Delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos por los que detuvieron a Guillermo “Billy” Álvarez
El expresidente de la Cooperativa Cruz Azul y de su club de futbol homónimo Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas fue detenido en la Ciudad de México este jueves, después de haber pasado más de cuatro años prófugo de la justicia.
Álvarez Cuevas, de 79 años, fue presidente de la cooperativa dedicada a la producción de cemento durante 32 años hasta 2020, cuando le giraron una orden de aprehensión por la presunta comisión de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La cementera fue fundada en 1881 por empresarios ingleses en Jasso, Hidalgo. En 1931, pasó a manos de un grupo de trabajadores, quienes decidieron transformarla en una sociedad cooperativa, gobernada por una asamblea general con la participación de todos los socios. Además, es propietaria del Club de Futbol Cruz Azul, el cuarto con más títulos de la liga profesional de futbol masculino en México.
La tarde de este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención en la Ciudad de México Álvarez Cuevas, quien fue trasladado al Reclusorio Norte.
En El Sabueso te presentamos más detalles sobre este caso:
¿Por qué detuvieron a “Billy” Álvarez?
Guillermo Álvarez Cuevas tenía en su contra órdenes de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en el orden federal.
Además, a principios de enero de 2025, la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión contra “Billy” Álvarez por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta al frente de la Cooperativa. Esta investigación también contempla a Ángel Junquera Sepúlveda, exabogado de la Cooperativa y quien en julio de 2024 se presentó como testigo colaborador; así como a su hermano, Alfredo Álvarez Cuevas, y Víctor Manuel Garcés Rojo, su cuñado.
La primera causa contra “Billy” Álvarez comenzó en 2019, cuando un grupo de cooperativistas disidentes lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otros directivos de la compañía, entre ellos su hermano, quien había sido vicepresidente y director de planeación de la empresa; y el propio Garcés, exdirector jurídico, por el uso de recursos de procedencia ilícita.
La FGR solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que identificó transferencias millonarias a empresas que estaban en la lista de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) del SAT –conocidas como factureras– por más de 300 millones de pesos. Dichas operaciones se habrían realizado entre 2016 y 2017.
Entre las empresas a las que habrían transferido el dinero se encuentran Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Kerala, Asesorías Profesionales Eicer, K & C Consulting. En una entrevista de radio, el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que además se investigaban transferencias al extranjero por más de 1,300 millones de pesos.
En mayo de 2020, se dio a conocer la investigación contra “Billy” Álvarez luego de que las autoridades congelaron las cuentas de la Cooperativa Cruz Azul, así como de los denunciados.
“Billy” Álvarez promovió un amparo para, entre otras cosas, descongelar sus cuentas, aunque sólo logró liberar las de la Cooperativa. Ante la investigación, su hermano Alfredo se presentó ante las autoridades como testigo colaborador, e incluso entregó pruebas de la responsabilidad de “Billy” en las operaciones con factureras.
En julio de 2020, Álvarez se presentó ante la UIF para aclarar los señalamientos en su contra, en busca de quedar exonerado. Pero a finales de ese mes, un juez giró una orden de aprehensión en su contra.
El 1 de agosto de 2020, “Billy” presentó su renuncia como presidente de Cruz Azul y desde entonces se mantuvo prófugo de la justicia. Incluso, el gobierno mexicano pidió apoyo de la Interpol para dar con el exdirectivo.
Tras la renuncia de Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Velázquez fue designado como presidente de la Cooperativa, y quedó también al frente del Club de futbol. En tanto, Víctor Garcés fue detenido en 2022 y permanece en el Reclusorio Norte.
La batalla legal se extendió por varios años a la par de la ausencia del expresidente de Cruz Azul, quien promovió diversos recursos para evitar su detención. Pero en mayo de 2024, un juez federal reactivó la orden de aprehensión contra Álvarez Cuevas, misma que se hizo cumplir este jueves.
Esta tarde, la Cooperativa Cruz Azul difundió un comunicado en el que celebró la aprehensión de su exdirigente.
“Es resultado de las diversas órdenes de aprehensión emitidas en su contra por el daño causado al patrimonio de nuestra empresa”, se lee en el mensaje.
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Las pruebas contra Trump por intentar anular el resultado electoral en 2020 fueron “suficientes para obtener y mantener una condena”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense.
Las pruebas contra Trump fueron “suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
Trump respondió diciendo que Smith estaba “trastornado” y que sus hallazgos eran “falsos”.
El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones.
Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero.
Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado.
Smith dice en el informe que “respalda plenamente” los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso.
El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso.
“Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”.
Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota.
Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró.
• Justifica el caso contra Trump acusándolo de “esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder” mediante “amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores“.
• Los “esfuerzos criminales” de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega.
• El informe detalla los “desafíos importantes” que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia.
• Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: “La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula”.
• Smith reflexiona además en una carta adjunta: “Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante”.
El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith.
La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida.
En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal “no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante”.
Trump añadió: “¡¡¡LOS VOTANTES HAN HABLADO!!!”
Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses.
En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden.
Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente.
Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio.
El informe explica: “La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente.”
Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: “Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente”.
La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados.
Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos.
A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.
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