantes que se querían proteger de maleantes o gente que sufría persecución esclavista. Pero en EE.UU. se empezó a usar a finales del siglo XX.
“En los años 80 y 90 renace por algunos miembros religiosos y activistas que ayudan a migrantes de El Salvador o Guatemala a escapar de regímenes dictatoriales y entrar a EE.UU. y estar en comunidades seguras, en ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Washington”, le explica a BBC Mundo el sociólogo Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington DC.
Con el movimiento de esos años por los derechos de los inmigrantes, que se inspiró en luchas de Francia y otros países, en EE.UU. algunos activistas empezaron a referirse a esas ciudades con mucha población indocumentada como “santuarios”.
“Es una autodeclaración simbólica. No tiene ninguna definición legal, no hay una ley federal ‘santuario’ que diga qué es legal, qué es ilegal. Es caso por caso. Pero son ciudades donde se aspira a la tolerancia para las poblaciones extranjeras, de minorías e indocumentadas”, aclara Castañeda.
Desde entonces, autoridades de grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles comenzaron a adoptar políticas más amigables con esos migrantes, siendo una de las principales el tipo de colaboración que tienen con las agencias federales de migración.
Cuando un indocumentado es detenido por la policía local, hay dos opciones: verificar su estatus migratorio y notificarlo a las autoridades de la materia, o no hacerlo.
“En Nueva York, por ejemplo, no es requisito que si alguien es detenido y no tiene documentos, se le dé aviso inmediato a las autoridades federales. Pero las autoridades migratorias sí pueden pedir que la persona sea retenida”, explica Castañeda.
Otras ciudades, principalmente de gobiernos republicanos del sur del país, sí buscan el procesamiento de los indocumentados a través de las agencias federales.
“La cuestión es si las policías esperan a esas autoridades federales para entrevistar e iniciar casos de deportación, o si la gente es puesta en libertad si no es culpable de algún delito grave. Ahí es donde hay discreción”.
Debido a que cada autoridad estatal o local tiene sus propias leyes y políticas, cada corporación de policía local -incluso entre las de una misma metrópoli- puede o no colaborar con las agencias federales de migración.
La policía de la ciudad de Los Ángeles es diferente a la de la ciudad de Santa Mónica, siendo que están en la misma metrópoli. Al igual que los alcaldes, los jefes de policía pueden seguir sus propias normas.
Castañeda incluso indica que entre los propios agentes de policía hay discreción, y hasta entre las mismas oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cada localidad.
Sin embargo, el gobierno de Trump -y de otros republicanos en el pasado- busca que existan la máxima coordinación y colaboración posibles.
No es un blindaje absoluto
Cuando un indocumentado vive en una ciudad santuario, si bien puede esperar facilidades para hacer gestiones ante la autoridad sin involucrar la comprobación de su estatus migratorio, no es garantía de que agentes federales no puedan ejercer sus funciones.
Si un indocumentado es detenido por algún delito, las autoridades migratorias que lo lleguen a saber tienen derecho a iniciar un proceso. También pueden hacer redadas en sitios como empresas o lugares públicos, así como en viviendas privadas.
“En el Estados Unidos contemporáneo no ha habido una ciudad verdaderamente ‘santuario’, donde no entren las agencias federales como ICE para deportación. No es verdad que una persona indocumentada llegue ahí y pida asilo y que no la puedan deportar”, señala Castañeda.
Asegura que es algo que muchos migrantes indocumentados saben: “Que si están en un estatus de indocumentado y tienen órdenes de deportación, tienen mucha desconfianza de todas las policías, no quieren cometer ningún delito, tratan de no conducir ni salir para no enfrentarse a alguna autoridad. Manejar en estado de ebriedad o algo así los puede llevar a la deportación”.
Sin embargo, las críticas de Trump y otros políticos republicanos han sido constantes sobre una supuesta “protección” a los indocumentados que hacen gobiernos demócratas en ciudades santuario.
También critican que estos migrantes puedan hacer uso de programas de apoyo o salud, o que son favorecidos por recursos públicos.
“Los migrantes usan menos programas de bienestar que otros grupos. Pagan más impuestos y jubilación que nunca piden cuando se retiran, porque han usado números de seguro social falsos o se van del país”, expone Castañeda, coautor del libro Immigration realities: Challenging Common Misperceptions (“Realidades de la inmigración: Desafiando las percepciones erróneas comunes”).
“No piden devoluciones de impuestos sobrepagados. Y muchos no tienen derechos a programas de asistencia por temor a exponerse”, añade.
El hecho de que las ciudades santuario no cooperen con agencias migratorias también implica un diferendo en cuanto a la obtención de recursos del gobierno federal.
La Casa Blanca puede favorecer a autoridades estatales y locales que sí ayuden a sus políticas migratorias.
Gobiernos republicanos, como el de George W. Bush o el primero de Donald Trump, usaron normativas como la “Sección 287g” para incentivar con recursos a autoridades locales para ejercer tareas federales como la revisión del estatus migratorio.
Chicago en la mira
En su primer día de gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas sobre migración que incluían la derogación de una ley que prohibía a los agentes federales buscar indocumentados en iglesias, escuelas y hospitales, lugares que antes eran considerados “sensibles” y que debían permanecer exentos de redadas migratorias.
Tom Homan, uno de sus jefes en la estrategia contra los indocumentados que ha sido llamado el “zar de la frontera”, aseguró que una de las primeras ciudades en tener búsqueda y captura de estos migrantes sería Chicago.
La ciudad y el estado son gobernados por demócratas. El alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker han sostenido que respaldan las leyes de ciudades santuario, conocidas como ordenanzas de “Ciudad Acogedora”.
Pero el domingo fueron ejecutadas operaciones migratorias en Chicago por parte de múltiples agencias, con la presencia de altos funcionarios en la ciudad para supervisarlas.
Múltiples fuentes dijeron a CBS News, socio de la BBC en EE.UU., que el objetivo eran migrantes con órdenes de arresto activas.
Pero desde la llegada de Trump al poder, existe la preocupación de que no se limite a aquellos ya sujetos a un proceso, sino que se aplique a todos los indocumentados en general para lograr los grandes números prometidos de cientos de miles de deportados en su gobierno.
Incluso una iglesia dejó de ofrecer misas en español ante el temor de que migrantes latinos sean objetivo de agentes.
“Ya tenemos niños que están empezando a tener miedo de ir a la escuela y no encontrar a sus padres cuando vuelvan a casa… No queremos poner a ningún miembro de nuestra congregación en el riesgo de ser deportado”, le dijo a BBC Mundo la reveranda Tanya Lozano hace unos días.
Castañeda sostiene que “lo que está haciendo ahora el llamado ‘zar de la migración’, Homan, es viajar a ciudades como Chicago a observar cómo funcionan las oficinas locales de ICE y a poner presión sobre las autoridades locales a través de medios con amenazas para hacer redadas”.
“En La Villita, un barrio muy mexicano y muy latino en Chicago, la gente tiene miedo. Y se ve que hay menos actividad económica y presencia en las calles, más allá de la temporada de frío. Después de todo, si llega ICE no hay mucho que el alcalde pueda hacer para evitar redadas”, añade.
Otras ciudades que también registraron redadas u operativos de agentes federales durante el fin de semana fueron Denver, Houston, San Antonio, Miami y Atlanta.
Sin embargo, Castañeda precisa que hasta ahora no se ha visto algo a una escala muy diferente a lo que ya ocurrió en el pasado, incluso durante gobiernos demócratas en la Casa Blanca.
“Las deportaciones han existido, incluidas las de Joe Biden o las de Barack Obama, que eran muy grandes. Pero había menos seguimiento mediático del día a día de estas deportaciones. Y ahora por lo pronto los números son similares, pero hay mucha más atención del público hacia lo que está pasando y cómo se está haciendo”, señala el especialista.
“Pero parece que sí quiere hacer algo a mayor escala, a mayor velocidad, con más agresividad”.
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