
La Liga Comunista 23 de Septiembre —grupo clandestino revolucionario— incurrió en “el primero de sus descalabros… al intentar retener en Monterrey a Eugenio Garza, ícono y leyenda del empresariado mexicano, en cuya acción perdieron la vida el empresario, su chofer y dos elementos del comando guerrillero”.
Este uso del lenguaje en uno de los nuevos libros de texto de la SEP para maestros ha sido criticado por grupos empresariales y organizaciones como el Centro Eugenio Garza Sada, al señalar que hablar de una “pérdida de vida” o intento de “retención” solo “busca suavizar el hecho de que Eugenio Garza Sada fue asesinado por quienes intentaban secuestrarlo”.
El párrafo sobre el secuestro del precursor de grupo FEMSA y del TEC de Monterrey forma parte de un capítulo del texto “Un libro sin recetas para la maestra y el maestro” de nivel secundaria, donde se menciona el surgimiento y operación de distintos grupos disidentes y guerrilleros que encararon la represión gubernamental durante el siglo XX en México.
En un fragmento previo se indica que “el secuestro como arma político-militar no fue una estrategia en donde la LC23S lograra alguna victoria”, aunque en otro se refiere que “más allá de las bajas y las acciones desafortunadas”, los grupos que habían optado por la vía radical seguirían “manteniendo su vigencia”.
Consultado por El Sabueso de Animal Político, el investigador de El Colegio de México, Dr. Ariel Rodríguez Kuri, especialista en temas de violencia política y guerrillas de 1960 a 1980, consideró que el vocabulario que se empleó para narrar en específico lo ocurrido con Garza Sada es “eufemístico” y “desafortunado”.
Aunque, por otro lado, a su parecer estos materiales de la SEP incluso se quedan cortos en narrar cómo luego del asesinato de Garza Sada el Estado respondió de una forma “ilegal, contraria a los derechos humanos” y “fundada en la venganza”, contra grupos disidentes.
En ese sentido Elías Orozco, un sobreviviente de la Liga Comunista 23 de Septiembre, opinó en entrevista que más allá de las palabras utilizadas para narrar este hecho histórico, lo importante es entender por qué y en qué momento ocurrió, en un contexto en el que agrupaciones disidentes como la Liga eran reprimidas por el gobierno, con desapariciones forzadas, también secuestros y asesinatos.
“Ellos utilizan su punto de vista de clase. Su lenguaje no es igual al de nosotros. El lenguaje de los trabajadores, de los estudiantes, de los guerrilleros de aquellos años, nosotros no hablábamos así. El idioma va evolucionando con las costumbres y los procesos de la civilización. Es un prejuicio y una manera de estar poniendo obstáculos. Lo que nos debería interesar es el conocimiento”, refirió sobre las críticas de grupos empresariales al libro de texto de la SEP.
En aquel momento, relató Orozco, la Liga Comunista recurrió a distintas tácticas para encarar la represión estatal, y sí, reconoce que hubo errores que resultaron en violencia y muertes, como la de Garza Sada, pero también de jóvenes guerrilleros.
“Sostuvimos el enfrentamiento y a fuerza queríamos llevar a esa persona (Garza Sada) a donde la necesitábamos tener, no se pudo y por eso empezaron las muertes, como consecuencia del enfrentamiento… por todos los errores y toda la inexperiencia”, recordó.
Sobre este debate el historiador Camilo Vicente Ovalle, colaborador de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas durante la Guerra Sucia, consideró que el tratamiento del tema de la operación de grupos guerrilleros en general es adecuado en los libros.
Aunque también refiere la importancia de dar más contexto sobre la represión estatal, y el papel del poder empresarial y político ante la operación de movimientos insurgentes y de resistencia no sólo en México, sino también en otras naciones.
“Lo que hace falta es situar a estos grupos guerrilleros en el contexto en el que estaban, es decir, en un contexto de insurgencia social mucho más amplio”, relató.
En el libro para el docente fase 6, destinado a los maestros de secundaria, se incluye el capítulo “Soñaron con asaltar el cielo”, en el que se hace una revisión histórica de personajes y grupos insurgentes ante el Estado.
Se lee, por ejemplo, sobre Rubén Jaramillo en el México posrevolucionario al inicio del mismo y hacia el final del capítulo se escribe sobre la conformación de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S).
Al comienzo del mismo párrafo en el que se menciona el asesinato de Garza Sada sí se habla de un “secuestro”. Esto, al afirmar que “el secuestro como arma político-militar no fue una estrategia en donde la LC23S lograra alguna victoria”.
Luego el párrafo continúa diciendo que “el primero de sus descalabros” ocurrió, justamente, “al intentar retener en Monterrey a Eugenio Garza Sada”. “En cuya acción” —señala el libro— “perdieron la vida el empresario, su chofer y dos elementos del comando guerrillero”.
Inmediatamente después el capítulo se refiere también al secuestro del empresario Fernando Aranguren y del cónsul británico, Anthony Duncan, “operativos que se realizan sin contratiempos”, indica el texto.
Sin embargo, también se señala que ante la negativa del gobierno de Echeverría por negociar con la LC23S, ésta liberó a Duncan pero “ajustició” al empresario “como medida radical”.
En el libro se menciona a los maestros la importancia de tener “conciencia de clase” y memoria histórica, “sin censuras, sin quiebres, sin mezquindades”.
Tanto el Dr. Ariel Rodríguez Kuri como el historiador Vicente Ovalle consideran acertado que se intente narrar estos episodios en los libros, ya que finalmente son parte de la historia mexicana, aunque cada uno señaló carencias o puntos de mejora.
“Creo que el intento que se hace por recuperar estas experiencias de la insurgencia en México, que quedan plasmados en este libro de apoyo para los profesores, me parece que está bien. ¿Se pueden mejorar? Sí, se puede mejorar. ¿Se puede hacer más pedagógico? También se puede hacer más pedagógico, pero me parece que está bien”, dice Ovalle.
La mañana del 17 de septiembre de 1973 —describe la doctora Gabriela Recio Cavazos en el libro biográfico “Eugenio Garza Sada. Ideas, acción, legado”— Eugenio Garza Sada, junto con su chofer y su guardia, se dirigía “en su ruta acostumbrada” a las oficinas de la Cervecería Cuauhtémoc cuando el auto en el que viajaban fue interceptado “por seis individuos que portaban pistolas automáticas y una metralleta, y cuyo plan consistía en secuestrarlo y exigir un rescate multimillonario”.
“Don Eugenio ya había recibido amenazas y había dado instrucciones a su familia de que si llegaba a ser secuestrado, no deberían pagar ni un solo centavo por él. Además, cargaba una pequeña pistola en la guantera del automóvil para protegerse en caso de que se viera sorprendido por una situación de ese tipo. En la refriega que se suscitó, el empresario más importante de Monterrey —y uno de los hombres de negocios de mayor peso e influencia en el país—, su chofer y guardia fueron abatidos a tiros en un intento de secuestro por miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre”.
El libro —escrito a petición del Centro Eugenio Garza Sada y bajo el sello editorial de la misma asociación civil y del Tecnológico de Monterrey— señala que cuando Eugenio Garza Sada fue asesinado “el empresariado y la sociedad regiomontana responsabilizaron inmediatamente al presidente Luis Echeverría de lo sucedido, culpándolo por haber permitido que florecieran grupos guerrilleros y de fomentar un sentimiento hostil contra el sector privado”.
De acuerdo con el libro México en los setenta, ¿Guerra Sucia o terrorismo de Estado? Hacia una política de la memoria la denominación de “guerra sucia” se refiere a la “aplicación soterrada de una política antisubversiva en la que se violó el Estado de derecho, la cual además se caracterizó por la impunidad extendida a las instituciones estatales”.
El historiador Ovalle indicó que entre los años cuarenta y setenta “el ejercicio del gobierno se llevó a cabo con prácticas de violencia sistemática contra todos los sectores sociales, con el objetivo de mantenerlos bajo control y bajo la sombra de las estructuras del régimen”. Un régimen que calificó como “autoritario”, y que “hizo ejercicio de la violencia sistemática durante prácticamente sesenta años para mantener bajo control a amplios sectores sociales”.
Dentro de este contexto político se crearon grupos como la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S). Francisco Ávila Coronel describe en La Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres a la Liga Comunista 23 de septiembre como un “grupo armado que proponía de manera ortodoxa la organización de la revolución, a partir de la idea de que los obreros son la vanguardia, mientras que los campesinos deberían de subordinarse a la dirección proletaria”.
“La Liga probablemente sea el último grupo que surgió entre 1969 y 1973 y sin duda es el más importante”, afirma el Dr. Rodríguez Kuri, tanto en términos de militantes, como por su implantación territorial. “Es el grupo más importante porque es el grupo más radical en términos políticos, en términos ideológicos y por el uso de la violencia”.
Su objetivo era “desanimar, desmoralizar a las policías y al ejército mexicano a partir de enfrentamientos directos”, y se “financiaba a partir de dos fuentes fundamentales: el secuestro de personajes con recursos y los asaltos a los bancos, y a otro tipo de establecimientos, pero sobre todo a los bancos”.
Camilo Vicente Ovalle indica que “la Liga es el resultado de un proceso de desarticulación de distintos grupos en un proceso de radicalización en distintas partes del país”, que “ante el conflicto y la respuesta autoritaria del gobierno y de los empresarios… van a tomar la decisión de encaminar la insurgencia social por la opción armada”.
Kuri, investigador de El Colegio de México, señala que la LC23S “no es un hecho aislado” en la historia de la violencia política en México, como no es aislada la violencia política de extrema izquierda en el contexto latinoamericano, o “incluso en el contexto europeo del momento”.
“La Liga es más o menos contemporánea de otros experimentos de militancia armada clandestina, como Brigadas Rojas en Italia, Baader-Meinhof en Alemania, ETA en España o el ERI en Irlanda”, refiere el investigador.
El principal objetivo de la LC23S “era construir las estructuras de la insurgencia armada”, afirma Vicente Ovalle, así como “lograr la integración de los sectores obreros a esta insurgencia social armada”. Sin embargo también refiere que el “objetivo real” del grupo era “construir una sociedad de tipo socialista en México”.
“El argumento fundamental de la Liga y de otros grupos, pero sobre todo en este caso de la Liga Comunista, es que no había otro camino más que la insurrección armada”. Un argumento que Rodríguez Kuri considera “empíricamente falso” porque, según su punto de vista, siempre existió la vía pacífica para el cambio social.
Las “acciones violentas de la guerrilla en realidad llevaron a un muy rápido desprestigio”, refirió el investigador de El Colegio de México. “La gente no quería eso, la gente quería un cambio, pero no en esos términos y no por esos términos”.
Contar la historia de La Liga Comunista y el caso de Garza Sada puede ser muy importante para niños y jóvenes, continuó, “siempre y cuando se use un enfoque donde no se quiera rescartar arrajatabla una estrategia que fue a todas luces equivocada, y que en realidad se tradujo en muerte, en desaparición, en torturas de parte de los mismos militantes”.
Rodríguez Kuri se mostró positivo frente a la discusión de los libros de texto gratuitos, “es lo mínimo que se espera de la esfera pública democrática”, dijo. “Si estamos discutiéndolo bien o mal ese es otro asunto. Pero qué bueno que estemos en eso, porque muchas cosas se van a aclarar en el camino”.

El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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