‘Me malgenerizaron’: Expulsar del baño o negarle la entrada a personas trans es discriminación y es ilegal
Cuando Laura Glover entró a uno de los baños de mujeres en la Cineteca Nacional, personal de seguridad le pateó la puerta, a gritos le pidió que se saliera y le llamó “señor”, invalidando su identidad de género. Lo mismo le dijeron funcionarios administrativos cuando acudió a quejarse.
Desde el 12 de septiembre, fecha en la que ocurrió su caso, sus videos se hicieron virales en redes. Esto trajo consigo desinformación y odio, incluso por parte de funcionarios públicos.
Legisladoras panistas como Lilly Téllez y Ana Villagrán aseguraron en X, antes Twitter, que expulsar del baño o negarle la entrada a personas trans no es discriminación, a pesar de que constitucionalmente está prohibido y de que discriminar sí es un delito.
En El Sabueso entrevistamos a mujeres trans y activistas como la propia Laura Glover, Láurel Miranda y Victoria Sámano para explicarte por qué tienen derecho a que su identidad de género sea reconocida y, por ende, a entrar a baños de mujeres.
Las mujeres trans son mujeres
La identidad de género es la autopercepción que una persona tiene de sí misma. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se trata de la forma individual de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo u orientación sexual, e incluye la libertad de modificar la apariencia a través de roles de género (el nombre, la vestimenta y los cortes de cabello), técnicas médicas o quirúrgicas.
Las mujeres trans son mujeres simplemente porque así se autoperciben. El derecho humano a la identidad es universal y está reconocido a nivel internacional y nacional.
“No somos personas disfrazadas, nuestra forma de vida no es un engaño. Las mujeres trans tienen que entrar al baño de las mujeres, de toda la diversidad de mujeres que hay”, menciona Laura Glover.
Además, en 2014 la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en aprobar el cambio de identidad de género a las personas trans, para que que el nombre y el género asentados en documentos oficiales coincidan con la manera en la que se autoperciben.
Sin embargo, la senadora Lilly Téllez publicó en X que “los baños de mujeres son para mujeres”, negando la identidad de género de las mujeres trans. Y la diputada Ana Villagrán empleó el término de “mujeres biológicas”.
“No hay ser vivo en este planeta que no sea un ser biológico. Cualquier mujer es una mujer biológica, cualquier hombre es un hombre biológico, cualquier persona es una persona biológica”, explica al respecto Láurel Miranda y añade que lo correcto es hablar de mujeres cisgénero, es decir, aquellas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer.
Para saber más: Ya no te hagas bolas: qué es *sexo, género, identidad de género y la orientación sexual*
Expulsar del baño o negarle la entrada a personas trans es discriminación
La Cineteca Nacional emitió un comunicado en el que se disculpó por “el acto de intolerancia” a Laura Glover. Mientras que Geraldina González, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), publicó en X que impedir el acceso a un baño a las mujeres trans o sacarlas con violencia es discriminación.
“Fue un acto de discriminación que se basa en nuestra identidad para negarnos el acceso a un servicio básico, en este caso, el baño. Y además no es una cuestión solamente de género, sino también es una cuestión de clase y de raza. Porque dudo mucho que esto le pueda suceder a mujeres trans que se encuentran en otras posiciones”, dice Victoria Sámano.
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohibe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
A nivel local, el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal contempla a la discriminación como un delito contra de la dignidad de las personas. Asimismo, en 2022 el Congreso de la Ciudad de México aprobó sancionar por la vía administrativa cualquier acto de discriminación.
Las mujeres trans entrevistadas coinciden en que legisladoras como Lilly Téllez y Ana Villagrán no sólo están desinformando, también están discriminando y generando odio.
“Cuando una senadora como Lilly Téllez señala que las mujeres trans no pueden entrar a los baños públicos podríamos catalogarlo como un acto de discriminación pero ¿cuál es el impacto de que sea una figura de la esfera política? Es muy amplio porque los medios de comunicación replican sin problematizar, sin contrastar”, expresa Miranda.
No es un caso aislado, es violencia estructural
Lo que vivió Laura Glover no es un hecho aislado: a 51% de la población de la diversidad sexual le han impedido el uso de baños públicos acordes con su identidad de género, según la Encuesta Sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig) 2018.
En enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció en un comunicado que analizaría un caso en el cual a dos personas transgénero les solicitaron identificación para poder entrar al baño de mujeres en un centro comercial.
En abril de 2022, Lo Coletti, una mujer trans, acusó en X (Twitter), que en Cinemex de Reforma 222 una trabajadora que entró al baño de mujeres la llamó ‘caballero’ y le pidió que se saliera porque “había personas con sus hijos”.
Para más información: Mujer trans denuncia transfobia en Cinemex; la cadena se disculpa a medias un día después
“La violencia que yo viví en ese baño en realidad fue la punta del iceberg de una violencia estructural, que es también una violencia institucional”, sostiene Glover.
La activista desmiente que el área directiva como administrativa actuaran de manera inmediata, como aseguró la Cineteca Nacional en un comunicado.
“Es una falacia que hayan actuado inmediatamente, porque como te decía, el ataque de odio fue muy prolongado. Yo me decía ¿dónde están las verdaderas autoridades con quienes puedo tener un diálogo? Me malgenerizaron, me hablaron hasta el último segundo de hombre”, lamenta.
Malgenerizar, acota Laura, quiere decir que llamen a alguien con un pronombre con el cual no se identifica y que no va acorde con su identidad de género. Y eso le puede pasar a cualquiera, no sólo a las personas trans.
No es miedo, es odio
La diputada Ana Villagrán afirmó en X que tenía miedo de que las mujeres trans entraran a los baños de mujeres y la lastimaran. Sin embargo, nuestras entrevistadas concuerdan en que no es miedo, sino odio.
“¿Las personas trans somos acosadoras y buscamos violentar sexualmente e invadir su privacidad? Realmente no es así, todo lo contrario. Solamente buscamos hacer nuestras necesidades. Dicen que queremos causar algún daño cuando siquiera eso es cierto”, refiere Victoria Sámano.
Laura Glover considera que el odio a las mujeres trans puede ejemplificarse con el hecho de que le patearon la puerta del baño al que entró. Piensa que si se tratara de miedo, la reacción sería otra.
“Las mujeres trans son mujeres y si entran al baño, es para usarlo. La representación de las mujeres trans como una amenaza ha sido una herramienta para excluirlas y justificar las violencias que viven”, publicó la presidenta del Copred, Geraldina González.
Para Láurel Miranda, los discursos de odio son aquellos que llaman al exterminio o aniquilamiento de un grupo poblacional en particular, como las mujeres trans.
“¿Nuestro espacio es el baño de los hombres donde seguramente viviremos una violencia mucho más extrema? ¿O de plano que no entremos y nos esperemos a entrar en un baño privado como sería el de nuestra casa? Lo que están pidiendo es que no existamos”, reclama.
Baños para todos los géneros, para todas las personas
Geraldina González, presidenta del Copred, explicó en X que los baños para hombres y mujeres son espacios de reforzamiento de roles y estereotipos de género. En ese sentido, Laura Glover, Láurel Miranda y Victoria Sámano prefieren los baños neutros o mixtos, para todos los géneros, para todas las personas.
“Aquí en la Ciudad de México hay muchísimos espacios que están divididos por el binarismo de género, es decir, que están contemplados única y exclusivamente para hombres y única y exclusivamente para mujeres. Por eso es que es un acto discriminatorio negar la entrada a baños públicos de mujeres a las mujeres trans, porque están destinados para ellas”, explica Miranda.
Los baños para todos los géneros y para todas las personas beneficiarán a las familias diversas, madres y padres solteros, personas trans, cuidadoras, con discapacidad y de la tercera edad.
De hecho, la Corte aún tiene pendiente discutir si distinguir entre “baños de mujeres” y “baños de hombres” dentro de establecimientos abiertos al público en general se justifica en términos de derechos humanos como la igualdad y no discriminación, o deberían ser neutros.
“Si van a implementarse los baños mixtos tendrían que ser para todos los géneros, para todas las personas. No podemos permitir que sean una especie de eufemismo para convertirse en baños para personas trans porque eso sería una segregación”, precisa.
Te invitamos a consultar nuestros canales de YouTube:
Relacionado
La propuesta de Donald Trump tiene enormes implicaciones legales, financieras y logísticas. Los defensores de los migrantes también advierten de los costes humanos.
Donald Trump se convertirá este lunes en el 47 presidente de los Estados Unidos. Ahora se podrá ver si el republicano cumple todas las promesas que hizo en su campaña, como la deportación masiva de aquellos que no tienen permiso para permanecer en ese país.
Tras ganar las elecciones de noviembre, aseguró que planea declarar una emergencia nacional y utilizar al ejército estadounidense para llevar a cabo su plan.
El costo de hacerlo no será un elemento disuasivo, dijo Trump, señalando que su prioridad al asumir el cargo es hacer que la frontera sea “fuerte y poderosa”.
“No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción”, dijo Trump en una entrevista hace unas semanas.
Durante la campaña, su equipo respondió de distintas formas a la pregunta de cuántos migrantes podrían terminar siendo expulsados.
Pero su compañero de fórmula, el vicepresidente electo JD Vance, dio una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión ABC.
“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló.
Esta idea está contemplada en la plataforma electoral de Trump bajo el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”. Los expertos advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales e incluso prácticos.
Y los defensores de los migrantes también han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, con familias separadas y operativos en comunidades y lugares de trabajo a lo largo y ancho de EU.
¿Cuáles son los desafíos legales?
De acuerdo con las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11 millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde 2005.
La mayoría de ellos son residentes de larga duración: cerca de cuatro de cada cinco de los migrantes indocumentados llevan en el país al menos una década.
Los inmigrantes que están en el país sin un estatus legal tienen derecho al debido proceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados.
Así que un aumento drástico en las deportaciones pasaría probablemente por expandir antes el sistema de tribunales de inmigración, hoy saturado y con retrasos a la hora de resolver los casos.
La mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país no ingresaron en el sistema de deportaciones después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino por la policía local.
Sin embargo, en muchas de las principales ciudades del país se han aprobado leyes que restringen la cooperación entre la policía y el ICE.
La campaña de Trump se ha comprometido a emprender acciones contra esas urbes, llamadas “ciudades santuario”, pero el entramado de leyes locales, estatales y federales en EU complican la situación.
Kathleen Bush-Joseph, una analista del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, señala que la cooperación entre agentes del ICE y las autoridades locales será fundamental para poder llevar a cabo un programa de deportación masiva.
“Es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir a buscarlo a las calles”, señala Bush-Joseph.
Como ejemplo de cuán crucial es este aspecto, Bush-Joseph recuerda las declaraciones de principios de agosto de funcionarios de la Oficina del Alguacil de los condados de Broward y Palm Beach en Florida, que aseguraron que no enviarían a ninguno de sus agentes a ayudar en planes de deportaciones en masa.
“Hay muchos otros condados que no van a cooperar con el plan de deportación masiva de Trump. Y eso lo vuelve mucho más difícil”, explica.
Cualquier programa de deportación masiva también tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas que se prevé presentarán las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos judiciales sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que significa que estas continuarían en vigor incluso mientras las impugnaciones se abren paso en el sistema legal.
¿Es factible desde el punto de vista logístico?
Ahora, si el gobierno de EU lograra avanzar con los pasos legales que posibiliten su plan de deportación masiva, las autoridades todavía tendrían que lidiar con los enormes desafíos logísticos.
Durante el mandato de Joe Biden, los esfuerzos de deportación se enfocaron en los migrantes detenidos en la frontera.
Los que ya estaban en el país y terminan siendo deportados suelen contar con antecedentes penales o son considerados una “amenaza para la seguridad nacional”.
En 2021 quedaron suspendidas las controvertidas redadas que se llevaron a cabo durante el primer gobierno de Donald Trump en los lugares de trabajo.
Y a diferencia de los detenidos en la frontera, la cifra de deportaciones de personas que fueron arrestadas dentro de EU ha ido cayendo en la última década hasta situarse por debajo de los 100 mil anuales, después de haber alcanzado su máximo —230 mil— durante los primeros años del gobierno de Barack Obama.
“Para multiplicar ese número y que en un solo año se alcance el millón (de deportados) va a necesitar una inversión enorme de recursos que hoy por hoy no parecen existir”, le dijo a la BBC Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración de EU.
Por una parte, los expertos dudan de que los 20 mil agentes del ICE y el personal de apoyo vayan a ser suficientes para buscar y encontrar incluso a una fracción de esa cantidad a la que apunta el equipo de Trump.
Además, Reichlin-Melnick señaló que el proceso de deportación es largo y complicado y que la identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio.
Después, los detenidos van a tener que estar en un centro de detención o en un programa alternativo, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y el sistema lleva años acumulando casos sin poder cerrarlos.
Una vez superado ese paso es que se procede a la deportación, lo que también requiere de la cooperación diplomática del país recipiente.
“En cada uno de esos pasos, el ICE simplemente no tiene la capacidad de procesar a millones de personas”, señala Reichlin-Melnick.
Trump ha dicho que va a involucrar a la Guardia Nacional y al ejército para que asistan en las deportaciones.
Históricamente, las fuerzas militares estadounidenses han tenido un papel limitado, más de apoyo, en la frontera entre México y EU.
Ahora, más allá de apoyarse en los militares y de contar con la ayuda de “cuerpos policiales locales“, Trump ha dado pocas pistas sobre cómo llevaría a cabo su plan de deportación masiva.
En una entrevista con la revista Time hace unos meses, el republicano dijo que no descarta construir nuevas instalaciones de detención de migrantes y que tomaría medidas para brindar inmunidad procesal a la policía, para blindarla ante posibles demandas de grupos progresistas.
Y añadió que podría haber incentivos para los cuerpos policiales locales y estatales que participen en el plan, y que aquellos que no lo quieran hacer “no van a participar de los beneficios”.
“Tenemos que hacerlo. No es sostenible para nuestro país”.
Además, Tom Homan, el “zar fronterizo” designado por Trump, dijo hace unas semanas que el uso de centros de detención familiar para migrantes está “sobre la mesa”, planteando la posibilidad de que la práctica terminada por la administración Biden pueda regresar próximamente.
“Es algo que estamos considerando”, dijo en una entrevista Homan, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la primera administración Trump.
Homan también ha dicho que la prioridad de las deportaciones serán los 1.4 millones de inmigrantes que han recibido órdenes de deportación después de no calificar para un estatus legal en EU.
Eric Ruark, el director de investigaciones de NumbersUSA —una organización que aboga por controles más estrictos a la inmigración— dijo que cualquier programa de deportación desde el interior del país solo será efectivo si va de la mano de un aumento del personal que controla la frontera.
“Esa tiene que ser la prioridad. Si no lo es, no va a haber un gran progreso en el tema. Es lo que hace que la gente siga llegando hasta la frontera”, apunta.
Y agregó que también es necesaria una ofensiva contra las empresas que contratan inmigrantes indocumentados.
“(Los inmigrantes) están viniendo por el trabajo”, subrayó. “Y lo están consiguiendo, básicamente porque la capacidad de vigilar y hacer cumplir la ley ha sido desmantelada”.
El costo político y financiero
Los expertos calculan el costo de mantener un plan como el que propone Trump en unos US$100.000 millones.
El presupuesto de 2023 del ICE para el traslado y deportación fue de US$420 millones, y expulsó del país a cerca de 140 mil personas.
De acuerdo con el plan de Trump, miles de personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración podrían ser detenidas y se prevé construir grandes campamentos para albergarlas.
También se tendrían que multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones, y eso pasaría probablemente por contar con el apoyo de la Fuerza Aérea.
Lo que está claro es que cualquier aumento en la operatividad de los departamentos correspondientes implica que los costos se disparen.
“Incluso un cambio menor supone decenas de millones de dólares”, explicó Reichlin-Melnick.
Además, tendrían que sumarse a los gastos de otros esfuerzos de control fronterizo que Trump ha prometido: seguir construyendo el muro en la frontera con México, un bloqueo naval para evitar que el fentanilo ingrese al país y el traslado de miles de soldados a la frontera.
Adam Isacson, experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que “imágenes espantosas de deportaciones masivas” también podrían tener un costo político para Trump a nivel de relaciones públicas.
“Cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses”, explicó.
“Habría imágenes muy dolorosas de niños llorando, de familias, en la televisión. Todo eso es muy mala prensa. Es lo que ya vimos con la política de separación familiar, pero amplificado”, remató.
Otro factor limitante es la capacidad o voluntad de los países de aceptar de vuelta a los deportados.
Incluso los países que cooperan con ICE, como México, Honduras y Guatemala, no tienen en la actualidad la capacidad de recibir a muchas más personas de las que ya están aceptando.
¿Ha habido deportaciones masivas antes?
El único programa comparable con el que propone Trump sería quiza el que se llevó a cabo en 1954 en el marco de la llamada “Operación espaldas mojadas” (Operation Wetback), bautizada así por un insulto común que se usaba en aquel entonces contra los mexicanos, y que supuso la deportación de 1.3 millones de personas.
Aunque hay historiadores que ponen en duda la cifra.
El plan, aprobado bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, se topó con una considerable oposición pública —en parte porque también se deportaba a algunos ciudadanos estadounidenses—, así como con la falta de financiación.
En 1955 se suspendió.
Los expertos en inmigración dicen que, el hecho de que se centrara en personas originarias de México y la falta del debido proceso hacen que aquella operación no se pueda comparar con un programa de deportación masiva actual.
“Los deportados eran hombres solteros, mexicanos”, señaló Bush-Joseph.
“Ahora, la gran mayoría de los que cruzan la frontera por zonas entre puertos de entrada no son originarias de México, ni siquiera de la parte norte de Centroamérica. Y eso hace que sea mucho más difícil deportarlos”, añadió.
“Son situaciones incomparables”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
