
Una pensión equivalente al 100% del último salario, es lo que promete el presidente Andrés Manuel López Obrador con una iniciativa de reforma que puso de nuevo sobre la mesa el tema del sistema de pensiones y la presión que representan para las finanzas públicas.
Misma que a decir de especialistas hace inviable lo que plantea el mandatario, al menos sin una reforma fiscal que aumente los recursos públicos disponibles, ya que actualmente 22 pesos de cada 100 del presupuesto de egresos está destinado al pago de pensiones.
Solo 26.1 millones de trabajadores en México, que equivale al 44%, podrían beneficiarse de la reforma que propone el presidente, pues se encuentran trabajando de manera formal, de acuerdo a Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE).
Otros 32.4 millones de mexicanos, que equivalen a más del 55% de la fuerza laboral en el país, están en el sector informal y no tienen acceso a ese tipo de pensión.
A continuación te presentamos puntos clave sobre el sistema de pensiones en México, qué fue la reforma del 97, cuánto aporta para su retiro cada trabajador y el gobierno, y qué papel juegan las afores:
En México existe el concepto de “pensión contributiva”, que significa que una persona después de trabajar por un periodo de su vida o tras sufrir una discapacidad a causa de su trabajo pueda recibir de manera mensual un monto económico, para vivir sin necesidad de continuar en la actividad laboral.
Cuánto recibirá de pensión depende de: cuántos años trabajó en el sector formal, cuál era su salario -del que cada quincena se retuvo una porción para su retiro-, y en qué año comenzó a trabajar, ya que en 1997 hubo una reforma clave sobre las pensiones.
De ahí que se hable de que hay trabajadoras y trabajadores que deben seguir los lineamientos de modalidad 73, en referencia a la ley de pensiones de aquel año, y otro más joven bajo la ley 97.
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Para acceder a la pensión, actualmente se deben cumplir varios requisitos. Si estás bajo la modalidad 73, debes acreditar por lo menos 10 años de trabajo y tener más de 60 años. Si es por la modalidad 97 deben ser al menos 16 años de trabajo y tener más de 65 años.
El IMSS tiene actualmente poco más de 4 millones de pensionados y el ISSSTE poco más de un millón 200 mil personas, de acuerdo a sus reportes más recientes.
Dentro del concepto de pensión, existe el término “jubilación”. Se utiliza cuando un trabajador cumple con el mínimo de semanas laboradas y cotizadas ante el seguro social, o tiene más de 65 años y entonces accede a una pensión.
Mientras que cuando se habla de pensión, se incluye a un espectro de beneficiarios más amplio. Están las personas jubiladas, las personas trabajadoras que pudieron acreditar que sufren de discapacidad a raíz de su actividad laboral, las personas incapacitadas, las que son viudas de un trabajador, son huérfanos de un trabajador o los padres perdieron a su hijo trabajador.
La Ley del Seguro Social tuvo una reforma en 1995 e inició su vigencia el 1 de julio de 1997. A esta reforma se le conoce como ‘reforma del 97’ o ‘modalidad 97’.
Si tienes menos de 50 años, es muy probable que sea esta modalidad por la que te jubiles, ya que aplica para todas las personas trabajadoras que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.
Surgió tras la crisis financiera de 1994, cuando se devaluó la moneda y entonces México recurrió a un préstamo del Banco Mundial que, como parte de los requisitos para otorgar el dinero, le pidió cambiar su esquema pensionario.
La apuesta del Banco Mundial era promocionar el sistema pensionario de Chile que había arrancado en 1981, explica Carlos Contreras, actuario e investigador de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
La reforma estableció que ahora las personas trabajadoras se pensionan con base al monto que logren ahorrar a lo largo de su vida laboral, a través de aportaciones obligadas por la ley, aportaciones voluntarias y lo correspondiente a aportaciones patronales.
Las aportaciones son depositadas en una cuenta individual que es gestionada por una Administradora de Fondos para el Retiro, conocida como afore, con el fin de invertir y generar ganancias.
En palabras de Ángel Edoardo Ruiz, académico de la Universidad de Guadalajara, esto significa que privatizaron el derecho a la pensión. “Ahora se tiene el derecho de comprar una pensión. Parece una diferencia mínima, pero no lo es”, enfatiza.
La reforma lleva 26 años en activo y los trabajadores adscritos a ella ya comienzan a pensionarse. Entre enero de 2021 y septiembre de 2023, 68 mil 930 trabajadores obtuvieron una pensión bajo esta modalidad, detalla el informe trimestral más reciente, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Encontraron que quienes se están jubilando están recibiendo montos que están “por debajo de lo ideal”. Las pensiones promedio otorgadas eran de 5 mil 483 pesos, entre 2022 y 2023, detalla el IMSS. Quedando por debajo del salario mínimo mensual que es de 7 mil 468 pesos.
Durante toda su vida laboral los trabajadores adscritos a este modelo hicieron aportaciones obligatorias del 6.5% de su salario, un porcentaje menor en comparación con otras partes del mundo, detalla la Consar. Por ejemplo, en Chile, las aportaciones son del 10% y en países integrados a la OCDE es del 19.6%.
Aportando el 6.5% de su salario a lo largo de su vida laboral, y con lo que aportan el gobierno y los patrones, se estima que reciban como pensión el equivalente al 30% de lo que ganaban, explica Carlos Contreras, actuario e investigador de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
Con una reforma en 2020 a la Ley del Seguro Social (LSS) y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), se estableció un crecimiento gradual de la aportación, para partir de 6.5% y llegar al 15% en 2030.
Pero la reforma mencionada también modificó el número de semanas cotizadas para acceder a una pensión.
En 2024 se le pide a la trabajadora o trabajador tener un acumulado de 825 semanas cotizando. La cifra crece cada año, y se prevé que para 2031 sean 1,000 semanas para poder pensionarse bajo la modalidad 97.
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La Administradora de Fondos para el Retiro o Afore se encarga de guardar en una cuenta individual el dinero del trabajador y busca generar rendimientos a través de inversiones.
Cuando una persona se registra en un afore, el contrato advierte que esta puede perder parte de los rendimientos generados al intentar reinvertirlos, y no está obligada a regresar el monto dado que es un riesgo del mercado financiero.
Las afores cobran un monto por administrar la cuenta, resguardar e invertir. “El negocio de las afores es ese, que nunca dejan de cobrar”, explica el actuario Carlos Contreras. Este 2024 el promedio de cobro es de 0.56%.
Antes de 2018 se cobraba más por el mismo servicio. Era del 1%, pero la Consar estableció reducirlo porque en países como Estados Unidos y Chile el promedio de cobro es del 0.6% y en Colombia del 0.5%.
El afore cobra un porcentaje del total del dinero de una cuenta por administrar el servicio. Por ejemplo, si una persona trabajadora suma 45 mil 275 destinados a su “Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez”, la Afore le cobrará de manera anual el 0.56%, que son 253.54 pesos.
“Siempre se me ha hecho un robo que se cobren comisiones del porcentaje que sea, (por)que es directo de los trabajadores y no tienen opción de que un afore les invierta o no, están obligados por la ley”, dice Ángel Edoardo Ruiz, segurólogo y académico de la Universidad de Guadalajara.
En México solo existen 10 afores. Penssioniste es la única del tipo gubernamental. Las restantes son privadas: Inbursa, Profuturo, Sura, XXI Banorte, Principal, Invercap, Coppel, Citibanamex y Azteca.
Hasta junio de 2023, las afores del país administraban un total de 5 billones 568 mil millones de pesos.
La ‘modalidad 73’ era una reforma de pensiones que se concentraba en poder pagar las pensiones de los jubilados con el dinero ingresado por los trabajadores en activo.
Estableció que solo se calculara cuánto se debe recibir de pensión con el salario promedio de los últimos 5 años. Para jubilarse sólo se pedía un mínimo de 10 años cotizando ante el seguro social y tener por lo menos 60 años.
En cambio con la ‘modalidad 97’ las personas se pensionan considerando el dinero que ahorraron a través del Afore. Es decir, contrario a lo que pasaba en la modalidad anterior, no importa el último salario, sino lo que se acumuló a lo largo de la etapa laboral .
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) detalla que las generaciones que se jubilan bajo la ‘modalidad 73’, pueden recibir por lo menos el 40% de su último salario. En cambio, bajo la ‘modalidad 97’ es de 30%. “Cuándo se recomienda que internacionalmente, oscile entre 50% y 70%”, apunta su informe.
Por ejemplo, con la ‘modalidad 73’: una persona que ganó durante los últimos cinco años de su vida laboral 20 mil pesos, se estima pueda recibir una pensión máxima mensual de hasta el 60% de su salario, que equivale a 12 mil pesos, aunque durante los primeros años de trabajo su sueldo promedio fue inferior a 10 mil pesos.
Mientras que una persona con la ‘modalidad del 97’, recibirá una pensión mensual equivalente a lo ahorrado en su afore, sin importar cuál era el monto del último salario. Lo que significa que aunque su sueldo promedio de toda su vida laboral fuera de 20 mil pesos mensuales, lo que recibirá podría ser cerca de un 30% de su salario, lo que equivale a menos de 10 mil pesos.
Además, actualmente pide un mínimo de 16 años trabajando para poder pensionarse y tener 65 años. Y para 2031 se prevé que el requisito llegue a un mínimo de 20 años trabajando.
Sin embargo, bajo el sistema del 73 tampoco se entregaban pensiones equivalentes al 100% de su último salario, advierte Carlos Contreras, actuario e investigador de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
“Con 30 años y jugando con los datos de la tabla, podríamos decir que las pensiones mejorcitas, oscilan entre un 60% y 65%”, calcula el actuario.

El gobierno de México destina un presupuesto anual para cubrir lo que se conoce como “cuota social” de cada trabajador. Esta cuota es un derecho del trabajador y debe ser garantizada por el estado.
Por ejemplo:
Además, cuando un trabajador no alcanza a pensionarse con el salario mínimo mensual, el estado aporta el dinero restante para que obtenga una “pensión mínima garantizada”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que presentará una iniciativa de reforma el próximo 5 de febrero para que los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario.
“Para tranquilidad de empresarios y trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este equilibrio”, dijo López Obrador durante la conferencia matutina del 15 de enero.
Pero según especialistas no hay espacio fiscal para destinar más dinero en pensiones. Este 2024, dos billones de pesos, que son el 22% del dinero del presupuesto de egresos, está destinado para el pago de pensiones.
Esto representa el 5.4% del Producto Interno Bruto del país (PIB), un monto mayor al de otros rubros. Por ejemplo, el monto destinado al sector salud representa menos del 3%, detalla el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Las economistas Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Gabriela Siller, académica del Tec de Monterrey, advierten que para hacer posible el pago del 100% a pensiones, el gobierno tendría que endeudarse y no hay un plan de sostenibilidad financiera para cubrir la deuda.
Ambas enfatizan que al no haber información de un plan financiero, el tema suena a una promoción en medio de campañas electorales.
Actualmente el país tiene un déficit fiscal, lo que implica que está teniendo mayores gastos que ingresos fiscales. “En México ya tenemos un elevado déficit fiscal, para este año se está presupuestando un déficit de 4.9% del PIB que sería el mayor déficit desde 1988”, detalla Siller.
Además, la propuesta enfrenta el reto de que año con año se incrementa el gasto público destinado a pensiones, porque la población está envejeciendo, detalla la organización México Cómo Vamos.
En 2023, el 8.2% de la población era mayor a 65 años y se prevé que en 2050 sea el equivalente al 17% de la población.

Los nuevos lineamientos de seguridad muestran el interés de Washington por frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Tanto el reciente bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela como el inusual rescate financiero a Argentina de octubre son muestras de la relevancia que América Latina tiene para Donald Trump.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región. Publicado por la Casa Blanca el 4 de diciembre, el documento plasma la visión del mundo de la actual gestión.
“Mi gobierno ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior“, dice la carta firmada por el mandatario que antecede el documento de 29 páginas.
Según los nuevos lineamientos de seguridad, Trump mira a América Latina decidido a frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Para hacerlo, propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de “América para los Americanos”, con la que EE.UU. declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dice el nuevo documento que llama a este enfoque “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”, dice el documento.
Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
“Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos”, dice.
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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